Clarín 23/1/16
El sindicalista jujeño Carlos "Perro" Santillán cuestionó hoy duramente a la jefa de la agrupación Tupac Amaru, Milagro Sala, a quien señaló como la responsable de "instalar la narcopolítica" en la provincia, de formar "un grupo paragubernamental" dedicado a"reprimir trabajadores" y hasta la responsabilizó por el crimen del joven Lucas Arias perpetrado días antes de las elecciones locales.
Santillán, el histórico secretario general de los municipales que encabezó fuertes protestas contra la gestión menemista en los 90, se refirió a la detención de Sala -por instigación a cometer delitos y tumulto- e ironizó al decir que "es como que metieron a Al Capone por la falta de pago de impuestos y no puede ser eso".
Sala comenzó a militar y escalar posiciones en la filial jujeña de la Asociación de Trabajadores del Estado, en la época en que el referente excluyente era "El Perro" Santillán. Hace ya muchos años que están enfrentados. Santillán suele acusar a Sala de convertirse en una fuerza de choque para romper conflictos gremiales.
Acerca de la denuncia que recae sobre Sala y funcionarios jujeños por desviación de fondos públicos, Santillán indicó que "por mes ella recibía muchísima plata, millones, y todo el mundo veía salir a los punteros de ella con las bolsas o mochilas llenas de plata del Banco Nación o Banco Macro".
En declaraciones a radio Mitre, el dirigente sindical se remitió a las investigaciones de la socióloga Laura Etcharren para decir que "Milagro Sala tendría que haber sido juzgada por instalar la narcopolítica en Jujuy" y que la jefa de la Tupac Amaru debería estar detenida "por haber sido la que promovió la venta de drogas" en la provincia.
Santillán sostuvo que "Milagro Sala desplegó toda la actitud de ser un grupo paragubernamental dentro de la provincia de Jujuy hasta reprimiendo a trabajadores, sectores populares".
A su vez, responsabilizó a Sala por ser quien "con un revolver le partió la cabeza a Lucas Arias", un dirigente social de la agrupación Corriente del Pueblo que "después de eso, a los seis meses murió".
"Responsabilidad como la que tiene uno de los funcionarios de (el ex gobernador Eduardo) Fellner, y me estoy refiriendo a (el ex ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Luis) Consentini, que hace cuatro o cinco años hizo en su despacho una zona liberada para que le partieran a Lucas Arias en tres partes el cráneo", sostuvo.
Y, denunció: "¿Quién hizo eso? Milagro Sala y su patota. Ella misma, con un revólver le partió la cabeza a Lucas Arias y por eso nadie la está juzgando"
Santillán también apuntó contra el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, al señalar que "elige arreglar con los dos lugartenientes más siniestros y perversos que tenía Milagro Sala, que son (José Luis) Bejerano que apuntó con un arma a un compañero nuestro y que hoy es concejal y dueño de una red de camionetas que van y vienen de Bolivia".
"Y el otro es un diputado, (Emilio) Cayo, que de ser desocupado en tres o cuatro años pasó a ser el regente de la noche jujeña teniendo cinco o seis boliches, multimillonario", agregó.
Por último, Santillán describió a Milagro Sala como "una cobarde" que "se rodea de mafiosos y desde ahí insulta", mientras que concluyó: "Ella viene de las clases populares y siempre estuvo amparada por alguien. Es una mujer de temerle, no por ella, sino por los patoteros que lleva siempre".
Santillán cuestionó a la dirigente kirchnerista al asegurar que "por mes ella recibía muchísima plata, millones, y todo el mundo veía salir a los punteros de ella con las bolsas o mochilas llenas de plata del banco", según consignó la agencia DyN.
Una semana detenida
La jefa de la Tupac Amaru cumplió hoy una semana de detención por instigación a cometer delitos y tumulto. Luego de que ayer se registraron algunos cortes y piquetes a favor de la liberación de Sala en distintas ciudades, la Cámara Federal de Salta rechazó una acción de habeas corpus y ratificó la detención de la dirigente social, quien pasó hoy su séptimo día detenida en un penal de mujeres.
Sala y otros funcionarios jujeños también fueron denunciados por desviación de fondos públicos
Libertad a Milagro Sala y unidad de acción
Rolando Astarita
A raíz de la detención de Milagro Sala, dirigente de la organización Tupac Amaru, me han consultado acerca de si es correcto que la izquierda participe en movilizaciones, en reclamo de su liberación, junto a fuerzas kirchneristas.
En una serie de notas de 2012, y a propósito de paros o actos convocados por Moyano y otros dirigentes burocráticos contra el gobierno kirchnerista, he tratado el tema de la unidad de acción (ver aquí, aquí y aquí) y no veo motivos para cambiar el criterio. Sostengo que se puede y se debe participar en unidad de acción con otras fuerzas siempre que esto implique la posibilidad de que los trabajadores o el pueblo avancen en demandas concretas, principalmente económicas o democráticas. Milagro Sala ha sido detenida acusada de instigación al delito y al tumulto. Se trata de un ataque al derecho de protesta y a la libertad de manifestación. El mismo se inscribe en una política que desde hace mucho tiempo están reclamando las principales fuerzas del orden, y para la cual se han ganado incluso el consenso de una parte importante de la población, molesta por los cortes de calles o rutas. Tengamos presente que no solo el PRO y los radicales quieren limitar el derecho de protesta; durante la campaña electoral el candidato del FPV, Daniel Scioli, prometió que tendría “tolerancia cero con los piquetes para no joderle más la vida a la gente” (9/11/15)
Subrayo entonces que se trata de una política de conjunto, que acompaña al “ajuste” en curso sobre salarios y nivel de vida de los trabajadores. En este respecto, existe un hilo conductor sustancial entre este ataque y la Ley Antiterrorista, que en su momento votó el kirchnerismo. Para los que están débiles de memoria: esa ley permite judicializar a cualquier militante por el simple hecho de considerar que sus acciones aterrorizan a la población, y establece penas que van de 15 a 20 años a integrantes de organizaciones consideradas como terroristas e ilícitas. No es casual que entre las cosas que Cambiemos quiere cambiar de manera urgente, no figure esa ley; tampoco es casual que los diputados kirchneristas no digan palabra sobre el asunto.
Naturalmente, acordar en un punto específico con fuerzas burguesas, no significa apoyar sus programas u orientaciones políticas. La unidad de acción se hace por puntos delimitados. Los programas, las orientaciones estratégicas, no deben confundirse; ni hay razón para ocultar las críticas y diferencias que los socialistas tenemos con las otras organizaciones. Es el ABC de la táctica de unidad de acción, que por otra parte está en la tradición del marxismo (de hecho, fue recomendada por Marx y Engels ya en 1850). En el caso que hoy nos ocupa, el punto de unión es el rechazo a que se ponga en prisión a un dirigente o militante por convocar a una movilización. Por fuera de esto, las diferencias con el kirchnerismo, y con la propia Milagro Sala y la Tupac Amaru, deben quedar claras. Los socialistas nunca deberían olvidar que el kirchnerismo es tan enemigo de la clase trabajadora como lo son las fuerzas que conforman Cambiemos. En particular, pedir la libertad de la dirigente de la Tupac Amaru no significa defender los métodos de control estatal-bonapartista sobre los trabajadores a los que recurrió sistemáticamente el kirchnerismo. En una nota anterior, he planteado:
“La crítica a toda forma de control del movimiento obrero por el Estado está en la esencia de la tradición revolucionaria del marxismo. El estatismo burgués puesto al servicio de la división, cooptación y corrupción de los trabajadores no tiene un ápice de progresivo. Pero estas prácticas hoy están naturalizadas y son justificadas por gran parte del progresismo bienpensante izquierdista, y un amplio abanico de la izquierda “nacional, antiimperialista y popular. Lo grave es cuando esta corrupción organizada penetra en las filas del movimiento obrero, divide, envenena las relaciones, amedrenta y corrompe. Y desde la izquierda marxista tenemos que admitir que amplios sectores de la clase obrera argentina toleran, por lo menos, esta injerencia sistemática del estatismo burgués burocrático. Para decirlo en las palabras de Marx, aceptar estas prácticas equivale a abandonar el punto de vista de clase” (ver aquí).
