Envíopostaporteñ@ 1365

Uruguay : El único diputado comunista hará su "changa parlamentaria"

Junto al "pueblo organizado" pero con "cabeza muy amplia"

y sin "vanguardismo"

 

ÓSCAR ANDRADE, DIRIGENTE DEL SUNCA Y LEGISLADOR, PRESENTARÁ CERCA DE 20 PROYECTOS SOBRE TEMAS LABORALES, ENTRE ELLOS UNO QUE PROHÍBA EL DESPIDO "SIN CAUSA JUSTIFICADA"

búsqueda Nº 1807 - MONTEVIDEO, 12 /3/15

Pese a que el 15 de febrero asumió como diputado, Óscar Andrade resolvió que seguirá cobrando el sueldo de un "obrero" —más precisamente el de un albañil, que percibe $ 150 la hora— y no el de legislador (que ronda los $ 180.000 por mes). "Me voy a morir siendo trabajador de la construcción y del Sunca", dijo a fines de febrero al semanario comunista "El Popular".

Cara principal del Sunca (Sindicato Único Nacional de la Construcción y Afines) durante años, Andrade comenzó su nueva tarea como legislador y para ello trabaja en cerca de veinte proyectos de ley, la mayoría vinculados al tema laboral. Por ahora tiene claro que ocupará su lugar en la Cámara Baja durante un año y luego realizará un "balance" de lo hecho. En el Sunca está con licencia

El dirigente comunista, de 39 años, informó que está elaborando un proyecto "integral de salud y seguridad en el trabajo", y otro para que se aplique el Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) respecto a la "prohibición del despido sin causa justificada". Pero también piensa en reflotar una iniciativa de su compañero de bancada Alfredo Asti (Frente Líber Seregni) que baja la cantidad de años para poder solicitar que un bien inmueble sea declarado judicialmente en abandono. Andrade entiende que es una de las maneras de atacar los problemas de vivienda que hay en el país.

"La changa parlamentaria tiene que ser de masas o no será la changa que queremos hacer, tiene que ser con el pueblo organizado y luchando", afirmó Andrade el 15 de febrero cuando asumió como legislador.

"Venimos a trabajar acá con temas que creemos importantes", dijo a Búsqueda el diputado. Andrade afirmó que planteará que la bancada del Frente Amplio recorra el interior y se entreviste con los "colectivos sociales" sobre los principales problemas del país.

Andrade tiene una lista de los proyectos a presentar a sus compañeros de bancada y a los ministros."Trabajamos con cabeza muy amplia", dijo. "Se busca ayudar sin ningún vanguardismo. Hay tres patas para contribuir: en el desarrollo productivo, en mejorar la justicia social y que Uruguay profundice su democracia".

Trabajo. Andrade comentó que está trabajando en varios proyectos vinculados al área laboral, luego de que el año pasado se aprobara la ley de Responsabilidad Penal Empresarial. La sanción de esa norma dividió al Frente Amplio y tuvo al diputado comunista entre sus principales impulsores.

La bancada de la lista 1001 tiene como objetivo para este período "aprobar una ley integral de salud y seguridad en el trabajo", explicó Andrade. "Hubo un consenso de todos los sectores políticos de que la legislación uruguaya retrasa; de hecho cumplió 100 años el año pasado la 5.032 (sobre prevención de accidentes de trabajo) y pensamos que hay que armar una ley que atienda los elementos de fiscalización, educación, prevención, gestión, de las condiciones específicas de trabajo, porque en muchos casos tenemos atrasos considerables".

Explicó que hay "atraso" en materia de protocolos para las nuevas tecnologías. No existe la "facultad para que cuando el delegado de seguridad ve riesgo de vida pueda detener una tarea", y no hay un "registro que tenga la historia laboral de cumplimiento empresarial en materia de salud laboral para premiar al empresario cumplidor".

El dirigente comunista dijo que también hará una "fuerte campaña" para que se incorpore a la legislación uruguaya el convenio 158 de la OIT referido a la prohibición del despido "sin causa justificada", porque "es de sentido común". El convenio de la OIT establece que "no se pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador a menos que exista para ello una causa justificada relacionada con su capacidad o su conducta o basada en las necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio". Agrega que no constituye causa justificada la afiliación a un sindicato; ser representante de los trabajadores; presentar una queja o participar en un procedimiento entablado contra un empleador por supuestas violaciones de leyes o reglamentos, o recurrir ante las autoridades administrativas competentes; la raza, el color, el sexo, el estado civil, las responsabilidades familiares, el embarazo, la religión, las opiniones políticas, la ascendencia nacional o el origen social; la ausencia del trabajo durante la licencia por maternidad.

"Sé que esto va a generar una reacción en cuanto a que queremos que sean empleados públicos, y no es así, queremos que para despedir tengan una razón", aseguró Andrade.

Cambios en seguridad social. El legislador planteará "adaptar los regímenes de seguridad social" a las "decenas de enfermedades profesionales" que años atrás no se reconocían. "Acá nosotros venimos trabajando con la Cátedra de Salud, con la Facultad de Medicina y nos parece que es justo tratar distinto lo que es distinto".

Informó que está trabajando en una iniciativa legal para dar "oportunidades laborales a discapacitados" y establecer que en distintas acciones de inversión pública se ponga un porcentaje mínimo de personas que sean beneficiarias del Ministerio de Desarrollo Social, del Patronato de Encarcelados y Liberados y del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SIRPA).

Andrade dijo que buscará crear las condiciones que permitan que los adolescentes que trabajan tengan facilidades de horario para el estudio y que en las compras públicas se tenga en cuenta la "economía autogestionaria".

También propondrá un proyecto sobre la "trazabilidad de la producción" para que cuando el Estado haga determinadas compras, esté certificado que la empresa cumple con toda la normativa laboral e impositiva.

En cuanto a los problemas de vivienda, Andrade está trabajando sobre el texto presentado por Asti en junio de 2012. El proyecto original declara judicialmente en abandono cuando el dueño o promitente comprador incumpla por un lapso superior a cinco años con el cuidado del bien inmueble. Hoy ese plazo es de 30 años, lo que es "desproporcionado", dijo Andrade. Además piensa en medidas impositivas para "estimular" que el sector inmobiliario "no especule" con las viviendas y las ponga más rápido en el mercado