"El nene era gay", fallo atroz
Urgente tratamiento de Juicio Político a jueces Horacio Piombo y Ramón Sal Llargués
por Maria Santiago - Bs As
Los jueces Piombo y Sal Llargues tienen que ser sometidos a juicio político y destituidos de inmediato", dice María, creadora de la petición. Ella creó esta petición luego de conocerse el fallo en el que los jueces justifican la violación de un nene de 6 años porque "tenía una orientación homosexual". Esto generando muchísima indignación. "Protejamos y defendamos a los niños", dice María.
PETICIÓN Firmá y compartí
Los jueces Horacio Piombo y Ramón Sal Llarguésemitieron un fallo en el que redujeron la pena de un violador argumentando que el niño víctima del abuso tenía "una orientación sexual homosexual y estaba habituado a que lo abusen por lo que el abuso pasó pero no fue tan ultrajante"
Este no es el primer fallo en ese sentido, en 2011 solicitaron la reducción de la pena impuesta a un Pastor acusado de abusar de dos niñas de 14 y 16 años, argumentando que "son de un nivel social que acepta relaciones a edades muy bajas".
Este es un hecho aberrante e intolerable, estigmatiza y responsabiliza a las víctimas, defienden a violadores y pedófilos.
Estos dos individuos deshonran al poder judicial y ofenden la dignidad humana, no podemos permanecer indiferentes, no debemos tolerar que sigan en sus cargos cometiendo estas infamias.
Muchas gracias
La perversión del lenguaje es un objetivo crucial de los opresores
Tenía razón Orwell, ¡qué novedad!
La presidenta habló ayer en la inauguración del centro Néstor Kirchner, la Yacyretá del kirchnerismo.
Por cadena nacional.
Seguramente, como exige la ley, para esclarecer una situación grave, excepcional o de trascendencia institucional. ¿O acaso la autoridad máxima del país cometería un acto abiertamente ilegal?
Referirse al contenido de los más de 26 minutos del mensaje sería abundar en los remanidos tópicos de la verborragia kirchnerista.
Además, para qué, si en solo cinco palabras Krisabelita nos da la clave para interpretar el signo y el propósito de su gobierno, y también los del peronismo de todos los tiempos.
Quien quiera escuchar de primera mano esas cinco palabras, además de en el sitio Casa Rosada, puede hacerlo aquí, en 0’50’’:
https://www.youtube.com/watch?v=WR8-dvDi5Wk&feature=em-subs_digest
¿Cuáles son? Estas: "...los compañeros de la construcción" (dice la empresaria multimillonaria).
Una ideología que corrompe así el lenguaje y el razonamiento no puede ser otra cosa que letal para un país, pero, sobre todo, para quienes necesitan comprender para salir de su condición de explotación y opresión: los trabajadores y demás sectores vulnerables.
Degradación del lenguaje, degradación del pensamiento. Armas de dominación, en definitiva.
Adhesión de Agrupación Lucrecia Barredes a Declaración Pública contra el TISA
Declaración pública
Montevideo, 22 de mayo de 2015
Los abajo firmantes, ciudadanos y ciudadanas provenientes de distintos ámbitos e instituciones comprometidos con el rumbo de la vida nacional, desean expresar su fuerte preocupación respecto a la participación uruguaya en las negociaciones para el acuerdo denominado TISA (Acuerdo en Comercio de Servicios), sobre las que hemos podido obtener información fragmentada y tardía. Este último señalamiento no resulta un aspecto menor a propósito del involucramiento del país en negociaciones de tan extraordinaria implicancia estratégica y ajenas a las garantías mínimas que ofrece la negociación multilateral
Las negociaciones TISA abarcan un amplio rango de temas como la energía, el agua, las telecomunicaciones, el servicio postal, la educación, la salud, el medioambiente, el empleo, el transporte aéreo y marítimo, los servicios financieros (bancos, seguros, créditos no bancarios, otros), las compras públicas, entre otros. En torno a estos temas, y ante las resistencias encontradas en las negociaciones en el ámbito de la Organización Mundial de Comercio (OMC), las grandes potencias y las empresas transnacionales han impulsado en las últimas décadas una agenda de extrema liberalización y desregulación, que procura el avance del mercado por sobre la lógica tradicional del accionar del Estado en beneficio de la producción, de los sectores populares y como motor de acciones estratégicas para el desarrollo nacional
Es particularmente preocupante la concesión de trato nacional a las empresas extranjeras (salvo casos de excepción expresa) con la consiguiente eliminación de las prioridades a las empresas nacionales en general, públicas o privadas, y a las pequeñas y microempresas. Una consecuencia del TISA será el debilitamiento de la protección a los trabajadores y trabajadoras, y el retroceso del Estado -con el menoscabo de sus empresas públicas- como motor del desarrollo. El TISA no reconoce las profundas asimetrías entre los países -no contempla el Trato Especial y Diferenciado- y trastoca la cláusula de salvaguardia, que tradicionalmente ampara a un Estado ante el exceso de importaciones en un sector, atándola a eventuales desequilibrios en la balanza de pagos, que quedan sujetos al monitoreo del Fondo Monetario Internacional volviéndose, en definitiva, un amparo para el país exportador.
