Blog Eduardo Gudynas 10/1/17
En Uruguay, el ministro de economía acaba de anunciar que la empresas estatal de agua, OSE, aumentará sus tarifas. Una parte de ese aumento es presentada como una “tarifa ambiental”, justificada como necesaria para enfrentar la contaminación del agua. En realidad es una medida que tiene poco de ambiental y reforzaría una injusticia económica y ecológica. El gobierno, otra vez, se perdió frente a la problemática ambiental.
El ministro de economía Danilo Astori informó que el aumento de tarifas de OSE tiene dos componentes: un 8.2% sobre el consumo de agua y un 7,3% sobre el cargo fijo, que correspondería a una “tasa ambiental”. Esta tasa se debe, según la información del gobierno, a la crisis de contaminación en la cuenca del Río Santa Lucía y la necesidad de instalar más filtros en las usinas de Aguas Corrientes y Laguna del Sauce, todo lo cual costaría entre 17,5 y 60 millones de dólares.
Se razona que OSE enfrentaría mayores costos para poder lidiar con la contaminación del agua, lo que requiere aumentar y mejorar sus tecnologías de descontaminación, entonces se debe cobrar más a los usuarios. La conclusión cae en la creación de una “tasa ambiental” según los dichos de Astori, y que sería “ambiental” porque se la vincula a la contaminación del agua.
Ha pasado bastante desapercibida la medida o muchos ya se han resignado. Pero merece ser analizada en detalle porque estamos frente a un tasa que en realidad no tiene nada de ambiental, que por el contrario puede terminar alentando la contaminación del agua en vez de evitarla, y que es profundamente injusta.
La lógica de una correcta tasa ambiental es muy distinta, ya que se le aplica a los causantes de la contaminación. O sea, se aplica al origen del problema y no a los que lo sufren. El instrumento económico de la “tasa”, desde el punto de vista de una política pública ambiental, enfrenta algunos aspectos de esta problemática. En primer lugar apunta a los agentes económicos “ahorran” dinero al no cumplir con medidas ambientales, al no tener buenas plantas de tratamiento de efluentes o en evitar el uso de contaminantes. Ese “ahorro” en verdad desencadena que los costos económicos se trasladen a toda la sociedad.
En segundo lugar, aquellos productores rurales o empresas que contaminan, pueden lograr ventajas comerciales frente a otros agentes económicos que tienen mayores costos por cumplir con requisitos ecológicos. La tasa evita una competencia desleal frente a aquellos que cuidan el agua.
La tasa ambiental es un pago regular que se aplica a esos contaminadores para que no tengan ninguna ventaja económica. Estas tasas no reemplazan a las multas; esas sanciones económicas igualmente se deben imponer en los casos donde se incumplen los estándares de calidad ambiental.
Todo esto tiene otra consecuencia clave: la tasa ambiental se deja de cobrar en el minuto en que el productor rural o el empresario dejan de contaminar. Las tasas ambientales no son para recaudar dinero, no es una colecta de billetes entre los grandes contaminadores, ni una forma de recaudación para la OSE. Una tasa ambiental es una señal económica que se debe imponer con toda energía a quienes sólo entienden el idioma del dinero y nos les importa contaminar nuestros ríos o arroyos.
La medida que anuncia Astori va en sentido contrario y parecería que incumple algunos criterios básicos de una tasa ambiental. Comenzando porque se le cobrará a los usuarios finales, o sea a los que reciben los servicios de OSE. Por lo tanto usted y yo, todos nosotros, deberemos pagar un poco más por culpa de unos pocos que contaminan en el Río Santa Lucía. Se agrava así todavía más la asimetría económica del daño ambiental, en que toda la sociedad pasará a pagar por ser contaminados. Esta es una medida de una injusticia impactante ya que los montevideanos no tienen por qué subvencionar la contaminación que otros producen.
Un ejemplo no está demás para clarificar esta situación. Así como tenemos unos pocos contaminadores, por ejemplo tenemos a algunos automovilistas que manejan irresponsablemente y ocasionan accidentes, desde dañar infraestructura a herir o matar personas. Siguiendo la lógica del gobierno, a esos automovilistas se les aplicarían pocas o bajas multas (por el temor de la pérdida de puestos de trabajo), el Estado poco controlaría los accidentes, y como postre final, se crearía una “tasa de los accidentes” que todos los uruguayos deberían pagar para cubrir los costos de los daños y a las víctimas de los accidentes.
Es por esto que la tasa ambiental de Astori es una pésima señal económica. Se le está diciendo a los contaminadores, sean agropecuarios como industriales, que podrían seguir contaminando sin gastar mucho más, ya que la descontaminación al final la pagaremos todos nosotros. Incluso podría argumentarse que los montevideanos terminarán pagando por un subsidio oculto, perverso, para que unos pocos sigan contaminando.
Tampoco contribuye a fines ecológicos, porque no ataca la raíz de la contaminación. Asimismo, es políticamente inadecuada ya que es obvio que están fallando los controles estatales. La mayor responsabilidad está en los ministerios del Ambiente y en el de Ganadería y Agricultura, los que no logran detener la contaminación hídrica. También hay responsabilidades municipales (en una evaluación del 2014 para la Intendencia de Montevideo, se encontró que 9 de cada 10 violaciones ambientales quedan sin sanción; 1). En lugar de imponer mejores controles, multas adecuadas, y un seguimiento más fuerte, se le termina pasando todo el bulto a OSE para que esa empresa aumente su esfuerzo descontaminador.
Y finalmente, OSE está atrapada en este estado de cosas, y por ello necesita desesperadamente dineros para potabilizar el agua que tomamos. Como la tasa ambiental de Astori no es una medida provisoria para que los contaminadores aprendan a mantener el agua limpia, enfrentamos el riesgo que sea convertida en un medio de recaudación eterno. Algunos seguirán contaminando el agua, y más nos cobrará la OSE, cada año, para descontaminarla. Un error que ya cometió la Intendencia de Montevideo cuando creó la tasa de saneamiento en el primer gobierno municipal de T. Vázquez.
Enfrentar la contaminación del agua requiere atacarla allí donde se produce, y exige instrumentos de política ambiental. Es necesario entender cuáles son y cómo funcionan esos instrumentos para aplicarlos en forma rigurosa y adecuada. Que todos paguemos más por el agua no es una solución, sino que ahonda todavía más los problemas ambientales y genera una nueva injusticia económica y ecológica.
1. Quedaron sin sanción nueve de cada 10 violaciones ambientales; reporte sobre un estudio de M. Caffera de la Universidad de Montevideo, El Observador, 20 agosto 2014.
URU |Tiempos de definiciones
Trabajo, empleo y producción en crisis
La CRISIS del capitalismo regional y mundial, hace ya varios meses que se instaló en Uruguay. A pesar de las excusas, los ocultamientos rebuscados, los discursos engañosos, las mentiras organizadas y promovidas desde los medios de prensa amarillistas y oficialistas de turno, los maquillajes económicos y las trampas del gobierno fraude amplista, ya no les es posible tapar el sol con un dedo. A pesar de los datos, las cifras y los porcentajes con venta de humo de colores agregados, el INE ya casi no puede ocultarnos la cruda verdad. Llevamos varios meses de TARIFAZO permanente
La primera parte del Presupuesto 2016-2019 aprobado en 2016 por la mayoría oficialista en el Parlamento uruguayo, vino con cortes, recortes, nuevos impuestos a la población empobrecida y todo un paquete de medidas económicas antipopulares y A LA BAJA. A la baja la Educación, Salud, Viviendas, Programas y Planes sociales, Inversiones públicas, Trabajo y a la baja varias actividades industriales y comerciales uruguayas. A finales de 2016, el gobierno anuncio otro TARIFAZO en las facturas de los entes públicos y hasta un “complemento tarifario” en algunos de ellos. Resulta que los “ajustes” según el gobierno del triunvirato Vázquez- Mujica-Astori junto a sus socios y secuaces de turno, son para “equilibrar las cuentas públicas”, aunque irán a Rentas Generales para tapar los agujeros de las malas administraciones, los malos negocios, los negociados y la deuda externa uruguaya con los organismos financieros internacionales como el FMI, BID y BM entre otros prestamistas. Y acá no hubo ni hay una “herencia maldita” de gobiernos anteriores. El mérito es solo y propio de los gobiernos del fraude amplio, desde 2005. Las malas y pésimas administraciones y gerenciamientos de los entes públicos uruguayos y de los organismos del gobierno desde 2005, son de absoluta responsabilidad del fraude amplio y su gente
En este 2017 recién comenzado ya están vigentes los nuevos IMPUESTOS a salarios y jubilaciones (IRPF y IASS entre otros), la rebaja salarial consagrada en los “consejos de salarios” recientes, las vergonzantes pautas a la baja, con rebajas y congelación salarial incluida y “acordada” en el MTSS, inflación galopante, ajustes de precios al consumo constantes y la segunda parte del Presupuesto nacional sobre la mesa. Ocurre que cada vez les cuesta más mentirnos y engañarnos, en esto del “equilibrio fiscal y las cuentas públicas”. El cuentito del déficit fiscal, ya no se lo cree casi nadie
Incluso los “cambios políticos” en los países vecinos, que antes nos favorecían, ahora nos perjudican y si no veamos lo de FANAPEL. Parece que lo bueno de Macri en Argentina, solo le sirve a un grupaje de sojeros que ahora disfrutan de los privilegios, beneficios y las prebendas del macrismo rancio y derechista. Y en Brasil, el golpe fascista de Temer ya no les conviene tanto. Y están preocupados por Trump en yankilandia del norte, porque sus planteos “nacionalistas y conservadores” van contra los proyectos entreguistas y vende patria de estos gobiernos progres. Estos asuntos de política económica externa y los propios del gobierno actual en Uruguay, agravan y profundizan la CRISIS de trabajo, empleos y producción local. Pretenden hacernos creer que la inflación bajo, la crisis no es tal, el neoliberalismo económico de Astori y su equipo hacen que “estemos mal pero vamos bien”, el poder de compra de los salarios y las jubilaciones creció, los pobres son cada vez menos pobres, la pobreza es cosa del pasado y de los gobiernos anteriores y con un salario de 15.000 pesos al mes ya no somos más pobres… somos “clase media”. Y con un salario mínimo nacional de 12.265 pesos mensuales, estamos casi en el primer mundo capitalista. Y aun así, el DESEMPLEO sigue bajando, según el gobierno de turno. Si nos dicen que hay 35 mil personas en el seguro de paro registradas en el BPS, están maquillando los números oficiales. Si sumamos a quienes están en edad de trabajar y no consiguen empleo, a quienes hacen changas des de hace años, a quienes hace meses que no consiguen trabajo, a quienes trabajan 1 hora por semana y se consideran “ocupados”, a quienes limpian vidrios y hacen malabares en las esquinas y en los semáforos, a quienes ya no buscan trabajo porque no lo obtienen y a quienes están en los vergonzantes y patéticos “programas laborales del Mides”, el desempleo laboral en Uruguay debe afectar a más de 50 mil personas. Con la baja tasa de actividad fabril, comercial e industrial que tenemos actualmente, con el envejecimiento de la población activa y con la CRISIS instalada, el problema es gravísimo.
URUPANEL en Tacuarembó, Alur en Artigas, sectores hortofrutícolas en Salto y Paysandú, Azucarlito y las zafras cañeras, ECOLAT en Colonia, cierre de tambos y problemas en sector lechero, cierre de fábricas automotrices, más de 20 mil desocupados en la construcción (aunque el Sunca lo niegue), cierre de FRIPUR con pérdida de 1000 puestos de trabajo, cierres parciales y totales de curtiembres en varias localidades, cero en inversiones y obras públicas salvo todo lo dispuesto para la tercera planta de celulosa, FANAPEL en Juan Lacaze y Molino Dolores en Soriano. Con este panorama, pretenden hacernos creer, que el DESEMPLEO bajo. Y nada sabemos, porque nada se dice, sobre algunos “proyectos cooperativos obreros” como la ex Agolan en Juan Lacaze, Paycueros en Paysandú, ENVIDRIO, FUNSA o las ex Porcelana Olmos. Como van a salir adelante estos proyectos laborales, si el gobierno no le compra ni un neumático para su flota oficial a FUNSA, le compra miles de uniformes para militares, policías o funcionariado público a China y hasta el BROU los ningunea y les niega los créditos necesarios. Eso sí, los directorios de turno del BROU (“el Banco país”), le otorga préstamos rápidamente a jodedores y estafadores como Soloducho, los “socios de Pluna” o los hermanos Fernández dueños de FRIPUR. Recuérdese que en el caso del Ing. Soloducho (empresario textil), se llevó 11 millones de dólares que nunca pago, en el negociado de Pluna hubo 13 millones de dólares concedidos por contacto telefónico y los Fernández, le deben al BROU 80 millones de dólares.
