15.FEB.15 | postaporteñ@ 1347

Chile: los gorilas estaban entre nosotros (6)

Por PRIETO

 

autor Helios Prieto

© 1973 Ed. Tiempo Contemporáneo. Bs. As., Argentina -2014 Ed. Viejo Topo. Santiago, Chile

Resistencia y represión 

En dos días de heroica resistencia la cabeza del proleta­riado chileno rodó por el suelo. Sin dirección, librando una guerra de posiciones contra un ejército moderno, sin armamento porque el reformismo había usado la consigna de “armamento popular” sólo para asustar a la burguesía, sorprendido por el aluvión de hierro y fuego que llovía sobre su cabeza disparado por los generales “allendistas” cuya incorporación al gobierno había sido celebrada como un triunfo, aislado de las masas de obre­ros menos politizados y del campesinado, enfrentado al grueso de la “clase media” que apoyó activamente –mediante la delación– a la represión, el destacamento más politizado del proletariado santiaguino resistió sin coordinación, aislada y heroicamente durante tres o cuatro días. El día 11 la Junta Militar citó, mediante un bando, a los principales dirigentes de la UP y funciona­rios de gobierno; la mayoría de los hombres que había jurado hasta esa mañana que “el fascismo no pasaría”, se entregaron mansamente. Otros –menos confiados al destino que les reservaban los militares– corrieron a buscar refugio en las embajadas. Desde el 30 de junio al 11 de setiembre no hubo un sólo día en que no apareciera en los diarios de la UP un artículo mofándose de las “ratas fascistas de Patria y Libertad” que luego del fracaso de la intentona de Souper buscaban asilo en las embajadas. Es indefendible la actitud de gente que empujó hasta último momento al proletariado a un enfrentamiento suicida y que –cuando éste se produjo– pensó solamente en salvar su pellejo (y, en algunos casos, además sus dólares)

 La dirección del MIR fue la única que pasó a la clandestinidad para continuar la resistencia. Por otra parte esta organización era la única que tenía el aparato necesario para hacerlo, el resto de la izquierda había creí­do tanto en sus propias mentiras que no tenía la menor preparación para esa emergencia. Un hecho demuestra el grado de ingenuidad de esa gente. El plan de defensa de la residencia presidencial de Tomás Moro comenzaba diciendo que, teniendo en cuenta la situación política nacional, el enemigo estaría integrado por “formaciones irregulares”. No estaba prevista siquiera la posibilidad de un enfrentamiento con tropas regulares: la lealtad de las FFAA estaba descontada. No es extraño entonces que bastaran unos pocos rockets disparados por aviones y helicópteros para que ese plan, cuidadosamente elaborado por especialistas durante años y para el que se contaba con los medios de guerra necesarios, se desmoronara en pocos minutos

El PC no fue capaz de mantener en la clandestinidad durante más de 15 días a su Secretario General. Luis Fi­gueroa, miembro de su comisión política y presidente de la CUT, se refugió en una embajada. Frente a la salvaje represión desatada el día 11 los partidos de izquierda se comportaron en formas diferentes. La mayoría de los dirigentes del PS se entregaron a los militares o se refugiaron en las embajadas, pero los cuadros medios de la izquierda socialista tuvieron un comportamiento heroico y sobrellevaron el castigo mayor; ellos fueron los que intentaron dar dirección a la resistencia en las fábricas y barriadas

El PC no ofreció resistencia seria. En las fábricas en que tenía mayoría no hubo lucha y los militares entraron sin oposición. No podía faltar el detalle pintoresco propio de las extraviadas mentes de sus dirigentes: impartieron órdenes a sus militantes de no romper sus carnets y de llevarlos encima. Miles de ellos cayeron presos en sus lugares de trabajo, sin oponer resistencia, pero con el carnet y el brazalete del partido (que había servido para actuar como fuerza de orden contra la “ultraizquierda” en las manifestaciones) en el bolsillo. Luego de ser for­zados a comérselos fueron trasladados a los campos de concentración

