Por Juan Luis Berterretche*

El Supremo Tribunal Federal (STF) juzgó el 17 de setiembre una acción directa de inconstitucionalidad (ADIN) propuesta por la Orden de Abogados de Brasil (OAB), reconociendo como inconstitucional la posibilidad abierta de un financiamiento privado, por empresas de las campañas electorales. 

La ley que rigió para las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2014 logró imponer un Congreso, vigente en la actualidad, con mayoría de parlamentarios elegidos por el mecanismo del lobby empresarial. Las empresas pagan las campañas electorales con el compromiso “oculto” de los candidatos que luego como parlamentarios votan las leyes que beneficien los intereses empresariales.

Esto no significa que antes de esa ley no existieran bancadas empresariales en Diputados o en el Senado. Las grandes empresas como Gerdau o Vale, para dar sólo dos ejemplos, siempre tuvieron bancadas parlamentarias que defendían sus intereses. Pero la ley aprobada para la elección anterior facilitaba mucho la compra directa de parlamentarios a través de financiar sus campañas. Y hacía una selección “ética” de los representantes: cuanto más corrupto fueran, más financiación de campaña obtenían.

Y tuvo además otra consecuencia nefasta y es que quién se dedicó a promover y articular exclusivamente el lobby empresarial, Eduardo Cunha, terminó siendo presidente de la cámara de diputados. No por casualidad Cunha tenía la experiencia acumulada como colaborador de PC Farias y su esquema de corrupción de apoyo a Collor de Melo.

Hoy la cara visible del lobby empresarial es la bancada mayoritaria del parlamento denominada BBB (boy, bala, biblia) que unifica los diputados representantes del agro-negocio, la represión y la intolerancia evangélica

Pero los grandes medios no sacan todas las consecuencias de esta resolución del STF. La integración actual del Congreso es resultado de una ley inconstitucional aprobada por el parlamento. De manera que es obvia la falta total de legitimidad de un Congreso basado en la violación constitucional. Todas las medidas retrógradas aprobadas por este Congreso en 2015 tienen la misma ilegitimidad que el cuerpo que las votó

Existe una campaña de la oposición del PSDB y parte de los “aliados”  del gobierno, -PMDB incluido- a favor de un impeachment a la presidente Dilma Rousseff por aspectos administrativos dudosos de su gobierno. Pero en realidad es una estrategia política de “golpe blanco” para poner al país en manos de los representantes directos del capital financiero. Es una campaña que estriba en una ilegitimidad real de Dilma que ha perdido la mayoría de su apoyo popular por aplicar un ajuste fiscal contrario a la población y a lo que propuso en su campaña electoral.

La paradoja es que la resolución sobre el impeachment la debería tomar este Congreso ilegítimo resultado de una ley inconstitucional

La conclusión es obvia: la falta de legitimidad es un componente del conjunto del sistema político brasileño. Es hoy intrínseca a la institucionalidad burguesa y al actual sistema electoral corrupto de democracia representativa a la brasileña

¿No existe solución? Los pueblos del mundo siempre han recurrido a la democracia directa para emerger de estos callejones sin salida. Es necesario entonces encontrar los mecanismos que permitan que el poder emane del pueblo movilizado y se imponga anta le ilegitimidad institucional.

*Integrante del consejo de edición y redacción de Desacato.info

Joao Vaccari enfrenta 15 años cárcel por corrupción

Condenan al ex tesorero del PT por Petrobras

Agencias

Correspondencia de Prensa-Ernesto Herrera

La Justicia de Brasil condenó al ex tesorero del Partido de los Trabajadores (PT), João Vaccari, a 15 años y cuatro meses de cárcel, y al ex director de Servicios de Petrobras, Renato Duque, a 20 años y ocho meses de prisión por delitos de corrupción vinculados con el caso que investiga las irregularidades en la petrolera estatal. La pena fue dictada por el juez federal Sérgio Moro en el contexto de una nueva etapa del operativo denominado Lava Jato y convierte a Vaccari en el primer político condenado por el escándalo en la petrolera, por el que la Justicia investiga a medio centenar de dirigentes del PT y otros seis partidos. En la misma decisión, el juez dictó penas de prisión, que van de 9 a 18 años, contra otros ocho implicados en operaciones destinadas a lavar y distribuir el dinero proveniente de la corrupción

Duque, que ocupó la dirección de Servicios de Petrobras entre 2003 y 2012, fue indicado para el cargo en esa repartición por José Dirceu, otro importante hombre fuerte del PT. Dirceu, jefe de Gabinete durante el primer mandato del presidente Luiz Lula da Silva, considerado su mano derecha, actualmente está preso por otro caso de corrupción que explotó en 2005, conocido como Mensalao, y fue procesado hace unos meses por su presunta participación en delitos de corrupción en la petrolera. Se sospecha además que fue uno de los ideólogos de la red de corrupción en Petrobras, en la que habría participado aun estando preso por los escándalos de 2005. Vaccari, en tanto, es el segundo ex tesorero del PT condenado a prisión desde que ese partido asumió el gobierno, en enero de 2003 con Lula

El antecesor de Vaccari, Delubio Soares, se encuentra en prisión domiciliaria y cumple una pena de ocho años también por su participación en el Mensalao. Moro consideró a Vaccari culpable de delitos de corrupción pasiva, lavado de dinero y asociación ilícita, acusación que fue rechazada por el dirigente del PT y por esa formación. Además del ex tesorero y los dos ex altos funcionarios de Petrobras, fueron condenadas otras seis personas, entre ellas el cambista Alberto Youssef, uno de los que firmaron un acuerdo de colaboración con las autoridades, cuyas declaraciones fueron clave para que las investigaciones pudieran avanzar. Debido a que ya fue condenado en otras acciones penales vinculadas con Petrobras, las sentencias en su contra suman 32 años de cárcel, pero por el acuerdo de delación premiada –sancionada como Ley de Combate a las Organizaciones Criminales, que permite al acusado llegar a un acuerdo con el Estado en el que se le conmuta o perdona la pena a cambio de una confesión– permanecerá recluido tres años. En situación similar está el empresario Júlio Camargo, también condenado ayer, cuyas penas suman 12 años de prisión, pero permanecerá cinco años en régimen abierto diferenciado gracias a que colaboró con las investigaciones

El caso Petrobras salpica a una veintena de grandes empresas privadas, que, según las autoridades, obtenían contratos amañados con la petrolera, inflaban sus valores para luego repartir las diferencias con ex directores de la petrolera y políticos que amparaban el fraude. Entre las firmas implicadas aparecen constructoras de Brasil que operan en otros países, sobre todo de América latina, lo que llevó al organismo Transparencia Internacional, con sede en Alemania, a iniciar una investigación propia sobre los tentáculos regionales de esa red de corrupción

De acuerdo con los investigadores, las contratistas de Petrobras que formaban el llamado “Club de las Constructoras” decidían qué empresas ganarían las licitaciones, para lo cual pagaban sobornos a altos funcionarios de la petrolera y a Vaccari. Las autoridades brasileñas sospechan que parte del dinero obtenido por la red que operó en Petrobras pudo haber llegado a la campaña que el año pasado llevó a la reelección de la presidenta Dilma Rousseff, aspecto del caso que también está bajo investigación judicial

Según el portal G1, se estima que los fraudes, cometidos a través de 24 actos de corrupción, totalizaron un valor aproximado a 34,8 millones de dólares. Además, los investigadores detectaron la existencia de 503 actos de lavado por unos 74,8 millones de dólares