La Ley Legitimaría la Criminalización de la Protesta  

Estimad@s:

Uno de los pilares fundamentales de la Doctrina Peronista ha sido y sigue siendo LA INDEPENDENCIA POLÍTICA de todo poder extranjero, como principio básico que nos permite defender  los intereses de la Nación y de nuestro Pueblo contra todo intento de dominación o de vasallaje.

Esta es una de las tres banderas históricas, con que el Peronismo ha sintetizado y ha podido trascender por haber sabido entender, interpretar y realizar los intereses y las aspiraciones de los trabajadores, de los sectores populares y de la Nación.

Para poder convertir en una realidad esas banderas, durante el gobierno de Perón y orientadoras durante el gobierno de Cámpora y el kirchnerismo,  nuestro pueblo ha tenido que concientizarse, movilizarse y organizarse en las más diversas condiciones a lo largo de la vida de nuestro Movimiento.

Unas veces contando con la aprobación y apoyo en los momentos en que el pueblo ha sido gobierno y otras veces sufriendo terribles persecuciones, sufrimientos y tormentos, con un enorme  costo en vidas de toda una generación de jóvenes militantes y revolucionarios.

Nadie nos regaló nada y si se ha llegado hasta acá, ha sido por la lucha y el sacrificio de miles de compañeros y enorme costo de toda nuestra  sociedad.

Fueron tiempos en que nuestras familias vivían con el “Jesús” en la boca porque no se sabía si al amanecer podrían reencontrarse con sus seres queridos.

Después de tanta lucha, tanta sangre y tantos sufrimientos, cuando parecía que se entraba en una etapa de consolidación de una vía pacífica y democrática como método para poder realizar las transformaciones que nuestra Nación y nuestro  Pueblo reclama, nos encontramos que un Gobierno que se dice Peronista, está impulsando una “ley antiterrorista” - como si así, en la búsqueda de resolver conflictos sociales, se avanzara hacia el imperio de la Justicia Social, otra de las banderas históricas del Peronismo.

De sancionarse la susodicha “ley”, significaría un grave retroceso en la vida democrática y tendería a reproducir las condiciones de represión durante los aciagos días de los Planes CONINTES que martirizaron los días de nuestros mayores, actuándose hoy como si existiese en el país un estado de convulsión interno, omitiendo en realidad, peligrosamente, que su impulso y aprobación lo es producto de imposiciones – que con criterio patriótico y latinoamericano debiera denunciarse, como en su momento hizo Perón frente a las insolencias de Spruille Braden – por  parte de Estados Unidos, como parte de sus planes de dominación continental.

Este Proyecto de Ley ya cuenta con media sanción de Diputados y será tratado el PRÓXIMO MIÉRCOLES 21 DE DICIEMBRE en el Senado de la Nación

Dado el verticalismo – no quisiera tener que calificar obsecuencia – de muchos, es poco probable que se pueda dar una discusión franca, abierta y del nivel que requieren las circunstancias, pero, acudiendo al espíritu de grandeza que seguramente anida en el espíritu y formación de los auténticos  Peronistas, a ellos debemos apelar para que su sensibilidad ante la gravedad de la situación entiendan la necesidad – como ocurrió en el tratamiento y sanción de la Ley de Medios – de empujar su tratamiento al siguiente período ordinario y promover un gran debate nacional para que la participación del conjunto del Pueblo y sus organizaciones tengan una verdadera noción del significado de este desacierto que intenta aprobarse.

Es peligroso para la vida en Democracia y la vigencia del Estado de Derecho, que los alcances, las ambigüedades y el margen de discrecionalidad que pudiera quedar en manos de jueces, pues podrían convertir su aplicación de la ley que se intenta sancionar, en una herramienta de persecución CONTRA TODOS LOS LUCHADORES SOCIALES, corriendo el grave riesgo de aplicar tan inmerecidas como injustas largas penas.

