Están naturalizando la tortura

Legalizando la sociedad carcelaria, se viene El Guardián

¿No es hora de decir ¡BASTA!?

Las imágenes de la represión a jóvenes por parte de funcionarios del hogar Ceprili del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU),son más poderosas que mil palabras. Pero sin duda no debemos callar. Esta afrenta a estos gurises es la afrenta a todos nosotros y a la memoria

Las imágenes de milicos yanquis golpeando y matando negros por ser negros no tienen nada de diferente con la actuación de esta patota organizada, siendo amparados por el dirigente Joselo López del SUINAU, y por todos los que no hablan y estuvieron en esa Asamblea que irrumpe y reprime

Las palabras del Sr. Joselo López para justificar el video trascendido fueron: “Normalmente se actúa así. Es parte del protocolo”. Sus palabras, nos devuelven el carácter de dirigente que es y tienen el mérito de develar sin tapujos el habitual comportamiento tras los muros. Y preguntamos: ¿no es complicidad la de sindicatos que callan, contemplan y justifican las estrategias destructivas contra los más desamparados? Rescatamos  la conducta de quienes han denunciado una y otra vez cuál es el sistema, cuál es la política que sostiene estas prácticas sistemáticas.

Este mal trato convertido en acciones diarias nos da la real dimensión del régimen que se aplica a niñas, niños y jóvenes. La violación, la prostitución, la tortura sigue instalada.

Las palabras del ahora dirigente del PITCNT, que acaba de recorrer Europa en nombre de los trabajadores uruguayos, son la naturalización de estas prácticas represivas. Es decir, lo que hace el Estado en barrios, comisarías, cuarteles y cárceles

Las potentes imágenes no son lo único importante. Estas acciones, al igual que Joselo, tienen defensores y no son solo abogados. Emanuel Seropián, quién se definió como compañero del dirigente en su cuenta de Facebook, dijo “Yo no vi ningún exceso de fuerza y me pareció que se manejaron bien, protegiéndose en primer lugar los funcionarios, como corresponde. Los internos del SIRPA no son carmelitas descalzas, no son pobres huérfanos sin hogar, son delincuentes menores de edad que comenzaron rompiendo una tapa de cemento (rompen bienes públicos) para obtener piedras (objetos contundentes) y uno se pregunta ¿con qué fin? ¿Pacífico? ¿Qué era eso sino un inicio de un motín y de una agresión mayor, con intención de romper más los bienes públicos y con la intención de agredir a los funcionarios? Se ve claramente que estos delincuentes allí encerrados no tienen respeto alguno por la autoridad (si lo hubieran tenido alguna vez no estarían allí) (…).

”Toda una mentalidad reflejada en pocas líneas. Todo un alegato a favor de mantener cárceles y carceleros. Toda una alegoría que defiende el status actual, la “autoridad”, que carece de sueños. Es así como piensan muchos: “No hay otra que reprimir”

Sabemos bien que el sistema no crea carmelitas descalzas, crea la horrenda barbarie de pobres contra más pobres. La justificación de la represión, la tortura, el abuso, tiene implícita la violación de los Derechos Humanos (DDHH)y la fundamentan en que “¡son delincuentes irrecuperables!”.Pero están hablando de jóvenes, niños o niñas. Así el Estado se deslinda de la responsabilidad que tiene en las conductas de estos jóvenes, como si nada tuviera que ver con la violencia que se expande

La defensa de los derechos de los trabajadores no justifica que estos asuman la violación de los DDHH. La seguridad de los trabajadores no justifica ni los habilita a  reprimir. Ese perverso planteo naturaliza la oscura condena  a los gurises. Si debemos luchar por cambiar las cosas, ¿No es más humano tejer las redes solidarias que nos diferencien del enemigo del garrote?

El Sr. Joselo López–Sr. porque no es compañero nuestro-, vicepresidente de la Mesa Representativa del PIT-CNT, dice que estuvo allí como garante. ¿Garante de qué? ¿De qué golpearan a los gurises? Hace poco, el dirigente López asumió ese rol sindical en la central de trabajadores con el voto de más de mil delegados en el último Congreso del PIT-CNT. ¿Qué harán ahora?

