Por Heriberto Paredes /8 noviembre, 2014/ SubVersiones
«Los muchachos están vivos y están pidiendo una millonada por ellos», declaró la semana pasada Rogelio Ortega, gobernador interino de Guerrero. Incluso afirmó que podrían pedir el apoyo económico de organismos internacionales para recabar el monto y pagar el rescate. Adela Micha, con su fingido tono de seriedad, le preguntó –continuando con la entrevista– quién le había dicho eso y el funcionario respondió que los propios estudiantes de la Normal. Sin ningún tipo de sustento, en cadena nacional y en horario estelar, se daban esperanzas a las familias
No ha transcurrido ni una semana de estas declaraciones y Jesús Murillo Karam, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), en conferencia de prensa, afirmó ayer que los 43 estudiantes normalistas fueron asesinados y calcinados por integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos (GU), aunque luego declaró que todavía serán considerados como desaparecidos y que se intensificará la búsqueda
A lo largo de estos 44 días de desesperación y de nulos resultados en las investigaciones, tanto el gobierno de Guerrero, en los primeros 10 días, y la PGR, luego de atraer el caso, han dado diferentes versiones, han filtrado declaraciones ministeriales que se contradicen y que no brindan respuestas. La nueva versión difundida por el procurador, por un lado, da sentido al último hallazgo de restos humanos en el basurero municipal de Cocula, y por otro, quita lugar y sentido a las declaraciones ministeriales de los primeros detenidos, es decir, 22 policías municipales y 12 sicarios que confirmaron su participación en los tiroteos contra los estudiantes el pasado 26 de septiembre
Vale la pena detenerse un poco en esta falta de concordancia entre estas primeras declaraciones ministeriales y lo que ahora se anuncia como la «reconstrucción de los hechos» y su posible explicación. Los distintos niveles de gobierno y quienes los detentan han mentido y mienten sin tener consideración del dolor que las familias padecen y sin atender a los reclamos nacionales e internacionales que exigen justicia y presentación con vida
Primeras versiones oficiales y su desmentido
El 30 de septiembre fueron detenidos 22 policías, acusados de ser los responsables del asesinato de 6 personas, entre ellas 3 normalistas. Fue la Procuraduría General de Justicia de Guerrero (PGJEG), a través de su titular, Iñaki Blanco, quien anunció estas detenciones y aseguró que se abrirían los procesos penales correspondientes. El 4 de octubre se descubrieron 5 fosas clandestinas y 28 cuerpos enterradas en ellas; al respecto, algunos de los policías detenidos aseguraron que se trata de los estudiantes normalistas y en declaraciones oficiales, la PGJEG afirmó que fue por las primeras declaraciones ministeriales que se dio con este hallazgo. Es entonces cuando la PGR atrae el caso
Más adelante, el 10 de octubre, ya se encontraban detenidas 34 personas, entre policías municipales y presuntos integrantes de la organización Guerreros Unidos, al mismo tiempo que se contabilizan 9 fosas clandestinas y 28 cuerpos. En este momento, varias declaraciones ministeriales se filtraron a diversos medios de comunicación, en ellas, los detenidos afirmaron que asesinaron a 17 jóvenes y que los enterraron en las diversas fosas que se han encontrado. La PGR no podía determinar si los cuerpos encontrados eran de los estudiantes, sin embargo, obstaculizó –sin motivo alguno aparente– las labores del equipo argentino de antropología forense que es el único grupo de trabajo avalado por las familias de los desparecidos
Para el 16 de octubre, las declaraciones de tres presuntos asesinos de los estudiantes –hechas ante el Agente del Ministerio Público del Fuero Común Adscrito a la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas, Miguel Ángel Cuevas Aparicio– dan cuenta de todos los implicados en los hechos contra los estudiantes, incluyendo al Director de Seguridad Pública, Francisco Salgado Valladares, y coinciden en por lo menos tres hechos claros: los policías municipales hacen este trabajo para la célula de GU en Cocula, hay un personaje al que apodan «El Chucky» que da órdenes y que determina que hay que matar a los estudiantes y por último, que 17 de los normalistas son asesinados por arma de fuego, otros enterrados inconscientes y otros calcinados. Cabe mencionar que en las declaraciones nunca se menciona que los cuerpos fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula y que posteriormente, luego de una enorme fogata que dura hasta las 2 o 3 de la tarde del día 27 de septiembre, las cenizas son recolectadas en bolsas de plástico y luego tiradas al río San Juan, cercano a la ya mencionada población. Los declarantes afirman que están en las fosas clandestinas que se han encontrado y que algunos normalistas no fueron incinerados sino enterrados
Hasta este momento esta versión coincide con la información que dice tener el padre Alejandro Solalinde y que sólo se diferencia de la que posee la PGR por un testigo del cual él no tenía conocimiento. Se tiene la información de la presunta muerte de 17 estudiantes normalistas pero no del resto y los municipales y sicarios no reconocen ningún rostro de las fotos de los estudiantes desaparecidos, pese a que sí recuerdan frases dichas por ellos, quiénes eran los «revoltosos» y a cuántos de ellos supuestamente asesinó cada uno de los tres declarantes
Esa era la versión oficial, a la cual se le agregó la afirmación de uno de los detenidos que alegó la pertenencia de 17 jóvenes normalistas al cártel de los Rojos, razón que daría explicación al ataque, por tratarse de la organización rival a quien detenta el poder real en Iguala y en la región norte de Guerrero. Tanto familias como estudiantes normalistas de inmediato desmintieron esta versión y levantaron la voz para mantener el nombre de los 43 desaparecidos libre de la sucia estrategia de criminalización que el Estado mexicano utiliza constantemente
