Correo de los Viernes 617 - 1/4/16
Tras recibir una denuncia sindical que alude a “diversos episodios negativos” que ponen en cuestión la actuación del director de Casinos del Estado, Javier Cha, la Presidencia de la República solicitó un informe al Ministerio de Economía
El representante de la Asociación de Funcionarios de la Oficina Central de Casinos del Estado (Afocce), Ángelo Olivera, le envió al presidente Tabaré Vázquez una carta señalando varias situaciones de “mala gestión” en el organismo. Según el dirigente sindical, eso produjo, principalmente en 2013, 2014 y 2015, una “caída acumulativa, a valores constantes, de la utilidad bruta” de la Dirección General de Casinos (DGC).
Los ingresos brutos de la repartición habían alcanzado un máximo de $ 6.455 millones en todo 2012, bajaron en los dos años siguientes, y se recuperaron ligeramente en 2015.
En la carta agrega que en la DGC se incrementaron los gastos, en parte por el “elevado precio de los arrendamientos” de las salas que el Estado explota bajo el régimen mixto y por el cual un privado provee la infraestructura para el juego cobrando por ello. La recaudación de los casinos es en moneda nacional.
Por aparte, el director Chá ha sido cuestionado duramente por haber admitido que las empresas que suministran equipos a los casinos, suele invitarlo a viajes a Las Vegas, Estados Unidos, con todos los costos pagos –viajes en primera clase, hoteles cinco estrellas– lo que está expresamente vedado por la normativa anticorrupción
Da la impresión que el gobierno y el Frente Amplio no aprendieron del todo las pesadas lecciones que deberían haber dejado la gestión de Bengoa, el ex jerarca procesado
Persecución
Por otra parte, en su carta el representante de la Afocce señala que el titular de la DGC “persigue a aquellos funcionarios que no se expresan alineados a sus designios o simplemente cumplen su función con independencia de criterio técnico”
Olivera aseguró que tiempo atrás él mismo fue trasladado de área sin justificación y como represalia por su actividad sindical. “Hay varios casos más (...), en los casinos y también a nivel de los gerentes; están siendo desacreditados en su función en el sistema mixto y pesa sobre ellos el temor a un traslado”, explicó
En la misiva agrega que Cha “asigna cargos (sin llamado a concursos) y ordena interinatos eternos que afectan la carrera administrativa de funcionarios con derecho al desempeño en los mismos”.
A fines del año pasado fue nombrado jefe de departamento un funcionario que es pareja de Patricia de los Santos, asesora de Cha. Atendiendo a una queja por escrito presentada por un grupo de empleados del organismo, el director de Casinos resolvió convocar a un concurso para dicho cargo.
Olivera afirmó que Cha se asesora con De los Santos y “no con quien corresponde, el área jurídica, a la que desmembró”. Hay una “estructura técnica paralela” en la que se apoya el director, recalcó.
Agregó que los cambios que se han hecho en la estructura del organismo “no se corresponden con criterios administrativos racionales, de buena administración. Son modificaciones sospechosas”.
“Todo lo que sean controles, en Casinos del Estado están desmantelados. La auditoría interna ya había sido desmantelada previo a Cha”, denunció el representante sindical. Ahora la asesoría notarial “depende directamente del director. Es más, en su momento hasta fue amenazada una escribana del organismo; tenía que poner lo que él quería”, declaró Olivera. Añadió que ese episodio derivó en una acción gremial y en un recurso de la profesional involucrada, que la amparó.
“Puedo atacar, puedo colonizar o puedo mandatar y poner allí a personas que son contestes (...). Así se maneja Casinos del Estado con esta gente, pero no solo con Cha. Desde (Juan Carlos) Bengoa la cosa no ha cambiado”, aseguró.
Cha está al frente de la DGC desde marzo de 2010. Pertenece al Nuevo Espacio, uno de los sectores del Frente Líber Seregni que lidera el ministro de Economía, Danilo Astori.
En la carta dirigida a Vázquez el representante de la Afocce cuestiona además modificaciones legales que, dijo, provocarán un “claro perjuicio a los funcionarios de la oficina central y de las salas de juego de la DGC, los que pasarán a dos regímenes diferentes”, creando además “futuros problemas” para la administración.