Los detalles del acuerdo con Solaria: las obras a las que se compromete UTE, las 700 hectáreas para parque solar y la referencia del precio a Google
UTE deberá adelantar inversiones en la central térmica de Punta del Tigre y en parques eólicos para respaldar la demanda, pero defiende la “oportunidad relevante” que le supone el megaproyecto
Ramiro Pisabarro, Santiago Soravilla y Miguel Noguez
El Observador 16 octubre 2026
A partir del anuncio del presidente Yamandú Orsi, el Estado uruguayo firmó un Memorándum de Entendimiento (MOU) con Solaria para el desarrollo de un centro de datos de gran escala e inversiones en generación solar fotovoltaica.
El documento fija la hoja de ruta con los hitos a cumplir y desemboca en la firma definitiva del contrato con la compañía española en mayo de 2027 como fecha tentativa. Se detalla además que la primera fase será el desarrollo de un centro de datos de 200 MW en Canelones con su respectiva zona franca para 2029. La segunda etapa será en San José con 300 MW en centros de datos, cuya construcción caerá en 2030.
El MOU también fue remitido a UTE y suscrito ese mismo día mediante resolución de la presidenta Andrea Cabrera, bajo la premisa de que no era posible aguardar a la próxima sesión de directorio y por tanto dio cuenta a los directores para ratificarlo en ese ámbito la semana que viene.
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La autorización de la jerarca de UTE se sustentó en un informe técnico de la delegación de gerentes que participó en las negociaciones, según consta en la documentación revisada por El Observador. La información en poder de la empresa pública da cuenta de las inversiones que se deberán hacer para atender la demanda que tendrá Solaria y también justifica la firma del MOU en base a la “oportunidad relevante” que supone para UTE el megaproyecto privado.
Por un lado, la empresa pública tendrá que “instalar a su cargo” una planta de generación térmica de al menos 100 MW de potencia para tener de respaldo. Fuentes al tanto explicaron que para eso hará una ampliación de la central en Punta del Tigre.
Por otra parte, tendrá que generar “una o más plantas eólicas” con una potencia total de hasta 300 MW, algo que según las fuentes estaba proyectado en el largo plazo y que ahora se adelanta en el tiempo.
Además, UTE deberá “adelantar un año” las obras ya previstas en las subestaciones de 500 kilovoltios (kV) en Cardal y Chamberlain. La estatal había lanzado la licitación el mes pasado para construir lo que será el tercer corredor de transmisión.
Estos movimientos implicarán a UTE hacer un nuevo estudio sobre su plan de expansión, más allá de considerar que el megaproyecto de Solaria “está en línea” con esta apuesta de la empresa pública.
La revisión implicará contar con valores más ajustados sobre las potencias a instalar de modo de “optimizar” la generación complementaria por parte de UTE a la capacidad que tendrá la compañía española con su propio parque de fotovoltaica en Cardal. La empresa pública también estima que será necesario iniciar procesos licitatorios en enero de 2027, “condicionando la adjudicación a la decisión final y firma de contratos” de Solaria.
Ante la consulta sobre cuál será la inversión de UTE en las instalaciones de respaldo, desde la empresa pública indicaron que eso estará contenido en la revisión del plan de expansión. A eso agregaron que no implicará un ajuste de las tarifas.
El esquema previsto por la estatal establece que el objetivo es “coordinar la conexión de la generación fotovoltaica con la contratación de potencia por parte del centro de datos, reduciendo el riesgo de desalineación entre la energía adquirida por UTE y la nueva demanda asociada".
Es decir, que el Estado no quede comprometido a comprar grandes excedentes sino que en general Solaria pueda abastecerse a sí misma con su propia inversión de US$ 200 millones en generación solar. En esta línea, desde el gobierno han esbozado que el acuerdo con la compañía española es que le venderán la energía a un precio similar al pactado con Google años atrás.
Ese precio era originalmente de US$ 73,5 el megavatio hora. Como se ajusta de forma anual, hoy está en el entorno de entre US$ 80 y US$ 85, según se pudo saber .
Al anunciar la noticia, la ministra Fernanda Cardona aclaró en sus redes que ya hay acuerdo con Solaria en torno a los precios.
El informe técnico en poder de UTE detalla “ventajas” que tendría para la empresa pública el desarrollo previsto por Solaria en Florida, Canelones y San José.
A entender de los técnicos, una de ellas es la posibilidad de “poner en valor terrenos de UTE” a través de “comodato” a favor de la compañía española. Esto se debe a que la planta de fotovoltaica de Solaria “se localizaría inicialmente en terrenos de UTE en Cardal y Chamberlain sobre una superficie aproximada conjunta de 700 hectáreas”.
