Por: Jorge I. Salcedo G.
Leí el interesante artículo del profesor alemán que se anexa y podría decir que todo lo que él dice yo ya lo había dicho antes, si - mucho antes - del plebiscito; pero como no soy alemán ni tengo amigos en Semana no logré la trascendencia que logra ahora sobre hechos consumados el ilustre alemán.
Sin embargo, para aprovechar el peso de los decires extranjeros, quiero resaltar algo que también dije - desde antes del plebiscito - y es que, éste SI ERA NECESARIO, pero para otra cosa. Para poder igualar a los militares y civiles que delinquieron en medio del conflicto con los guerrilleros y así pasar disimuladamente una vergonzosa ley de punto final para los militares y prostituir, como nunca antes en la historia, el concepto del delito político. Esto lo dije y lo digo nuevamente porque el acuerdo puso en igualdad jurídica a los guerrilleros a los militares y a los civiles que delinquieron en el marco del conflicto. El fundamento de esta afirmación es que nuestra Constitución señala que la amnistía y los indultos generales solo aplican solo a los delincuentes políticos, en este caso los guerrilleros (artículo 170 CP).
También es importante volver a decir que en Colombia los autores de la inmensa mayoría de los delitos de guerra y de lesa humanidad son estatales y paraestatales y que, por lo tanto, para que un guerrillero pudiera resultar no amnistiado el correspondería a la justicia demostrar, en cada caso en concreto, cuáles fueron los delitos de lesa humanidad que cometió, lo que resultaría muy difícil, casi imposible en mi opinión. Para sustentar estas afirmaciones cité una sentencia y un auto de la Sala Penal de la Corte. La sentencia por la cual se declaró por vía de excepción, la inconstitucionalidad la parte de la "Ley de Justicia y Paz" que daba a a los paramilitares el estatus de delincuentes políticos; y el auto por el cual la Corte se abstuvo de declarar el secuestro, tortura y asesinato de la señora Gloria Lara de Etcheverry como delito de lesa humanidad porque tal delito no fue cometido de manera sistemática como arma de guerra, utilizada como argumento para vencer la voluntad del enemigo. Cuando hacía estas afirmaciones aclaraba, por una parte, que los secuestros de la guerrilla no logran el requisito que puso la Sala Penal de la Corte para tener a tal delito como de lesa humanidad y, por otra, que los delitos que si son de lesa de humanidad porque si tienen el interés sistemático de vencer la voluntad de los enemigos son las desapariciones forzadas y los asesinatos selectivos que cometieron y que siguen cometiendo los agentes del estado y sus aliados. Lo anterior se evidencia con los hechos de muerte que marcan la continuidad de los genocidios cometidos contra el gaitanismo, el upeísmo y el de los líderes sociales que se han cometido en los últimos días, que junto con cualquier expresión popular de inconformidad han sido, son y seguirán siendo para el establecimiento y su doctrina militar los "enemigos" del ejército oficial y de la institucionalidad
Lo grave de este asunto es que cuando los militares que estaban con el acuerdo (en silencio como correspondía para que su amnistía pasara) se den cuenta de que sin el plebiscito su amnistía quedará en el limbo jurídico empezarán (ya empezaron) a aplicar la táctica que aplicaron durante el gobierno de Virgilio Barco generando, en principio "casuales” eventos militares, hasta que la frágil tregua se rompa del todo.
Frente ante tan terrorífica encrucijada el pueblo mayoritario que no voto el plebiscito o que voto pidiendo constituyente anulando el voto, debe señalar el camino de salida a través de la más grande movilización para proponer la verdadera paz a través de la urgente convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, amplia, abierta y democrática que rebase las trampas y torpezas denunciadas de un proceso desarrollado para "amnistiar" al ejército y sus aliados, perpetuando la doctrina militar "anticomunista" acogida inequívocamente, por Colombia, de manera práctica y eficaz, con la participación en la guerra de Corea; y política y jurídicamente, con la constitucionalización de la doctrina anticomunista hecha por la Asamblea Nacional Constituyente que convocó y conformó Laureano Gómez y administró el Dictador Rojas Pinilla.
¡Bitte entschuldigen!
