Correo del Caroní | 29/2/16 –
PROVEA | Programa Venezolano de Educación - Acción en Derechos Humanos
La foto circula en Twitter. Se trata de la primera página de En un paisaje boreal, libro del hoy titular de la Defensoría del Pueblo, Tarek William Saab. Allí, en ese pedazo de papel, está la dedicatoria que firma el autor: “Para el amigo Alcedo Mora, Batería. En testimonio de nuestra amistad”.
Ese testimonio de amistad que plasmó el poeta de la revolución ha sido insuficiente, tanto como su esfuerzo, para que Mora, desaparecido el 27 de febrero de 2015, esté de vuelta con su familia.
De hecho, más allá de una reunión con Saab y algunos mensajes de solidaridad por parte del defensor del Pueblo, la familia no ha recibido más.
La desaparición de Mora había sido, antes que hecho, advertencia. Funcionario de la Gobernación de Mérida, había dedicado esfuerzos a denunciar una red de contrabando de combustible desde el llenadero de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en El Vigía.
Las amenazas se atenuaron. Un informe del portal periodístico armando.info detalla que, una semana antes de la desaparición, un grupo de hombres armados apuntó a Mora. La exigencia era la habitual: silencio.
Pero persistió. Y el último viernes de febrero de 2015, junto con Eliezer y Esneider Vergel, desapareció.
Desde entonces, las vigilias, concentraciones, peticiones, llamados, lágrimas y exigencias de su familia han ido a parar a la nada. “El Estado venezolano designó tres fiscales para la investigación. Sin embargo, no sabemos nada de Alcedo (…) Todo está encangrejado y hay una tendencia a que los familiares olvidemos el caso”, aseveró este lunes en entrevista para el programa radial Público & Confidencial, su hermano, Ramón.
Clamando al desierto
Los Mora, inclusive, se enfrentaron en octubre con uno de los tragos más amargos de estos 365 días cuando les notificaron sobre la aparición del cadáver. Luego de las pruebas respectivas, se determinó que no era el de Alcedo.
El viernes pasado se concentraron en la sede de la Fiscalía del Ministerio Público en Mérida para reclamar celeridad en la investigación. Es difícil, pero no se desalientan. Lo peor para ellos ha sido que, a pesar de que Mora es un chavista convencido, su búsqueda ha sido más un corcoveo.
De hecho, por parte de funcionarios oficialistas han recibido, además de indiferencia, alguna que otra bofetada. Como la del secretario de la Gobernación de Mérida, que le espetó a Alcedo Mora hijo: “eso le pasó a tu papá por hablar pistoladas”.
Otra perla, según el programa Venezolano de Educación Acción (Provea), fue la ausencia del nombre de Mora en la entrega de memoria y cuenta en la Asamblea Nacional de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz.
Mora desapareció además en una fecha que el chavismo ha gastado a punta de encausarla como hito represivo de los gobiernos civiles: 27 de febrero, fecha en la que, en 1989, ocurrió el Caracazo. Ni eso ha motivado esfuerzos.
Para muestra un botón: su amigo de testimonio y poemas, Tarek William Saab, no dedicó tuits al aniversario de la desaparición. Papel aguanta todo, dicen.
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¿Dónde está Alcedo Mora?
Familiares quieren saber dónde está Alcedo Mora
Urge ayuda humanitaria para garantizar los derechos a la salud y la vida
Comunicado conjunto |
29/2/16
CODEVIDA, Coalición de organizaciones por los derechos a la salud y la vida, y las demás organizaciones que suscriben este documento, exigen a las autoridades del Gobierno nacional tomar las medidas urgentes que se requieren para garantizar que toda persona necesitada de atención en salud, incluyendo tratamientos, exámenes de laboratorio y disponibilidad de servicios de salud pública, la reciba de manera oportuna.
La crítica situación económica actual y la dependencia del sistema de salud venezolano de materias primas e insumos provenientes del exterior, implican que, aún poniendo en práctica de inmediato los correctivos urgentes que se necesitan, no será posible garantizar atención en salud a todas las personas que la requieren en menos de 6 meses.
Actualmente,
– La mayoría de los centros de salud públicos, únicos disponibles para más del 60% de la población y principalmente para los sectores de menos recursos, no cuentan con las condiciones que garanticen una atención mínima adecuada, debido a la disminución de cerca del 70% de sus medios para prestar servicios de diagnóstico, tratamiento e intervenciones quirúrgicas, la pérdida de más del 50% del personal médico y la precariedad en la que se encuentran su infraestructura y equipamiento. A esta situación contribuye que no se haya adoptado un marco jurídico e institucional que integre al sistema sanitario de salud pública, y a través del cual se ejerza su rectoría, conforme a las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado con la protección de los derechos a la salud y la vida.
– Más del 90% de los medicamentos esenciales, insumos médicos y repuestos de equipos en todo el sistema sanitario, público y privado, son importados y, entre 2014 y 2015, el suministro de divisas, cuya adquisición está sujeta a régimen de control, se redujo en casi 50% para el sector salud. Esto se hizo sin tomar las medidas necesarias para proteger a la población del desabastecimiento, el cual asciende en 2016 al 80% de los requerimientos a nivel nacional y, sólo en lo que se refiere a medicamentos, los procesos de reposición de inventarios podrían tardar al menos 6 meses.
– El acceso a información pública en materia de salud no se garantiza, incluyendo las estadísticas epidemiológicas. Los últimas datos oficiales de mortalidad corresponden a 2012 y los de enfermedades y muertes de notificación obligatoria a 2014. Estos últimos se divulgaron en febrero de 2016, después de haber suspendida su publicación por más de un año. Las estadísticas sanitarias muestran un sostenido incremento de las muertes maternas y neonatales, de la mortalidad por cáncer, enfermedades del corazón, cerebrovasculares y asociadas al Sida, así como de los casos de malaria y dengue, por causa de un colapso sistémico de los programas y de la infraestructura sanitaria nacional.
– Las personas con condiciones crónicas de salud física y mental, las embarazadas y niños recién nacidos, las personas que requieren de intervenciones de urgencia, las personas con VIH, las personas en zonas apartadas y en sectores urbanos de alta pobreza, las que se encuentran privadas de libertad, poblaciones indígenas y otras afectadas por epidemias producidas por vectores como el paludismo y el dengue, están sufriendo innecesariamente de las consecuencias de esta crítica situación sin información ni posibilidades de contar con soluciones en la brevedad requerida para salvaguardar su salud y su vida.
La ayuda humanitaria es un mecanismo idóneo y disponible para enfrentar esta extrema situación, en un contexto de alta fragilidad desde el punto de vista jurídico, institucional, social y económico, y debe ser solicitada a órganos internacionales con la experiencia necesaria para poner en práctica los mecanismos de provisión, distribución y control de insumos, reactivos y medicamentos, que garanticen su calidad, seguridad y eficacia, y en la cantidad necesaria para permita distribuirlos con base en los principios de universalidad, igualdad y no discriminación. Incluye además personal médico y asistencial.
Desde el punto de vista de la garantía de los derechos humanos a la salud y la vida, no son aceptables, por una parte, la provisión de insumos, reactivos y medicinas de calidad, seguridad y eficacia no comprobables, y, por la otra, mecanismos de distribución basados en el racionamiento selectivo por edad, sexo, ubicación geográfica o tipo de condición de salud.
Es imperativo que el Gobierno nacional apele a los mecanismos internacionales de ayuda humanitaria, pues son evidentes los casos de sufrimiento y muertes evitables por falta de atención en salud, así como los focos de violencia que están produciéndose en distintos estados por la frustración y desesperanza que resultan de las largas colas y la imposibilidad de conseguir o adquirir medicamentos.
El Estado venezolano no tiene actualmente la capacidad institucional para responder a las urgentes necesidades de atención en salud de la población venezolana. Los datos señalados son producto de un sistema de salud público fraccionado, con presupuesto insuficiente, infraestructura seriamente deteriorada, servicios de agua y electricidad deficientes, equipos inoperativos o dañados y personal insuficiente que trabaja en precarias condiciones.
Además, al menos en un mediano plazo, el Estado venezolano tampoco tiene la capacidad para cubrir todos sus compromisos económicos, lo cual tiene un impacto directo en sus posibilidades incluso de hacer los aportes mínimos necesarios, tanto para mejorar su capacidad institucional interna en salud, como para financiar por sí mismo mecanismos de importación de insumos, reactivos y tratamientos, de calidad, seguridad y eficacia comprobables, que permitan garantizar de inmediato y de manera sostenible los derechos a la salud y la vida.
Sin embargo, tal como lo ha establecido el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, los Estados deben tomar medidas para proteger a los miembros de la sociedad, “hasta el máximo de los recursos de que se disponga” y esto incluye “a los que pone a su disposición la comunidad internacional mediante la cooperación y la asistencia internacionales.” La falta de disponibilidad interna de recursos, no exime al Estado venezolano de sus obligaciones de protección de los derechos humanos a la salud y la vida de la población venezolana.
Organismos internacionales que forman parte del sistema de las Naciones Unidas, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Oficina de Coordinación para Asuntos Humanitarios (OCHA), el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Dirección de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea (ECHO), todos ellos con capacidad para apoyar al Estado venezolano en la implementación de mecanismos de ayuda humanitaria en salud, han sido informados sobre la gravedad de la situación que vive actualmente la población venezolana respecto de las garantías de su derecho a la salud. También la conoce la Relatoría para la Salud del Sistema de Protección de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
El Gobierno venezolano, junto a los demás poderes públicos, tiene hoy la obligación de reconocer la grave crisis del sector salud y de poner en marcha, con apoyo de las instituciones internacionales como las mencionadas, los mecanismos de ayuda humanitaria que permitirían solventar de manera inmediata las necesidades de atención de la población venezolana, contribuyendo así a garantizar sus derechos a la salud y a la vida. De no hacerlo, será responsable por más pérdidas de vida evitables y por el sufrimiento que la ausencia de respuestas seguirá causando.
CODEVIDA y las demás organizaciones que suscribimos este documento, estamos dispuestas a contribuir, en la medida de nuestras posibilidades, con todo esfuerzo que implique superar las graves dificultades que afectan actualmente la garantía de los derechos a la salud y la vida de la población venezolana.
CODEVIDA, Coalición de organizaciones por los derechos a la salud y la vida
(Conformada por casi cien organizaciones más)