El MIR dio órdenes de replegarse en orden y comba­tiendo. Sus militantes combatieron junto a los obreros pero –conscientes de que la derrota del reformismo era inevitable– se retiraban en orden cuando la resistencia era imposible. Gracias a esta línea tuvieron pocas bajas y conservan intacta su organización en la clandestinidad. Las FFAA advirtieron que no tomarían prisioneros. Aquel que fuera sorprendido resistiendo sería fusilado en el acto aunque se rindiera. Por una vez en su vida los generales chilenos cumplieron su palabra. Más de doscientos in­tegrantes del GAP que combatieron al lado de Allende en la Moneda, luego de su rendición, fueron trasladados a campos de exterminio donde se los fusiló. En todas partes, cuando alguien era encontrado en posesión de un arma, si ésta había sido disparada se lo fusilaba; si no había sido disparada el oficial al mando efectuaba un disparo con ella y luego venía el fusilamiento. El que era sorprendido pintando consignas contra la junta era fusilado en el mismo paredón. En los cuatro primeros días se combatió en todas las calles y barrios de Santiago, Durante las 24 horas se oía el tronar de la artillería y las respuestas de las armas livianas empuñadas por los obreros. Al amanecer, las descargas sin respuesta de los pelotones de fusilamiento

En las fábricas la situación de los combatientes era desesperada. Para terminar su obra criminal y prolongar la agonía de los obreros, el día 12 radio Moscú, emisora escuchada por los combatientes, propaló la falsa noti­cia de que el general Prats marchaba desde el sur sobre Santiago al frente de sus tropas. Había que continuar resistiendo para ayudar a “los soldados de la patria”. La Junta militar chilena, más humanitaria al fin que los burócratas del Kremlin, presentó el día 13 ante las cámaras de televisión a un general Prats tembloroso y balbuceante, con las manos presumiblemente esposadas bajo el escritorio, que aseguró que no tenía la menor idea de encabezar nada contra la Junta y que el día 10 (¿conocedor de la inminencia del golpe?) había soli­citado permiso para ausentarse del país, permiso que ahora solicitaba nuevamente. Dos días más tarde un veloz automóvil cruzaba la frontera y lo depositaba en un cuartel de la gendarmería argentina

Durante esos días el tradicional chauvinismo de los chilenos se transformó en abierta xenofobia. El general Bonilla dijo por televisión que “no dejaría piedra sobre piedra hasta que el último extranjero (sic) abandonara  territorio chileno”. Aviones de la FACH volanteaban Santiago llamando a la población a “denunciar a los extremistas” y advirtiendo que “no habrá piedad para los mercenarios extranjeros que han venido a asesinar chilenos”. Los vecinos denunciaban a los extranjeros para que fueran trasladados a los campos de concen­tración y luego procedían a tomar por asalto sus casas para saquearlas. La población La Legua, cercana a la fábrica textil Sumar, fue uno de los focos más serios de resistencia. Durante cuatro días los militares no pudieron entrar en ella porque cada intento era duramente resisti­do: un ómnibus de carabineros y dos tanquetas fueron destruidos por los combatientes; las mujeres y los niños arrojaban agua hirviendo a los carabineros. Al cuarto día los obreros decidieron retirarse pero cometieron el error de dejar algunas mujeres y niños. Los soldados entraron a la población, pusieron a decenas de mujeres y niños en fila y los fusilaron. Dos días después, cuando algunos pobladores retornaron a sus hogares el ejército los rodeó nuevamente con tanques; esta vez entró el general Bonilla rodeado de corresponsales extranjeros para mostrar que las noticias de un supuesto bombardeo a la población eran falsas. Luego de las experiencias vividas ¿qué poblador se atrevería a denunciar la masacre delante de los militares? Este show miserable, mediante el que se engañaba sólo el que quería ser engañado se repitió en cada una de las poblaciones masacradas. Cuando los obreros en las fábricas enarbolaban la bandera de rendición, el ejército entraba, los hacía formar fila en el patio y un oficial seleccionaba a los que “habían hecho resistencia”; estos eran fusilados delante de sus compañeros.