Con la más reciente conferencia de prensa que da el procurador Murillo Karam, teniendo como antecedente inmediato las detenciones de José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda así como el descubrimiento de restos humanos en el basurero municipal de Cocula, la versión cambia radicalmente y ata cabos sueltos pero deja sin lógica declaraciones anteriores. Nuevos declarantes afirman –no bajo el proceso jurídico obligatorio sino en momentos como una entrevista psicológica o la reconstrucción de hechos– que los estudiantes fueron transportados en camiones de carga hacia Cocula, que algunos llegaron muertos o inconcientes y que fueron incinerados todos en ese lugar
Como si estuvieran hablando de una actividad inofensiva, quienes aparecen con el rostro difuminado, relatan cómo adecuaron el lugar para prender una gran fogata, ya no existen estos momentos previos en donde algunos normalistas son asesinados con arma de fuego, ya no se mencionan las fosas anteriores y se elimina por completo lo que muchos testigos afirman: que los policías municipales trasladaron a los 43 estudiantes en camionetas oficiales de la corporación hasta una comisaría y ahí, una vez hecho un cambio de vehículos, fueron trasladados a un lugar desconocido; ya no aparece el Chuky como personaje que da órdenes. Además, en esta nueva versión, es el personaje conocido como Cabo Gil (quien firmó un mensaje en donde daba a conocer los nombres de políticos implicados en el crimen organizado y donde también menciona que los estudiantes están con vida) un eslabón fundamental para conocer lo que, presuntamente, ocurrió aquella noche
Muchas preguntas se mantiene en el aire tan sólo tomando en cuenta estas dos versiones dadas como certeras por la PGR, ¿quién da la orden de balacear a los estudiantes, José Luis Abarca en su borrachera e influenciado por su esposa, operadora financiera de GU en Iguala o bien, directamente personajes tan oscuros como el Chuky o como el detenido y supuesto líder máximo del cártel, Sidronio Casarrubias Salgado? ¿Cuáles son las razones de estos ataques contra los normalistas de Ayotzinapa? Porque de lo que no ha dicho nada la PGR o cualquiera de las instancias inmiscuidas, son las razones que motivaron los hechos, lo que se jugaba en este ataque y lo que se juega con la desaparición forzada de 43 estudiantes. ¿En qué medida es cierto lo que Rogelio Ortega declaró casi como verdad y sobre la posibilidad de que los estudiantes hayan sido o sean aún, moneda de cambio en un pacto de dimensiones y detalles inimaginables?
Guerrero aún se encuentra en disputa entre dos grandes grupos de poder: el primero, detentado por la familia Figueroa en relación estrecha con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y con el cártel de GU como brazo armado y como operador de las más diversas actividades criminales; el otro, hasta hace poco encabezado por Ángel Aguirre, en el cual está metido hasta la cocina el Partido de la Revolución Democrática (PRD), con amplia vinculación con Los Rojos y el cártel de los Beltrán Leyva.
En esta disputa del poder económico y político, los normalistas han sido golpeados y tal vez usados como parte de alguna negociación. ¿Acaso estos dos grupos pelean sólo por la gubernatura o también por el control de la zona minera del Cinturón del oro o por determinar la administración de la segunda mayor producción de goma de amapola en el mundo? Este es también parte del contexto que no debe olvidarse, porque fue ahí en donde se dieron los ataques contra los estudiantes
La lucha de las 43 familias
Para las madres y los padres de los estudiantes desaparecidos el dolor que día a día los atormenta ha sido también la construcción de una sola voz, clara y contundente, «no le creemos a la PGR ni al gobierno federal» sostuvieron en otra conferencia de prensa desde las instalaciones de la Normal de Ayotzinapa. «Vivos se los llevaron y vivos los queremos» se mantiene como una consigna central en esta lucha que ha rebasado todo lo supuesto en la cotidianidad nacional
Como muchas luchas en este país, los familiares de los normalistas han recorrido las diferentes instancias y los escalones del poder para buscar respuestas y la presentación con vida de sus hijos. A estas personas, trabajadoras y campesinas, les queda claro que hay incompetencia en el gobierno, que hay contubernio con el crimen organizado y que hay que seguir luchando hasta las últimas consecuencias
La exigencia de respuestas claras y concretas, pruebas de carácter científico e intervención de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para determinar lo que ha ocurrido en este caso, están presentes en las palabras de los familiares. Denuncian que Enrique Peña Nieto no ha cumplido con ninguno de los 10 puntos acordados a comienzos de la semana pasada en una reunión a puertas cerradas. «Gracias por permitirme hablar con la verdad y demostrarles que es una prioridad para mí y mi gobierno el que se sepa qué pasa con sus hijos» afirmó el presidente mexicano al terminar la reunión con las familias. Miente con descaro
El comité de madres y padres de los normalistas desaparecidos sigue luchando para volver a ver a sus hijos con vida y dando muestras de dignidad y fortaleza a pesar de que son el epicentro actual de una de las más grandes crisis sociales que pasa México en las últimas tres décadas. Es tal vez la gota que derrama el vaso. Las madres y padres rechazan las versiones del procurador Murillo Karam y señalan la ineptitud del gobierno federal. De esta manera, lo que comenzó como una demanda del movimiento estudiantil, ahora se ha vuelto una exigencia nacional que está cuestionando hasta la existencia misma del Estado
Para evitar la fatiga
Jesús Murillo Karam, procurador general de la república, quien está al frente de las investigaciones para encontrar con vida a los 43 estudiantes desaparecidos, es también cínico en sus declaraciones más recientes. Si para él es agotador tener que dirigir esta investigación y responder a la prensa le parece una enorme fatiga, lo más prudente sería que se retirara y dejara de mentir, de tergiversar la información, tal vez, lo más adecuado sería que dejara el cargo y se uniera al gran grupo de funcionarios públicos y políticos que están convocados a irse definitivamente.
