ROLANDO ASTARITA
En su edición del 13 de septiembre, y con el título “Caló, más complicado en la causa por lavado que salpica a la cúpula de la UOM”, La Nación informa que el Tribunal Oral Penal Económico Nº 2 dio por acreditado que los jefes de la Unión Obrera Metalúrgica se dedicaron “a defraudar en forma sistemática durante años a los afiliados del sindicato”. El caso estalló a partir de que un abogado de la UOM, Segundo Pantaleón Córdoba fue interceptado, en 2011, cuando se disponía a viajar a Uruguay con 800.000 dólares. Después de ser detenido, Córdoba declaró que él y otros 13 dirigentes de la UOM, entre ellos su secretario general, Antonio Caló, se repartieron, desde 2003, en promedio 280.000 dólares por mes. Ese dinero provenía del 20% de la recaudación que los afiliados metalúrgicos le pagan al Instituto Seguros SA por seguros de vida y sepelio. Caló, además, es secretario de la Confederación General del Trabajo, rama oficialista.
También se informa que desde fines de 2002, cuando la UOM constituyó un fideicomiso para afrontar un concurso de acreedores, la firma Donington SA, propiedad del empresario de medios Raúl Olmos, ofició de administradora fiduciaria y eje de la triangulación del dinero de los afiliados. “La denuncia de Córdoba fue ratificada por los testimonios de tres históricos de la UOM: Roberto Echenique, contador del sindicato durante 18 años; Ricardo Weisz, abogado que trabajó durante 15 años entre 1982 y 2010, y Hugo Mariano Rodríguez, otro abogado que después de revistar durante décadas en el gremio se convirtió en socio de Córdoba en sus emprendimientos privados”.
El Tribunal afirma asimismo que se creó “un entramado de sociedades en Estados Unidos y Panamá que se combina con la existencia de cuentas bancarias en Uruguay, en las que Córdoba tenía al menos 3,5 millones de dólares”, e inversiones inmobiliarias en Punta del Este y Miami. “La información surge de dos fuentes: el exhorto de la justicia uruguaya que acreditó al menos tres cuentas en el banco HSBC de Montevideo, y la constitución de las sociedades El Campanario LLC y Nasate Resources INC, y la declaración de la ex mujer de Córdoba, que reveló la existencia de otras firmas (Amarras del Sol LLC, Fullcash S.A., East Bengala S.A. y Cederlake LLC). En Miami Córdoba contaba con el asesoramiento de Álvaro Castillo, un agente inmobiliario autorizado para disponer de todos sus activos. Castillo administró propiedades de otros argentinos ligados a la UOM, como Olmos, dueño de Crónica y BAE Negocios Internacionales, con sede en Florida”. El Tribunal dispuso que Caló, y otros altos dirigentes del gremio, sean investigados por lavado de dinero; Córdoba ha sido condenado a un año y nueve meses de prisión en suspenso.
Un caso que ilumina lo general
En la Ciencia de la lógica Hegel observa que solo comprendemos adecuadamente un concepto cuando este no queda en el plano de lo general abstracto, sino cuando incluye toda la riqueza de las particularidades y singularidades que contiene. Es que desprovista de estas, la abstracción, dice Hegel, “no alcanza… sino a universalidades carentes de vida y de espíritu, sin color ni sustancia” (p. 547. edición Hachette). Por eso, la forma en que los dirigentes de la UOM se apropiaron de fondos generados por los afiliados; los canalizaron a negocios capitalistas; se vincularon con el capital globalizado (bancos internacionales, propiedades inmobiliarias en Miami, fondos en Panamá, etcétera); y pudieron hacerlo durante años sin ser estorbados por los gobiernos de turno ni por altas instancias del Estado, da “color y sustancia” a la noción de burocracia sindical. Y a partir de este “contenido concreto”, que se repite, con leves variaciones, en la mayoría de los gremios afiliados a la CGT, nos vemos impulsados a repensar las categorías con que se define la naturaleza social de esta dirigencia.
Esta reflexión parece pertinente, ya que una tesis, bastante extendida en la izquierda, y en el trotskismo en primer lugar, dice que la burocracia sindical constituye un estrato de la clase obrera. Más precisamente, se sostiene que a cambio de privilegios y prebendas, los dirigentes burocráticos garantizan la continuidad de la relación capitalista, pero no pertenecen a la clase capitalista porque, continúa el argumento, no son propietarios de medios de producción
Se podría afirmar también que la posición social del burócrata gremial es dependiente y está orgánicamente vinculada a una institución obrera, el sindicato: y que esta circunstancia define su carácter social. En cualquier caso, la tesis corre paralela a la caracterización trotskista de la dirigencia de la URSS, China y otros países de economía estatizada como “burocracia obrera”
¿Burocracia “obrera”?
Empecemos con una primera cuestión, anterior (lógica y empíricamente) al hecho de que los dirigentes gremiales sean propietarios de medios de producción: la diferencia que existe entre “tener privilegios y prebendas” y “participar de la plusvalía que se extrae a la clase obrera”. Es que tener un privilegio o prebenda (un empleo en el que se gana más dinero que el resto con menos trabajo) no determina necesariamente un cambio cualitativo desde el punto de vista de la relación social. Por ejemplo, un dirigente sindical que tiene un ingreso algo superior al de un obrero calificado y goza de ciertos privilegios (está liberado de cumplir cuotas de producción, horarios estrictos, o similares), está vinculado funcionalmente a la clase obrera, pero no es partícipe, de alguna manera definida, de la explotación de los trabajadores. Aquí lo cuantitativo –diferencia de ingreso, tareas más aliviadas, etcétera- no da lugar a una diferencia social cualitativa, que obligue a modificar la caracterización de clase. El ejemplo parece encajar en la idea de “estrato privilegiado” de la clase obrera
Sin embargo, en el caso estilo “Caló y dirigentes de la UOM”, ya no se trata de privilegios, sino de la apropiación sistemática de una parte del valor generado por la clase obrera, que debería ir al salario “social” (seguros de vida, obras sindicales, y semejantes), pero termina en los bolsillos de los dirigentes. Se trata de una apropiación repetida, realizada a partir de un poder institucionalizado, que además está amparada, la mayor parte de las veces, por el aparato de Estado, y es tolerada por el capital como un mal necesario. De aquí emana una vinculación orgánica, aunque no exenta de tensiones, de la burocracia sindical con las instituciones del capital.
Por otra parte, si bien cada vez más aparecen burócratas sindicales que son propietarios de empresas, parece acertado enfatizar que, en principio, la burocracia no es propietaria de medios de producción. Pero esto no es suficiente para definir a la burocracia como parte de la clase obrera; aunque sí es un factor clave porque determina el carácter relativamente precario de su posición social. Así, el hecho de que hoy se esté juzgando a la jefatura de la UOM por apropiación indebida de fondos, evidencia que esos dirigentes gremiales, en tanto se enriquecen por mecanismos ilegales, se diferencian del capitalista al que, por derecho, le pertenece la plusvalía que producen “sus” obreros. Por eso, bajo determinadas circunstancias, esa apropiación del excedente puede ser cortada; por ejemplo, por un proceso judicial que se desenvuelve con una lógica relativamente autónoma. Sin embargo, una participación en la explotación con rasgos de precariedad, sigue siendo, a pesar de todo, una relación de explotación. Y si un grupo social participa de la explotación de otro grupo social, no podemos afirmar que el primero pertenece a la misma clase social que el segundo. De aquí también la necesidad de profundizar en la naturaleza social de la burocracia. Obsérvese que, como lo sugerimos más arriba, en esencia, los problemas teóricos asociados a esta cuestión son similares a los que se generan en torno a la caracterización de las burocracias dirigentes de los regímenes stalinistas (ver aquí y aquí).