Es especialmente condenable la naturaleza secreta de las negociaciones del TISA y la falta de información y participación de las y los ciudadanos, en lo que configura una verdadera práctica antidemocrática, mientras las grandes corporaciones de los países desarrollados definen la agenda de temas, controlan y pautan la negociación e imponen las grandes definiciones
Los gobiernos de los países desarrollados que impulsan el TISA siguen una estrategia que ha sido calificada con acierto como de “patear la escalera”, impidiendo la evolución del resto de los países al desarrollo de capacidades y tecnologías que ellos ya han alcanzado.
Es nuestra convicción que la adhesión de un país como Uruguay al TISA significa afectar su desarrollo futuro, la transformación de su matriz productiva y sus perspectivas de crear una sociedad más prospera y más justa.
Uruguay tiene poco para ganar en este acuerdo y mucho para perder. Es imperioso que se evalúe adecuadamente y en su limitada dimensión para el proceso de desarrollo del país, los beneficios que se derivarían de la expansión de los Servicios Globales de Exportación, desde zonas francas. Ante los eventuales beneficios que de ahí se derivarían se pone en juego la autonomía de las políticas públicas en las más diversas áreas. Las normativas en materia de relaciones laborales, seguridad social, protección al medioambiente, regulación del sistema financiero, promoción del derecho a la salud o la educación serán evaluadas en función de su “objetividad, razonabilidad e imparcialidad” y pueden ser cuestionadas o impugnadas en la medida en que menoscaben el interés de las empresas extranjeras
La permanencia de nuestro país en las negociaciones tiene, además, fuertes impactos en materia de su inserción internacional. Implica un movimiento de apertura irrestricta al resto del mundo y de debilitamiento del espacio regional como ámbito de referencia. Una eventual adhesión del país a este tipo de acuerdos conllevaría importantes daños a nuestra estrategia de desarrollo
Por todo lo expresado esperamos un debate público genuino y profundo sobre estos temas de gran relevancia, para lo que resulta imprescindible la postergación de la presentación de la lista de oferta uruguaya, lo que implicaría la aceptación de condicionamientos y restricciones contrarios a la defensa de los intereses nacionales. Alertamos respecto a los peligros que entraña este acuerdo y sostenemos la inconveniencia de la permanencia de nuestro país en una negociación de esta naturaleza.
La presente declaración se encuentra abierta a nuevas adhesiones
Saludan atte.