#YaMeCansé es ahora una de las más poderosas consignas y expresiones del descontento generalizado que vive México. Si nos detenemos un poco en las expresiones populares para enunciar las demandas, reclamos o denuncias que este movimiento ha dado, el doloroso camino que comunica el central «¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!» hasta el ahora difundido ampliamente «Fue el Estado», pasa por la consigna que sintetiza el proceso desatado hasta ahora: «Ya me cansé del miedo»
Hasta ahora, muchas de las desapariciones y asesinatos ocasionados por el narco-Estado se han ido transformando en anécdotas del dolor nacional, que si Maricela Escobedo, que si Nepomuceno Moreno, que si la matanza de Villas de Salvarcar, que si los 72 migrantes asesinados por los zetas, pero este caso tan cínico e impune de desaparición forzada tal vez ayude a entender que más allá de los detalles de cómo pasó es, sin duda, un momento para comprender que todos los agravios son parte de una ofensiva de mayor envergadura que busca la explotación, el despojo, el control total de la población o la suma de todo; a través del miedo. La desaparición forzada de 43 estudiantes, el asesinato de miles de jóvenes en los años recientes y la rabia popular son, tal vez, detonadores para que las cosas cambien
Ante la esquizofrenia y la mentira: #FueElEstado
Carlos Ímaz Gispert
La Jornada 09/11/14
Escribo desde el dolor y la rabia que me han producido los crímenes de lesa humidad cometidos contra jóvenes normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre, donde fueron asesinados seis seres humanos, 15 más resultaron heridos y 43 fueron detenidos y desaparecidos. Indignación exacerbada por la versión oficial acerca de esos hechos, que fue presentada por el titular de la Procuraduría General de la República (PGR) el día 7 de noviembre pasado y a la cual me referiré (https://www.youtube.com/watch?v=QNcfdHUiP8c).
Lo primero que llama la atención es la evidente esquizofrenia discursiva del gobierno que, en grotesca intención de encubrir su responsabilidad en los hechos y en voz del procurador, nos dice: “Qué bueno que el Ejército no salió, pues obviamente hubiera apoyado a la autoridad constituida… hubiera sido un problema mucho mayor...” O sea, que, de haber salido, los militares habrían colaborado con los policías municipales que disparaban a mansalva, torturaban y secuestraban estudiantes indefensos y que el saldo sería aún peor. Es decir, que no hay estado de derecho posible, pues ni las fuerzas armadas federales del Estado, supuestas garantes de la legalidad, actúan respetando las garantías básicas de nuestra Constitución.
Como si no fuera suficiente, pero como para tranquilizarnos, el procurador realizó una segunda confesión: El Ejército sólo se mueve con órdenes. Lo cual nos refiere de inmediato al caso reciente de Tlatlaya y a la obligada pregunta de ¿quién ordenó esos asesinatos? y las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas por militares que sólo se mueven con órdenes. Por ley, el Presidente de la República es el comandante general de las fuerzas armadas.
Producto del esquema de ser y pretender no ser, del esquizofrénico discurso gubernamental, el procurador también afirmó: ¿Crimen de Estado?... Iguala no es el Estado mexicano. Como si Iguala fuera una ciudad de otro país y Guerrero y sus policías no formaran parte del Estado mexicano, abdicando de la obligación legal del gobierno federal de velar por la seguridad de todos los habitantes de la República mexicana. Declinación que se agrava por la magnitud de los hechos que se conocieron de inmediato y por tratarse de delitos que, de acuerdo con su propia versión, implican al crimen organizado, pero frente a los cuales el gobierno federal hizo todo lo posible por no involucrarse, y finalmente tuvo que atender 10 días después de los hechos (¡cuando cada minuto era valiosísimo para encontrar con bien a los 43 muchachos secuestrados!). Hoy sabemos, en palabras del propio procurador, que lo hizo hasta que la fiscalía de Guerrero declinó la competencia y le turnó a la PGR la investigación, y no por atracción jurídica del caso, que es facultad de dicha dependencia.
