El sistema educacional es una organización delictiva
A una maestra recién recibida, conocida mía, que entró a trabajar en una escuela privada este año, le dieron estas instrucciones: "Los contenidos, desarróllelos a fondo, pero a fin de año pasan todos".
Y ella, ¿qué va a decir?: “¡No, eso no lo puedo aceptar! ¡Que se hagan los máximos esfuerzos, clases de apoyo, ayuda psicopedagógica, lo que sea, pero que el certificado de objetivos alcanzados que yo firmo no sea una ficción, ficción que además va a colocar a los alumnos "favorecidos" en una situación de desventaja para aprovechar las clases en los cursos siguientes!”.
No: ella no puede no aceptar lo que le ordenan. Necesita trabajar y donde vaya le van a decir lo mismo.
Tímidamente, lo comentará con las compañeras:
—Y, sí, es así —le dirán, con fugaz pesadumbre—. Che, ¿quién se comió todos los bizcochitos?
Ella, con no aceptar (y no trabajar) no va a cambiar este sistema canallesco por el cual el gobierno obtiene lisonjeras estadísticas de escolarización, de alumnos egresados de los distintos niveles, etcétera, y los empresarios privados no pierden alumnos por el camino y se llenan los bolsillos.
Ambos, privados y estatales (y no hablo solo de las autoridades, sino, también, de los docentes), prometen desarrollar las facultades de los educandos, pero terminan limitándose a entregar certificados al alumno que llega a fin de curso.
¿Quién está en condiciones de denunciar y desbaratar esta estafa? Mi conocida, no, no insistan.
Los sindicatos docentes, sí. Pero bien que, año tras año, se limitan a tratar de sacar una tajada de esta estafa que, en términos económicos (por no hablar del capital intelectual del país, de la ética, de la frustración social) es la más cuantiosa de la Argentina (y mire que acá se mete la mano hasta la ingle), porque gran parte del seis por ciento del PBI que recibe Educación se disipa en esta hipocresía.
Por ahí, un sindicalista docente dirá, con pesadumbre igual a la de la maestra de los bizcochitos, pero con el ceño adusto que le marca su papel, que ese es “un gran problema”. Pero el “gran problema” será pateado para más adelante. Año tras año.
Digamos, además, que esta asociación ilícita para defraudar es la que, lejos, ostenta más miembros: ¡más que la policía, créase o no!
Un cambio de mentalidad y una mejor preparación de los docentes son procesos que demandarán su tiempo. Entre tanto, grabémonos lo siguiente:
Los cabecillas de esta organización criminal están en el gobierno y en los sindicatos docentes.
No dejemos de denunciarlos y combatirlos sin tregua.
Juan del Sur
Comunicado de la Asamblea Nacional Permanente
Defendamos la vida y el agua
La Asamblea Nacional Permanente en defensa del agua la tierra y los bienes naturales adhiere, apoya y convoca a participar en la Primera Gran Marcha de las Comunidades por la protección del Acuífero Guaraní a realizarse el día sábado 25 de abril a la hora 15 en el Parque Rodó de la ciudad de Tacuarembó organizada por la "Comisión Tacuarembó, por la vida y el agua". Una nutrida delegación de la Asamblea Nacional Permanente participará de este significativo e importante evento.
Así mismo comunicamos que previo a la marcha, a la hora 9.30 a.m. en el local de La Criolla de Tacuarembó sesionará una nueva asamblea de la Asamblea Nacional Permanente. Invitamos a una activa participación en dicha instancia.
ASAMBLEA NACIONAL PERMANENTE
EN DEFENSA DE LA TIERRA Y LOS BIENES NATURALES
¡¡¡ Vivan los compañeros !!!
Informamos que el día 19 de abril de 2015 falleció el compañero Elbio Santiago Lungo Cuitiño en Montevideo a los 72 años de edad
Elbio "Nacho" Lungo Cuitiño (Nº 099 en el EMR Nº1) permaneció recluido desde 1972 a 1980 en el Penal de Libertad durante el período del Terrorismo de Estado.
El colectivo de Crysol rinde homenaje a este auténtico protagonista de la lucha del pueblo uruguayo y hace llegar sus sinceras condolencias a sus familiares, sus compañer@s y amig@s.
¡¡ Hasta siempre,NACHO !!
CRYSOL
Caso El Eco:
se cumplen dos meses de la incautación de los equipos sin avances en la Justicia
El sábado 18 de abril se cumplieron dos meses desde que la jueza Letrado de 1 Turno de Carmelo, Dra. Alexandra Facal, ordenó la incautación de los equipos electrónicos del semanario “El Eco” de Carmelo, en el marco del proceso iniciado a raíz de una denuncia por la utilización de software sin licencia presentada por la Asociación Antipiratería del Uruguay.
La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) y el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) han realizado una serie de reclamos para que se deje sin efecto la medida que afecta de manera grave la libertad de expresión. Además de la denuncia pública, ambas organizaciones pusieron en conocimiento de la situación a un integrante de la Suprema Corte de Justicia.
En los últimos días surgió un nuevo elemento respecto a la denuncia presentada contra El Eco que llama la atención a la APU y CAinfo.
El jueves 16, la empresa de software Adobe publicó un comunicado en el que descarta cualquier relación con las gestiones realizadas por el abogado Fernando Couto y la Asociación Antipiratería que preside a fin de cobrar multas contra empresas uruguayas que utilizan software sin licencia.
“Aun cuando el uso de software no autorizado es una infracción que se persigue de oficio en el sistema legal de Uruguay, Adobe Systems Inc. manifiesta: que no ha mandatado, ni autorizado, a ninguna persona física o jurídica, a celebrar acuerdos que pudieran involucrar el pago de multas, indemnizaciones o cobro de honorarios, relacionándolos directa o indirectamente con los derechos de autor de Adobe Systems Inc.
Respecto de los hechos anteriormente referidos Adobe Systems Inc. deslinda toda responsabilidad.
Se comunica a todos los consumidores que cualquier asunto relacionado con los hechos mencionados en el texto, pueden ser dirigidos al email: reportur@adobe.com”, dice el comunicado publicado en “El Observador”.
A esto se suma que Couto declaró en su momento que el dinero que él le cobraba a los medios tenía un destino que no se podía hacer público y que quedaba en un secreto acordado entre él y las empresas, según le dijo al semanario Brecha. “La Asociación Antipiratería es sin fines de lucro. Pero ese es un tema reservado entre las marcas y yo. Eso es un tema aparte”, contestó, al ser consultado sobre cuál era el uso que se le daba al dinero.
Precisamente, la presunta representación de Couto para reclamar en nombre de Adobe y otras empresas fue “reconocida” por la jueza Facal cuando decidió dar curso al juicio contra El Eco.
Ante el comunicado de Adobe, la APU y CAinfo reclaman que esta situación sea aclarada y que la jueza Facal libere los equipos de “El Eco” para que el semanario pueda ser editado de manera normal.
Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo)