El Juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni se destacó durante todo el periodo kirchnerista no solamente por manifestar siempre posturas progresistas respecto a diversos temas, sino también por hacer una encendida defensa de los funcionarios de la gestión como el vicepresidente Amado Boudou.
Sin embargo, el juez mas oficialista de la Corte Suprema no fue siempre así. Hace 34 años, Zaffaroni escribió un libro denominado "Derecho Penal Militar" allí no solamente justifica el accionar de las Fuerzas Militares en plena dictadura, sino también manifiesta posturas a favor de la pena de muerte entre otros. Sin duda alguna, un libro que incomoda a más de un progresista k y a el, ya que lo vincula directamente a Zaffaroni con el proceso militar
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).3/4/14
-El Juez de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Zaffaroni no fue siempre un “progresista k” tal como lo es ahora. Hubo otros tiempos donde, su discurso era muy diferente al actual.
En mayo de 1980, escribió, en coautoría con Ricardo Cavallero, un trabajo denominado Derecho penal militar, fue supervisado por dos auditores castrenses. En él sostiene que hay casos en los que no es inconstitucional la“supresión física del infractor”. También argumenta sobre la necesidad de que, en casos de excepción, se promulguen bandos militares que tipifiquen delitos para militares y para civiles.
En el trabajo académico el Juez más oficialista de la Corte expresa “Queremos hacer público nuestro agradecimiento al brigadier auditor doctor Laureano Álvarez Estrada, quien tuvo la gentileza de leer los originales, por las importantísimas observaciones que nos efectuara, y al contraalmirante auditor doctor Ramón León Francisco Morel”, de esta manera arranca Eugenio Zaffaroni en el prefacio de su libro Derecho penal militar: lineamientos de la parte general.
Este trabajo de hace 34 años, incomoda a más de un sector progresista del gobierno y que se pretende ocultar, para evitar que se vincule a su candidato a la Corte Suprema con el Proceso que condujo Jorge Rafael Videla.
El libro fue publicado el 26 de mayo de 1980, en plena dictadura, con coautoría de Ricardo Cavallero, y plantea posiciones inesperadas para el Zaffaroni de nuestros días, como la necesidad de dar muerte a los delincuentes, o la validez de los bandos militares para crear tipos penales.
El antiguo discurso de Zaffaroni
Solo para abrir el libro, el ahora progresista cita a José Ortega y Gasset cuando halagando a las fuerzas armadas dice: “Medítese sobre la cantidad de fervores, de altísimas virtudes, de genialidad, de vital energía que es preciso acumular para poner en pie a un buen ejército. ¿Cómo negarse a ver en ello una de las creaciones más maravillosas de la espiritualidad humana? La fuerza de las armas no es fuerza bruta sino fuerza espiritual”.
El libro que complica a quienes impulsan su candidatura a la Corte, es un verdadero compendio de justificación de las conductas achacadas a los mandos militares durante la guerra contra la subversión, a la que Zaffaroni llama “factores perturbadores”.
En su página 83 justifica la aplicación del Código de Justicia Militar a todos los ámbitos cuando dice “El derecho penal militar no es un derecho excepcional, puesto que no renuncia a los principios generales del derecho y ni siquiera a los principios generales del derecho penal, aun cuando se dé la circunstancia misma de la guerra, sino que los adecua a la necesidad terrible que ella importa”.
El ex juez que consiguió un meteórico ascenso de un juzgado de instrucción a uno de sentencia ni bien asumió el “Proceso” (abril del año 1976) no se conforma con ello y sostiene en la página 93 que “es un incuestionable principio constitucional el de la legalidad penal: no hay delito sin ley previa; sin embargo, en caso de necesidad terribilísima, la ley militar contempla la posibilidad de legislar por medio de bandos militares”.
Zaffaroni no se reduce a eso, sino que en la página 107 aclara que los bandos también pueden ser utilizados en tiempos de paz, con el límite previo de “establecer que la zona afectada por la conmoción interior puede ser declarada zona de emergencia” y precisando que “la conmoción interior puede provenir de acción humana o material”, en clara referencia al accionar de los grupos subversivos e intervenciones militares, como la zona de emergencia declarada en la selva tucumana durante los primeros años de la dictadura.
Zaffaroni se refiere durante todo el libro como punto de referencia a la Ley de Defensa Nacional de aquel entonces, que fue dictada en el marco de la Doctrina de la Seguridad Nacional, rechazada por el progresismo autóctono.
Para terminar de aclarar la validez de los bandos, Zaffaroni deja claro que “el bando es una ley penal material cuya vigencia se limita a la permanencia de la circunstancia de necesidad terribilísima”, es decir, a la duración del gobierno militar.
El hoy cultor de los derechos humanos tampoco se priva de justificar “la necesidad de dar muerte al delincuente”. A estos efectos explica que “la supresión del delincuente jamás tiene el carácter de una pena, pero no es inconstitucional cuando se impone como resultado de una necesidad” y completa sin sonrojarse: “Cuando la supresión física del autor responde a una necesidad terribilísima, nos hallamos con claros supuestos de inculpabilidad que encuadran sin dificultad en el artículo 34, inciso 2, del Código Penal” (inimputabilidad). Es decir, avala la inimputabilidad de quien “suprime” a un delincuente, según sus propios términos.
El aval de Zaffaroni
En el libro, Zaffaroni se dedica a avalar al Proceso en la página 115 cuando dice que “los imaginarios integrantes del grupo de habitantes de la Nación ante el ataque inesperado, habiendo desaparecido cualquier autoridad o siendo incapaz la que resta, para evitar el inminente peligro que de esas circunstancias se deriva para sus vidas y bienes, habrán usurpado justificadamente la función pública”, en evidente referencia a la debilidad del gobierno de María Estela Martínez de Perón, y la irrupción de las fuerzas armadas, por su supuesto justificadas para el abogado progre.
Cada vez más militarista, Zaffaroni completa, sin privarse de nada, que “la eficacia del grupo depende de que sus integrantes se hallen convencidos de que el esfuerzo enorme que realizan y de lograr superar la impresión de que la devastación y el dolor ajeno producen en cualquier ser humano normal, tiene su razón de ser, y no sólo se halla explicado perfectamente sino, también, que es absolutamente necesario y que puede ser coronado con el éxito”, explica.
¿Qué opinaba por aquél entonces Zaffaroni de la pena de muerte?
En innumerables apariciones de los últimos años, el jurista ha dejado en claro su rechazo a esa sanción fatal para castigar a un delincuente.
Pero en el manual de derecho penal militar, sostiene: “No puede afirmarse en forma rotunda que la supresión física del infractor sea inconstitucional en todos los casos que prevé el Código de Justicia Militar, puesto que no nos hallamos frente a la ley penal común sino ante un derecho penal especial que responde a una necesidad tremenda o enorme y que, en algunos casos, se funda en una necesidad que se halla mucho más allá de ésta, es decir, en una necesidad terribilísima”.
Y agrega, a modo de síntesis “La supresión del delincuente jamás tiene el carácter de una pena, pero no es inconstitucional cuando se impone como resultado de una necesidad terribilísima que permite encuadrar el caso como justificación o como inculpabilidad”.
La extraña historia del juez Zaffaroni
POR RODOLFO TERRAGNO ESCRITOR Y POLÍTICO
30/06/13
Días después de arrebatar el poder, Jorge Rafael Videla designó a Eugenio Raúl Zaffaroni al frente del Juzgado Nacional en lo Criminal de Sentencia de la Capital Federal. Al asumir el juzgado, Zaffaroni juró “observar y hacer observar fielmente los objetivos básicos fijados [por la Junta Militar] y el Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional”.
En 2003, cuando Néstor Kirchner lo propuso conjuez de la Corte Suprema, me opuse en el Senado a que se prestara acuerdo a su designación. Quien había convalidado el secuestro y desaparición de la Constitución Nacional no podía ser nombrado su custodio.
En efecto, al jurar fidelidad al estatuto de la Junta, Zaffaroni había aprobado de hecho:
• Que fueran declarados “caducos” los mandatos de la Presidenta, los gobernadores y los vicegobernadores.
• Que se disolvieran el Congreso Nacional, las legislaturas provinciales, la Sala de Representantes de la Ciudad de Buenos Aires y todos los consejos municipales del país.
• Que fueran removidos los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
• Que también fueran removidos el Procurador General de la Nación y el Procurador del Tesoro.
• Que fueran desplazados los integrantes de los Tribunales Superiores de Justicia de todas las provincias.
• Que Videla asumiera las facultades legislativas.