Por la “inversión energética y tecnológica de largo plazo” en la zona –sujeta a una ampliación a futuro del parque previsto de 350 MW– esos terrenos aumentarían su valor, entienden en la UTE.
Por otro lado, la primera etapa del data center en Canelones se conectará en 500 kv y para eso Solaria tendrá que pagar el peaje por potencia contratada. Ese precio se facturará en pesos uruguayos. Por eso, los técnicos de UTE proyectan ingresos tanto por suministro de energía como por el uso de la infraestructura de transporte.
El megaproyecto supone que la generación solar en Cardal se integre al Sistema Interconectado Nacional de UTE y que por esa red abastezca a los centros de datos.
En este sentido, Solaria también se haría cargo de la conexión en 150 kV de su parque de fotovoltaica a la línea de alta tensión de UTE, con la estación asociada dentro del paquete. Una vez culminadas, las instalaciones “pasarían a propiedad de UTE”, lo que los técnicos defienden como una incorporación de “activos relevantes para el sistema eléctrico” de la empresa pública y su infraestructura de transmisión.
Además, Solaria suministraría el transformador para concretar esa conexión. Si bien UTE está licitando para adquirir este equipamiento, de concretarse la megainversión se cancelaría la compra pública.
El MOU implica por otro lado que Solaria aporte información societaria, financiera y de cronograma, así como los estudios necesarios para viabilizar el proyecto. Por su parte, UTE integraría un “Comité de Alto Nivel” y un “Comité Técnico y Comercial” dirigido por Presidencia de la República.
EL ACUERDO POR 20 AÑOS
Si bien se habla de “esquema preliminar”, la UTE defiende que el proyecto supone “elementos favorables” para la empresa pública, entre ellos “un diferencial nominal positivo entre los precios base de compra y venta”. Es decir, que proporcionaría la energía para Solaria a un valor más alto de lo que le costará comprarla.
El modelo supone la suscripción de un Power Purchase Agreement (PPA). UTE compraría la energía generada en el parque de Solaria y a la vez le facturaría la energía que demande de la red pública.
Todos los contratos entre las dos partes serán por 20 años y con extensión automática por períodos adicionales de 20 años si se mantiene la demanda.
Eso conlleva la posibilidad de “penalización” a Solaria por “terminación anticipada del contrato de demanda”. Los informes descartan ese escenario bajo la premisa de que solo la primera fase –con el data center en Canelones– “es del orden de US$ 4 mil millones” y que “no es viable hacer una desinversión” de esa envergadura.
El MOU contiene además la proyección de que una vez que estén los contratos definitivos se establecerá un “compromiso anual de energía” y un “criterio de correlación entre un nivel mínimo de demanda y la capacidad de generación instalada”. Esto, según la UTE, es algo positivo porque “procura evitar” que la empresa pública “asuma obligaciones de compra de energía” a Solaria “sin una demanda suficientemente asociada”
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Solaria: numerosos litigios por causas legales, sociales y ambientales
Los proyectos de centros de datos y parques solares a gran escala de la multinacional de origen español Solaria han provocado, en la misma España y en Italia, una serie de litigios por el cambio del uso de la tierra y por la afectación del patrimonio cultural de las poblaciones rurales de esos países
Víctor L. Bacchetta, El Zumbido 16/10/26
La enorme expectativa creada en la opinión pública por la Presidencia de la República para la firma de un Memorándum de Entendimiento con Solaria Energía y Medio Ambiente, una de las 35 mayores empresas de la Bolsa de Valores de España, por un megaproyecto de centro de datos y parque de paneles solares, con el ya clásico anuncio de “la mayor inversión en la historia del país” y los “miles de empleos” que generaría, no se condice con la información reservada sobre los alcances reales del acuerdo.
Siguiendo el estilo de los gobiernos anteriores, sin diferencias político-partidarias, la negociación de contratos entre el Poder Ejecutivo y corporaciones multinacionales continúa haciéndose en secreto, al margen del control del Parlamento y de la opinión pública, siguiendo un patrón de entrega de la soberanía nacional que se refleja, entre otros aspectos, en la concesión de beneficios fiscales extraordinarios y la operación de las empresas en Zonas Francas libres de impuestos.
Se estima que del 90 al 95% de los 5.700 millones de dólares estadounidenses de la inversión que realizaría Solaria corresponde a equipos y otros componentes traídos del exterior, porque no se producen en Uruguay, quedando en solo 285 a 570 millones deinversión en el país. Se dice que la empresa producirá la electricidad que necesita, pero los números divulgados no cierran y la clave está en el acuerdo de compra/venta de energía con UTE, que tampoco se conoce.
