SOBRE EL RECHAZO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR
AL COMUNICADO DE PRENSA DE UN GRUPO DE RELATORES DE
LA ONU SOBRE MEDIDAS REPRESIVAS
CONTRA ORGANIZACIONES DE DDHH
Cinco Relatores Especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas acaban de pronunciarse sobre el inicio del procedimiento de disolución al que ha sido sometida –nuevamente- nuestra organización y el gobierno nacional ha reaccionado de forma virulenta afirmando que esta declaración “contiene aseveraciones tendenciosas y afirmaciones que tergiversan” la situación en el territorio Shuar, “al publicar información que no ha sido contrastada, inobservando los principios de imparcialidad y objetividad” y dando un “uso tendencioso del lenguaje” sobre nuestra situación administrativa, en contravención con su Código de conducta.
Según el gobierno nacional es inaceptable aseverar que “está disolviendo sistemáticamente las organizaciones, señalar que se desarrolla una “estrategia de asfixiar a la sociedad civil” y calificar la legislación ecuatoriana vigente como “restrictiva”, información que lo afecta políticamente, al tiempo que deslegitima, según él, los mandatos mismos de los Relatores.
Debemos comprender quiénes son los Relatores, qué hacen y cuál es la importancia de sus declaraciones, luego deben recordarse las obligaciones internacionales de los Estados y, finalmente, evaluar si han actuado o no por fuera de sus atribuciones.
Los Relatores junto con los Expertos y los Grupos de Trabajo, son parte de los denominados “Procedimientos Especiales” del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Surgieron al final de la década de los sesenta para investigar la terrible situación de Derechos Humanos en Sudáfrica y fueron determinantes en la comprensión del fenómeno de las desapariciones durante la dictadura militar en Chile. Hoy en día abordan los más diversos temas y sus observaciones son relevantes para cualquier país democrático (incluido el Ecuador), así como fundamentales a la hora de concretar las obligaciones de los Estados frente a un derecho o a un grupo poblacional determinado. Son fundamentales a la hora de concretar las obligaciones de los Estados frente a un derecho o a un grupo poblacional determinado.
Son elegidos en un proceso público en razón a sus conocimientos especializados, experiencia e imparcialidad, no reciben ninguna remuneración por su trabajo y están encargados de consolidar una interpretación adecuada de los estándares de derechos humanos, realizar visitas a los países para estudiar determinadas situaciones y formular recomendaciones. A menudo solicitan “con urgencia, aclaraciones por parte de los Gobiernos sobre presuntas violaciones y, llegado el caso, [ruegan] que apliquen medidas de protección para velar por o restaurar el disfrute de los derechos humanos”. Ante determinados eventos y si lo consideran necesario, exponen “los motivos de su preocupación a la opinión pública a través de los medios de comunicación o de otras declaraciones públicas”.
No se alejan de su mandato cuando llaman la atención a un gobierno sobre una situación que les preocupa: de hecho, esa es su razón de ser, pues al manifestarse públicamente advierten sobre la puesta en riesgo de un derecho humano y con ello salvan vidas y promueven el ejercicio democrático del poder de los Estados.
En el caso de Acción Ecológica, se juntaron cinco Procedimientos en cumplimiento de su deber de promoción de los derechos de los defensores de derechos humanos, entre los que se cuenta el mismo derecho a “dirigirse sin trabas a los organismos internacionales” cuando quiera que consideren que un derecho ha sido vulnerado o puesto en riesgo.
La reacción del Estado ante un llamamiento de los Procedimientos, debería ser la de disponer lo necesario para iniciar una investigación rápida e imparcial que determine la dimensión de los hechos denunciados (artículo 9 de la Declaración sobre defensores) y así pronunciarse -con las formas propias y adecuadas de la diplomacia internacional-, sobre las medidas que adoptó para corregir o mitigar la situación, o para aclarar información que no es exacta.
En cambio, una reacción basada en acusaciones contra los peticionarios o el descrédito de los Procedimientos, es del todo inconveniente y contraría las obligaciones internacionales del Estado ecuatoriano, específicamente la que lo convoca a cooperar con ellos en el desempeño de sus tareas, respondiendo, según el Código de Conducta de los titulares e mandatos “sin dilación indebida a las comunicaciones que éstos les transmitan”.
No deja de causar estupor que el Estado exija airadamente que los Procedimientos esperen los 60 días para hacer públicas sus preocupaciones, cuando sólo otorgaron a Acción Ecológica 24 horas para responder al escrito de disolución. Exigir el cumplimiento de la ley requiere de saber cumplirla, más aún cuando se está en representación internacional de todas y todos los ecuatorianos.