El Estadio Chile, un estadio de box y básquetbol, fue el primer campo de concentración habilitado por la Junta. Cuatro mil detenidos fueron ubicados en las butacas, los considerados “peligrosos” –todos los extranjeros entre ellos– tuvieron que permanecer 48 horas boca abajo, en el suelo, con las manos en la nuca, sin poder moverse, haciéndose sus necesidades encima, sin comer ni beber. Los soldados caminaban encima de ellos y pasaban ca­rretillas cargadas con ladrillos sobre sus cabezas. A la luz artificial del Estadio se agregaron reflectores antiaéreos que durante las 24 horas del día enceguecían a los dete­nidos, estos oían permanentemente el ominoso sonido de los disparos con que en los sótanos se fusilaba a los condenados. El primer día un niño de 10 años fue fusilado ante los 4.000 detenidos como advertencia. El folklorista Víctor Jara gritó: “Patria o Muerte. Venceremos”, los militares comenzaron a golpearlo salvajemente delante de los prisioneros; su cadáver, horriblemente mutilado y sin ningún disparo apareció en la excavación del metro al día siguiente. Los diarios anunciaron púdicamente su muerte sin mencionar la causa

Oficiales del Ministerio de Defensa barajaban una cifra de 12.000 muertos en la primera semana. En los campos de concentración habilitados apresuradamente se agolparon alrededor de 20.000 prisioneros. Debe tenerse en cuenta que Chile tiene nueve millones de habitantes, de modo que — proporcionalmente— los militares produjeron el “Yakarta” que prometieron a través de sus amigos “nacionales” meses antes. La magnitud de la masacre guardó relación directa con la tensión que se había acumulado entre las clases en los últimos meses. La clase obrera había tomado en serio el palabrerío “izquierdista” de los dirigentes y había sobrepasado los límites que estos querían imponerle. El programa de la UP contemplaba la estatización de 150 fábricas en todo el período de Allende. Cuando se produjo el golpe pertenecían al “área social” 310 fábricas que habían sido intervenidas para responder a las exigencias de la clase obrera que las había tomado desobedeciendo los llamados a la disciplina de la dirección. Muchos centenares más habían sido devueltas por el gobierno, pero los obreros las habían ocupado nuevamente creando una situación irregular que La UP no podía resolver porque para ello era necesario emplear los métodos que después utilizó la Junta

Los partidos de la burguesía que hasta el 11 de setiembre habían combatido al gobierno más democrático de la historia chilena y latinoamericana... en nombre de la democracia y la libertad, se apresuraron a apoyar a la Junta Militar

El Partido Nacional se autodisolvió aconsejando a sus miembros colaborar con el nuevo gobierno. De esta forma le sugería a los militares la necesidad de disolver  todos los partidos políticos y perpetuarse en el poder. Este partido de terratenientes, financistas e industriales asociados al imperialismo no tiene nada que ganar en la lucha política. y prefiere una dictadura militar.

El Partido Demócrata Cristiano, representante de los intereses de la burguesía industrial, hasta el 22 de agosto había respaldado al gobierno en la medida en que éste recuperaba para la burguesía chilena las riquezas básicas, efectuaba una reforma agraria capitalista y lesionaba los intereses del capital financiero internacional; pero lo había combatido para defender a la burguesía industrial tratando de contener el avance de la clase obrera sobre las empresas de capitales nacionales. De ahí que su táctica apareciera como “centrista”, ya que para ponerle límites a los afanes estatistas de la burocracia burguesa y a los ataques del proletariado debió aliarse frecuentemente con el Partido Nacional; pero para posibilitar que la “revolución agraria y antiimperialista” continuara hasta los límites que con­venían a la burguesía nacional, apoyó en cada momento crítico al gobierno. Producido el golpe este partido tenía que reacomodarse ante la nueva situación, aceptando la derrota de su aliado y colocándose en condiciones de influir a los militares para impedir que favorecieran los intereses de los terratenientes y el capital financiero en desmedro de la burguesía industrial y comercial. Apoyó el golpe pero preparándose para discutir en el futuro las medidas económicas de la Junta. Sólo un pequeño grupo sin influencia interna amagó con una tibia defensa de los derechos humanos. Bernardo Leighton, fundador del partido y viejo aliado de la UP, presentó un recurso de hábeas corpus para varios funcionarios del gobierno anterior que estaban detenidos en lugares desconocidos. La Corte Suprema de Justicia –que en época de Allende había posado de campeona de la justicia y la defensa de los derechos humanos, hasta el punto de destacar un juez en el Cuartel de Investigaciones a las pocas horas de la detención del fascista-terrorista Thieme para “evitar que se lo sometiera a apremios ilegales”– respondió al hábeas corpus con una comunicación de cuatro líneas aclarando que, de acuerdo a las facultades que otorgaba el estado de sitio en tiempo de guerra, las FFAA podían hacer lo que quisieran con sus prisioneros. Así terminó la defensa de las libertades de la Democracia Cristiana