Sin embargo, siendo esto muy grave, es aún peor que el gobierno mintiera, a sabiendas, en su informe. El Ejército no salió, dijo categórico el procurador. Testimonios públicos de estudiantes sobrevivientes (youtube.com/watch?v=W2yBb-4B5FI), y así está documentado por la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y una gran variedad de medios de prensa, dan cuenta de que el Ejército sí salió de su cuartel y estaba patrullando el lugar de los hechos. Al menos se puede probar que poco después de las 12 de la noche (una hora después de la segunda agresión a los estudiantes) una patrulla militar arribó a la clínica donde un grupo de normalistas habían llegado para que atendieran a uno de sus compañeros herido de bala en la cara; ahí los militares no sólo no los ayudaron, sino que los retuvieron, los fotografiaron y luego de increparles un muy sugerente ustedes se lo buscaron, los desalojaron mandándolos con todo y herido a la calle. Además, un par de horas después, a las 2:40, militares encontraron dos cuerpos sin vida, y a las 9:30 de la mañana el cuerpo del joven normalista que fue desollado y asesinado.
El Ejército sí salió de su cuartel, sabía lo que estaba pasando y si nos atenemos a lo dicho por el procurador, resultaría, que, el Ejército, obviamente apoyó a la autoridad constituida. Si el Ejército sólo se mueve por órdenes, tendríamos que saber quién dio la orden de salir del cuartel y a quiénes se consultó y/o informó, lo cual, por cierto, sería también obligado en la hipótesis contraria, pues incluso aun en la falsedad de que el Ejército no salió, el gobierno está obligado a informar de dónde vino la orden de no intervenir y dejar hacer a los policías municipales
Ya sea por omisión y/o comisión, el Ejecutivo federal tiene responsabilidad directa en los crímenes de lesa humanidad cometidos en Iguala por miembros de las fuerzas armadas del Estado mexicano, pero miente descaradamente para encubrir su propia responsabilidad. Por decir lo menos, la de su cómplice negligencia criminal, tanto frente a lo que ocurría en Iguala antes del día 26 de septiembre y que el procurador ni siquiera menciona, como en lo que ocurrió durante y después de la masacre. Paradójicamente, la prueba más reciente de ello es la postura oficial del gobierno federal presentada por el titular de la PGR.
Con una investigación claramente sesgada y acotada a lo local, que asume de antemano que se trató de un caso aislado y sin ramificaciones profundas en la estructura del Estado, el régimen pretende dar un imposible carpetazo a la atrocidad cometida en Iguala, como si ésta no hubiera hecho evidente a los ojos del mundo que, en México, el narco y el gobierno de Peña Nieto son dos caras de una misma moneda. Por el bien de México, deben marcharse
México se cansó: tiembla un régimen asentado
en el terror contra la población
El terrorífico asesinato de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en el Estado de Guerrero, acaba de enfurecer al pueblo mexicano que exige no solo justicia, sino terminar con un sistema político ultra corrupto, encabezado actualmente por el PRI de Enrique Peña Nieto.
La masacre despertó la ira de la población, y no es para menos. Los estudiantes fueron atacados con saña, a balazos. Fueron secuestrados, descuartizados y quemados vivos, para luego ser lanzados al río en bolsas de basura. Los cartels, el crimen organizado, la policía y el Estado mexicano, están íntimamente ligados en estas nefastas prácticas en las que actúan en total complicidad desde hace décadas.
Los 43 normalistas se suman a una larga lista de desapariciones, de líderes campesinos y sindicales, de estudiantes y trabajadores, de pobres y del pueblo en general. Y es que el estado mexicano se asienta en un régimen totalmente corrupto, en connivencia con los grandes cartels como el de Sinaloa, los Zetas o los Guerreros Unidos.
Los años y años de “guerra a las drogas”, con apoyo de los Estados Unidos, el endurecimiento de las leyes, el aumento de la represión y el gatillo fácil, que supuestamente es para combatir la inseguridad y el narcotráfico, es utilizado contra los trabajadores, los estudiantes y el pueblo, como una política sistemática de exterminio, que es la verdadera inseguridad para los trabajadores, mientras que los cartels siguen con su negocio millonario imponiendo el miedo y el terror entre la población.
El caso de los estudiantes de Ayotzinapa fue la chispa que terminó por encender el descontento popular. La lucha en Iguala es la vanguardia y el emblema de lucha contra un régimen corrupto y podrido que gobierna en connivencia con el narcotráfico. Es el espejo que nos muestra adónde nos lleva el aumento de la represión y el capitalismo en descomposición.
Ya comenzaron en México las movilizaciones multitudinarias y las paralizaciones en las universidades, y también una amplísima solidaridad internacional que debemos seguir aumentando. Ya han sido varias en nuestro país las actividades en este sentido, las cuales desde IST y la Juventud Internacionalista saludamos y apoyamos.
