Por Luis Fuenmayor Toro
RUNRUNES 04/12/2016
El título del artículo recordará a los lectores los trágicos sucesos de finales de septiembre 2014, con los alumnos de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa, a unos 470 Km al sur de ciudad México, quienes fueron agredidos toda una noche por la policía municipal de Iguala, ubicada 260 Km al norte de Ayotzinapa, con saldo de 9 muertos, 43 jóvenes desaparecidos y 27 heridos, que incluían normalistas, maestros y periodistas, así como jóvenes futbolistas y ciudadanos comunes ajenos a las pugnas de los estudiantes y la policía. Éstas se originaron al secuestrar los estudiantes, en su mayoría del primer año y, por tanto muy jóvenes, unos autobuses para viajar días después a ciudad México y asistir a la conmemoración de la masacre de Tlatelolco.
Las investigaciones demostraron que los policías de Iguala y los de Cocula entregaron a los estudiantes detenidos al grupo narcotraficante “Guerreros Unidos”, que termina asesinándolos, quemándolos en el cementerio de Cocula y lanzando sus cenizas a un río cercano, al suponer que había infiltrados del narco grupo enemigo “Los Rojos”, que supuestamente junto con el Director de la Normal organizaban las protestas estudiantiles contra el Alcalde de Iguala, José Luis Abarca, miembro de “Guerreros Unidos”. Todo este encadenamiento de redes delictivas nos demuestra el estado de pudrición y descomposición existentes en México, pues estas situaciones no son algo localizado en el estado de Guerrero sino en toda la extensión de ese país.
En Venezuela ocurren desde hace tiempo hechos idénticos, por lo que hemos alertado de que estamos en un Estado cuyos altos funcionarios son parte de una red de delitos atroces como los de Ayotzinapa. Los negocios cambiarios, el narcotráfico y el contrabando de extracción de combustible y de metales, que involucran a las direcciones gubernamentales nacionales y regionales y de PDVSA; las comisiones que distribuidas entre funcionarios públicos, por operadores financieros y comerciales; los delitos de secuestro, robo, extorsión y desvalijamiento, que involucran a todos los cuerpos policiales y a la Guardia Nacional; los asesinatos masivos y los dirigidos a dirimir liderazgos, cobrar cuentas o silenciar delatores, son parte de lo que nos ocupa
¿En qué se parecen las masacres de Barlovento y Tumeremo?
La matanza con saña hecha por la Guardia Nacional en Barlovento, luego de una OLP al mando de un teniente coronel, de 12 jóvenes detenidos, sin antecedentes ni vinculaciones delictivas según la Fiscalía, torturados, con tiros en la cabeza y mutilaciones de miembros, sepultados en fosa abierta para ello y hallados el 25-11-2016. La matanza por la Guardia Nacional con un teniente al mando, de 9 hombres en Cariaco el 11-11-2016; la desaparición de 28 mineros en Tumeremo, el 4-3-2016, masacrados por bandas que se disputan el control del oro y sepultados por sus asesinos, hecho negado por el gobernador del estado, son indicadores claros del estado de nuestra pudrición, muy similar o mayor incluso que la mexicana.
OLP: operativos represivos de exterminio
José Rafael López Padrino
BLOG 4/12//16
Las masacres de la Paragua (6 asesinados, 10/06), Cariaco (9 asesinados, 11/16) y la de Barlovento (11/16) donde 12 personas fueron asesinadas y enterradas en fosas comunes, no pueden consideraras como hechos aislados.
Estos asesinatos han sido el producto de la institucionalización de la violencia y de las ejecuciones extrajudiciales en el marco de la militarización de la seguridad ciudadana. Desde la puesta en práctica del “Operativo de Liberación y Protección del Pueblo” (OLP) más de 850 venezolanos según Provea han sido ejecutados extrajudicialmente. Victimas que han sido presentadas como “abatidos en enfrentamiento” en los partes de guerra a la opinión pública presentados por el general Gustavo González (egresado de la Escuela de las Américas), así como por el narco-general Néstor Reverol. Las redadas emprendidas bajo las OLPs han terminado convirtiéndose en operaciones de exterminio de jóvenes en zonas populares del país.
Con la llegada al poder del fachomilitarismo bolivariano (1998) se dio inicio a la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional Bolivariana (DSNB) y del establecimiento del control militar del Estado que incluyó la militarización de la seguridad ciudadana. Pruebas de la aplicación deDSNB son la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo (LODAFAT), la creación del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA) y más recientemente la puesta en ejecución de las OLPs.