La premura con que se impulsa su tratamiento y aprobación de este Proyecto de Ley “antiterrorista”, a quienes supimos de leyes similares cuando imperaban las decisiones de la “cámara del terror” durante la tiranía militar iniciada el 28 de junio de 1966 o la Ley 20.840 del gobierno de Isabel Martínez, perfeccionada con las conexas que dictaron los tiranos desatados el 24 de marzo de 1976, y que en no pocos casos de muchos funcionarios y legisladores actuales y muchos de nosotros sirvieron para catalogársenos “terroristas”, nos da la suficiente autoridad moral con que hablamos para oponernos a la sanción del Proyecto que motiva ésta.

“Leyes antiterroristas”, en el pasado reciente y definitivamente superado, sirvieron para perseguirnos y asesinarnos. ¿O nos olvidamos de eso?

¿Estamos decidiendo arriar las banderas que se levantan en los juicios por los delitos de lessa humanidad y el genocidio que llevaron adelante los que se amparaban en “leyes” y “normas” “antiterroristas” para destruir nuestra Patria y nuestro Pueblo y distanciarnos de nuestro destino latinoamericano?

¿Olvidamos que so pretexto de la “persecución a terroristas” los sirvientes de “doctrina de la seguridad nacional”, aplicaron el “operativo cóndor”, muchas de cuyas víctimas siguen sin aparecer? ¡Téngase conciencia en qué página de la Historia pueden ingresar los que se olviden de nuestro pasado! ¡De nuestro destino!

¡Y de nuestra esperanza de transitar por las grandes alamedas rumbo a la Patria Justa, Libre y Soberana que pretendemos y merecemos!

 Hacemos un llamado a la Reflexión y al Sosiego, de la Compañera presidenta.

COMPAÑEROS:

ES NECESARIO POR TODOS LOS MEDIOS DETENER LA APROBACIÓN POR SENADORES DE ESTE NEFASTO PROYECTO DE LEY y que el mismo pase al período ordinario siguiente, de manera de dar lugar a que las distintas organizaciones sociales y organismos de Derechos Humanos, militantes y especialistas, se expidan al respecto.

Este gobierno es de Todos y no puede haber un gobierno Nacional y Popular, asentado en leyes que criminalizan las luchas políticas, sociales y atentatorio contra los derechos constitucionales.

SOLO EL PUEBLO, SALVARA AL PUEBLO

Un abrazo

José Gervasio

 CARTA PÚBLICA

Una reforma penal que legitimaría la criminalización de la protesta

Proyecto de Legislación Antiterrorista e Inversiones:

modificación del Código Penal sobre Prevención, Investigación y Sanción de Actividades Delictivas con Finalidad Terrorista

Los abajo firmantes expresamos nuestra profunda preocupación frente al proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo Nacional el pasado 14 de octubre ante el Congreso de la Nación que tiene por finalidad reforzar la capacidad estatal de reprimir pretendidos actos de terrorismo o a quienes los financien.

El proyecto incorporaría al Código Penal una nueva agravante para cualquier delito que fuera cometido con la finalidad de generar terror en la población o de obligar a un gobierno a adoptar o abstenerse de tomar determinada decisión.

En estos casos se elevaría la pena aplicable al doble de la pena mínima y de la máxima.

El hecho de utilizar conceptos tan abiertos e imprecisos hacen posible la aplicación de estos agravantes a la gama de figuras penales típicamente utilizadas para la criminalización de la protesta social: en la persecución de resistencias a desalojos, cortes de vías de circulación o simples actos de protesta en el espacio público.

Una normativa similar ha tenido graves consecuencias en su aplicación en Chile, lo que ha permitido la persecución penal de dirigentes del pueblo Mapuche en el marco de la ley antiterrorista, por cargos asociados al incendio de bosques.