Dos días después que el secretario general de la Junta Militar declarara que había 500 muertos y 6.000 detenidos (cifra muy inferior a la real), el ex ministro de defensa del gobierno de Frei, Sergio Ossa, salió en Colombia en defensa de las FFAA y aseguró que en Chile no había más de 95 muertos y que no había detenciones masivas. Estas declaraciones fueron publicadas en Chile en el diario “La Prensa”, órgano del PDC

Pero los militantes del PC educados durante años en el embrutecedor mito del carácter democrático de la Democracia Cristiana no se resignaban a una realidad que no se ajustaba a su ideología oficial. El día 29 de setiembre un grupo de cuadros de este partido comen­taba con entusiasmo –en el Estadio Nacional donde se encontraban detenidos– la noticia de la formación de un nuevo “partido socialcristiano” encabezado por Tomic, el hombre del pacto secreto con Allende en 1970, pacto según el cual ambos se comprometían a cerrarle el camino al candidato nacional en el caso que obtuviera la primera mayoría; el político que había viajado a China en 1972 y había vuelto rodeado de la adulación de la prensa de la UP; el aliado fiel que según los esquemas tácticos del PC dividiría a la DC si ésta se embarcaba en una “aventura golpista”. Según los ingenuos cuadros del PC el nuevo partido “socialcristiano” arrastraría a las bases de la DC hastiadas de la colaboración de Frei con la Junta Militar. Ese mismo día 29, Tomic declaraba a “La Stampa”, “Il Mesaggero” y “Corrieri della Sera” de Italia, que “no todo es negativo en el movimiento desencadenado el 11 de setiembre por dolorosos que hayan sido algunos de sus aspectos (?) para muchos chilenos. Por varios motivos la situación anterior era insostenible (. ..) la experiencia de la UP había fracasado. Fue la consecuencia inevitable (el subrayado es nuestro) de los errores capitales contenidos en el programa político inicial y su realización política, social y económica”. Más adelante Tomic defendía a Frei y desmentía terminantemente la formación del “partido socialcristiano”. Los comunistas deberían resignarse a seguir buscando un burgués democrático

El cardenal Silva Henríquez, aliado del PC hasta pocos días antes, atribuyó la declaración del Papa lamentando los sucesos de Chile, a una errónea información y afir­mó el carácter democrático y humanitario de las FFAA chilenas. El Congreso Nacional aceptó sin hesitaciones su disolución.

Como veremos enseguida, todo esto no impide que los PC de todo el mundo sigan apelando a los “sectores democráticos de la burguesía y la Iglesia”. Dos sema­nas después del golpe, el comandante de carabineros e integrante de la Junta, general Mendoza, anunció que la primera etapa de la represión había terminado y que comenzaba “la verdadera limpieza de extremistas”. En la “primera etapa” la Junta había prometido no efectuar despidos masivos de trabajadores por razones ideológicas y no atacar sus conquistas económicas y sociales. Estas falsas promesas buscaban aislar a los combatientes de su base social; exterminados los primeros el peso de la represión comenzó a caer sobre la segunda.

