Luis E. Sabini Fernández
30 setiembre 2026
‘Estamos peor que ayer, pero mejor que mañana’
Este aforismo, no precisamente optimista, dibuja con creciente credibilidad lo que nos está pasando en nuestro presente… mundializado.
La democracia y su presunta y siempre mentida igualdad ya no sirve ni como taparrabos político; surgen referentes y políticos que “sinceran” el estado de cosas: escamoteo, desigualdad y silencio; triple consigna de nuestro presente.
Que se aplica en nuestros alimentos, particularmente.
Argentina, como en tantos otros rubros, es avanzada en este retroceso.
A fines del s.XX, Argentina fue, junto con EE.UU. los únicos estados que promovieron y produjeron alimentos transgénicos antes del ingreso al s. XXI: la muy famosa soja transgénica.[1] Un “puesto de vanguardia” que ya habría querido para sí el actual presidente Javier Milei.
El tecno optimismo aplicado a nuestros alimentos (o a bolsillos, no precisamente los nuestros), como dice la canción, “fue más fuerte”.
Con el cambio de siglo hubo una suerte de estabilización, una suerte de armisticio no dicho entre el empuje de los grandes laboratorios buscando la implantación de una agricultura altamente tecnologizada y las redes refractarias de trabajadores rurales y campesinado advertido de los daños ambientales y sanitarios que veían en peligrosa expansión con la agroindustria. La internacional Vía Campesina y otras redes ambientalistas terminaron aceptando soja y maíz transgénicos, que se consumía principalmente como forrajes (aunque ambas semillas también pertenecían a la dieta humana directa) y los grandes laboratorios que desarrollaron las sojas y maíces transgénicos (y otros vegetales) aceptaron no incursionar en el arroz y el trigo –los dos vegetales más extendidos en la dieta humana– que siguieron como hasta entonces, sin genes incorporados.
Se sabía, empero, que los grandes consocios que producían buena parte de la alimentación industrializada, moderna, seguían investigando líneas transgénicas en arroz y trigo (que presentaban mayores dificultades técnicas para su implementación; que las respectivas de maíz y soja y sus consiguientes “remedios” para las plagas que pudieran fructificar en ellas.[2]
A comienzos de esta década, en Uruguay y en Argentina, se presenta un trigo transgénico. Sin antecedentes. El HB4, con su “siamés” el herbicida correspondiente; glufosinato de amonio.
Los veinte años transcurridos desde 2000 revelaban el debilitamiento de la resistencia y el papel de la ofensiva tecno en todos los órdenes. Lo que habría sido un escándalo político en el 2000 incursionaba ahora “con total normalidad”. Los gobiernos de Lacalle Pou en Uruguay y de Alberto Fernández en Argentina aceptaban gustosos los “avances” de la rentabilidad; única variable que al parecer importa a consorcios del rubro y gobiernos.
En Uruguay, en setiembre 2020 se aprobó toda una serie de mejoradores fitosanitarios como el glufosinato de amonio, sin pasar siquiera por la Comisión Nacional de Bioseguridad y al mismo tiempo se habilitó un trigo transgénico, HB4, primicia mundial.
En el caso del trigo se dieron dos aprobaciones, también para ensayos del Instituto Nacional de Semillas (Inase) e investigación, del evento transgénico HB4-PAT, que tiene tolerancia a la sequía y la salinidad, y también al herbicida glufosinato de amonio.
En Argentina logra la aprobación de ese trigo tolerante a sequía, “el primero en el mundo” Bioceres Crop Solutions, una empresa de biotecnología agropecuaria fundada en 2001 en Rosario, cuando el furor de los transgénicos y la siembra directa, que declara estar: “enfocada en la ciencia y la tecnología para el campo, fabrica bioinsumos, fertilizantes biológicos y semillas mejoradas.”
Estos últimos años han ido acumulando más pruebas y ejemplos de la contaminación generalizada que el uso de “probadísimos” herbicidas genera. Se modifica el “reparto” de funciones; tradicionalmente, los productos tóxicos provenían de laboratorios alojados en “los países centrales” y ahora, buena parte de la batería de control de malezas y plagas, son en el caso argentino, industria local).
Y esta relocalización de algunos productos problemáticos podría estar en el origen de un conflicto absolutamente presente.
Mientras en el pasado, incluso reciente campesinos contaminados o redes ecologistas refractarias generaban resistencia ante el uso de “mejoradores” tóxicos, y sus críticas iban a laboratorios estadounidenses o alemanes, no se había llegado nunca a la situación actual.
En Argentina se ha generado una situación relativamente inédita: grandes empresas como Bioceres, el complejo agroindustrial de Los Grobo o el sello Rizobacter se han dedicado a la biotecnología aplicada a la agricultura de próxima generación y se han convertido en “proveedores globales de licencias científicas e insumos biológicos”. Miremos detrás del vistoso vocabulario: han proliferado las soluciones de incremento de producción agraria mediante el uso de biocidas.
Y las investigaciones sobre sus efectos sanitarios resultan preocupantes: la investigadora Virginia Aparicio, con décadas de investigación en el INTA, firma en 2023 un informe lapidario sobre intoxicaciones humanas con agrotóxicos. Se trata del proyecto SPRINT de la UE (investigación internacional financiada por la Unión Europea), iniciada en 2020 y que culmina este año 2026, orientada a evaluar de manera integral el impacto de los plaguicidas de la agricultura industrial en la salud humana, animal y ambiental, con participación de varios países miembros de la UE [3] y un único ajeno al área: Argentina.