El próximo lunes 17 de noviembre, adherimos a la convocatoria de la FEUU para movilizarnos en solidaridad con los estudiantes mexicanos, a las 18hs desde la Plaza Independencia hasta la embajada de México, vení con nosotros! Vamos a manifestar nuestra solidaridad!
· Solidaridad con los estudiantes y el pueblo de México!
· Justicia y castigo a todos los responsables materiales, intelectuales y políticos!
· Abajo el régimen del terror del estado mexicano!
Grupo Socialista Obrero (organización de la LIT en México):
Rebelión Prensa
El proceso de lucha popular se profundiza
¡Fuera Peña! ¿Y después qué?
Manuel Aguilar Mora *
México DF, 9-11-2014
En la noche de ayer y en la madrugada de hoy sucedieron dos acontecimientos consecutivos que muestran cada una a su peculiar manera las dimensiones que está tomando la crisis desatada con motivo de la masacre de Iguala. Una manifestación de las decenas que se realizan en el país y en el mundo entero, finalizó en el Zócalo y un grupo de jóvenes anarquistas al grito de “¿Cuál pacifismo? ¿Cuál no violencia? ¡Acción directa y resistencia!”, se desprendió del grueso del contingente y prendió fuego a la puerta principal del Palacio Nacional, sede oficial del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien dos horas después a la una de la mañana y a pesar que algunos diputados y senadores le exigían que suspendiera el viaje, despegaba del aeropuerto de la ciudad de México con destino a China.
De esta manera se está acelerando la crisis que en el lapso de unos cuantos días escaló a niveles que están transformando al país. Hoy México es muy diferente al país que existía antes de ese fatídico 26 de septiembre cuando fueron asesinadas seis personas (entre ellos tres estudiantes normalistas) y 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero desaparecidos. El incendio de la puerta del Palacio Nacional ocurrió precisamente 43 días después de esos macabros acontecimientos, marcando a su modo el tránsito que tiene lugar hacia tiempos más complejos en los que sólo hay una cosa segura: grandes sectores populares están madurando y entrando a uno de los momentos más decisivos de su historia porque a ojos vista de los mexicanos y mexicanas y del mundo entero el régimen político priista y de sus aliados el PAN y el PRD se encamina hacia una terrible crisis terminal.
“Asesinados, quemados y sus cenizas arrojadas al río”
El 7 de noviembre Jesús Murillo Karam, el procurador general de la República anunció a una expectante nación que esperaba un primer informe oficial de lo sucedido, “en lo que va de nuestras investigaciones, las más importantes en décadas, pero que no son las definitivas (¡!sic¡!)” se ha encontrado que los 43 estudiantes fueron asesinados a sangre fría, quemados sus cuerpos en una pira humana y sus cenizas arrojadas en bolsas de plástico al río San Juan en un paraje apartado localizado en la semijungla entre Iguala y Cocula. Los autores de tamaña atrocidad habrían sido sicarios de la banda de Guerreros Unidos, con la cual estaban vinculados el ex alcalde José Luis Abarca y su esposa. Negando rotundamente que se tratara de un crimen de Estado Murillo Karam presentó como “pruebas” los testimonios de tres jóvenes sicarios, típicos representantes de los cientos de miles de jóvenes desempleados del campo y las ciudades que son los reclutas naturales de las bandas de los narcos. La banalidad de su argumentación se hizo evidente: ¿cómo tres jóvenes como ellos y algunos otros parecidos a ellos pudieron realizar tamaña salvajada durante horas y horas sin que nadie los molestara controlando a 43 estudiantes activistas fuertes y dinámicos cuya valentía y músculo eran notorios?
Durante la conferencia el procurador Murillo, en forma característica de la soberbia de los altos funcionarios del gobierno peñista, contestó displicente y hasta groseramente las numerosas preguntas que le dirigieron los también numerosos periodistas nacionales y extranjeros presentes. Pero Murillo mismo cometió varios lapsus que mostraron ante los millones de espectadores que estaban pegados a las pantallas televisivas las incongruencias de la intervención del gobierno mexicano. En una ocasión dijo que “Iguala no era el Estado”, siendo así evidente que para los altos funcionarios existen espacios enteros del país en los cuales la vigilancia y la seguridad federales no existen. Y el otro desliz fulminante fue su comentario, casi al final de la conferencia, cuando declaró “yo ya me cansé”. Inmediatamente la frase ha inundado las redes y es materia de comentarios en todo lugar:”si ya te cansaste, vete”, “Peña ¿también tú te cansaste? pues vete”, “los mexicanos estamos cansados hasta la madre del gobierno de ustedes”, y así por el estilo muchas otras variaciones.
Los padres y familiares de los normalistas desaparecidos inmediatamente respondieron a las declaraciones de Murillo Karam en una conferencia realizada también ante la prensa nacional e internacional en la normal de Ayotzinapa, en el corazón de Guerrero. No podían aceptar la versión del gobierno que niega rotundamente que se trate de un crimen de estado. Dijeron que “el gobierno los seguía torturando” insistiendo en su versión de la muerte de sus hijos y que ellos no concedían ningún valor a las indagaciones gubernamentales mientras los forenses argentinos no den sus resultados y se llame a agencias extranjeras a asistir como coparticipes en todas las investigaciones. Lo mismo ya lo habían dicho dos días antes desde el templete frente al Palacio Nacional ante las decenas de miles de asistentes que llenaban el Zócalo. EN SÍNTESIS NO CONFÍAN PARA NADA EN EL GOBIERNO DE PEÑA NIETO.
