Paulo Passarinho /Economista.
Correio de Cidadania, 24-4-2016
Traducción de Ernesto Herrera – Correspondencia de Prensa
El 17 de abril de 2016 entrará en la historia de Brasil como uno de los más deprimentes ejemplos de la degradación política a que llegamos, con el país mostrando su cara y su indigencia moral e intelectual.
El país entero tuvo la oportunidad de ver una Cámara de los Diputados compuesta, en su aplastante mayoría, por parlamentarios que mostraban sus quilates en las bizarras y patéticas declaraciones o justificativas de sus votos. Pero más grave, todavía: todo eso pasaba bajo la presidencia de un reo en el STF (Supremo Tribunal Federal) acusado por los crímenes de corrupción pasiva y lavado de dinero, que aguarda (?) una decisión de esta misma Corte sobre su apartamiento de ese puesto, de acuerdo con pedido del procurador general de la República, por usar el cargo en beneficio propio, integrar organización criminal e intentar obstruir las investigaciones.
Fue este mismo reo el gran líder del gravísimo proceso de impedimento de una presidente de la República, que llegaba a su final en el ámbito de la Cámara. Fue él mismo que aceptó y dio seguimiento a una representación contra la presidente, pidiendo el su impedimento por el crimen de responsabilidad, bajo la acusación de maniobras fiscales y presupuestarias. Esa decisión fue tomada luego que el partido de la presidente, en la misma Cámara, había garantido los votos que le llevarían a una Comisión de Ética. Una decisión autoritaria y plagada de venganza.
Ahora, esa curiosa y deprimente instancia de poder y representación política decidió aceptar la admisibilidad de un proceso que podrá llevar a Dilma a su impedimento, de acuerdo con la voluntad de una campaña de masa bajo el comando -político y financiero- de entidades empresariales y redes nacionales de televisión.
No quiero aquí tratar las inmensas y mayores responsabilidades del NeoPT y de su comandante Lula por la situación en que nos encontramos. Pero es inevitable apuntar que el modelo conciliatorio de gobernabilidad, defendido desde 2002 y asumido por el movimiento lulista, fue rotundamente derrotado. En la lucha contra el impeachment, otro show de incompetencia fue dado, con la tentativa frustrada de encontrar un salida para el gobierno a través de un esdrújulo acuerdo con el bloque PP/PDS/PR (Partido Progresista/Partido Democrático Social/Partido de la República)
¿En tanto, cuales son de hecho los intereses que llevan a la burguesía brasilera, a través de sus entidades de clase y algunas organizaciones empresariales, a invertir en la deposición del gobierno Dilma?
Este, el gobierno Dilma, desde que fue reelecto, ha procurado absorber y asumir el recetario liberal ortodoxo para enfrentar la crisis. Tal vez su error más grave, entre muchos, haya sido justamente ese: el total cambio entre su discurso de campaña y las medidas propuestas y acciones luego realizadas. Arrojó al país en la recesión y en el desempleo, buscando aproximarse a los sectores económicos hegemónicos, en el momento que las investigaciones de la Operación LavaJato le presionaban. No alejó la crisis, por el contrario, y se mantuvo vulnerable a la República de Curitiba.
El recetario liberal, por su vez, no presenta ninguna alternativa de superación de la crisis. Se resume a una estrategia defensiva de esos sectores hegemónicos -bancos y multinacionales, brasileros y extranjeros- y su puede sintetizar por buscar:
- controlar parcelas todavía mayores del presupuesto público, principalmente a través del mantenimiento de elevadas despensas con el pago de los intereses de la deuda pública y de la ampliación de la desvinculación de inversiones presupuestales vinculadas a las áreas sociales;
- reducir el costo del trabajo, a través de una nueva alteración en la legislación laboral, restringiendo derechos y flexibilizando normas de negociación entre patrones y empleados;
- abrir nuevas oportunidades de negocios privados, a través de nuevos cambios en las reglas de la previsión social pública, estimulando los programas de previsión complementaria privada; avanzando en la privatizaciones en el ámbito de la Petrobrás y del sector eléctrico, bien como en el restante sector de infraestructura, vía concesiones: y abriendo el área del pré-sal con la abolición de la actual Ley de Participación (1)
Es verdad que el gobierno Dilma en buena medida se rindió a ese “programa”, pero sin la capacidad de aglutinar a las fuerzas parlamentarias suficientes para viabilizar algunas medidas puntuales –como la propia vuelta de la CPMF (Contribución Provisoria sobre el Movimiento Financiero)-, al mismo tiempo en que encontraba resistencias en su propia base histórica de apoyo, como las Centrales Sindicales. Pero, claramente, se esforzó. Trajo para su gabinete ministerial a una jefa de clases del agro-negocio, Kátia Abreu; un jefe del sector industrial, Armando Monteiro, y nominó como ministro de Hacienda a un ejecutivo del sector banquero; Joaquim Levy.