Entretanto, el pasado 19 de Enero en Piriápolis se hizo el famoso “asado progresista” en la casa de Ruben Villaverde. Este personero que fue “sindicalista del Pit-Cnt”, director del Instituto Cuesta Duarte y presidente del SIRPA, ahora es un “empresario exitoso” que además organiza eventos para sus pares en verano. Esta vez, lo acompañaron el bicho Bonomi, Susana Pereyra, el flaco De Los Santos, Olesker, Agustin Canzani, Juan Castillo, Milton Castellano, Julio Burgueño y Fernando Pereyra del Pit-Cnt entre otras figuritas repetidas del gobierno. Sin dudas, toda una barra de amistades, una muchachada macanuda, una camarilla, un grupete y un grupaje de “izquierdosos”, progresistas y fraude amplistas. Frente a esta verdadera patota del gobierno que se juntó para “compartir un asado, estudiar una futura política de alianzas del FA y preparar la aprobación parlamentaria del Presupuesto 2017-2019, prefiero recordar a Antonio Gramsci: “Frente al pesimismo de la inteligencia, me gana el optimismo de la voluntad”. Y así será.
Rodolfo Bisquiazzo Aquino
Montevideo, Enero 27 de 2017.
Ex dictador Gregorio Álvarez cobraba 172 mil pesos de jubilación
27.01.2017MONTEVIDEO (UyPress)- El Ministerio de Defensa también dio a conocer la jubilación de Jorge Silveira, José Araujo Umpiérrez, Juan Carlos Gómez y José Nino Gavazzo.
El ex dictador Gregorio Álvarez cobraba 172 mil pesos de jubilación, según informaron al Semanario Búsqueda desde el Ministerio de Defensa.
Por su parte los coroneles retirados Jorge Silveira, José Araújo Umpiérrez y Juan Carlos Gómez cobran $ 128.744, $ 118.278 y $ 112.744 mensuales, respectivamente. El teniente coronel (r) José "Nino" Gavazzo tiene una pasividad mensual de $ 68.348
La información fue revelada por la cartera, ante un pedido de acceso a la información realizado por Búsqueda, en el que el Ministerio explica que accedió a brindar la información porque si bien son datos personales se trata de fondos públicos.
El 17 de enero, el ministro de la cartera, Jorge Menéndez, firmó una resolución en la que deja constancia que "determinados datos personales de funcionario público deben considerarse públicos", pues "emanan de la naturaleza misma de la función que cumple".
En setiembre, el Ministerio de Defensa se negó a dar esa información aunque admitió que las jubilaciones de los procesados "no fueron recortadas, suprimidas o modificadas".
Las jubilaciones de los militares estarán en discusión durante la próxima Rendición de Cuentas. El Poder Ejecutivo prepara una propuesta de reforma que presentará al Parlamento.
Represores de la dictadura reciben jubilaciones privilegiadas
Según la información aportada por el Semanario Búsqueda, represores de la dictadura están recibiendo altas jubilaciones, incluso los que están procesados y condenados, pagadas con el bolsillo de los trabajadores. El Ministerio de Defensa nunca ha recurrido jurídicamente para recortar estos beneficios, aunque trascendió que se dispone a modificar la normativa próximamente.
Sebastián Artigas
Viernes 27 de eneroLa Izquierda Diario
De acuerdo a Búsqueda la información fue aportada por el propio Ministerio de Defensa. Se destaca la jubilación que recibía el recientemente fallecido ex dictador Gregorio "Goyo" Álvarez, el cual cobraba $172.647.