• Que se prohibiera la actividad política.
• Que se prohibieran, asimismo, todas las actividades gremiales.
No era la primera vez que Zaffaroni incurría en perjurio constitucional. En 1969, al ser designado camarista en San Luis, había jurado lealtad al Estatuto de la “Revolución Argentina”, por el cual Juan Carlos Onganía eliminó la Constitución de un plumazo y asumió la suma del poder público.
Él no lo desmiente. Durante el examen público de sus antecedentes, previo al acuerdo del Senado para su incorporación a la Corte, Zaffaroni respondió así a una pregunta mía: “Juré por el Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional, juré por el Estatuto de Onganía, juré por la Constitución reformada por Lanusse en 1973, juré por la Constitución Nacional de 1853 y juré por la Constitución reformada en 1994”.
En el sitio web de la Asociación Madres de Plaza de Mayo aún estaba, en 2003, un “Proyecto contra la Impunidad y, como parte de éste, una denuncia de las Madres a los jueces que juraron por los Objetivos Básicos del Proceso de Reorganización Nacional entre 1976 y 1980.
Se trataba de una “denuncia criminal” contra 437 jueces a quienes se identifica como “represores del Poder Judicial”
En esa lista, ordenada alfabéticamente, figura en el puesto 435: Zaffaroni, Eugenio Raúl.
Como a los otros miembros de esa lista, se lo acusaba de haber sido “partícipe necesario”, en los términos del artículo 45 del Código Penal, de los delitos de privación ilegítima de la libertad; apremios ilegales; sustracción, retención y ocultamiento de personas, entre otros.
Sobre la desaparición forzada de personas, Zaffaroni dijo algo insostenible: “Obviamente, sabíamos que se estaba secuestrando gente. Ahora, cuál era su destino o qué pasaba con la gente, fue lo que, en líneas generales, me enteré en el extranjero [en 1978]”
Y admitió que, después de haberse enterado en el extranjero de lo que sucedía en la Argentina, volvió y siguió siendo juez.
El conocimiento de lo que pasaba en el país tampoco le impidió escribir, en 1980, el sorprendente libro Derecho Penal Militar. La obra fue publicada durante la vigencia de un gobierno militar que proclamaba estar en guerra y que procuraba justificar sus actos en un “estado de necesidad”. Zaffaroni, refiriéndose a “una circunstancia hipotética”, afirmaba en 1980 que, “habiendo desaparecido cualquier autoridad, o siendo incapaz la que resta”, un grupo militar puede “usurpar justificadamente la función pública”.
Esta afirmación coincidía con la retórica empleada por la dictadura para legitimar la toma del poder por la fuerza en 1976.
Hay también coincidencia entre los argumentos que esgrimía la dictadura para cohonestar la represión y los que, con aire académico, Zaffaroni desarrolló en su libro: “derecho penal militar de excepción”, “circunstancias especiales”, “necesidad terrible”, “necesidad terribilísima”, “bando militar como ley material”, “bando militar como tipificador de delitos”, “excepcional necesidad de dar muerte al delincuente”, o “muerte por legítima defensa cuando el delincuente haga armas contra la autoridad”.
Antes de enviarlos a imprenta, Zaffaroni entregó los originales del libro a los auditores de la Aeronáutica y la Marina.
En la introducción, el doctor Zaffaroni y su colaborador, Ricardo Juan Cavallero, dicen: “Queremos hacer público nuestro agradecimiento al brigadier auditor doctor Laureano Álvarez Estrada, quien tuvo la gentileza de leer los originales, por las importantísimas observaciones que nos efectuara, y al contraalmirante auditor doctor Ramón León Francisco Morel”.
El 23 de julio de 2003, me dirigí a Zaffaroni, pidiéndole que me diera su interpretación de este hecho. En su respuesta, el actual juez de la Corte sostuvo: “En la citada obra no se agradece a nadie por funcionario de la dictadura, sino por auditor militar”.
Nadie puede sostener que los auditores de las Fuerzas Armadas fueran ajenos a la dictadura militar. Laureano Álvarez Estrada había sido designado, por decreto 105, del 14 de abril de 1976, subsecretario de Justicia de la dictadura.
NdeR. : La única impugnación hecha por este motivo la efectuó el Dr. JORGE C. QUADRO por entonces fiscal de cámaras en SAN LUIS intento contestarle y no pudo