El rostro macabro de un régimen bárbaro que opera con la más absoluta impunidad está saliendo a relucir ante la toda la nación y el mundo entero a pesar de los esfuerzos diplomáticos del gobierno por impedirlo. El secretario de Hacienda, Videgaray Caso, posiblemente el más poderoso del gabinete de Peña Nieto, aceptó días antes en una reunión con empresarios que lo que está sucediendo en Guerrero y en el país en su conjunto ha afectado negativamente la imagen de México al nivel internacional. Por ejemplo. El turismo, actividad económica central del puerto de Acapulco, la ciudad más poblada de Guerrero, se ha desplomado hasta niveles nunca antes vistos.
El 4 de noviembre el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda, se habrían entregado a la policía “cansados de estar huyendo” según informaron los medios habría dicho Abarca. Las autoridades concedieron a este hecho una gran importancia recalcada por el propio Peña Nieto. Pero extrañamente se añadió que Abarca habiéndose rehusado a declarar, fue confinado a una prisión de “alta seguridad” mientras que su mujer sería “arraigada” durante 40 días. Todo indica que las autoridades buscan colocar al ex alcalde como el chivo expiatorio principal del crimen.
Otra gran movilización
¡Fuera Peña! Fue una de las consignas más gritadas durante la gran manifestación del 5 de noviembre que inundó, por tercera ocasión en menos de un mes, el centro histórico de la ciudad de México. Las autoridades calcularon en 30 mil los manifestantes y los organizadores en 100 mil. Ciertamente la cifra real se acercaría más a la segunda estimación que a la primera pues un río de juventud desfiló durante más de tres horas en un recorrido de casi 10 kilómetros que se inició a las 16.00 hrs. en el Auditorio Nacional de Chapultepec en una marcha cuyo destacamento final llegó al Zócalo poco antes de las 20.00 hrs. Y por supuesto al mismo tiempo se realizaron manifestaciones en demanda de la presentación de los 43 normalistas desaparecidos en otras ciudades de la república.
Juventud, mucha juventud, fue la tónica que caracterizó a la abrumadora mayoría de los participantes, igual que en las ocasiones anteriores. Grandes destacamentos de estudiantes de las universidades e instituciones de educación media y superior públicas y privadas de la ciudad de México, en paro durante 72 horas, acompañadas de los padres de los desaparecidos, de grupos de estudiantes de Ayotzinapa y de otros centros educativos del estado de México. “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!” fue el grito más oído acompañado cada vez más frecuentemente con el de “¡Fuera Peña!”
La impunidad como regla
La crisis se va desarrollando imparable sometiendo tanto a las autoridades como al pueblo encolerizado a la potencia implacable de sus contradicciones cada vez más agudas y explosivas. Los padres de los desaparecidos fueron nuevamente los oradores principales del acto central desarrollado en la atestada plaza del Zócalo. Son ellos los primeros que expresaron la idea que se ha desparramado como pólvora: “si Peña no puede hallar a nuestros hijos, que se vaya”. Eso mismo se lo habían dicho en su cara al propio presidente en la reunión de más de cinco horas que días antes tuvieron en Los Pinos con él.
Miles, cientos de miles se han hecho eco de esta consigna. Tanto es así que también López Obrador (AMLO) no tardó en incluirla en sus diarios discursos en las plazas de las ciudades que visita en su interminable campaña que ha emprendido para ser por tercera ocasión candidato presidencial del nuevo partido Morena en el 2018.
Es evidente que la versión oficial expuesta por Murillo Karam deja multitud de cabos sueltos y refuta el cargo principal que desde las calles se le lanza al gobierno de que se trata de un crimen de lesa humanidad cometido por el Estado. Sin embargo, los propios dichos del procurador involuntariamente apuntan a situaciones que evidencian situaciones que comprometen por completo al gobierno.
Por ejemplo, el desliz que cometió cuando una periodista le preguntó por el papel del ejército. Su respuesta fue absolutamente increíble: “el ejército sólo se mueve con órdenes. ¿Qué hubiera pasado si hubiera salido? ¿A quién hubiera apoyad? Obviamente a la autoridad. ¡Qué bueno que no salió!” Esta respuesta es falsa pues los militares sí intervinieron con motivo de las consecuencias de la primera balacera; los testigos indican que se presentaron en el hospital en donde habían sido llevados los heridos, registraron a los estudiantes, los regañaron, los amenazaron con entregarlos a los municipales, retirándose después sin explicar nada no sin antes decirles el oficial al mando: “El Ejército ya tomó la zona, ya están seguros(¡sic!)”. Alguien les dio “esas órdenes precisas” y también no les dio órdenes de intervenir ante el secuestro de los 43 literalmente efectuado en sus narices. Todo este asunto del papel del ejército en la masacre de Iguala está absolutamente sin dilucidar y constituye uno de los más evidentes lagunas del informe oficial de Murillo. Si se sabe que Guerrero es uno de los estados de la república en donde la presencia militar es más notoria y decisiva desde hace décadas, es evidente que hay un objetivo subyacente de ocultar el verdadero papel de complicidad ya sea por omisión o comisión de los militares en los sucesos igualtecos de la noche del 26-27 de septiembre.