Hace algunos días, Aníbal Corti escribió en el semanario Brecha que con esta promoción de Joselo se ha optado“ por ser moral y políticamente cómplices de la tortura en los centros de detención de adolescentes del INAU”

Nosotros y nosotras no queremos mirar para otro lado. Por eso no solo condenamos la larga lista de violaciones en estos sitios, condenamos al sistema del encierro en sí, condenamos la impunidad de ayer y hoy, condenamos las torturas de ayer y hoy

Todos estos delitos cometidos contra cualquiera en cualquier lugar del mundo y tiempo merecen memoria y condena social, merecen justicia

Tanto los torturadores como los que miraron sin intervenir, intervinieron. El sistema represivo es eso, un sistema. Actúa en cadena: alguien mandó a matar o torturar, alguien torturó, alguien ejerció el abuso; todos deben ser repudiados

Es  igual a lo que fue bajo el terrorismo de Estado, el que miró como violaban a una compañera, hoy el que vende a gurisas del INAU en Rivera para ejercer la prostitución, el que dispara sin más a un gurí en la calle. Todos son culpables. No hay obediencia debida que los justifique. Y si Joselo López “garantizó” la aplicación de ese protocolo merece el repudio, al igual que los que salen a ampararlo sosteniendo que la única salida es la defensa a ultranza

¿O acaso no debemos matar en nosotros al milico que llevamos dentro? Si nos creemos el discurso de una sociedad compuesta por “buenos trabajadores” o “buenos vecinos” por un lado y los “delincuentes” por otro, caemos en una moderna teoría de los dos demonios. Antes eran los tupas y los milicos fachos; ahora son “los buenos” y “los delincuentes”

¿Acaso no sabemos quiénes somos? ¿Acaso no sabemos quiénes son? Para nosotros y nosotras la base sustancial de esa violencia está en la injusticia social. Es la que toma nuestras vidas para su existencia, que se cobra la vida de tantas mujeres, niños, niñas y jóvenes, de seres indefensos, la que nos encierra tras las rejas, tras las empresas de (in)seguridad y tras El Guardián. La que se refleja en la obscenidad de la riqueza y la vida esclava de la mayoría de la humanidad. Para justificarla y perpetuarla se edifican más cárceles, se sancionan más leyes que solo amparan y profundizan este estado de impunidad

Nosotros queremos construir sueños: otra sociedad es posible

Es hora de actuar contra esta sociedad carcelaria, en la cotidianidad de nuestras cabezas y acciones

Es hora de rechazar los asquerosos intentos de “reformar las cárceles” y de oponernos a este sistema de muerte. Es hora de ejercer la solidaridad

Contra la impunidad de siempre, memoria y justicia

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Plenaria Memoria y Justicia

Lecciones de humanismo de un Uruguay post dictadura

"Salgo a caminar por la vereda virtual del Uruguay; siento al caminar todo el dolor de un pueblo que sufrió persecución, tortura, desaparición..."

Piso hoy esta región indiferente al dolor y un caudal de sangre indignada en mis venas necesita liberar su voz"

Primeramente quiero referirme al trato recibido por el ciudadano sirio que ingresó a Uruguay con documentos falsos, que era un hombre que escapaba de una guerra atroz organizada como tantas otras por el gran amigo del gobierno progresista del Frente Amplio, EE.UU.

Nada importó la terrible historia personal de este hombre y su hijo a estos exguerrilleros de pacotilla que forman parte del gobierno y a esos expresos que en su momento buscaron refugio; también integrantes de este 'admirado gobierno'

Hablarán de 'seguridad', de que no vaya a ser un 'terrorista', que hay que pensar en la seguridad nacional, que si su hijo es o no su hijo; y cuanto cuento quieran adornarlo.

Exigir una fianza a personas que escapan prácticamente con lo puesto va más allá del ridículo, pero nos habla claramente del verdadero 'ser' de ese FA, que cumple con cuanto Israel y Estados Unidos le imponen.