La LODAFAT fue aprobada a fin de criminalizar y judicializar las luchas del movimiento estudiantil, popular y sindical venezolano. Por su parte el Cesppa constituye un organismo milico-policial que tiene por objeto unificar el flujo informativo sobre los aspectos estratégicos sensibles que estipule arbitrariamente el Estado. Por su parte las OLPs representan la demostración más fehaciente de la militarización de la seguridad ciudadana. Constituyen funestos operativos de exterminio en los cuales decenas de personas han sido aniquiladas a manos de efectivos de la pestilente bota militar y agentes de los cuerpos de seguridad.
Lamentablemente el anémico intelectual de Maduro le ha dado continuidad a la vieja visión maniquea del amigo-enemigo del nazista Carl Schmitt y su perverso terrorismo de Estado. Apela al uso de la fuerza militar para la defensa de la Patria contra un fantasioso “enemigo interno”. Bestialidad que los lleva a tipificar como enemigo interno a estudiantes, obreros, presuntos delincuentes, disidentes políticos, campesinos, o cualquier otro sujeto no afín con su barbarie.
El régimen se comporta de manera muy similar a los regímenes autoritarios y a las dictaduras militares del siglo XX y XXI. Maduro y su pranato utiliza con rígida lógica militar la concepción de Schmitt para erosionar aún más el Estado de derecho y justificar la sistemática violación del derecho a la vida. Mientras los voceros del régimen “claman victorias” por el abatimiento de “peligrosos maleantes”, los familiares y testigos aseveran que los “abatidos” fueron en realidad detenidos sin que hubiesen hecho resistencia alguna y luego aparecieron en las morgues con signos de haber sido asesinados por disparos a corta distancia (quemarropa) y otros con muestras evidentes de haber sido torturados. Este es el caso de uno de las víctimas en la masacre de Barlovento a quien le fracturaron el cráneo producto de la tortura y mintieron al afirmar que la causa de la muerte había sido un ataque de epilepsia. Una muestra contundente de la vocación humanista que caracteriza a las soldadas y soldados de la patria del que tanto nos habla Padrino López (egresado también de la Escuela de las Américas).
La militarización de la seguridad ciudadana impuesta por el régimen es contraria a lo establecido en nuestra Carta Magna (CM) y en diversos tratados y convenios internacionales que establecen muy claramente el carácter civil de los órganos de seguridad ciudadana. Para nadie es un secreto que los integrantes de la Fuerza Armada Nacional (FAN) no disponen de capacitación alguna para realizar labores de seguridad ciudadana, muy al contrario, son formados para exterminar al enemigo.
Definitivamente, estamos en presencia de la tortura y de ejecuciones extrajudiciales amparadas por un Estado forajido las cuales han sido institucionalizadas por el régimen espurio y represor de Maduro. Las masacres de la Paragua, de Cariaco y de Barlovento tienen la misma impronta facha-asesina que los ajusticiamientos acaecidos en el Barrio San Vicente, de la ciudad de Maracay (5/08/15). Vale recordar que los artículos 43 y 55 de la CM consagran: la inviolabilidad del derecho a la vida, estableciendo además que ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla y la obligación de los cuerpos de seguridad del Estado de respetar “la dignidad y los derechos humanos de todas las personas”. Los éxitos de las OLPs no son más que (“body counts” al mejor estilo de los milicos colombianos) de inocentes ajusticiados por el Estado venezolano en el marco de la Doctrina de la Seguridad Nacional Bolivariana.
Las declaraciones falaces del chafarote Padrino López eludiendo sus responsabilidades y desvinculado a la FAN de las torturas, desapariciones forzadas, y ajusticiamientos extrajudiciales cometidos por sus efectivos en Cariaco y Barlovento lo hacen cómplice y encubridor de estos crímenes. Su supuesto apego al respecto de los derechos fundamentales lo utiliza como coartada para ocultar sus directrices y las fechorías de sus subalternos.
En el marco de la Doctrina de la Seguridad Nacional Bolivariana eliminar al enemigo interno -sea cual sea- no es un delito, es un mérito, es una labor patriótica bolivariana. La Paragua, Cariaco y Barlovento por mencionar las más recientes masacres así lo demuestran.