No es posible considerar como creíble un informe basado en las declaraciones de tres jóvenes sicarios de los Guerreros Unidos, evidentemente comandados por los auténticos autores intelectuales y materiales que permanecen protegidos en la sombra, que no toca ni por acaso las verdaderas razones y objetivos de la atrocidad cometida contra los 43 normalistas, razones y objetivos que sólo pueden ser concebibles en los despachos de las autoridades gubernamentales policiacas y militares.
“Fue el Estado” es la otra frase que se grita, se pinta en los muros y se publica en las redes sociales y en los miles de volantes y folletos que circulan ya por todo el país. La consciencia de que sólo el aparato monstruoso de represión y enajenación que es el Estado, con sus múltiples agencias políticas y militares, puede producir o proteger y ser cómplice de tamañas atrocidades está grabándose y cauterizando las mentes de millones de mexicanos. Ya en algunos comentarios se vincula lo sucedido en la masacre de Iguala y la situación de varias regiones del país en donde bandas como la de Guerreros Unidos, “un cuasi estado sin estado”, operan sembrando el terror, matando civiles inocentes, precisamente para garantizar la dominación y el sometimiento de la sociedad, con las atrocidades del Estado Islámico cometidas en Siria, Irak y otras regiones del Medio Oriente.
Los observadores de las organizaciones de defensa de los derechos humanos nacionales e internacionales por igual lo señalan una y otra vez: el Estado mexicano comete atrocidades que permanecen impunes, por lo cual no hay ninguna garantía para impedir que lo ocurrido en Iguala no se repita como tampoco se repita lo sucedido en Tlatlaya, en El Charco, en Aguas Blancas, en Acteal en una lista de horrores que va hasta Tlatelolco en 1968, sólo para nombrar los momentos más conocidos de este rosario de impunidad.
Por ejemplo, una delegación del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (el Frayba) de Chiapas que viaja estos días por España, Italia entre otros países europeos, reiteró la preocupante y peligrosa complicidad de los militares con el crimen organizado, lo cual está conduciendo a “un vacío de autoridad en la república”.
El director de la sección mexicana de la Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, después de un viaje a Iguala y a otros lugares de Guerrero vinculó explícitamente los acontecimientos en ese estado con lo sucedido en Tlatelolco en 1968.
Declaró: “La explicación de lo ocurrido en Iguala la encontramos en la regla de impunidad que prima en México desde hace muchos años, desde 1968, regla que consiste en que cuando agentes del Estado cometen atrocidades, los hechos no son objeto de investigaciones rigurosas, ejemplares e imparciales. La regla en México es la impunidad, no la excepción.” (La Jornada, 06.11.14).
¿Hacia dónde?
Casi un siglo de la hegemonía dominante priista y a partir del surgimiento del PRD en 1989, la renovación de las políticas conciliadoras típicas del frentepopulismo produjeron la sequía en los viveros auténticamente revolucionarios. Durante años los espacios de la izquierda verdaderamente socialista e independiente fueron páramos minoritarios. Igualmente el férreo control corporativo ha impedido el mínimo accionar independiente y democrático de las organizaciones populares, en especial de los sindicatos, ya de por sí muy mermados por la crisis económica. La derrota fulminante en 2009, sin una verdadera batalla de su parte por su dirección burocrática, del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el sindicato insignia del movimiento de resistencia contra la política antiobrera y privatizadora de los gobiernos tanto priistas como panistas, dejo muy malherido al movimiento de los trabajadores en los últimos años.
Desde la Revolución mexicana no se ha producido una sola huelga general. Los paros realizados han sido de los sectores movilizados de maestros y estudiantes. La clase obrera ha estado prácticamente ausente en su mayoría de las luchas de los últimos treinta años. Una gran tarea de organización y concientización se perfila para el próximo futuro. Es una tarea ciclópea pero absolutamente ineludible. Mas el ritmo con el cual se está desarrollando la crisis es un factor que también tendrá consecuencias políticas e ideológicas en el seno de las grandes masas, como siempre ha sucedido. En 1994 el estallido súbito de la insurrección neozapatista del EZLN mostró como los impactos de luchas verdaderamente independientes pueden reanimar y promover radicalizaciones y movilizaciones masivas.
La aceleración de la crisis iniciada hace un mes y medio ya ha producido cierto innegable desconcierto entre los grupos gobernantes. El caso del PRD es el más evidente, prácticamente se ha desfondado. Sus dirigentes son abucheados y su situación ha provocado que la dirección de los Chuchos “ se considere víctima de linchamientos” (sic). El PAN se ha mantenido marginado, prácticamente nulificado por su derrota política y electoral de 2012. El PRI, el más fuerte y cínico no parece calibrar bien el momento actual y su dirección da la impresión de haber adquirido el síndrome de los grupos gobernantes que al borde del precipicio creen que todo sigue como siempre. ¿Cómo si no explicar la decisión de Peña Nieto de mantener vigente una gira a China y a Australia, que ha iniciado hoy mismo, a pesar de que deja un país inmerso en una situación de tensión y malestar crecientes? Lo más que aceptó hacer es cortarla de diez días a una semana.
De hecho el autismo político de Peña Nieto es la expresión de un profundo alejamiento de los conflictos que aquejan a la sociedad por parte de toda la casta privilegiada del personal dirigente del gobierno que él encabeza. Se ha ido a China y desde el 26 de septiembre no se ha apersonado en Iguala, ni en un solo lugar de Guerrero. Durante el primer periodo de su gobierno, con la aprobación de las reformas estructurales de la tercera generación en materias energética, educativa y laboral, Peña Nieto estaba en su elemento: quedar bien, en excelente términos, con los capitalistas nacionales y extranjeros. Todo parecía ir viento en popa. El gran frentazo de Iguala lo ha dañado tan duro que Forbes lo ha bajado este año en más de veinte puestos en su lista de los 72 personajes más importantes del mundo. En cambio su compatriota, el multimillonario Carlos Slim, el segundo hombre más rico del mundo, se mantiene entre los quince primeros personajes de tal lista.
En los acontecimientos actuales se ha repetido una característica de la movilización popular desde hace más de medio siglo: los estudiantes, las poblaciones masivas de las instituciones de educación media y superior se han convertido en la vanguardia de las movilizaciones. Los maestros, en especial los de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), han respondido tocados sensiblemente por la embestida mortal contra sus colegas juveniles de las normales rurales pertenecientes a la Federación de Estudiantes Campesinos y Socialistas de México (CECSM), entre las cuales la de Ayotzinapa es sin duda la de mayor rango revolucionario como lo demuestra su historial. Lucio Cabañas y una pléyade de luchadores guerrilleros y de todo tipo han salido de sus aulas El papel de estas escuelas es clave en lo que puede definirse como una dirección de este caótico y multitudinario despertar masivo. Lo mismo se puede decir de los familiares de los desaparecidos que hasta hoy se han comportado a la altura de las circunstancias.
La frustración que cunde en el seno de algunos sectores de maestros y trabajadores, así como en algunos estudiantiles ya está produciendo sus estallidos desesperados, como bien lo indica la quema de la puerta principal del Palacio Nacional cuyas consecuencias políticas con respecto a la movilización de las grandes masas son nulas e incluso negativas. En cambio la derecha se mueve a gusto cuando ocurre ese caos de violencia sin sentido, incluso la llega usar como abierta instrumento de abierta provocación. El gobierno de Peña Nieto ha usado ya en varias ocasiones las provocaciones como justificaciones para ejercer grandes represiones.
El régimen estatal político vigente desde hace un siglo, con sus actuales estructuras electoral, judicial y administrativa, basado en un partido hegemónico PRI que es acompañado por los dos partidos aliados gobernantes PAN y PRD, está en crisis y es irreformable. La corrupción, la represión, los privilegios, los vínculos determinantes con el gran capital nacional e imperialista hacen de los diputados, senadores, jueces, altos funcionarios y oficiales militares una casta absolutamente impermeable a un verdadero cambio democrático. Son el freno estructural que impide el avance del pueblo mexicano hacia el nivel superior de su historia: una sociedad más próspera, democrática, igualitaria e internacionalista. Representan el mejor argumento existente para la justificación de una ruptura política radical, hacia la instauración de un gobierno auténticamente democrático, independiente y revolucionario que no puede ser sino socialista (no socialdemócrata).
El camino que se abre ante este gran movimiento de masas que despierta en todo el país desde hace un mes y medio, ya no sólo en el centro y en el sur, regiones en donde ha existido tradicionalmente con mayor vigor la resistencia democrática e incluso revolucionaria, sino en el amplio norte más conservador, es el de la organización de efectivas y contundentes acciones de masas. Ya se anuncia la organización de un paro nacional para el 20 de noviembre, fecha conmemorativa del inicio de la Revolución mexicana. Fue en diciembre de 1914, hace cien años, cuando los victoriosos campesinos y trabajadores comandados por Villa y Zapata entraron a la ciudad de México y cuando ambos caudillos fueron fotografiados sentados en la silla presidencial del Palacio Nacional, una de las fotografías más famosas que plasmó para siempre ese momento, el más alto al que llegó la Revolución mexicana ..
La auto-organización desde abajo, en comités de lugar de trabajo, de estudio, de comercio, de barrio, de colonia y su coordinación municipal y delegacional, regional y finalmente nacional de movilizaciones masivas es la fórmula para lograr el surgimiento de un poder realmente popular independiente y democrático cuyo objetivo central es construir un nuevo gobierno, un gobierno alternativo que sólo puede ser el de los trabajadores de la ciudad y el campo: un gobierno obrero, campesino, indígena y popular.
* Militante de la Liga de Unidad Socialista (LUS)
fuente Correspondencia de Prensa -EH