Las elecciones de Octubre tienen lugar en el marco del preludio de una crisis de conjunto. En el plano económico se expresa una reversión de las condiciones que dieron base a ciclo de expansión económica, dando lugar al estallido de las contradicciones que se han ido acumulando durante una década: un incremento insostenible del endeudamiento público y privado, una creciente inflación, una persistente caída de los precios internacionales de las materias primas que, junto a la salida masiva de capitales de los países llamados “emergentes”, refuerzan la perspectiva de una devaluación del peso, como ya lo viene haciendo Argentina y Venezuela. Este viraje es acompañado por una política económica que busca que las consecuencias sean pagadas, una vez más, por los trabajadores.
El crecimiento económico en estos nueve años de gobierno frenteamplista estuvo basado en el ingreso masivo de capital financiero, en la apertura a la ‘inversión extranjera’ en materias primas para la exportación (principalmente la soja y la celulosa). Fabulosas ganancias embolsaron las empresas monopólicas internacionales, que fueron beneficiadas con exoneraciones fiscales y con bajísimos salarios. Una década de expansión de la economía ha dado como resultado un país más dependiente y vulnerable a los giros del mercado mundial. La ausencia de un proceso de industrialización y desarrollo nacional es la contracara de este hecho inocultable.
En el marco de este giro de las condiciones económicas, la clase capitalista reclama ir más allá en la entrega: buscan ampliar la firma de tratados de libre comercio con distintos bloques imperialistas (principalmente EEUU), la ampliación de los beneficios impositivos, el impulso decidido de los mega-emprendimientos (como la tercera pastera) y el fin de las regulaciones del Estado en materia laboral. Fundamentalmente, reclaman un drástico ajuste salarial. Los trabajadores protestan contra una carestía cada vez mayor, salarios y jubilaciones de hambre; contra los impuestos directos e indirectos a los ingresos del trabajo y contra la precarización laboral, el aumento de la desocupación, el déficit y carestía de las viviendas y el derrumbe de la atención de la salud y la educación. Asistimos a la antesala de un descontento general de todas las clases sociales.
Un amplio sector de la clase capitalista apuesta a que la continuidad del personal político gobernante, en sus distintas variantes -Vázquez o Lacalle Pou-, les garantice la capacidad de imponer sus reclamos. Nos adentramos a un período en donde ‘los de abajo’ comienzan a soportar cada vez menos las condiciones a las que los condena el régimen político vigente, mientras que ‘los de arriba’ no podrán continuar gobernando como lo venían haciendo. Se abre una nueva etapa, donde el enfrentamiento entre la clase capitalista y los trabajadores definirá quién pagará los costos de la nueva crisis. Ésta es la esencia de una crisis de conjunto
En el plano político, al interior del partido gobernante se expresan distintas variantes de un planteo que, en el fondo, contienen la misma esencia: la defensa de la organización social vigente y la ausencia de una política de transformación social profunda. Tabaré Vázquez junto con Astori, como ministro de Economía, es el candidato ideal de los grandes capitales -tal como lo han expresado las cámaras empresariales (El País, 20-08). Apoyado por los partidos más importantes del FA: PCU, PS, MPP, FLS-, ha demostrado ser un defensor a ultranza de la política clerical, de las alianzas con el imperialismo norteamericano y su defensa a la ‘mano dura’ con el movimiento sindical. Los agrupamientos entorno de Constanza Moreira cumplen la única función de evitar la fuga de votos (y militantes) por izquierda, pero que sin embargo no constituye una oposición dentro del propio FA (votó las leyes fundamentales junto con el resto del FA: envío de tropas a Haití, las leyes de presupuesto, entre otras). Para una creciente masa de militantes de izquierda ha quedado de manifiesto la caducidad del Frente Amplio como vía para la transformación social.
En este cuadro, el gobierno de Mujica ha aprobado una serie de leyes (ley de marihuana, ley matrimonio homosexual, ley de aborto) que no cuestionan –en algunos casos lo impulsa como la marihuana- la ganancia capitalista, pero que son vistas como un impulso a las libertades democráticas. Como revés a la aparente ampliación de libertades, se aprobó el código de faltas (que otorga mayores potestades a la policía), el aumento de las políticas represivas (razias) contra la juventud y los trabajadores de los barrios, la utilización reiterada de los ‘servicios esenciales’ y la creación del Decreto contra la ocupación de los edificios públicos, todos ellos para quebrar las huelgas de diversos sindicatos (ADEOM, Salud Pública, gremios de la educación). El remate a esta orientación es el proyecto de ley enviado por el gobierno -aún sin aprobar- que aumenta las penas de los menores de edad, el cual se opone por el vértice al planteo de “No a la baja” de la edad de imputabilidad
La crisis que se incuba pone de manifiesto la incapacidad de la clase capitalista y sus representantes políticos para brindar una salida de conjunto, desenvolviendo las fuerzas productivas sociales. Ninguno de los partidos del régimen político puede ofrecer soluciones profundas a los problemas de las masas trabajadoras. De otro lado, lenta y dificultosamente, va desarrollándose un movimiento popular con independencia de clase
Este desarrollo adquiere características continentales y se expresa, en primer lugar, en Argentina con el crecimiento de la izquierda combativa y el Frente de Izquierda y los Trabajadores que en las últimas elecciones obtuvo un millón y medio de votos. El “ascenso de la izquierda” tiene su base en un poderoso movimiento “por abajo” en sindicatos, liceos, universidades y en el campo popular. Esta experiencia abre la posibilidad de que los trabajadores encuentren una expresión política adecuada a sus intereses para enfrentar la crisis.
Para desenvolver esta perspectiva en Uruguay, desde La Clase llamamos a la juventud y los trabajadores a apoyar al Partido de los Trabajadores en las elecciones del 26 Octubre, con conciencia de que el movimiento popular requiere de una salida política de conjunto para enfrentar los ataques de la clase capitalista, el Estado y sus representantes políticos.
El Partido de los Trabajadores levanta un programa obrero frente a la crisis: un salario igual al costo de la canasta familiar, la eliminación de la tercerizaciones y el trabajo precario, la prohibición de los despidos y el reparto de las horas de trabajo; la estatización bajo control obrero toda empresa que cierre o despida; la duplicación del presupuesto educativo y contra todas las privatizaciones; el no pago de la deuda y la nacionalización de la tierra y los recursos naturales; y la defensa de las libertades democráticas (derecho al aborto y matrimonio igualitario).
*Para leer el manifiesto completo ingresá a http://prensalaclase.webnode.com.uy/