También destacan otras jubilaciones de más de cien mil pesos como las de Jorge También destaca la jubilación de $ 68.348 del torturador y asesino José Gavazzo, el cual también goza del beneficio de prisión domiciliaria en un balneario
Por lo respondido de parte del Ministerio de Defensa dichas jubilaciones “no fueron recortadas, suprimidas ni modificadas”. Aunque los últimos trascendidos de la prensa escrita, afirman que el Ministerio se dispone a reactivar los tribunales de honor y modificar el reglamento, que data de la época de la dictadura, para que se expidan "lo más rápidamente posible" cuando se trate de las causas vinculadas a violaciones a los DDHH.
El Ministerio se había negado a responder
En un principio el Ministerio se había negado a responder la solicitud del citado Semanario, pero la Unidad de Acceso a la Información lo instó a responder el pedido de información del medio periodístico.
De acuerdo a lo trascendido estás jubilaciones podrían bajarse hasta dos tercios si se sometiera a estos represores al tribunal de honor militar.
En medio de la polémica por la reforma de la deficitaria y onerosa caja militar, la publicación de estos datos da muestra de un privilegio más de todos los que gozan los represores, comenzando con la impunidad de sus crímenes.
Del bolsillo de los trabajadores
Mientras el gobierno aplica el ajuste, recortando gastos, subiendo impuestos y tarifas, se utiliza esta plata sacada del bolsillo del pueblo trabajador para pagarles estas altas jubilaciones a los verdugos del pasado. Una de las jubilaciones más bajas difundidas, la de Gavazzo, que entraba a la fuerza y metralleta en mano a la casa de los obreros, como le pasó a mi familia, para amenazar y secuestrar a obreros y luchadores sociales, supera ampliamente el ingreso promedio de la mayoría de los trabajadores uruguayos.
El estado que garantiza la impunidad de la mayoría de los represores y a los pocos condenados les otorga distintos privilegios, premia con jubilaciones altísimas, por sus servicios prestados a los verdugos de la juventud y la clase obrera de los setentas. Tan vergonzoso es, que el Ministerio se había negado inicialmente a divulgar estos números.
Tardaron más de tres décadas desde el fin de la dictadura, para intentar hacer algo con respecto a esto, incluidos gobiernos de la derecha tradicional y los doce años de gobierno del FA. Si ahora tienen la voluntad política de cambiar esto, deberían ejecutar estos cambios de inmediato ¡sin más dilaciones!
Estos represores llevan décadas cobrando estas remuneraciones privilegiadas, con la anuencia de todos los partidos del régimen político que no han movido un dedo, hasta ahora, para cambiar esta situación, pero sí tienen la mano fácil para recortar y llenar de impuestos y tarifazos a los trabajadores.
FINANCIAMIENTO DE PARTIDOS
Parlamentarios presentarán denuncia penal sobre Venezuela
27.01.2017
MONTEVIDEO (UyPress)- Los diputados Gonzalo Mujica y Jaime Trobo presentarán una denuncia penal por la participación de la empresa Aire Fresco en la intermediación con los negocios con Venezuela.
Según dijo Mujica a Montevideo Portal, la denuncia va a quedar pronta cuando termine la feria y se buscará que sea presentada en conjunto con los legisladores nacionalistas.
Mujica dijo que unos días antes de presentarla a la Justicia la presentará en el ámbito parlamentario para "para los que quieran acompañarlo", que estimó que serán los diputados de oposición que impulsaron la comisión pre investigadora para analizar esos negocios.
Por su parte, el diputado Rodrigo Goñi del Partido Nacional dijo a Montevideo Portal que la definición de presentarse a la Justicia ya está tomada y que es una cuestión de responsabilidad simplificar el trabajo de la Justicia, por lo que se da por descontado que habrá coordinación para saber si se pueden presentar juntas.
La posibilidad de ir la Justicia se tomó luego de que no fuera aprobada la creación de una comisión investigadora para estudiar el caso, por la oposición de los votos oficialistas y de Unidad Popular.
El informe de la pre investigadora presentado por el diputado Jaime Trobo asegura que la empresa Aire Fresco, tiene vínculos con el Movimiento de Participación Popular y aportó en la campaña electoral unos 35 mil dólares