Como legos en materia de justicia parecería un atrevimiento hablar de ella, pero como ciudadano estoy habilitado a hacerlo, aún a riesgo de equivocarme. El propio estado de democracia me habilita, cuando un sinnúmero de hechos no tienen respuestas, y que a diario podemos observar y preguntarnos por qué esto SÍ y no lo otro.
¿Será que sólo se encuentra la respuesta en la mente de los leguleyos y los ciudadanos comunes tengamos que aceptar todo lo que viene de arriba, aunque entendamos otra cosa? ¿Estaremos tan lejos de la verdad? ¿Es que unos, ante la justicia, tienen más privilegios que otros y fundamentalmente cuando están ligados al gobierno de turno?
Casos recientes. El del ex ministro de economía Lorenzo y el del presidente del Banco República Calloia. No olvidemos los implicados en el caso PLUNA, que se remonta a unos cuantos años; y el caso Mota, trasladada de su cargo, que ha provocado un encuentro del Ejecutivo con la Corte de Justicia. ¿La justicia acaso no es independiente? Si usted roba una gallina, mata una ovejita o carnea un animalito ajeno para que los derechos humanos cometen sus hijos no pasen hambre va preso, y para los que roban millones o violaciones a no existe la justicia en nuestro país, o a lo sumo se benefician con cárceles especiales
Preguntas éstas que el común de nuestra gente de la calle se hace. ¿Dónde está la independencia de los tres Poderes del Estado previstos en nuestra Constitución?
Para entender esta injusticia dentro de la propia justicia vayamos al hueso del problema; al por qué de una cosa y al por qué de la otra.
José Enrique Rodríguez Torres, jurista y presidente de la Asociación de Jueces para la democracia, en Brasil, señala que el Poder Judicial “en los países latinoamericanos presenta vestigios de las dictaduras militares” y que nuestros gobiernos democráticos liberales y progresistas, no lograron superar y “mientras no se produzca una democratización plena del Poder Judicial, no será posible que exista una verdadera democratización social”
A estas afirmaciones, súmele lo que dice el Doctor en Derecho y Maestro en Ciencias Penales, Ruben Casara, también brasilero: “en el imaginario de nuestra sociedad El Poder Judicial ocupa un lugar de relieve, aunque también ambiguo”, repetimos, pero también ambiguo, que no es poca cosa
Es decir, por un lado se deposita en el Poder Judicial, una expectativa de que se hace justicia, pero a su vez hay una creencia de que la justicia tiene un cierto impedimento para ejercer la justicia: es decir existe en la ciudadanía una cierta creencia de inhabilidad, capaz de hacer bien las cosas como guardianes de la democracia y de los derechos de los ciudadanos ante el fracaso de la justicia ante muchos hechos porque se ve presionada por el poder político, no siempre claro ante los ojos de la ciudadanía.
Esto nos habla a las claras que el Poder Judicial, como verdadero servicio público, y los jueces como servidores públicos, como deberían ser, tienen que romper definitivamente con los paradigmas tradicionales de la justicia y entregarse a la defensa de los derechos humanos para que también los excluidos y oprimidos del poder económico y político y los militantes defensores de los derechos humanos puedan volver a creer en la justicia.
Bien dice nuestro recordado jurista Sarthou: “si bien los jueces actúan con independencia, el régimen de designación conspira contra esa base esencial de la imparcialidad y objetividad en funcionamiento del Poder Judicial. Los miembros de la Suprema Corte, que deberían ser un colectivo, son designados por un órgano político, como lo es la Asamblea General. Debería por lo tanto suprimirse la intervención política. El Poder Judicial tiene que tener autonomía”, es decir es necesario que se asegure su independencia del poder político, cosa que hoy no se da.
En nuestro país, la Suprema Corte sigue dependiendo del Poder Político de Turno y no ofrece ninguna garantía al pueblo soberano
Ahora bien en este proceso de consolidación de nuestra democracia y del estado constitucional de derecho, que aún no están consolidados, el órgano judicial debe y tiene que cumplir un papel de vital importancia, pues es quien debe consolidar y fortalecer el estado de derecho constitucional y el régimen democrático racionalizando el ejercicio del poder político y para ello no debe estar supeditado al poder político, como lo está en la actualidad, y menos aún permitir que senadores y diputados la cuestionen, como recientemente ha sucedido ante los de hechos Lorenzo y Caloia.
Ahora bien, no es posible un cambio de esta realidad sin conciencia en los movimientos sociales y en la participación activa de la ciudadanía, así les cueste la cárcel, como se intentó hacer con ciertos ciudadanos que se manifestaron en contra del traslado de la jueza Mota y recientemente cuando se quiso judicializar a un sindicalista de la salud, que en todo su derecho ha defendido las decisiones tomadas en una asamblea
Muchas son las preguntas que están en la calle
.¿Por qué no se siguió investigando el caso de los casinos, el caso PLUNA, los acuerdos secretos con Montes del Plata, el caso Hidrovía, el caso inconstitucional de la ley Aratirí, denunciado por el fiscal Viana, que se archivan? ¿Por qué están involucrados hombres del gobierno y que el propio gobierno se niega a que se investigue? ¿Qué pasa con los fiscales, que se apresuran a pedir prisión de las personas que son catalogadas de “radicales”? ¿Acaso, en el caso Mota estaban sólo 7 personas y las 293 restantes? ¿Por qué hoy se quiere encarcelar a quienes militan en defensa de sus derechos y se abandona los casos de la dictadura, que estaban en manos de la jueza Mota?
No se necesita ser juristas para darse cuenta que de justicia hay poco y mucho de política en estos casos.
Es tiempos de travesía, y si no osamos emprenderla, quedaremos para siempre al margen de nosotros mismos. Esta travesía implica la propia reconfiguración del estado, que no se llama ni Sanguinetti, ni Lacalle, ni Batlle, ni Vázquez, ni Mujica. Tiene un solo nombre EL PUEBLO SOBERANO, Y NO SERÁ POSIBLE SIN UN CAMBIO DE ESTA NUESTRA CONSTITUCIÓN BURGUESA, como lo propone el colectivo de Punto a Punto, por medio de una Constituyente convocado por el soberano y no por grupos políticos.
Amigos de Posta, sepan disculpar la dureza de los términos contra la Justicia, que no es mía, provienen de catedráticos, que enjuician a la propia justicia y las preguntas son las que son y se las traslado a usted, que estoy seguro alguna vez se las hizo.
Gracias por leernos