Además de eso, el NeoPT en el gobierno, desde 2003, ayuda a atenuar presiones que tengan origen en los movimientos sociales, especialmente en áreas de influencia de la CUT y del MST. ¿Qué se pretende, por tanto, con la ofensiva pro-impeachment?
Todo indica que la intención mayor es acelerar y efectivizar las medidas y “reformas” de la agenda liberal. Mientras tanto, con la posibilidad de la remoción de Dilma de forma cuestionable, y con el pasaje del domesticado NeoPT a la oposición -y con mucho resentimiento-; enfrentando a los movimientos sociales y partidos de izquierda que no se rindieron, además de tener un presidente de cuestionable figura como Michael Temer, está claro que vendrán tiempos de mucha tensión y conflictos.
Un “programa” de naturaleza tan antipopular y atentatoria a la soberanía nacional, en medio de la grave crisis económica que se traduce en desempleo y pérdida de ingresos de los trabajadores, solamente será posible de concretarse en un contexto de abierta violencia y represión contra los sectores organizados del pueblo.
Contando, ciertamente, con el ambiente de desmoralización y abatimiento del NeoPT, las clases empresariales que comandan el proceso de impeachment tal vez estén haciendo el cálculo político de avanzar, si fuera el caso, en la represión rigurosa contra cualquier resistencia organizada. Al final, hasta la misma Ley Antiterrorismo dejada por el lulismo, puede ser utilizada contra movimientos insurgentes que puedan venir.
Esa es una variable que, en este momento, no puede descartada o menospreciarse. Y el camino, tal vez, para intentar revertir la tendencia, será abortar la construcción de esa estrategia de conflicto que está siendo colocada, de forma contundente e inmediata.
Pienso, así, que la única manera de concretarse en el momento, es una contra-ofensiva de los sectores populares en relación a los propósitos de tales segmentos de la burguesía; deslegitimando el golpe parlamentario para esencialmente cuestionar la posición de Michael Temer.
En su primera declaración pública, luego de la derrota que sufrió en la Cámara de los Diputados, Dilma Rousseff lanzó duros ataques a Temer, llamándolo, con toda razón, de conspirador y traidor. Debería, también, haberlo desafiado -en nombre de la decencia y de su propia coherencia- a tener el coraje y la honradez de su propia renuncia.
Al final, él practicó los mismos actos administrativos que avalan los supuestos crímenes de responsabilidad que podrían implicar el apartamiento de Dilma. Además de desconocer los millones de votos recibidos por la presidente -y que ahora pretende disponer con sus aliados de la estirpe de un Eduardo Cunha o de un Moreira Franco-, es absolutamente inmoral e incoherente que él se torne beneficiario de esos mismos votos que no le pertenecen.
No tengo ilusiones con relación a la decencia o coherencia de una siniestra figura como Temer. Pero, creo que el “conjunto de la obra” del actual vice-presidente, también citado en delaciones e investigaciones de la LavaJato, puede generar un amplio movimiento de resistencia a su eventual ascenso a la presidencia de la República. Esta será la mejor manera de crearle dificultades a las oscuras intenciones de nuestra criminal burguesía.
Nota de Correspondencia de Prensa
1) El marco legal en vigor conocido como “de partilha” o de participación, establece que Petrobras esté presente en todos los campos de aguas ultra-profundas, conocidos como pré-sal, a más de 5.000 metros de profundidad, donde yacen entre 60.000 y 80.000 millones de barriles de petróleo y equivalentes, descubiertos entre 2007 y 2010. El hallazgo de esos yacimientos por parte de Petrobras, que invirtió cientos de millones en prospección, representó una vuelta campana en la ecuación energética de Brasil, el gigante industrial de América latina que tenía como su costado vulnerable la falta de reservas cuantiosas.
