La Justicia declaró el pasado lunes 13 /3 el cierre de fronteras y la detención para el ex militar !!!
Orden de captura para Eduardo Ferro por la desaparición de Oscar Tassino
La Justicia ordenó el cierre de fronteras y emitió una orden de captura para el coronel retirado Eduardo Ferro, que viene siendo indagado por la desaparición en 1977 del militante comunista Oscar Tassino.
La jueza penal Dolores Sánchez emitió una orden de cierre de fronteras y un pedido de captura para el coronel retirado Eduardo Ferro, según informó Televisión Nacional (TNU).
A Ferro se lo señala como uno de los responsables del secuestro y posterior desaparición en 1977 del militante comunista Oscar Tassino.
Eduardo Ferro está acusado, entre otros delitos, de la desaparición y asesinato del dirigente comunista Fernando Miranda; de participar en la desaparición de María Claudia García de Gelman (madre de la actual diputada Macarena Gelman); del secuestro en Brasil de los refugiados Universindo Rodríguez y Lilián Celiberti; y del interrogatorio, tortura y desaparición de Andrés Bellizzi y Jorge Gonçalvez, en el centro clandestino de detención Club Atlético en Argentina
Ferro nunca fue procesado por ninguna de las acusaciones contenidas en los expedientes judiciales, indica una nota de Samuel Blixen publicada por el semanario Brecha. Pese a las calificaciones que registra su legajo personal, indicó Carlos Peláez en su columna Cosechando Amigos de Rompkbzas, a Ferro le asignaron a partir de 1992 diversos destinos que lo alejaron de la actividad de inteligencia. Como una forma de protestar por ese alejamiento, Ferro solicitó “pasar a disponibilidad”, hasta que fue reincorporado a la inteligencia años después.
Fue vinculado al contrabando por Edgard Resola, como el que protegía a su hermano Washington Resola, conocido contrabandista. Según establece una entrevista del periodista Roger Rodríguez, publicada por La República el 8 de julio del 2002 . “El Toto Ferro lo protege y al mismo tiempo, le hace el contacto para darle plata a los colorados”
Ferro no está en Uruguay desde el año pasado, confirmó Bonomi
El Ministro del Interior, Eduardo Bonomi, reconoció que el coronel (r) Eduardo Ferro sobre quien pesa un cierre de fronteras no está en Uruguay desde diciembre de 2016.
Lo dijo el Jueves 16 de marzo de 2017
El jerarca sostuvo que se desconoce el paradero del militar, acusado del secuestro y la desaparición del militante comunista Óscar Tassino en 1977, y puntualizó que cuando partió del país “no pesaba ninguna medida sobre él”
Por otra parte, consultado acerca de la investigación sobre espionaje militar en democracia, el secretario de Estado sostuvo que no se puede revelar la información que maneja la Policía sobre el Archivo Castiglioni y subrayó que desde su cartera se continuará colaborando con la Justicia. ???
Javier Tassino, hermano de Oscar e Integrante de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, dijo a Informe Nacional que espera que la policía pueda dar con su paradero.
EL PRONTUARIO DE UN CRIMINAL
quien es el coronel ® FERRO
Eduardo Augusto Ferro Bizzozero, uruguayo. Divorciado. C.I. 1.113. 451 -7. Alias: “Oscar”, “Guillermo” “El Toto”. Nació en Montevideo el 10 de abril de 1947.
Gran parte de su adolescencia y juventud transcurrió en la zona de El Prado. Último domicilio conocido: Barrio Pinares, calle OCTANTE 29 S/N – COD.POSTAL 32113
En 1964 ingresó al ejército como cadete en el arma de Ingenieros. Tres años después realizó un curso en la Escuela de las Américas, ubicada en Panamá y dependiente del Ejército de los EE.UU. De los datos biográficos consignados en el libro “A todos ellos – Informe de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos”, surge que en 1967 Ferro egresó como alférez y en 1970 ascendió a teniente segundo.
En 1975, ya en dictadura, pasa a desempeñar “tareas” en el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (O.C.O.A.) y en el centro clandestino de detención y torturas ubicado en los fondos del Batallón Nº 13 de Montevideo, llamado “300 Carlos”. Esta dependencia clandestina e ilegal funcionó antes en una casa ubicada frente a la rambla de Punta Gorda y allí también estuvo Ferro. En el año 1977 operó en Argentina. En noviembre de 1978, otra vez en el marco del Plan Cóndor, participó del secuestro de dos militantes del PVP, Lilián Celiberti y Universindo Rodríguez Díaz junto a los dos hijos de Lilián, de sus domicilios en la ciudad de Porto Alegre. Esta familia se salvo de ser asesinada gracias a la movilización y denuncias internacionales realizadas por el abogado Jair Krischke y el Movimiento Justicia y Derechos Humanos de Porto Alegre. