Dado a conocer en la Asociación de la Prensa del Uruguay en apoyo a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo acerca de las condiciones en las que se encuentran los y las adolescentes detenidos en los centros dependientes del SIRPA
Comunicado público
En estos momentos en los que la tarea de la Institución Nacional de Derechos Humanos está siendo cuestionada por ejercer sus poderes legales de Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, respecto a las condiciones de los adolescentes detenidos en centros del SIRPA, las organizaciones y personas abajo firmantes
DECLARAMOS
1. Nuestro apoyo a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo como espacio de control y seguimiento del Estado sobre sus propias acciones. La creación de esta nueva institucionalidad fue una conquista en el proceso de afianzamiento del Estado de Derecho. El reciente Informe publicado por la Institución sobre las visitas realizadas en el año 2013 al sistema carcelario juvenil, una vez más corrobora el contenido de informes y recomendaciones que parte de la sociedad civil junto a organizaciones internacionales vienen desarrollando desde hace años. Las situaciones visibilizadas muestran nuevamente las graves violaciones a los derechos de los adolescentes que suceden en los centros de detención juvenil, y cuestionan conceptual y estructuralmente a la cárcel como lugar propicio para disminuir la criminalidad adolescente. Por el contrario, la cárcel refuerza el proceso de exclusión, neutralización y estigmatización de poblaciones desaventajadas en el acceso a sus derechos fundamentales.
2. Entendemos que los órganos de dirección tienen responsabilidad sobre gran parte de las acciones que llevan adelante las instituciones. También vale mencionar que las dificultades, dinámicas y culturas institucionales condicionan los cambios en las instituciones, provocando retrasos sustanciales. Por tal motivo, creemos necesario revisar permanentemente las políticas de gestión y realizar los cambios necesarios a la luz de muestras de desconfianzas continuas. En este sentido creemos imperioso relevar a la actual dirección del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente generando de esta forma una señal política clara y precisa acorde con la nueva agenda de derechos impulsada desde el Estado.
3. Creemos también que todos los actores que operan dentro del Sistema Penal y Carcelario tienen cuotas de responsabilidades en su funcionamiento. En este sentido visualizamos la falta de apoyo y las precarias condiciones de trabajo de la mayoría de los funcionarios que desarrollan tareas dentro del sistema. Sin previa capacitación y formación se les adjudican funciones complejas, con mínimos o nulos recursos de infraestructura. No obstante y -en coherencia con la rica historia del movimiento sindical- en su lucha permanente por los derechos de los trabajadores, es intolerable la utilización de la violencia en sus múltiples formas y sentidos. Ninguna situación o condición justifica la Tortura, Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Por tal motivo convocamos a los trabajadores del sistema y al movimiento sindical en su conjunto a promover buenas prácticas de ejercicio de sus funciones y a actuar de forma firme y rápida sobre cualquier uso desmedido de la fuerza dando una señal clara que LA TORTURA NO SE TOLERA Y SE PERSIGUE
4. Reafirmamos nuestro compromiso inclaudicable con la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Nos pronunciamos en contra de la Baja de la Edad Penal Adolescente. Este tipo de medidas continuarán favoreciendo los estereotipos y las desconfianzas simbólicas y en nada ayudarán a disminuir los delitos cometidos por adolescentes. Sería aconsejable la promoción de una política de Estado que aborde el delito juvenil basada en la prevención comunitaria y en la disuasión. Para ello es necesario profundizar algunos ejes de políticas sociales que el Estado ha venido desarrollando.
5. Convocamos a la reflexión de todos los actores involucrados a fin de facilitar espacios propositivos de intercambio, buscando siempre avanzar y profundizar en materia de derechos.
