Injusticia que se nos acerca cada día más
El caso de Edgar Sosa fue archivado por falta de pruebas pero no hubiera podido ser juzgado. Fiscal advierte prescripción de algunos delitos de la dictadura
La jueza penal de 6° turno, Fanny Canessa, archivó la causa del militante tupamaro Edgar Sosa, fallecido en el Penal de Libertad en 1982. No se pudo encontrar al responsable y el fiscal advirtió que si hubiera pruebas, no podrían juzgarlo porque los delitos prescribieron
Edgar Sosa fue trasladado al Hospital Militar desde el Penal de Libertad el 20 de abril de 1982 con graves heridas. El entonces director del centro penitenciario, coronel (r) Walter Gulla, procesado con prisión en la actualidad por el crimen de Horacio Ramos, afirmó que había intentado ahorcarse. Sosa murió seis días más tarde.
Según establece el dictamen del fiscal del caso, Eduardo Fernández, al que accedió Ultimas Noticias, “si bien tiene un fundamento serio la hipótesis de que esta versión es falsa y que, en realidad, estamos ante una ejecución, tampoco puede descartarse con certeza la veracidad de la misma”. Por esa razón, se resolvió el archivo del caso.
Sin embargo, el fiscal advirtió que si hubiera podido probarse alguna implicancia, el juicio no habría sido posible porque los delitos aplicables prescribieron. Fernández consideró que en este caso se podrían haber aplicado los delitos de “privación de libertad”, “atentado a la libertad personal cometido por el funcionario público encargado de una cárcel”, “abuso de autoridad contra los detenidos” y “determinación o ayuda al suicidio”.
Por otra parte, si bien coincidió con la hija de Sosa, denunciante del caso, en que los delitos aplicables son “categorizados como crímenes de lesa humanidad” y por tanto imprescriptibles, advirtió que dicha categorización no existía en el año 1982, cuando ocurrió el deceso. Uruguay sumó esto a su normativa legal en el año 2006 al aprobarse la Ley 18.026, por lo que comenzó a juzgarse por ese tipo de delitos a partir de ese año.
La Justicia pudo comprobar a través de las declaraciones y pruebas obtenidas, que Sosa fue sometido a “tortura, malos tratos y actos arbitrarios”. La muerte ocurrió en este contexto al que se le sumó el “sufrimiento físico y psicológico causado por el hecho de tener la libertad concedida y continuar en prisión”.
Un hecho que lleva a la Justicia a desconfiar del suicidio es que el militante ya le había otorgado la libertad y su familia organizaba llevarlo a Suecia. Uno de los datos que no se pudo tomar en cuenta en este caso como antecedente, fue el procesamiento con prisión de Gulla por la muerte de Ramos en circunstancias similares, ya que ocurrió dos días después que Fernández se expidiera.
Ramos fue encontrado sin vida en un calabozo del Penal, el 30 de junio de 1981. Gulla argumentó que murió ahorcado, por lo que aseguró que había sido un suicidio pero la Justicia desestimó su testimonio y resolvió enviarlo a prisión.
En tanto, Sosa fue detenido por primera vez en 1965 en el marco de protestas contrarias a las medidas prontas de seguridad. En 1973 fue detenido nuevamente y trasladado a la Brigada de Artillería N° 1, Regimiento de Caballería Mecanizada N° 4 y por último al Penal.
La denuncia por su muerte fue presentada por su hija, Tania Sosa, en el año 2009. La mujer solicitó que se investigaran las circunstancias de la muerte de su padre, ya que consideraba que no fue un suicidio sino un homicidio.
Gulla declaró a la Justicia que Sosa se encontraba recluido en la “Barraca 4″ del Penal el 20 de abril de 1982 y que intentó ahorcarse. El fiscal no creyó en ese argumento pero el 19 de julio pidió el archivo dado “el extensísimo lapso de tiempo transcurrido desde el hecho, la imposibilidad de reconstruir el escenario por las modificaciones que experimentó y falta de testigos que recuerden con exactitud las características” del hecho.
Familia solicitará la reapertura del caso
La familia del militante tupamaro Edgar Sosa estudiará el expediente para aportar nuevas pruebas que permitan reabrir el caso. “Hay testigos que declararon ante la jueza y dieron cuenta de que existió una ejecución.
No fue un suicidio”, dijo el abogado Oscar López Goldaracena, a Ultimas Noticias. El letrado discrepó con el fiscal en que no es aplicable la tipificación de delitos de lesa humanidad. “La Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que es aplicable para la violación de los DD.HH.”, afirmó.
PUBLICADO POR SANCHO EL 4/9: http://www.estaesmia.com/