El excarcelamiento se solucionó al ser paga la fianza por la ex vicecanciller Belela Herrera y otras personas solidarias que juntaban el dinero.

Uruguay no está preparado para recibir refugiados, ni lugares reales de acogida ni personal. Al mismo tiempo, quiere cumplir su rol de país moderno, y actúa como España, Inglaterra, Australia, y otros tantos países "democráticos", de un mundo cada vez más deshumanizado. 

Con la diferencia, que este democrático país en su historia reciente está plagado de impunidad.

No alcanzaba con esto, al niño lo metieron nada más ni nada menos que a la INAU, un nuevo centro de tortura en democracia

Las exigencias de las autoridades son realmente inquietantes, por más que las disfracen como las disfracen.

Ahora una pregunta para aquellos que fueron refugiados políticos: durante el tiempo de la dictadura cuántos de ustedes entraron a las embajadas uruguayas? (territorio nacional)

Muchos, incluida yo, al llegar a Suecia, no tenía documentos (a no ser una cédula caduca) y el CPS otorgado por Naciones Unidas.

Ninguna autoridad sueca me exigió a mi u a otros partida de nacimiento propia ni por hijos. Por lo tanto, esta exigencia como dice Belela Herrera es brutalidad y violan la ley de refugio

Yo agrego, el humanismo, el entendimiento, la solidaridad y la comprensión

Además siento una enorme tristeza, decepción por la mayoría de aquellos que dicen trabajar por los derechos humanos, con o sin comisiones, esto dicho con tono moderado.

Por qué esto también forma parte de 'la verdad' que exigimos para que no vuelva a pasar

José Lorenzo López

Este señor represente sindicalista de la INAU, miembro del PIT-CNT, educado en la 'universidad', del Dr. Honoris Causa por la UBA "ejemplo cotidiano que da muestras permanente de humidad y coraje cívico", y sobre todo "el perdón a los pecados a sus viejitos militares" es el ejemplo viviente y actual del Reino de la Impunidad

Niegan los horrores que desde siempre viven estos jóvenes ya desechados de la sociedad, sin derechos, sin ser creídos en las sistemáticas denuncias, y olvidando las autoridades a aquellos que pagaron con sus vidas en estos centros.

Justificarse, justificarse. Mentira sobre mentira

Estos 'sindicalistas' reciben buenos sueldos y no llegaron a estar donde están por no haber sido 'su carnet de buena conducta'. No se puede justificar con que se 'cumplían órdenes', ya miles de ciudadanos supieron en carne propia que también los militares cumplían órdenes y muy libres están.

Quién tortura debe ser castigado con cárcel, retirado inmediatamente del PIT-CNT, rechazado por la población.

Y otra vez estamos en el mismo lugar. A pocos les importa el destino de estos jóvenes marginados. Son un problema de inseguridad

No es lo mismo torturar a desclasados que torturar a otros por sus ideales políticos, No es lo mismo el dolor de una madre también desclasada que el dolor de una madre de un hijo ex preso político.

Por supuesto ante la denuncia de un vídeo, ahora dicen que es trucho.

Hay una realidad que salta a la vista; esta gentuza que trabaja en los centros no está capacitada de ninguna forma para trabajar con jóvenes con diversos problemas, muchos de ellos seguramente no han completado sus estudios y caen para milicos de centros; además de algún amigote que los ha acreditado por un voto.  Corrupción.

No se encierran tras las rejas para socializarlos, educarlos, darles oportunidades, por comenzar.

No es una tarea fácil, requiere además de conocimientos una vocación, una enorme paciencia y saber practicar 'castigos' a un comportamiento inapropiado; castigos al comportamiento no a la persona, pero jamás agresión física o verbal.

Pero especialmente una capacidad de amar a otro ser humano para darle una oportunidad.

No hay interés alguno tampoco en esta réplica de gobiernos frenteamplistas que no se haya practicado anteriormente con gobiernos de la llamada oposición.

Seguirá pasando, nada cambia si el pueblo no toma conciencia.

Es fácil endemoniar

Es cosa de esperar, cuando los malos tiempos que se vienen económicamente y socialmente comiencen a lanzar al marginamiento a los que hoy están en los límites de la pobreza, a aquellos que hoy 'mentalmente' se consideran clase media sean lanzados a ocupar la lista creciente de los nuevos 'limites de pobreza'; cuando llegue el momento de rodar hacia abajo; lamentablemente nuevos jóvenes ocuparán el lugar de los que hoy son agredidos, por los representantes de la nueva impunidad

Por los despreciados de la sociedad no hay marchas, comunicados, solidaridad

Éste es Uruguay. Progresista, Neoliberal, de gobierno 'popular'

Y este Uruguay duele. El indiferente

Pelusa

Sobre la brutalidad "sindical" de Joselo y su banda

Una vez más queda demostrado que los que ejercen de carceleros (aunque ahora lleven el nombre de operarios y estudien de educadores sociales), así como los policías y afines, no son ni serán nunca compañerxs. No deberían considerarse parte del movimiento obrero, pues no lo son, han elegido su bando: el de los patrones, el de aquellos que protegen el sistema.

Fuera carceleros del movimiento obrero!

Solidaridad con los pibes presos!

Por la abolición de las cárceles y el sistema que las necesita!

AIU 

 a-infos uruguay

Saludable. Es la primera reacción de un conjunto de organizaciones sociales. La declaración denuncia y rechaza, de manera categórica, las torturas a jóvenes en las cárceles del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SIRPA) y en los “hogares” del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). Hasta el momento, ni la dirección del PIT-CNT, ni ningún sindicato, se han pronunciado sobre las repudiables acciones protagonizadas por la patota lumpen que encabeza Joselo López, vicepresidente del PIT-CNT (ver nota y video en Correspondencia de Prensa, 5-8-2015). Tampoco han manifestado opinión alguna las diversas agrupaciones sindicales del llamado espacio clasista y combativo. Confirmando que, en cuestiones de “principios”, hay “un solo movimiento sindical”. Tal cual reza el lema distintivo del PIT-CNT. (Redacción de Correspondencia de Prensa)

Montevideo, 6 de agosto de 2015

El Comité de los Derechos del Niño Uruguay y las organizaciones firmantes ante un nuevo episodio de violaciones a los derechos humanos en cárceles de adolescentes reitera:

1- Estos episodios de violencia institucional son parte de una lógica de ejercicio del poder instaurada desde hace más de 20 años en estos centros, que se han expandido y profundizado como forma habitual de práctica desde la pasada administración. Estos métodos cotidianos de trato con adolescentes detenidos son los que hemos denunciado junto a los familiares de los detenidos y a lo que se ha respondido con silencio, con ataque a los denunciantes o, directamente, con el aval u ocultamiento de las prácticas denunciadas.

2- Los protocolos internos de actuación, aprobados por el Estado uruguayo de acuerdo a la normativa internacional vigente, establecen: “Sólo podrá hacerse uso de la fuerza o de instrumentos de coerción en casos excepcionales, cuando se hayan agotado y hayan fracasado todos los demás medios de control y sólo de la forma expresamente autorizada y descrita por una ley o un reglamento .”

3- La banalización de la tortura y los ataques de dirigentes sindicales a las organizaciones defensoras de DDHH toda vez que toma estado público un episodio de violencia institucional, forman parte de una triste página que aleja al sindicalismo de su otrora rol en defensa de las causas más elementales de derechos humanos. Solamente con la actuación judicial no se termina con la cultura de la tortura. Por eso es responsabilidad de los integrantes de la central de trabajadores condenar, desterrar y eliminar estas prácticas. Nada nunca puede legitimarse en el presente cuando se actúa a la sombra de las herramientas heredadas del Terrorismo de Estado.

4- Exigimos una pronta actuación de la justicia penal ante las denuncias presentadas. Exhortamos al sistema de justicia de adolescentes (jueces, fiscales y defensores) a que termine con la desidia institucional para que otorgue las garantías del debido proceso a los adolescentes privados de libertad. Demandamos más presencia en los ámbitos que correspondan para prevenir y desactivar estas situaciones.

5- Solicitamos a los partidos políticos una manifestación clara acerca de la violencia institucional en el sistema de privación de libertad adolescente y, a su vez, un cambio radical en las políticas públicas en materia de administración de justicia penal juvenil. Puesto que todos los partidos aprobaron -en los últimos años- leyes de carácter netamente regresivo, que promovieron la criminalización de los adolescentes y fomentaron el populismo punitivo. Los discursos pronunciados por actores políticos, sindicalistas y operadores del sistema de justicia son construidos bajo una misma matriz de hegemonía conservadora.

La tortura no se negocia. Se denuncia y se investiga.

Adhieren:

Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos/ Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU)/ Comité de los Derechos del Niño Uruguay (CDNU)/ PRODERECHOS/ Casa Bertolt Brecht/ Mujer y Salud en Uruguay- MYSU/ Cotidiano Mujer/ Mujer Ahora/ Ovejas Negras/ Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR)/ Servicio Paz y Justicia Uruguay (SERPAJ)/ Centro de Archivos y Acceso a La Información Pública (CAINFO)/ El Abrojo

Coordinadora de Apoyo a Madres y familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos/ Gurises Unidos/ RebelArte/ Agencia Voz y Vos/ El Tejano/ Luna Nueva/ Red Uruguaya Contra la Violencia Doméstica y Sexual / Te Digo la Otra / Defensa de los Niños Internacional- DNI/ Asociación Civil El Paso/ Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar (RELAF)/ Instituto de Promoción Económico y Social del Uruguay (IPRU) / Ciudadanías en Red (CIRE)/ Comisión NO a la baja Flores/ Comisión NO a la baja Salto

Ni obediencia ni protocolos debidos

Un video que muestra  como menores internados son  golpeados por una patota de funcionarios ha  conmocionado  a la sociedad. Ante un hecho de clara apariencia delictiva la Directora del SIRPA, lamentablemente en solitario, sin el respaldo de los demás integrantes del organismo, hizo lo que debía hacer: presentó una denuncia ante la justicia la semana pasada. La INDDHH resolvió acompañar la misma.

En el marco del cumplimiento de sus obligaciones legales, la Institución Nacional de DDHH (INDDHH) ha emitido reiterados informes denunciando  golpizas,malos tratos físicos y psicológicos a menores internados en el SIRPA. También ha expresado preocupación por las condiciones de reclusión que violentan las obligaciones contraídas por el Estado uruguayo.

Las condiciones carcelarias en Uruguay son un problema estructural y endémico de nuestro país, tanto para los adultos como para los menores infractores. Se trata de una problemática heredada difícil de resolver a corto plazo, aunque en los últimos añosse ha avanzado en una dirección correcta, tal como lo señaló Manfred Nowak, relator especial de las Naciones Unidas.

La constatación de episodios de malos tratos físicos y psicológicos, torturas, es harina de otro costal. La tortura es una grave violación a los DDHH.  Así ha sido establecido en nuestra legislación aunque no se haya logrado hasta el momento incorporarla al Código Penal tal como ha reclamado en reiteradas oportunidades nuestra organización.

Lo hemos señalado al referirnos al pasado reciente y lo reiteramos. La tortura es una práctica inmemorial en la historia de la humanidad, pero no por ello deja de ser una conducta abyecta y despreciable, bestial, que no admite ninguna justificación ni excusa para su empleo. Degrada a quienes la ejecutan, la ordenan, la justifican o la toleran aunque se invoquen las causas más nobles o encomiables ya sea desde el punto de vista político, religioso o por motivos de seguridad nacional.

Al constatarse una grave violación a los DDHH las obligaciones del Estado, de sus órganos, agentes, poderes, funcionarios y representantes, están reguladas detallada y pormenorizadamente por la Resolución 60/147 (*), aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en diciembre de 2005.

La Resolución 60/147 de las Naciones Unidas, sistemáticamente ignorada hasta el momento por el sistema político uruguayo a todos los niveles y las autoridades gubernamentales, poder judicial incluido, es el instrumento internacional que establece los principios básicos y los caminos a transitar. Es el estándar de calidad,   el patrón de medida,  a la luz del cual juzgar las conductas y las acciones de los gobernantes a cualquier nivel de responsabilidad cuando se constatan graves violaciones a los DDHH,como también lo remarcó el Relator Especial de las Naciones Unidas, Dr. Pablo de Greiff en octubre del 2013 cuando visitó nuestro país.

Como colectivo, para evitar los riesgos del subjetivismo y de la autocomplacencia, evaluamos la transición democrática iniciada en 1985 a la luz de ella: es el estándar de calidad, el criterio objetivo para medir los avances y definir  los desafíos pendientes de la sociedad uruguaya. Para el pasado, el presente y el futuro. 

La INDDHH es un logro de la sociedad

En el plano de los derechos humanos,  si bien todos los órganos del Estado y sus funcionarios tienen la obligación de respetar y garantizarlos junto con  las libertades fundamentales, existe un poder con responsabilidades específicas al respecto en todos los paísesdemocráticos,la experiencia internacional demostró, que era conveniente, además, la existencia de un órgano con cometidos especializados en materia de derechos humanos para asegurar su pleno respeto y vigencia.

De ahí provino la iniciativa de crear Instituciones Nacionales de DDHH (ONU, Resolución 48/134 de marzo de 1994), con el cometido de promover y proteger los derechos y las libertades fundamentales, como responsabilidad propia y de dedicación exclusiva para obtener mejores resultados.

La libertad, la justicia y la paz en el mundo, tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Las instituciones nacionales tienen el cometido de velar que ello ocurra en sus países. 

La creación de la Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo (INDDHH) en el año 2009 fue una gran conquista de la sociedad uruguaya. Se modificó positivamente la institucionalidad democrática, se profundizó la democracia reconquistada con la lucha,  la resistencia de los trabajadores y del pueblo uruguayo.

Las instituciones nacionales de DDHH son escudos para los débiles, para los ciudadanos más vulnerables y más desprotegidos de las sociedades. Los banqueros, los grandes industriales y terratenientes, los dueños de los medios de comunicación, las transnacionales, tienen los recursos y los medios, para proteger y defender sus intereses sin tener que recurrir a ellas.  

El fortalecimiento, desarrollo y potenciación de la INDDHH es imprescindible para afirmar y profundizar la democracia uruguaya, para afirmar la libertad y los derechos de los ciudadanos frente al gobierno, los poderes y la burocracia estatal. Darle mayores atribuciones legales para reforzar su potencial social y asegurar su plena independencia técnica y administrativa es un desafío para el presente. 

Las resoluciones de la INDDHH y su acatamiento por parte del Estado uruguayo, de todos sus agentes,  aunque  se denominen “recomendaciones” y no tengan carácter jurídico vinculante, son de cumplimiento obligatorio desde el punto de vista político y moral. Por lo menos para quienes estamos convencidos de que las normas de derechos humanos son un pilar básico de una convivencia democrática, pacífica, civilizada, gratificante y enriquecedora con plena justicia social. 

Cumplir con las recomendaciones de la INDDHH es una obligación, moral y política, de todos los funcionarios del Estado. Desde el más encumbrado al más humilde servidor. Para dignificar la sociedad. El sistema político como tal debe comprometerse en esa orientación y exigir que así sea.

A la luz de la experiencia, de los hechos que conmueven a la sociedad, El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) debe ser fortalecido institucionalmente, debe contar con un presupuesto autónomo y acorde a las necesidades del país.

Por si hubiera alguna duda: ante hechos de apariencia delictivo hizo bien Gabriela Fulco en recurrir a la justicia. Una vez más, nuestro pleno respaldo a la Institución Nacional de DDHH.

(*) Resolución 60/147 de la ONU: Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones.

 CRYSOL / Opinando Nº 9 – Año 4 – Viernes 7 de agosto de 2015