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Los cambios en la Ronda Uruguay lograron que cuatro empresas se interesaran en volver a buscar hidrocarburos en el mar uruguayo. Aunque estaban supeditadas a la autorización ambiental, el ministerio de Ambiente alegó el respeto de los contratos para aprobar las prospecciones sísmicas, con medidas preventivas de dudosa eficacia. |
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Víctor L. Bacchetta, para Rel UITA, EL ZUMBIDO 2/3/26 |
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Uruguay pone en peligro su ecosistema marino a cambio de improbables beneficios, mientras el negocio de las petroleras nunca pierde. |
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Inicialmente, en la Ronda Uruguay de 2019 no se había presentado ninguna empresa. |
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Entonces, la petrolera estatal ANCAP modificó el criterio y, en lugar de que fuera una convocatoria de plazo fijo, la redefinió como Ronda Uruguay Abierta en la que las empresas pueden presentarse en cualquier momento. |
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De esta manera, entre 2022 y 2024 ANCAP firmó siete Contratos de Producción Compartida (CPC) cubriendo, por primera vez, todas las áreas o bloques ofrecidos en el mar uruguayo. |
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No solo se liberó el plazo, sino que invocando que "es política del Poder Ejecutivo promover las inversiones en exploración de hidrocarburos por la importancia que el éxito tendría para el país", el Ministerio de Industria, Energía y Minería declaró "promovidas" las exploraciones petroleras en el mar en el marco de la Ley de Inversiones y les concedió un crédito por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en las compras de las empresas (Decreto 261/024, 30-IX-24). |
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Challenger Energy (CEG), en bloques 1 y 3, Shell (BG International Ltd), en bloques 2 y 7, YPF en bloque 5, Consorcio APA/Shell en bloque 4 y APA Corporation en bloque firmaron los contratos de exploración y producción. |
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En los contratos CPC, Uruguay conserva la propiedad del subsuelo, la exploración es por cuenta y riesgo de la empresa y, si encuentra petróleo o gas comercializable, con la venta se pagan costos de operación y se dividen las ganancias. |
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Entre 2024 y 2025, las empresas presentaron los proyectos de prospección sísmica submarina en sus áreas respectivas al Ministerio de Ambiente pues en 2017 se reconoció que estas actividades requieren autorización ambiental. |
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Este Ministerio tiene la última palabra en las prospecciones y, si las llegara a rechazar, las empresas no podrían alegar un incumplimiento de los compromisos asumidos porque ese requisito se encuentra en los contratos firmados con ANCAP. |
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La autoridad ambiental |
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La Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea) asignó a las prospecciones la Categoría C, que corresponde a actividades "cuya ejecución pueda producir impactos ambientales negativos significativos". |
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Al realizarse la Puesta de Manifiesto y la Audiencia Pública, se manifestó una fuerte oposición a las prospecciones sísmicas, tanto desde la academia como la ciudadanía en general, pero en el Ministerio empezaron a minimizar el alcance de su decisión. |
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En una reunión previa a la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático, que tuvo lugar en Brasil en noviembre de 2025, las autoridades del Ministerio de Ambiente expresaron que "el país tiene larga trayectoria en el cumplimiento de acuerdos, en este sentido en principio se prevé se respeten los contratos de exploración firmados y por tanto se continúe con las actividades" (sic). |
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Con esta frase pretendían justificar la necesidad de autorizar las prospecciones. |
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Pocos días después, el ministro Edgardo Ortuño dio su aprobación y lo defendió diciendo que se exigían mayores restricciones y que se trataba de conocer si tenemos o no hidrocarburos. |
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"De comprobarse ?agregó?, habrá una etapa de diálogo nacional para saber si se explota o no esa riqueza". |
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Esto es falso. Si hay un yacimiento, el contrato prevé que esa decisión será tomada por el Comité de Administración integrado en partes iguales por ANCAP y la petrolera.
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