Instamos a que desde el primer día de este nuevo año, se envíen mensajes respetuosos a los organismos internacionales que no hacen más que fortalecer el ejercicio de la democracia y, abierto el debate, proponemos aprovechar la coyuntura, para que las autoridades correspondientes den a conocer a las ciudadanas y los ciudadanos ecuatorianos el nivel de cumplimiento de todas y cada una de las recomendaciones realizadas por los Procedimientos que ya han visitado el país (el de derechos de los migrantes en 2001, el de la independencia de jueces y abogados en 2005, el de pueblos indígenas en 2006 y 2009, el de la salud en 2007, el de la extrema pobreza en 2008, el de la deuda externa en 2009, el de la descendencia africana en 2009, el de las ejecuciones extrajudiciales en 2011 y, el del derecho a la educación en 2012), teniendo en cuenta el mandato constitucional que nos faculta como ciudadanos a hacer cumplir sus recomendaciones inclusive por la vía de la acción de incumplimiento (artículo 93 de la Constitución de Montecristi).
Así mismo, creemos importante que se aclare públicamente la razón por la cual no se han hecho efectivas las invitaciones y visitas de los Procedimientos que lo han solicitado, es decir, los relativos a personas desplazadas, a la independencia de jueces y abogados, a los pueblos indígenas, de libre expresión, de derechos culturales y del derecho a la asociación y reunión. Temas de relevancia particular en los actuales momentos.
Estamos convencidos de que una apertura a estos Procedimientos enviaría una señal positiva sobre la voluntad de someterse al examen internacional como una forma de mejorar la democracia, y como una prueba real de que los funcionarios públicos creen y respetan el mandato constitucional que “reconoce al derecho internacional como norma de conducta” (art. 416, numeral 9).
ACCIÓN ECOLÓGICA
2 de enero de 2017
EN RESPALDO A Acción Ecológica
Carta del profesor Boaventura de Sousa Santos en solidaridad con Acción Ecológica y haciendo un llamado a la reflexión al gobierno ecuatoriano -para que no clausure la organización ecologista.
A pocos años de completar las dos primeras décadas del siglo XXI, nos encontramos en un momento decisivo de la historia planetaria. La locomotora del capitalismo ha conducido a una situación de crisis civilizatoria radical, en que la misma sostenibilidad de la vida sobre la Tierra se encuentra amenazada. Tenemos múltiples evidencias que nos alertan sobre la gravedad de esta crisis: el aumento de las sequías y las inundaciones; la recurrente amenaza de una crisis alimentaria global; los flujos migratorios de refugiados ambientales; el aumento de enfermedades inducidas por un medioambiente contaminado; la explotación cada vez más voraz de los recursos naturales; el despojo de tierras ancestrales a los pueblos indígenas para abrir camino a grandes Megaproyectos de desarrollo y la violencia producida por todos estos procesos, son solo unas cuantas muestras de la creciente devastación de la cual somos testigos hoy en día. En la complejidad de la actual crisis, todos estos elementos están interrelacionados.
Desde la década de los setenta, diversos movimientos y organizaciones ecologistas emergieron tanto en el norte como en el sur global, advirtiendo y denunciando la situación límite en la que nos encontramos. De entre todas ellas, Acción Ecológica de Ecuador es sin lugar a dudas una de las más importantes. Durante sus treinta años de existencia, ha demostrado un profundo compromiso desde el ecologismo popular con innumerables procesos de defensa de la naturaleza y los derechos humanos de las comunidades que la habitan. Desde esta posición de solidaridad con quienes son más afectados y marginalizados por esta crisis, Acción Ecológica ha promovido que aquellas voces que no son escuchadas -de indígenas, campesinos, mujeres y jóvenes-, irrumpan con fuerza en los debates nacionales, contribuyendo así a la construcción de una democracia más auténtica y a una sociedad más justa. Por esta razón, Acción Ecológica constituye no solamente un referente, sino también un ejemplo de insoslayable relevancia para otras luchas en distintos rincones del planeta.
Disolver una organización de la importancia de Acción Ecológica, constituiría un grave atropello, un mal precedente y una alarmante evidencia del deterioro de las libertades democráticas en el Ecuador. Por estas razones, deseo expresar mi solidaridad con Acción Ecológica y hago un llamado al Gobierno ecuatoriano para que reconozca el aporte imprescindible que realiza, respete sus derechos como organización de la sociedad civil y garantice su normal y libre funcionamiento.
