Porque luego del sabotaje que hicieron los sectores políticos a la segunda campaña por la anulación de la Ley de Caducidad, el desparpajo que tuvo el Presidente y el Vicepresidente al ir a indicarle al Parlamento lo que tenía que hacer con la Ley Interpretativa, después que los milicos encapuchados le mandaron a Mujica un video que sólo él vio.

¿Qué decía? ¿Por qué no lo mostraron?

Porque el 1 de noviembre de 2011, 28 compañeras ex presas políticas de la dictadura, denunciaron en Canal 12, en el Programa Esta boca es mía, conducido por la periodista Victoria Rodríguez, que todas la mujeres que pasaron por los cuarteles fueron violadas sexualmente, entre ellas niñas de trece años de Treinta y Tres (!!!!) por los Oficiales y la tropa.

Porque no se les movió un pelo a todos los políticos ante semejante denuncia.

Porque el 22 de noviembre de 2012  se realizó en la Facultad de Ciencias Sociales la jornada "A 25 años de la Ley de Caducidad Momentos, actores y argumentos de un tema inconcluso". En ella participó Oscar Urtasún integrante de la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, quien luego de la lectura de un documento de Familiares, respondiendo a una pregunta de si Familiares había participado en algún Pacto expresó:

“[…] El único pacto que se le propone a familiares, fue en el gobierno de Tabaré Vázquez… ‘Bueno, Uds. Proponen todo o nada, y eso ha fallado. Vamos a meter en cana a siete u ocho milicos y ya queda todo solucionado, porque sino esto no conduce a nada’”. (Versión grabada del Encuentro). 

Porque la impunidad también se encuentra en los cajones de los parlamentarios, allí están los documentos que prueban los ilícitos económicos de la dictadura.

Allí están los documentos que prueban el robo por parte de los militares de 400 millones de dólares en la Represa de Palmar. Duermen en los cajones de diputados y senadores ¿por qué ningún parlamentario ha dicho nada?

Porque estamos asistiendo al desgate de la democracia representativa, donde los poderes no se respetan a sí mismo, donde el Poder Ejecutivo le ordena al Poder Judicial y el Legislativo le pide cuentas. ¿Dónde está el principio de separación de poderes, tan pregonado por los políticos?

Por eso apoyé a Mariana Mota, porque se atrevió con el expediente de Ronald Scarzella (tupamaro asesinado en democracia y nunca aclarado). Arremetió contra 50 causas de violaciones a los derechos humanos y también la emprendió “con lo que había” en el avión que “cayó” en el Río de la Plata.

Por todo eso fui a la Suprema Corte de Justicia y junto con los jóvenes nos retiramos cuando lo hizo la jueza Mariana Mota. Donde esté esta digna magistrada podemos pensar que hace todo lo posible para que se administre justicia, en un Uruguay donde desgraciadamente campea la Impunidad.

Por eso estuve y como dijo un viejo compañero: VOLVERÍA A HACERLO

Manuel Marx Menéndez (Marxito)

CI: 1.217.845-3

ANTE EL INFAME TRASLADO DE LA JUEZA MARIANA MOTA

El “traslado” a la justicia civil, decretado por la Suprema Corte de Justicia el 13/2, de la jueza Mariana Mota, quien venía actuando consecuente y valientemente en decenas de causas penales contra los responsables de los crímenes de la larga Dictadura Militar Fascista, 1973-85, que en su mayoría se han mantenido impunes por décadas, es sin duda un duro golpe reaccionario  contra la larga y justa lucha popular por verdad, justicia y castigo. Esto en un país donde hubo cientos de luchadores populares desaparecidos y asesinados, y donde decenas de miles fueron torturados.

 Quien toma la decisión es la Suprema Corte de Justicia, un órgano reducido y privilegiado de esta democracia burguesa, que muestra claramente su despotismo, su reaccionarismo  y como defiende en última instancia el orden establecido para la explotación de la mayoría del pueblo.

  Trasladan con una burda argumentación a la jueza Mota, con la clara intención de sacarla de los juicios mencionados y del caso del avión de Air Class, desaparecido misteriosamente hace unos meses, lo que ha generado una gran indignación popular y una justa movilización el propio 15/2.

La  Suprema Corte de Justicia toma la decisión que viene impulsada por el propio presidente Mujica, que lo planteó públicamente hace unos meses en su audición radial, a raíz de las declaraciones de la jueza Mota al periódico Página 12 de la Argentina y por el Ministro de Defensa, Fernández Huidobro, que ha defendido con uñas y dientes la Ley de Impunidad y que recientemente impidió su ingreso al Batallón de Infantería Blindado N° 13 y al Servicio de Material y Armamento del Ejército,para identificar los lugares de torturas.

Esta acción tiene que ver con los embates de la crisis económica internacional, capitalista-imperialista, en la región y el país y la necesidad  de la oligarquía y el imperialismo de descargar sus efectos en las espaldas de los trabajadores y el pueblo. Para esto históricamente las clases dominantes y los gobiernos reaccionarios han necesitado usar el aparato represivo, porque la lucha obrera y popular es inevitable. 

Este es el sentido principal que tiene este traslado, asegurar la impunidad a los viejos represores y asegurarle también a los futuros represores que no van a ser tocados cuando sean convocados a la acción.

En esta situación están pesando  también las próximas elecciones y la necesidad  del gobierno oportunista del Frente Amplio de, por un lado asegurarle a las clases dominantes un continuismo sin cambio “de las reglas de juego” en estos temas de la impunidad y los impuestos. Mientras por otro lado monta una campaña demagógica simulando cierto “progresismo” contra una Suprema Corte de Justicia “reaccionaria”, que lo es, en torno al ridículo impuesto a la concentración de la tierra, el ICIR, que más que un impuesto es una propina de pocos dólares por hectáreas que valen miles. Junto a la “defensa” de la Ley Interpretativa de la Ley de Caducidad, que de hecho no ha logrado  avances importantes contra la impunidad.

Pero la realidad es innegable, el gobierno del oportunismo impulsa la concentración de la tierra, su extranjerización y los monocultivos forestal y sojero; así como la consolidación de la impunidad y la permanencia y preparación del aparato represivo.

Ante esta grave situación convocamos a la clase obrera y al pueblo uruguayos, que supieron luchar y derrocar con heroísmo la Dictadura Militar Fascista, a una gran movilización a nivel nacional por la restitución inmediata de la jueza Mariana Mota a su cargo, en defensa de las libertades públicas, contra la impunidad y por juicio y castigo a los responsables de los crímenes de la Dictadura.

¡Tiranos Temblad!

PARTIDO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL URUGUAY