La unidad de acción por la liberación de Sala la defiendo en este marco crítico. Impedir que se mande a la cárcel a alguien por llamar a la movilización, ayuda a las luchas del pueblo. Apoyar los métodos de control burocrático, por el contrario, las debilita. Toda la cuestión táctica remite, en definitiva, a esta cuestión
La detención de Milagro Sala
Encarcelar a Milagro Sala, no darle audiencia para no reconocerle autoridad, es un error político porque la autoridad la tiene, y tratarla como una delincuente es un gesto agresivo que suena a venganza
Por Tomás Abraham 23/1 perfil.com
La detención de Milagro Sala es un hecho que es necesario discutir. No es simple. Pero su complejidad no es una excusa para saltear el tema ni para escudarse en apelaciones al famoso e infinito “contexto” para justificar lo injustificable.
Lo que hay que discutir es la causa por la que existe el caudillismo en Jujuy. Milagro Sala no es un barón del conurbano bonaerense, ni una mafiosa. Su poder territorial deriva de un fenómeno diferente, sin ser por eso novedoso ni desconocido.
Los términos que usa el gobernador Morales son desmesurados e injustos. Debemos preguntar qué es el Estado y cómo ha funcionado hasta ahora para una gran parte de la población jujeña. A quién representó siempre un juez, un policía, un gendarme, un político. Qué derecho tuvo y tiene un colla cuando es vejado en su condición humana y marginado de la sociedad.
¿Quién hacía las casas, las escuelas, los caminos, los hospitales, que se hicieron bajo la conducción de Milagro Sala? Esta labor implicó la organización de una población que decidió autogobernarse y sólo confiar en ellos mismos.
Es cierto que lo hicieron con la ayuda y la protección del Estado nacional, y que en prenda de cambio ofrecieron lealtad y apoyo político. También es una realidad que algunos de ellos tienen armas y que amenazaron a disidentes y no dejaron de extorsionar a quienes no se sometían a la jefatura de Sala.
¿Pero de dónde venían? ¿Con qué recursos contaban?
Milagro Sala no debe estar en la cárcel. Pero nada nos une con los demagogos siempre listos para vender fruta podrida. Sobran los que usan lo que sucede en Jujuy para concretar sus sueños siniestros. Aunque a algunos les parezca inverosímil, quienes quieren ver naufragar a este gobierno, piden un muerto. Están a favor de cualquier provocación que repita lo que aconteció con Kosteki y Santillán durante el gobierno de Duhalde.
Hay otros que hacen uso de un racismo progresista y claman solidaridad con la autodenominada “Negra” y denuncian a los blancos que la detienen. Es un indigenismo arribista y snob que desprecia a los aborígenes. Los tratan como una tribu monolítica confeccionada a la medida de su hipocresía. Desconoce los conflictos y las tensiones internas que tiene cualquier agrupación política, que hay muchos necesitados de bienes básicos que no aceptan el poder de Milagro Sala, que el Perro Santillán es su adversario, etc.
Si el gobernador Morales, elegido con gran cantidad de votos, quiere mostrar que el funcionamiento del Estado ha de cambiar, debe intentar dialogar una y otra vez. No creemos que la garantía de que las cosas serán diferentes y que la integración de miles de personas asistidas estará asegurada, tenga como prueba fehaciente la trayectoria del partido radical, ni de ningún otro partido. Llevará un tiempo probar que la promesa y las intenciones se convertirán en realidad.