A fines de setiembre el rector de la Universidad, un demócrata cristiano golpista que cuidaba su imagen “presidenciable” y no quería comprometerse en una purga en la universidad, fue reemplazado por interven­tores militares menos prejuiciosos. Patrullas militares comenzaron a presentarse en todos los lugares de trabajo con listas de los simpatizantes de la UP y se los llevaban detenidos a los campos de concentración; a partir de ese momento todos quedaban sin trabajo.

En los campos de concentración los militares siguen la siguiente política: el personal de custodia trata correcta­mente a los prisioneros y permite visitas de correspon­sales y parlamentarios extranjeros quienes atestiguan –cínicamente– que los detenidos gozar de buen trato. El personal del servicio de inteligencia tortura salvajemente a los militantes de base –en especial a las mujeres y a los adolescentes– para arrancarles falsas declaraciones incriminando a los cuadros medios y a los dirigentes. Con esto se persigue un doble propósito: desmoralizar a los militantes de base y formar un grueso expediente con acusaciones falsas contra los dirigentes para que los Consejos de Guerra los condenen al fusilamiento o a largas penas de prisión. A estos futuros condenados se los tortura solamente en casos excepcionales, los mili­tares saben que por la fuerza de los criterios clasistas los periodistas y personalidades que visitan los campos se preocupan por la suerte de los dirigentes y no por la de los anónimos militantes de base. Aquellos gozarán de “todas las garantían que otorgan los tribunales militares en tiempo de guerra” (!?). En las zonas donde hay me­nos control internacional, diariamente se aplica la “ley de fugas” a decenas de personas, los diarios oficialistas informan de estos asesinatos en notas que parecen todas salidas de la misma matriz

En esta “segunda fase” de la represión (en realidad, es la tercera porque como vimos, la primera empezó durante los últimos días del gobierno de Allende), comenzó la agresión económica contra las masas. El presidente de la Junta, general Pinochet, anunció que el costo de la vida aumentará, a fin de año, en un 1.600 %, a esta altura ya debe estar cerca de esa cifra. El salario promedio de un obrero industrial en época de Allende era de ocho dólares al mes (esta era La base material del “economismo” que la UP reprochaba a la clase obrera); la Junta ha conge­lado los salarios y ha establecido penas de tres a veinte años de presidio mayor para los que inciten o hagan huelgas. Esta brutal agresión al nivel de vida de las masas obedece a la necesidad de corregir las distorsiones que introdujo el proyecto reformista de la UP en el mercado capitalista. El dólar estaba subvaluado hasta tal punto que la importación de artículos alimenticios y bienes industriales se hacía con el cambio, un dólar: setenta escudos; mientras que la cotización real era de un dólar mil trescientos escudos. De esta forma se subvencionaba el consumo y se posibilitaba que los capitalistas pagaran salarios extraordinariamente bajos; mientras sus mujeres pudieran conseguir algunos artículos a precios oficiales, aunque eso les significara largas horas de cola, los obreros se conformaban con sus bajos salarios, especialmente cuando hacer huelgas era considerado “sedicioso”. Esta era una fuente de ganancias extraordinarias para los capi­talistas que no respetaban los precios oficiales y derivaban la mayor parte de su producción al mercado negro

Pero la UP no tenía otra salida ya que sus posibilidades de “vía pacífica al socialismo” residían en la cantidad de votos que obtuviera en las elecciones. Además de esta forma los burócratas de la UP aumentaban sus posibilidades de consumo suntuario: un automóvil Citroën o su similar, el Fiat 600, costaban, a precio oficial, alrededor de 500 dólares. Por eso la producción de automóviles estaba vendida íntegramente hasta 1975. Una de las primeras medidas de la Junta fue devaluar el escudo fijando dos tipos de cambio: uno para la importación de alimentos y maquinarias a 800 escudos el dólar y otro para el turismo a 1300. Esta devaluación incidió de inmediato en los precios internos ya que Chile importa la mayor parte de los alimentos que consume, ahora los obreros demócrata cristianos que tanto se quejaban de las colas y el desabastecimiento, sabrán, realmente lo que es el hambre y la miseria

continuará 


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