Marcelo Abdala, Óscar Andrade, Felipe Arocena, Rodrigo Arocena, Viviana Barreto, Gustavo Bittencourt, Gerardo Caetano, Julio Calzada, Lilián Celiberti, Roberto Chiazzaro, Isabel Clemente, Roberto Conde, Alberto Couriel, Omar Defeo, Álvaro Díaz, José Díaz, Raúl Donangelo, Adolfo Elizaincín, Wilson Fernández Luzuriaga, Julio Ángel Fernández, Wilson Nerys Fernández, Fernando Gambera, Macarena Gelman, Daniel Gil, Carlos González, Jorge Irisity, Roberto Kreimerman, Gustavo Leal, Joselo López, Susana Mallo, Roberto Markarián, Marcelo Mondelli, Constanza Moreira, Karin Nansen, Pedro Narbondo, Daniel Olesker, Álvaro Padrón, Ricardo Pallares, Gabriel Peluffo, Fernando Pereira, José Manuel Quijano, Gonzalo Rodríguez Gigena, Octavio Rodríguez, Enrique Rubio, Alejandro (Pacha) Sánchez, Rafael Sanseviero, Jorge Schellemberg, Judith Sutz, Maren Ulriksen, Daniel Viñar, Marcelo Viñar
El feo rostro de la política israelí de la vivienda en números
12 mayo 2015
Desde que se apoderó de Cisjordania en 1967, Israel ha ejercido un férreo control sobre todos los aspectos de la planificación urbana y rural tanto para los palestinos como para los colonos judíos en un área que cubre más del 60 % del territorio.
Aunque los colonos pueden conseguir con facilidad permisos para construir, todo lo contrario sucede con los palestinos, que se ven forzados a construir ilegalmente mientras que Israel derriba todos los años centenares de estructuras no autorizadas, según dicen los grupos de derechos humanos.
Más del 60 por ciento de Cisjordania está clasificada como Área C (alrededor de 360.000 hectáreas), donde Israel ejerce un control total sobre la seguridad y, también, sobre los asuntos civiles, que son gestionados por la Administración Civil, un departamento del ministerio de defensa israelí.
Los datos de la ONU muestran que unos 298.000 palestinos viven en el Área C, agrupados en 532 áreas residenciales. Además, unos 341.000 israelíes viven en 135 asentamientos y 100 o más puestos avanzados no autorizados.
Menos del uno por ciento del Área C está designado para desarrollo palestino, según la ONU, mientras que el 70 por ciento está destinado a los asentamientos israelíes. La construcción palestina en el 29 por ciento restante del Área C está sometida a severas restricciones y es prácticamente imposible llevarla adelante.
Desde que se firmaron los Acuerdos de Oslo en 1993, Israel ha emitido más de 14.600 órdenes de demolición, según la ONG israelí Bimkom, dedicada a los derechos de planificación. Hasta el momento, han sido efectivamente demolidas alrededor de 2.925 estructuras.
Alon Cohen Lifschitz, arquitecto y miembro de Bimkom, estima que hay una media de dos estructuras por cada orden de demolición, lo que significa que, en las dos últimas décadas, Israel ha emitido avisos de demolición para casi 30.000 estructuras propiedad de palestinos.
El año pasado, Israel expidió 911 órdenes de demolición por carecer de permisos de construcción. En estos momentos, hay más de 9.100 órdenes de demolición pendientes de ejecución, según Bimkom.
Las estructuras van desde una casa a un cobertizo para animales, una carretera o una valla, cimientos, infraestructuras, cisternas, pozos, cementerios y paneles solares, entre otras cosas.
Desde 1996, Israel solo ha concedido unos pocos cientos de permisos de construcción para estructuras palestinas. Según Amnistía Internacional, entre 1996 y 1999, Israel solo había otorgado 76 permisos de construcción a los palestinos. Y entre 2000 y 2014, solo se expidieron 206 permisos de construcción para los palestinos, según Bimkom. En 2014, las autoridades israelíes solo otorgaron un único permiso de construcción a los palestinos.
En el Área C, funciona un sistema de planificación de dos tercios basado en criterios étnico-nacionales: un sistema de planificación civil y representativo para los colonos judíos y un sistema militar, sin asignaciones para los palestinos, según dice la ONG Rabinos por los Derechos Humanos.
En la planificación para pueblos palestinos, los objetivos son limitar el uso del suelo y promover la construcción densa, mientras que en los asentamientos, la tendencia es frecuentemente la contraria: incluir tanto suelo como sea posible y crear un hábitat con baja densidad de población.
Fte.: Ugly face of Israel husing policy in numbers, Middle East Online, 10/05/2015
Traducción: Javier Villate (@bouleusis) envió L.Sabini