Por ejemplo, actualmente la pena prevista por una usurpación es de 6 meses a 3 años, pero según este proyecto pasaría a ser de 1 a 6 años si se considera que tiene finalidad terrorista, introduciendo así el riesgo de la prisión efectiva. Además, este proyecto implicaría nuevas desproporciones en la escala penal: por ejemplo, quien cometiera un hurto en el contexto de una conmoción pública podría recibir una condena mayor que la que corresponde a un policía que ocasionara torturas.

La reforma propuesta agravaría la amenaza de persecución penal para las personas que luchan por la reivindicación de sus derechos y generaría las condiciones para una mayor criminalización de la protesta social a través de la ampliación de las figuras penales, el aumento de las penas y el estigma social de los luchadores populares, por su eventual asociación simbólica al terrorismo

Si bien el proyecto establece que el agravante no se aplicaría en los casos en que se trate del ejercicio de un derecho constitucional, este criterio no garantiza que líderes sociales no sean perseguidos y sometidos a proceso bajo estas nuevas figuras ligadas al terrorismo, lo que de por sí implicaría someterlos a una fuerte presión para abandonar su reclamo. Dada la amplitud e imprecisión de los términos, se invierte la carga de la prueba y serán ellos los que deberán probar, en el marco de los procesos penales, que no son terroristas

Este tipo de reformas legislativas son exigidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) como condición para considerar a nuestro país como un destino seguro de Inversiones Externas Directas. Observamos con profunda preocupación que, a fin de cumplir con las exigencias de organismos internacionales, se dispongan medidas de carácter penal que puedan vulnerar derechos fundamentales. Es necesario ubicar esta iniciativa en el marco de concepciones fuertemente instaladas en torno de las llamadas “nuevas amenazas” en discursos y propuestas sobre seguridad hemisférica. Perspectivas que, en ocasiones, bajo el pretexto de luchar contra los “nuevos” enemigos de la seguridad (que abarcan prioritariamente al narcotráfico y al terrorismo), incluyen respuestas fuertemente punitivas a problemáticas políticas, económicas, sociales, de salud pública o medioambiental

El diagnóstico de “las nuevas amenazas” suele extenderse sin matices sobre la región, a través de propuestas que desconocen particularidades de la situación del delito de cada país, así como el marco normativo interno

La reforma implicaría, además, graves riesgos para las organizaciones que presten apoyo a los movimientos sociales, ya que podrían ser consideradas como autoras del delito de financiamiento al terrorismo, en caso de que reciban, recolecten o entreguen dinero para solventar actividades de organizaciones sociales cuyas protestas sean consideradas acciones terroristas.

Manifestamos nuestra oposición al proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo Nacional y llamamos a las autoridades políticas a abstenerse de aprobar esta reforma en tanto constituye una nueva ampliación de la respuesta punitiva estatal mediante la incorporación de figuras inconstitucionales, el aumento de penas y la legitimación de la persecución penal a la protesta social.

Para adherir enviar mail a:   leyantiterrorista@yahoo.com.ar

1) Organizaciones nacionales:

AADI –Asociación de Abogados/as de Derecho Indígena

ACIJ (asociación Civil Por la Igualdad y la Justicia)

CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales)

CEPPAS (Centro de Políticas Públicas para el Socialismo)

A.E.L. (Asociación Ecológica de Lanús), Miembro de RENACE (Red nacional de Acción Ecologista de Argentina)

Agrupación política Colectivo por la Igualdad. Centro de Estudio y Acción por la Igualdad

ALERTA ANGOSTURA, Provincia de Neuquén.

Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Sierra de la Ventana (Buenos Aires)

Asamblea de Organizaciones y vecin@s movilizados por la soberanía alimentaria. Región del Alto Valle- Río Negro.

Asamblea Popular del Cid  /  Asambleas Ciudadanas Riojanas

Asamblea Popular por el Agua del Gran Mendoza

Asamblea Villa Giardino Despierta (Córdoba)

Asociación Ambientalista y de Calidad de Vida "Pacto Verde", Monteros, Provincia de Tucumán.

Asociación Civil Amigos de Guapoy /  Asamblea ¡Córdoba Ciudad Despierta!