Lo que no significa un acuerdo entre Morales y Sala, ni que el gobernador acepte la existencia de ejércitos privados o que el dinero público vaya a una sola mano sin control alguno, o que a cuatro días de su asunción el casco antiguo de la capital esté sitiado. Pero encarcelar a Milagro Sala, no darle audiencia para no reconocerle autoridad, es un error político porque la autoridad la tiene, y tratarla como una delincuente es un gesto agresivo que suena a venganza.
Epílogo: el caso de Milagro Sala
Gobernabilidad es hacer respetar la ley y la autoridad
El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, ha decidido hacer respetar la voluntad de sus conciudadanos, que en diciembre votaron un gobierno, no dos. La dirigente de Tupac Amaru había construido un gobierno paralelo en la provincia y pretende mantener ese privilegio. Pero ya no cuenta con el amparo del poder central.
La clave de la degeneración de la Tupac Amaru hay que buscarla en el poder kirchnerista. La organización de Milagro Salas no ha sido siempre lo que es hoy: empezó siendo un movimiento social bien estructurado y pasablemente administrado. Por comparación, la Tupac Amaru fue un testimonio de la corrupción temprana de otras semejantes de la época (las de D’Elía o las del tándem Bonafini-Shocklender, “Sueños Compartidos”). La Tupac Amaru organizó, creó escuelas, fábricas y talleres, construyó efectivamente barrios y viviendas, mientras otros incumplían los objetivos aunque cobraban los dineros oficiales.
Lo que hizo la Tupac Amaru lo hizo, ciertamente, empleando recursos estatales y usurpando paulatinamente funciones del Estado. En el camino, generó su propia “fuerza policial” para hacerse obedecer. El mecanismo terminó de desbarrancarse cuando Salas fue definitivamente cooptada por el kirchnerismo y pudo disfrutar un poder omnímodo que ya era disfuncional para el gobernador peronista anterior y que ahora sólo subversivamente puede existir en las mismas condiciones.
Morales hace lo que debe hacer cuando impide esa función. Pero su desafío no se agota allí: debe mostrar que el estado jujeño es más eficiente y honesto que la estructura de Salas para cumplir las expectativas de los sectores vulnerables de la provincia.
Jorge Raventos
Las amenazas a la gobernabilidad
Panorama político nacional de los últimos siete días
Jorge Raventos
El Foro de Davos le ofreció a Mauricio Macri un escenario temprano y óptimo para empezar a cumplir uno de sus objetivos: volver a ubicar a la Argentina en el mundo.
Lo hizo con inteligencia: llevó de acompañante al dirigente opositor individualmente más representativo (Sergio Massa, con una fuerza política nueva que él creó y conduce, sacó el 20 por ciento de los votos en una primera vuelta polarizada) y el que más rápidamente se ubicó en una actitud colaborativa.
Así, Macri no se presentó como una estrella solitaria, sino como presidente de una Argentina plural, sólida, moderna, abierta al diálogo y dispuesta a asumir compromisos y responsabilidades en el mundo. Todos indica que el mensaje fue recibido: Macri , Massa, la canciller Susana Malcorra, el ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay hablaron con autoridades de Estados Unidos, el Reino Unido, Israel, Francia, con empresarios de las grandes corporaciones, con inversores. Vuelven al país con el viento en las velas. Ya de regreso, hay que atender los asuntos domésticos.
La política y la gobernabilidad
El gobierno de Macri transita aún el llamado período de gracia. El receso del Congreso lo faculta a gobernar con decretos, pero prácticamente dentro de un mes, tendrá que hacer pasar leyes por Cámaras legislativas en las que su coalición Cambiemos está en minoría (particularmente en el Senado, donde la representación del Frente para la Victoria mantiene un alto peso residual).
Macri navega impulsado por la corriente de opinión pública que lo llevó a la Casa Rosada. Aunque en las urnas Mauricio Macri obtuvo 52 por ciento de los votos, las encuestas levantadas a un mes de iniciada la gestión muestran que el respaldo (imagen positiva, confianza en el gobierno) se ha extendido.
Sergio Massa, que procura componer con el gobierno los cimientos de un nuevo sistema político expresando una oposición razonable que ejerce el apoyo crítico, se beneficia con la misma ola de aprobación a Macri. En rigor, su rédito es proporcionalmente mayor: obtiene porcentajes de simpatía similares a los del presidente (y hasta un poco mayores), pero no parte de un 52 por ciento en las urnas, sino de un 20 por ciento en la primera vuelta.
La foto de la actualidad es elocuente: la sociedad que pidió el cambio quiere que el cambio avance y premia a los que colaboran con él (incluso a los críticos razonables)
El kirchnerismo cerril expresa todo lo contrario: una oposición nostálgica y completa que, además, simula una fuerza que ya no tiene. Confesión implícita: ahora promueve la “micromilitancia”. Levantan palcos encabezados por Guillermo Moreno, Luis D’Elía, Bonafini y La Cámpora. Las dimensiones liliputienses y las presencias rocambolescas ahuyentan inclusive a kirchneristas moderados
Tribulaciones peronistas
Si Sergio Massa, desde el Frente Renovador (y cerca de él, José Manuel De la Sota desde el peronismo-nunca-kirchnerista) avanzan viento en popa con su postura de apoyo crítico/oposición constructiva al gobierno de Macri, en el peronismo que se mantiene aún bajo la sombrilla del Frente para la Victoria se produce una tendencia en el mismo sentido: se trata de no quedar pegados al negativismo que se predica desde Calafate (que desemboca en un apostolado faccioso, intenso…y “piantavotos”) y de evitar al mismo tiempo que sean Massa y De la Sota los beneficiarios del realismo político de los peronistas.
En ese movimiento se genera una policromía de posturas y fuertes pulsiones disgregatorias contenidas instintivamente por la antigua cuestión: “¿desparramados qué hacemos?”
Sin duda el gobernador salteño Juan Manuel Urtubey ha sido el más audaz en sostener una oposición constructiva al gobierno desde las filas de lo que fuera el kirchnerismo. Inclusive como vocero informal de la campaña de Daniel Scioli, cuestionó en su momento la política económica de Cristina Kirchner y Kicillof y sostuvo la necesidad de negociar rápidamente con los holdouts, lo que anticipa cuál será su posición ante la negociación que encara ahora Macri.
Un poco más reticente, pero con una filosofía muy próxima, se mueve en los últimos tiempos el jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria, Miguel Pichetto.
Los intendentes de la provincia de Buenos Aires que torcieron la decisión de Cristina Kirchner y sus camporistas y forzaron la aprobación del presupuesto provincial, constituyeron otra brigada en el hoy desordenado ejército peronista/FPV: se mostraron como interlocutores necesarios y disponibles en el distrito y negociaron con la gobernadora María Eugenia Vidal los términos del presupuesto y la distribución automática de fondos a sus municipios, con atribución a obras que ellos contratarán.
Si en estos sectores más dispuestos al diálogo hay también una apertura a conversar sobre el peronismo del futuro con el eje Massa-De la Sota, otras corrientes son más reticentes. Particularmente la que enlaza a Daniel Scioli con el actual presidente del PJ bonaerense, Fernando Espinoza. Desde allí se describe a Massa como el culpable de la victoria de Macri (porque rompió con el FPV en 2013 y enfrentó a Scioli en 2015) y se enfrenta a Macri como expresión de “las corporaciones”. Esta corriente queda ubicada en la frontera, diferenciada del kirchnerismo cerril pero no tanto como para cerrarse a próximas alianzas en la pelea por la conducción del PJ.
Respaldos y recursos
Por cierto, a ninguno de estos sectores les cayó bien la frase de Mauricio Macri en Davos en la que presentó a Massa como “probable conductor del PJ en los próximos meses”. Se puede especular sobre la intención del Presidente al decir eso: ¿quiso meter púa en la discusión interna del justicialismo? ¿Quiere “designar las autoridades del peronismo por DNU”, como dramatizó Scioli? Es probable que la intención del Presidente no fuera doméstica, sino un mensaje a los observadores extranjeros: exhibir la convivencia y cooperación entre un oficialismo no peronista y una porción destacada de la oposición que tiene raigambre peronista.
Más allá de los fuegos de artificio, lo que se discute son las condiciones de la gobernabilidad en los meses próximos. Cada sector quiere acumular fuerza para tener un lugar más relevante en las negociaciones inevitables. Esa búsqueda los aleja del cristinismo puro y duro que, irónicamente, les resulta útil como amenaza.
Los gobernadores peronistas se reúnen entre ellos preparar con números en la mano la próxima conversación con el gobierno por los recursos de la coparticipación y la distribución de inversiones y obras públicas. Saben que el gobierno necesita que los senadores que les responden apoyen leyes fundamentales que proponga el oficialismo y reformas, como la de la “ley cerrojo” que ahora impediría prácticamente cerrar un acuerdo con los holdouts (en este caso saben asimismo que, sin arreglar con esos acreedores, el financiamiento seguirá cerrado o inalcanzable para el país…y también para sus provincias).
Como para desmentir a quienes sospecharon que la mención de Macri a Massa como “probable conductor” del peronismo había tenido intención divisionista, el gobierno nacional hizo un aporte (involuntario) para unir el abigarrado colectivo justicialista: en paralelo con el traspaso a la Capital de la porción metropolitana de la Policía Federal decidió mejorar la cuota de coparticipación de la Ciudad Autónoma de 1,40 a 3,75 por ciento.
Macri se había comprometido a “traspasar la policía con fondos” y, en ese sentido, cumplió con la palabra empeñada.
Aunque los recursos asignados a la Capital no saldrán de los fondos de las provincias, sino que serán aportados por el Tesoro Nacional, los gobernadores entienden que el nuevo porcentaje porteño disminuye los coeficientes de sus provincias y las perjudica. La situación hace un poco más difícil la tarea del ministro de Interior, Rogelio Frigerio, que es el principal encargado de tejer los acuerdos con las provincias y detiene momentáneamente las fuerzas centrífugas que operan sobre los bloques legislativos del Frente para la Victoria
La amenaza de los hechos
Aunque las tensiones entre fuerzas políticas pueden incidir –a veces decisivamente- en la cuestión de la gobernabilidad, por ahora ese frente está satisfactoriamente contenido. Las verdaderas amenazas para la gobernabilidad están en las cosas.
Por ejemplo, hay que poner orden en el desbarajuste económico heredado. Los precios relativos están tan desquiciados que, por caso, en el terreno energético, se subsidia a los productores (la nafta se encarece) porque el precio mundial del petróleo baja y se subsidia a los consumidores de electricidad y gas con tarifas largamente inferiores a las que determina su costo. Mientras se encara esa tarea, es imprescindible sostener la situación de la población más vulnerable, promover la inversión, expandir la economía y mejorar la productividad y la competitividad. En ese marco, es preciso introducir reformas en la estructura del Estado que permitan recuperar su control efectivo -hoy parcialmente enajenado por intereses particulares y redes delictivas- y avanzar en eficacia y modernización. Particularmente en el campo de la educación y la salud. Y, obvio, la seguridad
Emergencia y derribos
Una derivación de extrema importancia de la aún inconclusa novela de la triple fuga ha sido la declaración de emergencia en materia de seguridad. El escape, la persecución y la recaptura de los tres presos fue una muestra de la situación calamitosa en que se encuentran los instrumentos destinados a garantizar la seguridad ciudadana: deficiencias estructurales, falta de estrategias, corrupción y, en sectores, colonización criminal.
Ese estado de cosas (coronado con la célebre frase de Aníbal Fernández: “la inseguridad es una sensación”) venía siendo condenado por la sociedad y las campañas electorales testimoniaron un consenso que fue compartido incluso por el candidato oficialista.
La declaración de la emergencia le proporciona al gobierno herramientas legales para cambiar radicalmente el rumbo. Se cuestiona nuevamente el decisionismo oficial (resuelve por decreto sin esperar los consensos parlamentarios), y se critica particularmente el punto que autoriza el derribo de aviones no identificados.
Lo cierto es que había un consenso y la emergencia ha sido decretada por la realidad, ¿por qué estaría mal actuar sin demoras?
En cuanto a la alarma por los derribos, la medida de excepción que se ha previsto sólo puede tomarse después de agotar una minuciosa lista de procedimientos previos que indiquen sin lugar a dudas que se trata de aviones hostiles (del narcotráfico, del terrorismo, del contrabando) cuya clandestinidad evidenciaría la violación de la soberanía aérea del país.
Otro dato: la norma de derribo ya había sido decretada anteriormente (en reserva y en más de una oportunidad) por los gobiernos kirchneristas, por caso, en ocasión de visitas como las de Fidel Castro y Hugo Chávez, razón por la cual los cuestionamientos de la ex ministra Nilda Garré (“Es aplicar la pena de muerte sin juicio previo”), si estuvieran justificados equivaldrían a escupir al cielo.
Algunos críticos (Margarita Stolbizer, por caso) han discutido los derribos con el argumento de que el comercio de drogas no usa los vuelos clandestinos, sino los legales o los barcos. En tal caso la alarma no se justifica: si no hay vuelos hostiles, no habrá derribos.
De hecho, una medida semejante tiene ya vigencia en otros países de la región (Brasil, por caso) y no se ha aplicado, porque los ilegales, sabiendo de su existencia, aceptan antes la intimación de aterrizar e identificarse.
Cuando se habla de “guerra al narcotráfico” es preciso sacar las consecuencias: esta no es una guerra que se gane principalmente tirando tiros (hay que educar, mejorar la situación social, hacer inteligencia, destruir redes financieras, etc.). Pero es obvio que frente al crimen organizado que llega a colonizar porciones del Estado y a controlar franjas de territorio el uso de la fuerza no puede ser excluido.
Epílogo: el caso de Milagro Salas
Gobernabilidad es hacer respetar la ley y la autoridad.
El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, ha decidido hacer respetar la voluntad de sus conciudadanos, que en diciembre votaron un gobierno, no dos. La dirigente de Tupac Amaru había construido un gobierno paralelo en la provincia y pretende mantener ese privilegio. Pero ya no cuenta con el amparo del poder central.
La clave de la degeneración de la Tupac Amaru hay que buscarla en el poder kirchnerista. La organización de Milagro Salas no ha sido siempre lo que es hoy: empezó siendo un movimiento social bien estructurado y pasablemente administrado. Por comparación, la Tupac Amaru fue un testimonio de la corrupción temprana de otras semejantes de la época (las de D’Elía o las del tándem Bonafini-Shocklender, “Sueños Compartidos”). La Tupac Amaru organizó, creó escuelas, fábricas y talleres, construyó efectivamente barrios y viviendas, mientras otros incumplían los objetivos aunque cobraban los dineros oficiales.
Lo que hizo la Tupac Amaru lo hizo, ciertamente, empleando recursos estatales y usurpando paulatinamente funciones del Estado. En el camino, generó su propia “fuerza policial” para hacerse obedecer. El mecanismo terminó de desbarrancarse cuando Salas fue definitivamente cooptada por el kirchnerismo y pudo disfrutar un poder omnímodo que ya era disfuncional para el gobernador peronista anterior y que ahora sólo subversivamente puede existir en las mismas condiciones.
Morales hace lo que debe hacer cuando impide esa función. Pero su desafío no se agota allí: debe mostrar que el estado jujeño es más eficiente y honesto que la estructura de Salas para cumplir las expectativas de los sectores vulnerables de la provincia.
Jorge Raventos