MASACRE EN BARLOVENTO:
ESTADO DE EXCEPCIÓN Y MILITARIZACIÓN MANTIENEN
EN JAQUE A LOS DERECHOS HUMANOS
El pasado 25.11.2016, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM), hallaron fosas comunes en dos áreas de la región de Barlovento, en el estado Miranda, al norte de Venezuela.
En las mismas se encontraban los cadáveres de 12 jóvenes habitantes de localidades cercanas, quienes había sido detenidos por efectivos militares el 15.10.2016 durante la ejecución del Operativo de Liberación del Pueblo (OLP) en el sector, y que se encontraban desaparecidos desde el 18.10.2016. Los detenidos-desaparecidos-asesinados, eran jóvenes campesinos quienes fueron acusados por los militares de formar parte de bandas delictivas. El Ministerio Público anunció el inicio de una investigación y la privativa de libertad contra 10 efectivos del Ejército involucrados en la autoría material de los hechos. Por su parte, el Ejecutivo Nacional y la Asamblea Nacional, rechazaron lo ocurrido. El Alto Mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), informó que los militares involucrados serían expulsados de la institución y afirmó que los sucesos eran un hecho aislado que no se correspondía con la actuación general de la FANB. Los hechos conocidos como la masacre de Barlovento no son una actuación aislada.
En opinión de Provea, son la consecuencia de la institucionalización del uso excesivo de la fuerza y las ejecuciones extrajudiciales en el marco de la actuación policial y militar en labores de seguridad ciudadana. Desde el inicio del OLP el pasado 13.07.2015, Provea alertó los riesgos que esta medida representaba para los derechos humanos en el país. Desde entonces, hemos registrado un incremento exponencial de los abusos cometidos por los funcionarios policiales y militares actuantes en estos operativos. En la mayoría de los operativos realizados en distintas comunidades pobres del país, las cifras oficiales de personas asesinadas por funcionarios policiales y militares, varían entre las 4 y las 12 personas “abatidas en enfrentamientos”, en circunstancias no aclaradas por las autoridades y en medio de numerosas denuncias de los familiares de las víctimas. En opinión de Provea hay tres circunstancias que propician este y otros hechos violatorios del derecho a la vida en el marco de este operativo de seguridad ciudadana.
1. Militarización de la seguridad ciudadana
Los miembros de las Fuerzas Armadas no han sido capacitados para realizar labores de seguridad ciudadana, están entrenados física y psicológicamente para la guerra y el exterminio del otro al que perciben como “enemigo”.
Provea, y el resto de las organizaciones de derechos humanos del país, han rechazado la participación de funcionarios militares en operativos de seguridad ciudadana y control del orden público. La sentencia contra Venezuela por el caso “El Caracazo”, dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instaba al país a utilizar a los funcionarios militares solamente en situaciones extraordinarias, donde hayan sido sobrepasados los cuerpos policiales. Los miembros de las Fuerzas Armadas no han sido capacitados para realizar labores de seguridad ciudadana. Al contrario, están entrenados física y psicológicamente para la guerra y para el exterminio del otro al que perciben como “enemigo”. La militarización de la seguridad ciudadana amparada en la doctrina de seguridad nacional, conlleva graves riesgos para las garantías personales toda vez que implica la ocupación militar del territorio nacional para la “defensa” contra un “enemigo interno” que resulta ser el propio ciudadano, indistintamente si se trata de campesinos, presuntos delincuentes, obreros, dirigentes políticos, activistas de derechos humanos, o cualquier otro.
2. Estado de Excepción
Esta medida ha tenido una connotación abiertamente represiva, generando el aumento de los abusos contra habitantes de comunidades populares
En la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 6.272 publicada el 13 de noviembre de 2016, el Presidente de la República Nicolás Maduro, oficializó la inconstitucional prórroga del Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica que rige en el país desde el pasado 16 de mayo de 2016, por 60 días más. Desde la aprobación de este Decreto se han desconocido las facultades legislativas y contraloras de la Asamblea Nacional; se profundizó la militarización de la seguridad ciudadana y el control del orden público bajo la excusa de la defensa nacional; se militarizó la cadena de producción de alimentos; se creó la inconstitucional figura de los CLAP y se otorgó competencias en materia de seguridad ciudadana a civiles y agrupaciones paraestatales; y se impusieron serios obstáculos a las garantías constitucionales para los derechos a libre asociación, reunión, expresión, información y manifestación pacíficas, supeditando los derechos ciudadanos a los intereses del Estado y la seguridad nacional. Esta medida que debía ser suficientemente justificada y limitada en el tiempo, y debería poseer un carácter de defensa y amparo de la dignidad humana, ha tenido una connotación abiertamente represiva generando el aumento de los abusos contra habitantes de comunidades populares en el marco de operativos de seguridad y contra manifestantes pacíficos y activistas políticos y sociales.
3. Aliento a la comisión de abusos
Altos funcionarios del Estado han alentado permanentemente la comisión de abusos por parte de los agentes de la fuerza pública, bajo la excusa del “combate a la violencia paramilitar”
“A la violencia y el terrorismo se le debe golpear antes de que actúen… nuestra mayor victoria es un golpe preventivo, neutralizarlos, desconfigurarlos, desarmarlos, desarticularlos, abatirlos…” Estas palabras fueron pronunciadas por el Presidente de la República durante el acto de juramentación de la II Promoción de efectivos del “Comando Antiterrorista” del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), realizado el pasado 25.08.16 en Barlovento, el Presidente Maduro extendió una felicitación vía telefónica a los graduandos, en la que alentó abiertamente a la comisión de abusos y ejecuciones policiales por parte de los funcionarios del referido cuerpo policial. Maduro afirmó que las bandas delictivas en Venezuela están vinculadas y dirigidas por sectores de la oposición venezolana, “Vayan desde ya a obtener victorias… en Venezuela el terrorismo tiene nombre y apellido, son estos grupos parásitos, vende patria de la derecha… que se han aliado con las bandas criminales de asesinos y secuestradores”. Desde el lanzamiento del OLP, los altos funcionarios del Estado venezolano, han alentado permanentemente la comisión de abusos por parte de los agentes de la fuerza pública. Tanto el ex Ministro Gustavo González López como el actual director de la cartera, Nestor Reverol, presentan constantemente “partes de guerra” a la opinión pública, en el que reivindican como un éxito el asesinato de personas, las detenciones arbitrarias de cientos de ciudadanos, el allanamiento masivo e ilegal de viviendas en comunidades pobres e incluso el derribo de viviendas.
4. Impunidad estructural
El ineficiente Sistema de Administración de Justicia garantiza impunidad para la mayoría de los delitos y violaciones de derechos humanos.
Provea ha afirmado numerosas veces que la impunidad en Venezuela es estructural. La propia Fiscal General de la República ha reconocido que la cifra de impunidad en materia de delitos comunes alcanza el 92% de los casos y en violaciones de derechos humanos, se sitúa en 98%. El irregular funcionamiento del Sistema de Administración de Justicia y el copamiento de la institucionalidad por parte del Poder Ejecutivo, garantiza impunidad para la mayoría de los delitos y violaciones de derechos humanos. De esta manera se generan condiciones favorables para la ocurrencia de abusos, los cuales no son sancionados. Esta situación afecta especialmente a los más pobres