Boaventura de Sousa Santos, Profesor de la Universidad de Coimbra, Portugal y de la Universidad de Wisconsin-Madison, EEUU.
Crisis Socioambiental, Suspensión De Derechos Y Militarización
Servindi, 6 de enero, 2017.- Al menos 20 organizaciones civiles, en su mayoría de América del Sur, se pronunciaron en contra de la vulneración de los derechos territoriales hacia los pueblos indígenas ecuatorianos, como también por la disolución de la organización ecologista y defensora de los derechos de la naturaleza Acción Ecológica.
El pronunciamiento dirigido al Estado ecuatoriano también expresa el rechazo al allanamiento de la sede de la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH). Asimismo, exhorta a la instalación de una mesa de diálogo ente el Estado y las organizaciones indígenas.
A continuación, reproducimos el pronunciamiento:
Crisis socioambiental con suspensión de derechos, militarización,
allanamientos y detenciones
Las organizaciones de derechos humanos y sociales que suscriben este pronunciamiento cuestionan la respuesta del Estado ecuatoriano a una crisis socio-ambiental de vieja data, generada por las actividades de las empresas transnacionales mineras en la Amazonía ecuatoriana, en especial en la provincia de Morona Santiago, mediante la declaratoria de un “estado de excepción” que suspende derechos, militariza la zona, intimida a la población local, realiza allanamientos colectivos y efectúa detenciones arbitrarias.
Los procesos de concesiones a los diferentes proyectos en curso, como el de Panantza-San Carlos, no respetan los derechos territoriales de los pueblos indígenas y omiten el derecho a la consulta previa, libre e informada, establecido en el Convenio 169 de la OIT, suscrito y ratificado por el Ecuador, convirtiéndose en una de las principales causas de la crisis socio-ambiental que el Estado ecuatoriano enfrenta inadecuadamente con centenas de policías y militares.
En este contexto, además, condenan el inicio del proceso de extinción y disolución de Acción Ecológica, organización ecologista y defensora de los derechos de la naturaleza, miembro de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), entidad a la que las autoridades gubernamentales la acusan de respaldar “las acciones y hechos violentos cumplidos por la comunidad Shuar”.
Del mismo modo, rechazan el allanamiento de la sede de la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH) y la detención de su presidente, Agustín Wachapá, acciones que no contribuyen a la búsqueda de una solución consensuada de los conflictos y las tensiones en la Amazonía ecuatoriana.
Las organizaciones de derechos humanos y sociales no dejan de demandar de la Fiscalía General del Estado y de los tribunales competentes, el esclarecimiento y la sanción de los responsables de las muertes de los dirigentes Shuar Bosco Wisum, Freddy Taish y José Tendentza, acaecidas años atrás, en contextos de defensa de sus derechos colectivos; y, de condenar la muerte del policía José Mejía, ocurrida durante los enfrentamientos que tuvieron lugar días atrás, en la comunidad Nankints, parroquia Panantza, cantón San Juan Bosco.
Y, por último, exhortan al Gobierno Nacional a suspender el “estado de excepción”, desmilitarizar la zona, detener el proceso de disolución de Acción Ecológica e instalar una mesa de diálogo entre el Estado y las organizaciones indígenas, con la participación de los procedimientos especiales de las Naciones Unidas y las organizaciones regionales e internacionales de derechos humanos, con el propósito de acordar mecanismos institucionales permanentes que garanticen los derechos colectivos y los de la naturaleza en la Amazonía ecuatoriana, responsabilidad ineludible del Estado ecuatoriano.
Firmantes:
Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe (ATALC) / Colombia
Árboles Sin Fronteras / Ecuador
Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ A.C.) / Venezuela
Asociación de Derechos Humanos del Azuay / Ecuador
Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (CBDHDD) / Bolivia
Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (CADEF) / Venezuela
Plataforma Internacional contra la Impunidad / Guatemala / Suiza
(siguen las firmas)
Adhesiones personales:
Michelle Báez, investigadora social / Ecuador
Lina Cahuasquí, activista de derechos humanos / Ecuador
Lindomar Padilha, politólogo y sociólogo / Brasil
Amarela Varela, Universidad Autónoma de la Ciudad de México / México
Adhesiones:
coordinacionregionalpidhdd@gmail.com
La desestabilización de Gobiernos progresistas en América Latina Jaime Breilh, Ecuador
Opiniones de un muy conocido científico ecuatoriano
http://medicamentos.alames.org/imagenes-y-videos/la-desestabilizacion
-de-gobiernos-progresistas-en-america-latina-jaime-breilh-ecuador/