Jorge Salcedo
Militante de Base de "Bases en Rebelión de la UP"
http://www.semana.com/nacion/articulo/kai-ambos-habla-sobre-el-acuerdo-de-paz-y-el-plebiscito/505809
Cinco líderes sociales fueron asesinados este fin de semana en Caquetá, Meta y Nariño
Varios municipios de Colombia vivieron un fin de semana de pánico. Cinco miembros de asociaciones campesinas y defensores de los derechos humanos fueron asesinados en Caquetá, Meta y Nariño.
(Agencia Prensa Rural - Semana) Colombia – 25/11/16
Uno de ellos es Erley Monroy, un líder de la Asociación Campesina Ambiental del Lozada Guayabero (Ascal-G) fue encontrado herido el pasado viernes en la vereda Siberia, en San Vicente del Caguán, cerca del Batallón Cazadores. Ante la grave de las lesiones, murió horas más tarde en el hospital municipal.
Un día después, Hugo Cuéllar, otro dirigente de esa organización y presidente de la Junta de la Vereda La Victoria (La Macarena), fue víctima de un atentado cuando salía del entierro de Erley en San Vicente del Caguán. Según se ha dicho, Cuéllar habría recibido varios disparos por parte de dos sicarios. Se encuentra en cuidados intensivos.
La situación en ese municipio es bastante preocupante. No son pocos los habitantes y líderes que temen por sus vidas, no solo por los homicidios que ya se han presentado, sino porque en los últimos días han circulado panfletos firmados supuestamente por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
"Llegamos al Caquetá y estamos para quedarnos. Milicianos y testaferros de las FARC, venimos a hacer limpieza de San Vicente, Puerto Lozada y Meta", dice el panfleto.
El orden público parece salirse de control en San Vicente del Caguán y muchas organizaciones reclaman al alcalde, Humberto Sánchez, por lo que está ocurriendo. Como es sabido, Sánchez ha sido un fuerte crítico del proceso de paz y de corriente uribista.
Otra de las víctimas en este fin de semana fue Didier Losada Barreto, que murió después de recibir varios disparos en la noche del viernes en su casa en la vereda Platanillo, en La Macarena (Meta). Losada era presidente de la Junta de Acción Comunal de esa vereda.
Lo mismo habría ocurrido en la vía que comunica a La Unión y Leiva (Nariño), donde dos hombres armados atentaron este sábado contra el campesino Danilo Bolaños Díaz, luego de que asistían a un evento organizado por la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc). Este integrante de Marcha Patriótica logró salir ileso.
Esta semana ya había sido victimizado José Antonio Velasco, integrante de la Asociación de Trabajadores Pro Constitución de la Zona de Reserva Campesina de Caloto (Cauca). Su cuerpo fue hallado sin vida y con señales de tortura en una carretera del corregimiento de El Palo, de Caloto.
Y este domingo Rodrigo Cabrera, defensor de derechos humanos y también miembro del movimiento Marcha Patriótica, fue asesinado en Policarpa (Nariño). Hasta el momento, no hay mayores detalles.
Ante la gravedad del asunto, el Movimiento Político y Social Marcha Patriótica se pronunció este domingo y aseguró que desde 2011 han sido asesinados más de 120 de sus integrantes. Y en lo que va del 2016, han muerto 17.
"En las últimas horas han sido asesinados varios integrantes del Movimiento en diferentes zonas del país, consolidándose un nuevo genocidio político en Colombia", manifestó ese movimiento.
A esta preocupación se unió la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, que se mostró alarmada ante un reporte en el que organizaciones de acción comunal advirtieron del homicidio de 33 de sus miembros durante 2016.
"La Misión expresa su preocupación por las difíciles condiciones de seguridad que enfrentan los integrantes de organizaciones de acción comunal, movimiento históricamente afectado por el conflicto", dijo el ente en un comunicado.
Y añadió: "Preocupa el reporte público presentado recientemente por las directivas de organismos acción comunal ante el Ministerio del Interior, que advierte sobre 33 homicidios, dos casos de desaparición forzada y múltiples situaciones de amenaza de comunales en todo el país, en lo corrido de 2016".
Para la OEA, el asesinato de líderes sociales no sólo supone una revictimización del movimiento comunal, sino una fuerte afectación a las comunidades y las iniciativas que representan