Pues bien: los resultados de semejante investigación de varios años, ubicó a la Argentina como el país más intoxicado; por ejemplo en las muestras de orina, los argentinos presentaron el récor de 86,1% con glifosato, y entre bonaerenses, el glifosato aparece en el 100% de las muestras de materia fecal.
Desde que Aparicio señala los resultados (todavía preliminares) de SPRINT, en 2023, tan adversos para la Argentina, la dirección del INTA toma la medida habitual del poder político en estos casos: se cancela la publicación de tales resultados y se retira a la Argentina del proyecto internacional.[4]
Ahora sobreviene el paso del minué habitual en esta danza: se procesa a la investigadora Aparicio que participara en el proyecto, cuestionando ad hominem: no es la ciencia, no es la realidad, es la malevolencia presunta de la denunciada.
Transcribimos aquí el testimonio de Claudio de Francesco, quien en 2022 participara en la investigación “como voluntario argentino del proyecto SPRINT, un estudio internacional financiado por la Unión Europea que buscaba evaluar los impactos de los plaguicidas sobre el ambiente y la salud humana. Fue un proyecto de gran escala, desarrollado en Europa y Argentina, que analizó un amplio espectro de muestras ambientales, animales y humanas.
En Argentina participamos 73 voluntarios de 11 partidos del sudeste de la provincia de Buenos Aires: Adolfo González Chaves, Balcarce, Benito Juárez, Coronel Dorrego, General Alvarado, General Pueyrredón, Lobería, Necochea, San Cayetano, Tandil y Tres Arroyos. Los participantes pertenecíamos a distintos grupos según nuestra relación con las zonas donde se aplican plaguicidas: productores, vecinos de zonas rurales —como en mi caso— y habitantes de zonas urbanas alejadas de los campos.
Nos tomaron muestras de sangre, orina y materia fecal, además de un hisopado. También usamos durante siete días una pulsera que funcionaba como captador de plaguicidas presentes en el ambiente, recolectamos el polvo de nuestras casas y completamos una encuesta muy detallada sobre nuestra alimentación. Todo el muestreo siguió protocolos comunes del proyecto, diseñados para poder comparar los resultados obtenidos en los distintos sitios de estudio.”
Este investigador De Francesco, presentó un informe y evaluación memorables (se puede escuchar en https://www.laizquierdadiario.com/Video-Agrotoxicos-voluntario-del-SPRINT-cuenta-su-experiencia-en-el-proyecto-censurado-por-el-INTA) donde apunta diversas significaciones: por ejemplo, que el polvo de hogar es el mayor receptáculo de agrotóxicos, y aunque no usar el calzado de calle dentro del hogar achica ese roce, queda en pie el contacto que los bebés tienen con todo ese polvo tóxico en sus viviendas.
En 2023, el INTA suspendió la presentación pública de los resultados y posteriormente Argentina dejó de participar de SPRINT.
En 2024 pudimos enterarnos de esta enorme conflictividad gracias a colegas como Darío Aranda relevando, por ejemplo, la liberación al mercado de trigo GM y sus riesgos.[5]
Hoy, Virginia Aparicio, coordinadora de SPRINT en Argentina, enfrenta un sumario que podría derivar en su exoneración del INTA.
Está clarísimo que se la quiere anular profesionalmente. Que el éxito empresario “es más fuerte”.
Aquí dejamos un sitio suyo electrónico: AR-H38-SPRINT.pdf.
Habrá que ver si un gobierno, que no es precisamente benefactor, pero sí enceguecidamente volcado a la eficiencia, se sale con la suya.
[1] En el cambio de siglo, EE.UU., Argentina y Brasil producían, en tercios, más del 90% de la producción mundial de soja, el ingrediente alimentario más presente en las mesas de los humanos y en los comederos de animales de crianza, y el cultivo de mayor expansión mundial entonces. Sólo en Brasil fue significativa (y hasta dramática) la resistencia a la soja transgénica (RR). Las discusiones ante el surgimiento de la soja genéticamente modificada transitaron dos campos: 1) la transgénesis, interviniendo en la herencia biológica modificando genes, y 2) el aumento con esta técnica, irrestricto o casi, de la aplicación de lo que las grandes semillerías denominan fitomejoradores y los agricultores orgánicos, agrotóxicos. La soja transgénica permitió mayor uso de tales ingredientes.
[2] Hay incontables investigaciones que revelan los daños, generalmente imprevistos, de herbicidas y otros agrotóxicos. Por ejemplo, Anthony Samsel y Stephanie Seneff, investigando sobre celiaquía anotaron que “existen ciertos factores ambientales que pueden estar implicados en el desarrollo de enfermedades inflamatorias del intestino y en que el glifosato causa en animales alteraciones intestinales características de este tipo de patologías.” Véase J.D. Heyes, https://lanotadigital.com.ar/2018/03/04/celiaquia-y-glifosato/.
[3] Holanda (coordinador a través de Wageningen University), Dinamarca, Croacia, Eslovenia, Francia, Portugal, España, Italia, Suiza y la República Checa. Y Argentina (extra europeo incorporado a través del INTA).
[4] Argentina había sido invitada a SPRINT por el considerable volumen de alimentos de origen argentino en la dieta europea.
[5] https://www.pagina12.com.ar/715542-organizaciones-de-todo-el-mundo-advierten-sobre-los-riesgos.