enviado SERPAJ Uruguay
No están solos
Familiares de desaparecidos y más de 30 organizaciones respaldan hoy a la Institución de DDHH por denuncias de torturas en SIRPA
La diaria – 30 4 14 – Por Natalia Uval
El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas recibió ayer en Ginebra a representantes del gobierno uruguayo y les formuló 87 preguntas que deberán responder hoy, varias de ellas sobre las denuncias de golpizas y maltratos en los centros del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SIRPA). La delegación del gobierno uruguayo está integrada, entre otros, por el director de Asuntos Políticos de la cancillería, Ricardo González, y por el presidente del SIRPA, Ruben Villaverde
Para formular sus preguntas, el Comité se basó en el informe que la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) le entregó el 11 de abril y en una teleconferencia que mantuvo el lunes con organizaciones vinculadas a los derechos humanos. Según recogió la agencia de noticias Efe, Abdoulaye Gaye, integrante del comité oriundo de Senegal, señaló que hay “indicios” de que personas denunciadas por haber maltratado a los jóvenes privados de libertad siguen ejerciendo sus funciones, “por lo que es probable que los malos tratos persistan”. Felice Gaer, de Estados Unidos, preguntó si existen mecanismos para proteger a los funcionarios que quieren denunciar los maltratos y no exponerlos a represalias
No todas son malas
La INDDHH señala varios aspectos positivos en su informe respecto del accionar del Estado uruguayo. Destaca los avances en políticas públicas en materia de atención de la violencia doméstica -un problema muy grave en Uruguay, en términos comparativos con la región- y los avances edilicios en la infraestructura carcelaria, así como el aumento del personal penitenciario. Advierte sobre la necesidad de “reformar urgentemente el proceso penal inquisitivo vigente” y expresa su “preocupación” ante la iniciativa de una reforma constitucional para bajar la edad de imputabilidad. “Dicha reforma podría ser contraria al corpus juris de los derechos del niño del que Uruguay es parte, y podría tener serias consecuencias en términos de seguridad ciudadana, pues al incorporarse a los jóvenes en espacios de encierro adulto y responsabilizarlos de la misma manera, se podría ver acrecentada la violencia institucional, repercutiendo en el circuito de violencia a nivel general. Asimismo se podrían exacerbar los problemas estructurales del sistema penitenciario nacional”, sostiene el informe
Además de la situación del SIRPA, el comité consultó al gobierno uruguayo sobre la tipificación del delito de tortura, la reforma procesal penal y la prisión preventiva, explicó a la diaria MIRTHA Guianze, integrante del directorio de la INDDHH. Gaye mencionó que el hecho de que 60% de los presos en Uruguay todavía no tenga sentencia “indica claramente que se han de buscar medidas alternativas a la prisión”. El comité también preguntó sobre los recursos con los que cuenta el mecanismo nacional de prevención de la tortura, que en Uruguay está a cargo de la INDDHH. Durante la sesión de ayer, según informó Efe, el comité se interesó por la propuesta de bajar la edad de imputabilidad penal a 16 años, cuestionada en el informe de la INDDHH. Gaye afirmó que “parecería que se quiere recalcar el aspecto punitivo, cuando lo que debería hacerse es caminar hacia un sistema que promueva medidas alternativas al encarcelamiento”
En apoyo
Hoy a las 13.00, en una conferencia que se realizará en la sede de la Asociación de la Prensa Uruguaya, más de 30 organizaciones vinculadas a la infancia y a los derechos humanos y más de 30 personalidades vinculadas a la cultura, el periodismo y la academia harán público su respaldo a la actuación de la INDDHH, que ha sido cuestionada por autoridades de gobierno y legisladores oficialistas tras las denuncias de torturas en el SIRPA.
“Las situaciones visibilizadas muestran nuevamente las graves violaciones a los derechos de los adolescentes que suceden en los centros de detención juvenil, y cuestionan conceptual y estructuralmente a la cárcel como lugar propicio para disminuir la criminalidad adolescente”, indica el comunicado. A continuación enfatiza que resulta “imperioso relevar a la actual dirección del SIRPA” para generar “una señal política clara y precisa acorde con la nueva agenda de derechos impulsada desde el Estado”
También se menciona la “falta de apoyo y las precarias condiciones de trabajo de la mayoría de los funcionarios que desarrollan tareas dentro del sistema”, pero se advierte de todos modos que es “intolerable la utilización de la violencia en sus múltiples formas y sentidos”. “Por tal motivo, convocamos a los trabajadores del sistema y al movimiento sindical en su conjunto a promover buenas prácticas de ejercicio de sus funciones y a actuar de forma firme y rápida sobre cualquier uso desmedido de la fuerza, dando una señal clara de que la tortura no se tolera y se persigue”, indica el comunicado.
El texto está firmado, entre otras organizaciones, por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, la fundación Mario Benedetti, Cotidiano Mujer, el Servicio Paz y Justicia Uruguay, el Instituto de Estudios Legales y Sociales Uruguay, el grupo de familiares de adolescentes privados de libertad, la Organización Mundial Contra la Tortura, el Comité de los Derechos del Niño Uruguay, Gurises Unidos, Aldeas Infantiles y la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual.
CRYSOL