Estamos acostumbrados a escuchar sobre la necesidad del debate y el intercambio de ideas entre aquellos que se consideran de izquierda
Pero parece que las discrepancias no se pueden tramitar civilizadamente.
Lamentablemente el tono de la respuesta del diputado Felipe Michelini a mi columna “El mismo cielo” del 11/06/12 ( se reproduce a continuación) desanima cualquier posibilidad de abrir un debate constructivo. El diputado dedica 1.135 palabras para desacreditar las 670 de mi “superficial” columna.
Desde su punto de vista es “injusta”, “no se ajusta a la verdad” y, entre otros aspectos negativos, contribuye a “erosionar” el legado del movimiento de los derechos humanos. Me asombra cómo mi columna pudo generar dicha interpretación. Sobre todo porque también me siento cercano a la causa de los derechos humanos que el diputado defiende ante mi supuesto ataque.
Este asombro me anima a realizar tres precisiones
1. Si bien mi columna expresaba cierta molestia acerca de cómo se resolvió la crisis del Comcar, el objetivo era más general. Lo que intenté fue contribuir a una reflexión que incorporara una dimensión humanista al debate público sobre el sistema carcelario actual.
No diría nada muy inteligente ni original si afirmara que en las últimas décadas, como consecuencia del aumento de la fragmentación social, ha crecido la estigmatización hacia ciertos sectores sociales vulnerables.
En el debate público dicha estigmatización ha implicado relativizar la condición humana y los derechos de dichos sectores.
Este fenómeno ha afectado al conjunto de la sociedad y trasciende las fronteras ideológicas y de clase.
También entre los votantes, militantes y -en algunos casos- políticos de la propia izquierda podemos encontrar actitudes de este tipo. Tampoco sería muy original afirmar que el Estado ha tenido que ver en estos procesos, incluso trascendiendo la voluntad de los gobernantes de turno.
Las inercias estatales que existen en estas temáticas han sido muy fuertes.
Para muestra basta estudiar las problemáticas continuidades dentro de la institución policial que la administración frenteamplista ha intentado modificar.
Nunca mejor dicho que una cosa es el gobierno y otra es el Estado.
En síntesis, mis comentarios en relación a la situación carcelaria buscaban trascender lo actual y no pretendían tener una especial animadversión hacia esta administración.
Si el polemista hubiera puesto mayor atención se hubiera percatado de que los sujetos de mis afirmaciones fueron tan vagos y generales como la “sociedad” y el “Estado” y que en la mayoría de los casos no me refería al período de gobierno frenteamplista sino al conjunto del período democrático.
Ésos son los asuntos que me preocupan. Estoy seguro de que al diputado Michelini también le preocupan esos mismos asuntos pero ha preferido usar un lenguaje belicoso y reactivo y tomar el asunto como un ataque a su partido.
2. Tampoco creo haber sido muy original en establecer vínculos entre dos experiencias históricas, la de la prisión política y la del sistema carcelario actual, que obviamente son diferentes.
Agradezco los dos párrafos del diputado explicando las diferencias entre dictadura y democracia, pero me parecen innecesarios.
Tal vez el que ha planteado esta comparación en su forma más brutal fue el relator especial de la ONU sobre tortura y otros tratos o penas crueles inhumanas o degradantes, Manfred Nowak, quien visitó Uruguay en 2009 y expresó que el sistema penitenciario uruguayo presentaba “violaciones a los derechos humanos a gran escala”.
Además, indicó que el penal de Libertad era un “símbolo infame” de la dictadura que “20 años después, con un gobierno democrático”, presentaba “condiciones infrahumanas en flagrante violación de las normas internacionales”.
Este año Nowak y su equipo retornaron a evaluar la situación y aunque reconocieron valiosas reformas plantearon que “las condiciones de detención en la mayoría de las cárceles siguen siendo muy deficitarias, destacándose en particular la persistencia de situaciones de hacinamiento.
En algunos de los principales centros, como el penal de Libertad y el Comcar, la situación se ha deteriorado hasta el punto de que las condiciones de detención deben ser catalogadas como inhumanas
[...] Este régimen y las condiciones deplorables llevan a un contexto de violencia estructural que resulta en abusos entre los reclusos y de las autoridades”.
Entre las recomendaciones de este año, Nowak insiste en la lucha contra la impunidad y contra la tortura como aspectos centrales para transformar el sistema carcelario.
Aspectos similares ha venido planteando el SERPAJ, una organización tradicionalmente comprometida con los derechos humanos, que en sus informes anuales ha venido denunciando estos asuntos.
En 2009, el entonces senador y actual ministro de Defensa (Huidobro) decía, en referencia al sistema carcelario, que “la violación actual, sistemática y permanente de casi todos los derechos humanos llega, en ese inframundo que procuramos ocultar, a extremos que ni la dictadura alcanzó”.
Estos enfoques anteriores muestran que las cosas no andan tan bien y que los vínculos entre ambas experiencias no son el resultado de un mero capricho del columnista.
3. Por último, el objetivo de establecer este vínculo entre la prisión política y la situación carcelaria en democracia no pretendía faltarle el respeto a nadie ni erosionar la valiente lucha por los derechos humanos, por el contrario, pretendía ser un aporte constructivo que intentaba mostrar todo lo útil que puede tener aquella experiencia para pensar nuestro presente.
Mostrar cómo el legado de la lucha por los derechos humanos puede ayudar a construir una democracia más civilizada y más respetuosa de los derechos de todos los ciudadanos.
El derecho a la vida, la lucha contra la tortura, contra la impunidad, la crítica a las diferentes formas de violencia arbitraria por parte del Estado y por actores civiles son valores que existían en nuestra sociedad, pero que se fortalecieron como resultado del accionar del movimiento de derechos humanos en la lucha contra la dictadura, y en su demanda de verdad y justicia durante la democracia.
Ese capital social puede servir para fortalecer una democracia que siempre es inacabada y perfectible.
Aldo Marchesi la diaria 26/6/12
( Reproducimos la nota que dio origen a esta respuesta del mismo redactor)
EL MISMO CIELO
Columna de opinión
La situación actual de los presos comunes ofrece ciertos paralelismos con la que vivieron los presos políticos durante la dictadura.
Ahora, no como resultado de la dictadura sino de la crisis económico-social de 2002 y de un marco legal extremadamente rígido, Uruguay tiene una de las tasas más altas de encarcelamiento de América del Sur.
Los presos políticos y los comunes tienen un rasgo común: la mayoría son (y fueron) jóvenes.
El Estado y los medios construyeron, y construyen, un discurso estigmatizador que degradó y degrada la humanidad de los presos.
Tanto en dictadura como en democracia sectores importantes de la población banalizaron y justificaron el maltrato carcelario.
Los organismos internacionales denunciaron y denuncian las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado.
Los paralelismos resultan evidentes.
Sin embargo, la sociedad uruguaya ha decidido separar ambas experiencias. Para unos, los derechos humanos; para los otros, la seguridad pública.
Este divorcio entre derechos humanos y seguridad es evidente en el discurso público.
Mientras que sectores importantes de la población reconocen que las políticas carcelarias de la última dictadura fueron una tragedia nacional que requiere diversas políticas de reconocimiento y reparación simbólica del daño ocasionado, cuando se habla de las condiciones actuales de los presos la idea de que ciertos derechos básicos deben respetarse durante su reclusión es puesta bajo sospecha y supeditada a un supuesto interés general marcado por la seguridad pública.
La trayectoria de un edificio evidencia en forma paradójica este divorcio.
En 1972 las Fuerzas Conjuntas crearon el penal de Libertad.
Dicho establecimiento, concebido hasta en su arquitectura con una concepción violatoria de los derechos humanos, se transformó en uno de los símbolos más emblemáticos de la barbarie dictatorial. Cuando retornó la democracia el símbolo se reformuló.
Lo que era intolerable para unos pasó a ser tolerable para otros.
El penal fue el lugar de los presos comunes, ahora administrado por la Policía. Actualmente, bajo la gestión de un presidente tupamaro se está discutiendo que los militares vuelvan a administrarlo, a la usanza de lo ocurrido durante la dictadura.
De concretarse, sería el cierre de un paradójico ciclo histórico que ilustra los límites de las políticas de seguridad de la izquierda.
En los últimos años hemos escuchado que es necesario recordar para evitar la repetición de violaciones a los derechos humanos: Nunca Más terrorismo de Estado, dictadura, orientales contra orientales, etcétera.
Estas demandas de memoria claramente han tenido un efecto positivo sobre la calidad de nuestra democracia política. Desde el retorno democrático han sido muy escasos los momentos en los que los derechos políticos básicos han sido amenazados.
Lo que resulta llamativo es cómo una noción que es por esencia universal y que refiere al conjunto de los humanos siga siendo restringida únicamente a los conflictos políticos de la segunda mitad del siglo XX.
Tal vez sea el momento de empezar a ver que más allá de la política nuestra sociedad ha tenido y tiene otras tragedias.
Y que los derechos humanos tienen algo que decir sobre la actualidad que estamos viviendo.
Esto no tiene que ver con una actitud principista sino más bien con un posicionamiento pragmático y realista.
Así como el discurso de los derechos humanos contribuyó a la mejora de la convivencia política también podría contribuir a reducir los niveles de violencia de la convivencia social.
¿Queda alguna duda de que en las condiciones actuales las cárceles son fábricas de criminalidad, y de que las condiciones de inhumanidad a las que están sometidos los presos fomentan la predisposición a la violencia y cancelan toda posibilidad de rehabilitación?
Tal vez sea el momento de tender ciertos puentes entre las tragedias del pasado y las actuales y ver cuánto de aquello puede servir para el hoy.
Eso implica reconocer la humanidad de todos los uruguayos.
Al fin de cuentas el cielo que añoraban Los Olimareños durante su exilio es el mismo que sufren los 372 presos del Comcar que han estado viviendo a la intemperie durante casi dos meses.
Aldo Marchesi 11.6.12 la diaria