Se manifiesta una gran confianza en Solaria porque ya tiene proyectos en funcionamiento en el país, aunque son a una escala mucho menor que la del proyecto anunciado. Desde el gobierno se define el acontecimiento como una «joya en un cuadro de acumulación de acuerdos» y en la prensa se reconoce que Solaria “enfrenta algunas dificultades en España”. Pero ¿qué se sabe realmente de la trayectoria de esta multinacional en los países donde viene actuando?
Tanto en España como en Italia, Solaria ha enfrentado denuncias, demandas administrativas y judiciales por sus proyectos. Aunque la empresa no registra condenas por delitos ambientales graves, ni causas penales que hayan frenado las operaciones, su agresivo ritmo de despliegue territorial genera focos de conflicto legal y social significativos en ambos países. Las denuncias proceden principalmente de asociaciones vecinales o ecologistas, de los ayuntamientos y agricultores:
En España
Los proyectos de gran escala de Solaria, como los macro complejos de paneles solares en Guadalajara, Castilla y León y la Comunidad de Madrid, han sido objeto de recursos judiciales por parte de organizaciones como Ecologistas en Acción y de pobladores rurales. Los colectivos denuncian la fragmentación de proyectos para eludir las evaluaciones de impacto ambiental nacionales, afectación a hábitats de aves protegidas y la alteración del paisaje agrario.
Uno de los focos de mayor tensión social y legal se relaciona con las expropiaciones forzosas de terrenos requeridas para el tendido de las líneas eléctricas de alta tensión y las vías de acceso y evacuación de los parques fotovoltaicos. Agricultores y pequeños propietarios en regiones como Castilla y León o la Comunidad Valenciana han presentado denuncias administrativas exigiendo la nulidad de las declaraciones de utilidad pública otorgadas a la empresa.
A nivel corporativo, Solaria Energía y Medio Ambiente ha enfrentado también litigios financieros y de mercado por reclamaciones de fondos de inversión, socios minoritarios o desarrolladores locales en disputas contractuales vinculadas a la adquisición de permisos de acceso a la red eléctrica nacional y el cumplimiento de contratos de compraventa de energía.
País Vasco
Los litigios principales de Solaria en España han ocurrido en el País Vasco. El litigio en curso más grande son 22 recursos presentados por Solaria Eguzki Sorkuntza S.L. (filial de Solaria) contra el gobierno vasco, ante el Tribunal Superior de Justicia Vasco, por “la inactividad material cualificada de la Administración consistente en la falta de impulso y resolución efectiva del procedimiento de evaluación ambiental», según el alegato de la empresa.
Solaria tenía 29 proyectos y disponía de 31 meses, desde la concesión del permiso de acceso y conexión, para obtener la autorización ambiental. Como no la conseguía e iba a perder esos permisos, los recursos en la Justicia fueron una táctica para evitar que caducaran. Pero el gobierno vasco ya denegó y archivó 19 proyectos de parques fotovoltaicos de Solaria por haber vencido los permisos de conexión, sin haber obtenido la autorización ambiental.
En marzo último, en una concentración masiva frente a la sede del gobierno en Vitoria, capital de Álava, la mayor de las tres provincias del País Vasco, varios colectivos presentaron 7.200 denuncias en “defensa del suelo alavés”, contra el “impacto irreversible” que Solaria podría generar en la biodiversidad de la zona, entre otras afectaciones, y en oposición al “actual modelo de implantación masiva de infraestructuras industriales en zonas rurales”, de acuerdo a un comunicado difundido por los manifestantes
En Italia
Solaria cuenta también con numerosos proyectos en Italia, especialmente en las regiones del sur como Puglia, Sicilia y Cerdeña, cuestionados por sectores sociales y autoridades locales debido a la afectación del uso agrícola del suelo y del patrimonio paisajístico y cultural.
Organizaciones agrarias italianas como Coldiretti y administraciones regionales han presentado recursos ante los Tribunales Administrativos Regionales (TAR) para paralizar las licencias de parques solares proyectados por Solaria. Denuncian que la implantación de paneles en suelo fértil atenta contra la producción agrícola tradicional y la soberanía alimentaria, exigiendo que los proyectos se ciñan estrictamente a la normativa de integración agrovoltaica.
La Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti (Coldiretti) es la organización sindical y patronal agropecuaria más influyente de Italia y una de las mayores asociaciones de productores agrícolas de Europa. La normativa de integración agrovoltaica italiana exige que los parques de paneles solares proyectados demuestren que mantienen una complementariedad o sinergia real entre la generación de energía y la continuidad agronómica en el uso del suelo.
Asimismo, las superintendencias de bienes culturales e instituciones locales en Sicilia y Puglia han bloqueado e impugnado autorizaciones de proyectos de parques fotovoltaicos ante los tribunales, argumentando que la escala de las instalaciones afecta áreas de alto valor paisajístico, arqueológico o turístico, sin la debida consulta o compensación territorial.