Dilma y el PT deben autocritica a los trabajadores y el pueblo
Hamilton Octavio de Souza /Periodista y profesor.
Correio da Cidadania, 26-4-206
Traducción de Ernesto Herrera – Correspondencia de Prensa
El gobierno Dilma Rousseff está acabado, fue arrasado por la crisis económica, por el descontento de la población y por el Congreso Nacional que ayudó a elegir y abrigar en el “presidencialismo de coalición”, políticos conservadores y partidos de derecha. Incluso con todo el fisiologismo practicado por el Palacio de Planalto para asegurar una base parlamentaria contra el impeachment, el proceso fue aprobado por 367 a 137 votos. ¿Cómo gobernar con esa minoría y con la amplia y masiva desaprobación en la sociedad?
Por detrás de la caída están, evidentemente, las fuerzas del capital, los grupos que disputan el gerenciamiento de las políticas neoliberales, las clases medias empeñadas en mantener su padrón de vida, los políticos oportunistas que topan cualquier parada para agradar eventuales dueños del poder y al mismo tiempo sus cargos electorales, y las clases trabajadoras y sectores populares no organizados que están en cauteloso distanciamiento. ¿Cómo gobernar ante tamaña confluencia de intereses por el impeachment?
Pero también, el gobierno Dilma acabó por sus propios errores, por la falta de atención con los problemas reales del pueblo brasilero y por el distanciamiento de compromisos programáticos, por no haber dado el debido respeto a los desvíos éticos que campeaban en las diferentes instancias de la administración practicados por su partido y demás partidos de la coalición o no. En ningún momento los casos revelados por la prensa y por las instituciones de la República (Policía Federal, Ministerio Público, Poder Judicial) fueron debidamente repudiados y condenados. Al contrario, el PT y el gobierno focalizaron más en la inconveniencia de las delaciones que en el mérito de las denuncias.
No cala más en la sociedad la visión maniquea del bien y del mal, de que “nosotros” no practicamos delitos y defendemos la democracia y que “ellos” son de derecha, corruptos y golpistas
El desgaste político del gobierno Dilma y del PT comenzó antes de las elecciones de 2014, cuando apenas 38% de los electores votaron por la reelección, mientras que 62% lo hicieron por Aécio, en blanco, nulo, y abstención. Comenzó bien antes de las fantasías creadas por el marketing electoral para encubrir la situación real de la economía y bien antes de la ruptura con el PMDB y demás siglas de la llamada base aliada.
Alienación
En sus primeros pronunciamientos luego de la aprobación del proceso de impeachment en la Cámara de los Diputados, días 18 a 19 de abril, la presidente Dilma trató el episodio como si fuese tan solamente un problema de conspiración, apenas una persecución personal para castigarla por un crimen que no cometió. Dijo que se sentía agredida e indignada, que era víctima de la truculencia de la oposición. Insistió en el papel de víctima. No hizo ninguna referencia a la falta de habilidad política y a los enormes equívocos administrativos y políticos de su gobierno. ¿Actuó de esa forma por decisión táctica, cinismo o alienación de la realidad?
De la misma manera, no hizo ninguna referencia al creciente descontento popular con su gobierno, especialmente desde las protestas de 2013. Tampoco se refirió al prolongado sufrimiento de la población que paga caro con el aumento terrible del desempleo, la rebaja salarial, la inflación, el deterioro y pérdida de protección social en los servicios públicos y en los programas del Estado. En ningún momento de las entrevistas dadas a los periodistas brasileros, día 18, y a los periodistas extranjeros, día 19, la presidente hizo alguna referencia a los daños causados por gobierno a los millones de trabajadores brasileros -y al pueblo en general- en los últimos tres años. Trató la crisis económica apenas como un desdoblamiento de la crisis internacional.
¿Será que ella se olvidó de las promesas hechas después de las protestas de junio de 2013, cuando estaba claro el fuerte descontento en la sociedad? ¿Será que ella se olvidó de las promesas hechas en la campaña electoral de 2014 y que fueron anuladas por actos de gobierno luego de la divulgación del resultado de las urnas?
¿Será que ella se olvidó de que aprobó cambios en el seguro del desempleo, en el auxilio-enfermedad, en la pensión por fallecimiento y en el auxilio-social? ¿Será que ella se olvidó del congelamiento del Bolsa Familia y de los cortes en Mi Casa Mi Vida, ProUni, Pronatec y FIES? ¿Será que ella se olvidó de que había puesto en el orden del día la vuelta de la CPMF (Contribución Provisoria sobre el Movimiento Financiero) para sacarle más dinero al pueblo y a la Reforma de Previsión para reducir los derechos de los trabajadores?
¿Será que ella se olvidó de la escalada de los intereses de la SELIC y de la enorme explosión de la deuda pública? ¿Será que ella se olvidó de los tarifazos decretados luego de las elecciones en los precios de combustibles y de energía eléctrica? ¿Será que ella se olvidó del brutal estrago hecho durante los gobiernos del PT al patrimonio de la Petrobras.?
En fin, luego de ser desbancada de la presidencia de la República en un polémico proceso de impeachment, Dilma Rousseff quiere ser eterna víctima de un golpe de derecha (de sus aliados hasta ayer), habla en resistir y luchar hasta el último momento para recuperar el cargo, pero en ningún momento procura verificar porque su gobierno perdió respaldo en la sociedad y en el Congreso Nacional. ¿Por qué? ¿Dónde la cosa se descarriló? ¿Por qué los electores y los parlamentarios de la base aliada pasaron a desaprobar el gobernó y volcarse a favor del impeachment? No da para echar toda la culpa en la conspiración del vice Temer, ni en la acción nefasta de las gran prensa, en las maniobras del Cunha y en las investigaciones de la Operación LavaJato.
Inconsecuencia
Sin la realización de una profunda evaluación crítica del derrocamiento del gobierno Dilma y de las fuerzas de izquierda que embarcaron en el lulismo, desde la Carta al Pueblo Brasilero, en 2002, se torna inconsecuente enfrentar el golpe político-institucional aplicado por la Cámara de los Diputados el día 17 de abril, así como la apertura del proceso en el Senado, así como defender la democracia y la vuelta de Dilma, así como impulsar la casación de todos los políticos beneficiados con los recursos robados de la Petrobras, así como luchar por reformas estructurales, así como defender elecciones generales para intentar superar la crisis política.
La lucha de resistencia de los trabajadores y la defensa de la democracia, difícilmente tendrá amplia credibilidad en la sociedad si toda la culpa del proceso continua atribuyéndose a la maquinación diabólica de la oposición de derecha. La lucha tendrá mayor respaldo popular y de las clases trabajadoras si la presidente Dilma Rousseff y el PT realizan una profunda autocrítica de sus propios errores y deslices en todo ese proceso. Al final, Dilma y el PT tuvieron más votos que Aécio Neves en las elecciones de 2014, ganaron cuatro años más de mandato. ¿Pero por qué no tuvieron la competencia política para conservar el gobierno? ¿Por qué no consiguieron ampliar el apoyo en la sociedad? ¿Por qué no adoptaron medidas de interés de los trabajadores y de los sectores populares?
No basta poner la culpa en la oposición. Ni da para negar desconocimiento de las reglas del juego y del perfil de los jugadores. Para apostar en el futuro, Dilma y el PT precisan admitir cuales fueron sus errores, políticos, económicos, administrativos y éticos. Es lo mínimo que se espera de quien pretende representar parcelas de los trabajadores y colocarse en el campo de la izquierda. Sin hacer autocrítica, Dilma y el PT persistirán en la trilla de la despolitización y de la alienación que están trillando, de forma explícita y acelerada desde las masivas protestas de 2013. La construcción de ese proceso de lucha y el giro hacia una política en defensa de las clases trabajadoras pasan el rescate del compromiso ético, coherencia programática, autenticidad de la representación, articulación de fuerzas de izquierda y la presentación de proyecto de poder expurgado de los errores pasados.