Animaná, Departamento San Carlos, pcia. de Salta
Comunidad Diaguita Calchaquí de Animaná denuncia usurpación de su territorio por parte de empresarios en complicidad con el estado provincial de Salta.
A pesar de la existencia de la Comunidad Indígena Diaguita Calchaquí de Animaná, empresarios siguen usurpando territorios y destrozando nuestra biodiversidad con desmontes, plantaciones de viñedos y perforaciones, amparados por la policía y la Justicia provincial que archiva las denuncias de los miembros de la Comunidad y no hacen lugar a los amparos de nuestra comunidad.
A pesar de las reiteradas denuncias por usurpación presentadas con anterioridad por miembros de la Comunidad Indígena, la empresa Piattelli Vineyards / Artel INC, multinacional con sede en EEUU y Mendoza, en el mes de noviembre de 2010 ingresa al territorio de la comunidad con maquinara para realizar perforaciones de pozos de agua a cargo de la empresa Perforaciones Salta. A pesar de la solicitud de la comunidad a la Secretaría de Recursos Hídricos de que se frenen las perforaciones, éstas continuaron, y a partir del mes de marzo de 2011 comienzan con el intento de desmonte.
El 11 de Julio de este año dan inicio a los desmontes en la zona de Tres Cerritos, en la Ruta Nacional nro. 40 altura km 4.350. Al ver la presencia de la comunidad dispusieron la guardia de la policía en el predio en conflicto, para garantizar dicho desmonte. Inmediatamente se hicieron presentes miembros de la comunidad, reclamando se respetaran sus derechos reconocidos por el artículo 75 de la Constitución Nacional, el convenio 169 de la OIT y las Leyes Nacionales 26.160 y 26.331.En esta oportunidad la comunidad decide presentar un Amparo al Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Séptima Nominación, del cual no existe aun ninguna respuesta favorable.
Este caso es uno más en el contexto de intentos de usurpación y avance sobre territorios campesinos e indígenas por parte de empresarios locales y extranjeros, buscando aumentar sus negocios a partir de la explotación ambiciosa de nuestros bienes naturales.
Todo esto está favorecido por las políticas públicas que promueven el modelo del progreso y los agronegocios, y por otro lado destruyen la naturaleza y persiguen nuestra cultura y forma de producción.
Las comunidades campesinas indígenas conservamos cientos de especies medicinales, frutos alimenticios de nuestros campos como la miel y la ganadería, cultivos como el maíz, la papa, la nuez, la algarroba, fuentes de vestimenta como la lana, fuentes de energía renovables.
Estas políticas nos quitan el agua y la destinan a la producción de las empresas, nos decomisan nuestros productos, y nos quieren llevar a ser cada vez más dependientes de ellos. De esta forma cada vez habrá menos alimento para el pueblo.
Por un lado las políticas ambientales decomisan un charango por haber sido hecho con un quirquincho, y por otro lado permiten la destrucción de cientos de hectáreas de bosque nativo que es justamente el hábitat de la fauna que dicen proteger.
Así como las empresas multinacionales intentan avanzar con el agronegocio sobre nuestros territorios y los bienes naturales en todo el mundo, las organizaciones campesinas indígenas, que siempre respetamos y protegimos la naturaleza, estamos decididas a defender nuestros derechos, nuestros territorios y nuestra cultura, también en todo el mundo.
¡Globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza!
Encuentro Calchaquí
Movimiento Nacional Campesino Indígena – Vía Campesina Argentina
Basta de persecución-Libertad para Cuellar
Continua detenido Ricardo Cuellar, miembro del MOCASE-Vía Campesina
hace 4 días fue detenido, mientras hacia el programa radial en la FM PajSachama, Ricardo Cuellar, de la Central de Las Lomitas y representante del Pueblo Originario Lule-Vilela, acusado falsamente por defender los territorios indígenas campesinos.
En la noche del pasado martes 2 de agosto, mientras hacía su programa en la FM Pajsachama, una de las radios del MOCASE --VC , a 18km de San José del Boquerón, se presentó un nutrido grupo de policías y el juez que, sin mediar orden de detención alguna, detuvieron a Ricardo y lo trasladaron a Monte Quemado.
Ricardo, Juan Luna, Roque Gonzalez y otros, fueron acusados de Amenazas agravada y daños a la propiedad privada, en una causa vinculada por el intento de apropiación del campo de Saucioj por parte de empresarios tucumanos.
La empresa Servico y Negocios, lleva a cabo el alambrado de un cuadro llamado Sacuioj, pegado a la localidad de Villa Matoque a pocos kilómetros del Rio Salado.
El detalle es que los alambradores comenzaron el trabajo custodiados por un grupo armado al mando de un sicario apodado “El Paraguayo”, que también actúa en otra apropiación ilegal de tierras a 10 km más al norte en Rumy Pozo y Cruz Bajada.
Son 4 parajes afectados Villa Matoque, Ranchillos, Toro Pozo, Guayacán Pozo, donde tienen cercos de cultivo, el pastoreo de la comunidad y un canal que atraviesa el campo surtiendo agua desde el canal de Dios.
Los parajes, algunos son de la comunidad Indígena Lule-Vilela Corral Quemado, denunciaron la situación ante la comisaria 22 de Monte Quemado, no hubo accionar por parte del juzgado hacia los apropiadores de tierras, pero si hacia las familias campesino indígenas que las poseen.
El accionar de Alejandro Fringes Sarria, juez penal de Monte Quemado es totalmente discriminatorio, ya que con la simple denuncia de la empresa, sin ningún tipo de prueba ordena detener a varios campesinos indígenas.
El motivo, porque supuestamente amenazaron con una soga y un cuchillo a los alambradores.
El empresario claro, no debe dar explicación y el grupo armado con itacas escopetas a repetición y camionetas sin patente, tampoco, pero siguen actuando en la zona.
Si el juez hubiera investigado antes de detener injustamente a Ricardo Cuellar iba a constatar que el mismo estaba en Tucumán en reunión con otros representantes de Pueblo Originario del país.
Esto muestra una vez mas, que para los jueces de Santiago del estero, prima la presunción de culpabilidad contra los campesinos indígenas que defienden su territorio.
Una vez más, a pesar de las mesas y los comités, el gobierno provincial se lava las manos frente a una problemática de la cual es siempre cómplice por acción o por omisión. Y denunciamos la total impunidad del aparato judicial de la provincia para ponerse al servicio de los empresarios, ejecutar órdenes de detención sin prueba alguna, ordenar desalojos.
En estos últimos meses, donde se ha intensificado la campaña contra las comunidades organizadas, ninguna de las denuncias que hemos presentado contra empresarios, guardias privados, paramilitares, policías ha prosperado.
Nunca un matón detenido, nunca un empresario interrogado, nunca un policía apartado de sus funciones, nunca un funcionario investigado. Y siempre nosotros y nosotras presos, golpeados, amenazados.
Pero también siempre nosotros y nosotras firmes en nuestros territorios, siempre volveremos a nuestra identidad, por nuestros derechos y el derecho de todos y todas a un bosque, semillas, cultura, a unos alimentos sanos de los que somos guardianes.
4 de agosto de 2011, a 21 años de nuestra conformación como MOCASE, exigimos la liberación de Ricardo, el fin de la persecución a los militantes sociales y la ejecución de los 7 puntos acordados con la provincia y el sector campesino para revertir la actual situación.
Somos Tierra para alimentar a los Pueblos!