Asociación Civil Grupo de Planificación Sustentable (GPS), de Bariloche.

Asociación Civil Hermanos de la Tierra

ASOCIACIÓN DE EX DETENIDOS DESAPARECIDOS

Asociación Gremial de Abogadas y Abogados de la Argentina

Asociación Promoción Para La Cultura Y Desarrollo en Argentina- APCD (Formosa)

ASOCIANA (Acompañamiento Social de la Iglesia Anglicana en el Norte Argentino)

ATE ROSARIO – a través de Gustavo Martínez Secretario General

Be Pe - Asociación Civil Bienaventurados los Pobres (Catamarca)

Biblioteca Popular Obrera Maria Luisa Buffo de Ferro, Monteros, Provincia de Tucumán.

Campaña Salvemos al Iberá, / Pañuelos en Rebeldía

CAUCE UBA (Corriente Antiburocrática Universitaria Contra la Explotación - Universidad de Buenos Aires).

COB La Brecha (Corriente de Organizaciones de Base - La Brecha).

COEPSA (Centro Oeste de Estudios Politicos y Socioambientales)

Colectivo por la Igualdad (CxI)  / Colectivo Voces Alerta

Comunicación por la Libertad (CxL)  /   JxI – Jóvenes por la Igualdad

Comunidad Tehuelche-Mapuche "GAJNA INA ÜYEY A GAYAU - AZ WAIWEN KÜRRÜF, Dolavon, Chubut

Conciencia Solidaria ONG Interprovincial - Ecos de Saladillo (Buenos Aires)

Consejo Asesor Indígena (CAI) de Río Negro

Consejo Departamental de Comunidades departamento de Cochinoca provincia de Jujuy

Corriente Julio Antonio Mella / Juventud Rebelde - Presidencia FUBA

Eco –Sitio Portal de Medio Ambiente y Ecología

ENDEPA: Equipo Nacional de Pastoral Aborigen

Espacio CuCoco en la Huerta de Saavedra

FARN - Fundación Ambiente y Recursos Naturales

Federación de Entidades de Fomento y Organizaciones del Pueblo de Quilmes.

Frente Cívico por la Vida de la Provincia de San Juan

FORO AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA PATAGONIA SEDE COMODORO RIVADAVIA (Chubut)

Fundación Ecosur Ecología, Cultura y Educación desde los Pueblos del Sur -filial Patagonia Norte-

Greenpeace / Hecho en Bs. As. / Jóvenes de la CC ARI Mendoza

Liberpueblo - Asociación por la defensa de la libertad y los derechos del pueblo

Los Verdes – Foro de Ecología Política

MANBLAS – Movimiento de Articulación No Colonialista de Bases Latinoamericanas y Sociales (Neuquén)

MOVIMIENTO DE PROFESIONALES PARA LOS PUEBLOS (MPP)

Movimiento del Teatro del Oprimido de Jujuy (MTOJujuy)

Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Neuquén)

Organización Ecologista Guardianes del Iberá (Corrientes)

Organizaciones Comunitarias de la Ciudad de Córdoba: Canal de las Cascadas, ElAmanecer, Comunidad Renó, Los Cortaderos, La Ilusión, Güemes, El Arca, Libertad, 2 de Mayo con SERVIPROH (Organización Social)

PIDHDD- Capítulo Argentina - (Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo

Pro-Eco Grupo Ecologista, Asociación Civil- Tucumán

Puesto Informativo - ASANOA (Tucuman)

Red por el Uso responsable del Agua de Traslasierra (Córdoba)

Red Provincial de ONG’s de San Juan / Secretaría DDHH CTA Chubut

SERPAJ ARGENTINA – Servicio Paz y Justicia

Servicio Jurídico para Pueblos Indígenas - Servijupi (Formosa)

Sindicato de Empleados de la Justicia de Chubut Sitrajuch

SOS Delta.org  / Sur para la Emancipación (Mendoza)

Vecinos de Traslasierra por el Ambiente (Córdoba)

2) Personas:

Alberto Binder  / Ana Laura Alvarez, coordinadora de Asociana.

Ariel Fuxman – Consejero Directivo Facultad de Filosofía y Letras UBA

Damián Finucci - Presidente CEFyL (Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras - UBA)

Elia Espen MADRE PLAZA DE MAYO  / Emanuel Marcos Abínzano

Fernanda Reyes Diputada Mandato Cumplido / María Laura Barroso Baldi

Felipe Ochsenius del Movimiento de Profesionales para los Pueblos (MPP)

Igal Kejsefman – Consejero Superior UBA

Ignacio Kostzer – Presidente FUBA (Federación Universitaria de Buenos Aires)

Jazmín Rodríguez – Consejera Directiva Facultad de Ciencias Sociales UBA

Julián Liparelli – Presidente CECEN (Centro de Estudiantes de Ciencias Exactas y Naturales – UBA)

Julio Raffo (diputado de la ciudad por Proyecto Sur, Vicepresidente Segundo de la Legislatura porteña)

Laura Fraile – Consejera Directivo Facultad de Ciencias Exactas y Naturales UBA

Leandro Altman – Consejero Superior UBA  / Luis Cruz (comunicador social)

Luis Zamora - Autodeterminación y Libertad

Marcelo Luda – Consejero Directivo Facultad de Ciencias Exactas y Naturales UBA

Mario Hernandez. Periodista. Miembro de la Com. Directiva de la Coord. de Medios de la CABA (COMECI).

Maristella Svampa (Voces de Alerta) / Pablo Bergel, vecino diputado de la CABA

Martha Linares – Presidenta CECSo (Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales – UBA)

Pablo Vensentini – Consejero Directivo Facultad de Filosofia y Letras UBA

Ramiro Sorondo – Consejero Directivo Facultad de Ciencias Sociales UBA

Roberto Gargarella  / Rocío Sanchez Sandía Legisladora CABA

3) Organizaciones de otros países:

Asociación para la Promoción y el Desarrollo de la Comunidad CEIBA, Guatemala

Asociación Tierra y Libertad para Arauco (Francia)

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN BOLIVIA - CEDIB.

COLECTIVO DE COORDINACIÓN DE ACCIONES SOCIO AMBIENTALES (COLECTIVO CASA) DE BOLIVIA

Comisión de Apoyo a los Pueblos Originarios de Chile

Defensoría Internacional por el Derecho de los Pueblos (DIDEPU)

Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ (Perú)

JUVENTUD ECOLOGISTA EN ACCIÓN - JEA DE ORURO/BOLIVIA

Mouvement pour la Coopération Internationale-Suisse (MCI

Buenos Aires:

Movilizarnos para que no pase la Ley Antiterrorista

Este jueves a las 15.30  hs. frente al Congreso de la Nación

En una sesión que quedará en la historia de la claudicación, ante la derecha y el Imperialismo, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó el anteproyecto de Ley que duplica las penas en caso de considerarlas “terroristas” dando un paso más en la criminilizacion de la protesta social y poniendo en manos de un Poder Judicial Federal -al que no se cansan de denostar por conservador y defensor de la impunidad de los verdaderos terroristas, los represores y el bloque social que los impulsó y se benefició del Genocidio- una herramienta represiva comparable a las peores leyes de la historia de la infamia nacional: la 4144 de 1902 llamada “de residencia”; la 17401 de represión al comunismo y la 20.840 denominada de “seguridad nacional”. 

Lo último que necesitamos son más instrumentos legales para reprimir; demasiada sangre ha corrido en esta tierra, demasiados presos hemos tenido, demasiada tortura y gatillo fácil seguimos sufriendo, demasiados desaparecidos seguimos buscando; hace falta más democracia, más protagonismo popular y más debate sobre los caminos a recorrer para alcanzar los objetivos y sueños de un pueblo que desde hace diez años busca hacer realidad la consigna de que otro país es posible.

Por todo ello, convocamos a todos los organismos de derechos humanos y fuerzas populares, a todos los sectores sociales y políticos que quieren más democracia y menos derecha en la Argentina a movilizarnos frente a la sede del Congreso de la Nación este jueves a las 15.30hs. para exigir del Senado Nacional que no sancione la Ley Antiterrorista y gritar nuestra exigencia de terminar con la impunidad de ayer y de hoy.

Liga Argentina por los Derechos del Hombre

Tomado de Atea y Sublevada

Crece el rechazo a la Ley Antiterrorista K

Entre los que votaron esta Ley al servicio de un imperio que se cae a pedazos, se encuentran: Sabbatella, que la juega de aliado “progre” del gobierno; Remo Carlotto, hijo de la Abuela Carlotto, Depetri, el piquetero; Gdansky, Plaini, sindicalistas; Jorge Rivas, el socialista; Heller, el banquero comunista, Kunkel, el Montonero renegado; Pedro De Wado, de La Campora, hijo de desaparecido, y por supuesto todo el resto de los legisladores que responden al oficialismo. encabezados por la mayoría K del Frente para la Victoria y sus socios, como los súper-progres de Nuevo Encuentro

Facundo

HAY QUE HACER BIEN LOS DEBERES CON EL G20

"LA HISTORIA NO LOS ABSOLVERÁ"

OPINIÓN de: José Schulman

Diputados aprobó en soledad, sin escuchar al movimiento popular ni a los organismos de derechos humanos, ni a los juristas ni a los que estudian la estrategia del Imperio para la zona, el agravamiento de la Ley Antiterrorista...

.Desde hoy contamos con una libertad menos y un dolor más....la democracia representativa ha vuelto a mostrar, como dijo Rossi, que no están para discutir ni pensar sino para obedecer al gobierno...hace falta democratizar la democracia porque sino nunca seremos libres

OPINIÓN DEL CELS

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) insistió hoy en cuestionar el proyecto de ley para acciones terroristas, que recibió media sanción en Diputados, y advirtió que la iniciativa "crea un matete jurídico muy complicado".

"Si esto se aplica va a traer muchas complicaciones", vaticinó el presidente del CELS, Horacio Verbitsky, ante la posibilidad de que el proyecto sea votado en el Senado y se convierta en ley.

El CELS cuestionó la reforma del inciso 5 del artículo 41 del Código Penal "que establece en forma inapropiada un incremento al doble" de las máximas y las mínimas de todos los delitos si se cometieran bajo la figura del terrorismo.

Verbitsky afirmó que "es la misma técnica que se usó en el 2004 por la presión de Juan Carlos Blumberg", padre del chico secuestrado y asesinado Axel Blumberg, y sostuvo que "es una pésima técnica legislativa que carece de racionalidad".

Según dijo, "es absurdo agravar" la pena de todos los delitos por la posibilidad de que estén vinculados al terrorismo porque crea un desequilibrio en el Código Penal, donde estos hechos "pueden terminar teniendo penas más altas que delitos más graves".

En ese sentido, calificó de "matete jurídico" el proyecto que permitirá además dictar prisiones preventivas eternas por delitos leves por estar relacionado con el terrorismo.

"La ley debe ser clara y precisa, pero en este caso se habla de 'delitos destinados a aterrorizar a la población', lo cual es de una amplitud aterrorizante. Y además nos preocupa el contexto de este proyecto porque es una exigencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la amenaza de excluir a la Argentina" de ese organismo, dijo el titular del CELS.

Al menos, rescató Verbitsky, el proyecto de ley establece que estos hechos sean analizados por jueces federales y no por jueces provinciales.

Además, el CELS sostuvo que muestra "lo superfluo de la reforma" la aclaración por parte del Poder Ejecutivo en torno a que la figura de terrorismo no se aplicará en caso de ejercicio de "derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional".