5 de setiembre de 2013
Coincidiendo con la aprobación parlamentaria de la Ley de Minería de Gran Porte, el gobierno ha lanzado una campaña de falsedades y agravios para justificar los supuestos beneficios de dicha ley. Con tristeza y preocupación, constatamos que el propio Presidente de la República, José Mujica, insiste en declaraciones con afirmaciones que no tienen sustento en la realidad.
Con todo el respeto que nos merece la figura presidencial, hacemos las siguientes observaciones:
1) Entrevistado por el diario El País, el Sr. Presidente dice: Una vez terminada la explotación, "se tapa el pozo y eso está garantizado antes de empezar a agujerear, no se negocia"
La ley minera recién aprobada no establece, en ninguno de sus artículos, esa condición y esta fue una de las razones por las cuales hubo legisladores que no la votaron. En cambio, Aratirí propone formalmente dejar que esos pozos se rellenen con agua de lluvia, para lo cual calcula que serán necesarios unos 80 años, y no sabe si esa agua será apta para uso productivo o de consumo.
Si el Sr. Presidente está decidido a imponer esa condición a la minera, será bienvenido. Estaremos atentos a que se cumpla efectivamente con esa exigencia
2) El Sr. Presidente dice: "la norma establece que el 15% de la producción de hierro debe ser procesada en Uruguay"
La última versión del Art. 16 del Código de Minería, aprobada el 14 de setiembre de 2011, dice: “El titular de una concesión para explotar que esté en condiciones de exportar minerales metálicos, deberá ofrecer al mercado interno y a precio “Free on Board”, el 15% (quince por ciento) del total de cada operación de exportación."
Que se ofrezca al mercado interno no quiere decir que deba ser procesado en el país. Como no hay en el país una industria capaz de procesar ese 15% ni existe un plan estatal o privado para instalarla, Aratirí quedará autorizada a vender todo el hierro que saque en el exterior.
3) El Sr. Presidente dice: "el proyecto Aratirí puede dejar US$ 1.000 millones a las arcas del Estado"
No se sabe si el Sr. Presidente se refiere a un aporte anual o a lo largo de toda la extracción del mineral, pero en el debate parlamentario se afirmó, sin que fuera desmentido, que Uruguay solo por renuncia a cobrar el IVA le cederá a Aratirí entre 700 y 1.000 millones de dólares
4) Dice el Sr. Presidente: La minería de gran porte, "también implica una inversión que el país no tiene, así como conocimiento con el que no cuenta".
La riqueza mineral pertenece al país y ese valor alcanza para justificar la inversión. En lugar de dárselo a una empresa sin antecedentes mineros, el Estado debería hacer una licitación pública para adjudicar la extracción de esa riqueza a la minera que haga la mejor oferta.
Con respecto al conocimiento, al Sr. Presidente le parece que los uruguayos no sabemos ni leer un mapa. Esta es una subestimación total de las capacidades del país, donde nuestros técnicos han diseñado y construido represas, estadios olímpicos, redes de saneamiento, puentes y costaneras, marcapasos y tantas otras cosas.
Entendemos que haya distintas opiniones sobre este tema y aceptamos todos los debates pero, para que sirvan al país, deben hacerse con el debido respeto de las personas y de los hechos.
Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS)
Aprobaron la ley de minería y un fiscal presenta
recurso de inconstitucionalidad
El fiscal civil de tercer turno, Enrique Viana, informó a Búsqueda del 5/9/13 que en las primeras semanas después que sea promulgada la ley de minería de gran porte, aprobada el martes 3 por el Parlamento, presentará un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia en contra de la nueva normativa.
Viana dijo que "es inconstitucionalidad porque es una ley con nombre y apellido, viola el artículo 47 de la Constitución y viola también el principio de igualdad con la legitimación de los contratos de inversión".
"Las leyes son normas generales y abstractas que no pueden ser promulgadas con un interés concreto. Sería grosero plantear la inconstitucionalidad y no decirlo cuando la ley tiene nombre y apellido como es esta con Aratirí", afirmó.
El fiscal dijo que la normativa "legitima un daño" que, según él, se contradice con lo establecido por la Constitución, ya que el artículo 47 indica que "la protección del medioambiente es de interés general" y "las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves al medioambiente".
Además considera que legitimar los contratos de inversión es un "atentado contra los poderes del Estado porque suponen arbitrariedades, discriminaciones y beneficios a una empresa puntual, violando el principio de igualdad ante la ley".
Viana enfatizó que "para la Fiscalía plantear la inconstitucionalidad de una ley es obligación", pero "todos los ciudadanos también pueden hacerlo porque tienen un interés directo legítimo de que una ley no habilite un perjuicio al medioambiente".
Más recursos
El martes 3 la Cámara de Representantes sancionó con 52 votos en 82 las modificaciones hechas por la Cámara de Senadores al proyecto de ley que regula la actividad minera y quedó aprobado el nuevo marco regulatorio.
Horas después, la agrupación Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus) indicó que comenzará a recolectar firmas para poner a consideración la ley en un plebiscito nacional y que presentará recursos legales por inconstitucionalidades en la norma.
Víctor Bacchetta, representante del Movus, en declaraciones coincidió con Viana en que "existe inconstitucionalidad" con el artículo 47 de la Constitución e hizo énfasis en la violación al principio de igualdad que se genera con la ley.
"La ley tiene una discriminación manifiesta con Aratirí porque la empresa no descubrió el yacimiento, entonces la manera transparente e igualitaria de explotarlo es mediante un llamado a licitación", dijo.
Bacchetta agregó que al firmar un contrato de inversión con la empresa "el Estado no respeta la igualdad de trato con los actores económicos porque no se pueden permitir beneficios extraordinarios y exclusivos para una actividad que no son concedidos para la actividad económica general".
En paralelo la agrupación confirmó que, a partir de la recolección de firmas que han realizado diferentes departamentos para realizar un plebiscito departamental en contra de la megaminería, impulsará una campaña para llegar a un plebiscito nacional que derogue la nueva ley
Tacuarembó, Lavalleja, Treinta y Tres y Rivera suman más de 23.600 firmas recolectadas en oposición a la minería de gran porte en sus departamentos.