Más de 150 académicos, intelectuales y periodistas de distintas partes del mundo enviaron ayer una carta al presidente Tabaré Vázquez en la que manifiestan su preocupación por la amenaza que recibieron 13 abogados, fiscales, defensores de derechos humanos y académicos investigadores sobre los derechos humanos y el terrorismo de Estado por parte del llamado Comando Barneix.
En la nota brindan su apoyo a las personas amenazadas y le exigen al Estado uruguayo que “a través de sus representantes, exprese su más firme condena ante estas nuevas amenazas, que los poderes competentes las investiguen seria y efectivamente para dar con sus responsables, y que se aplique la ley como corresponde en un Estado de derecho, ya que de acuerdo a la legislación uruguaya la amenaza constituye un delito”. Las amenazas llegaron en un correo electrónico difundido con la plataforma Tor, que protege la identidad del emisor y dificulta su localización, y hasta el momento la Justicia, la jueza Julia Staricco y la fiscal Mónica Ferrero, en conjunto con la Dirección General de Información e Inteligencia policial, no han podido rastrear el origen del correo.
Entre los amenazados están el ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez; el fiscal de Corte, Jorge Díaz; la directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos Mirtha Guianze; los abogados Juan Errandonea, Óscar López Goldaracena, Federico Álvarez Petraglia, Juan Fagúndez, Hebe Martínez Burlé y Pablo Chargoñia; el magistrado francés Louis Joinet; el activista brasileño Jair Kirshke; la ex canciller Belela Herrera y la investigadora italiana Francesca Lessa.
Martes 21 • Marzo • 2017 la diaria
Carta de apoyo internacional ante amenazas
Texto completo y firmantes
http://www.agesor.com.uy/noticia.php?id=29109
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
condenó amenazas del “Comando Barneix”
La CIDH urge al Estado a “adoptar medidas urgentes a fin de proteger a los operadores de justicia”, expresa un comunicado.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este miércoles las amenazas de muerte a personas que han tenido algún papel en el procesamiento de causas judiciales por violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura de Uruguay (1973-1985).
Se trata de amenazas contra autoridades, operadores de justicia y defensores de derechos humanos de Uruguay, según explicó la CIDH en un comunicado.
La CIDH urge al Estado a “adoptar medidas urgentes a fin de proteger a los operadores de justicia”, “toma nota del inicio de investigaciones judiciales sobre estas amenazas” y “espera que se establezcan las responsabilidades materiales e intelectuales que correspondan y que se sancione a esos responsables de manera efectiva”.
“Si el Estado no garantiza la seguridad de sus operadores de justicia contra toda clase de presiones externas, incluyendo estas amenazas de muerte, el ejercicio de la función jurisdiccional puede ser gravemente afectada, frustrando el acceso a la justicia para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos perpetradas durante la dictadura”, indicó el organismo.
El relator de la CIDH para Uruguay, el comisionado Francisco Eguiguren, consideró que “es importante que se hayan iniciado investigaciones con prontitud”, pero que “es igualmente importante que se conduzcan con debida diligencia hasta sancionar a los responsables”.
Por su parte, el relator sobre Defensores de Derechos Humanos, el comisionado José de Jesús Orozco, destacó la importancia del trabajo de los jueces, fiscales y defensores que “con determinación han seguido buscando justicia a pesar de todos los obstáculos, incluyendo la vigencia de una ley de amnistía de 1986, llamada Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado”.
La CIDH es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), ambas con sede en Washington, que tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.
La Comisión la integran siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
(Fuente: EFE)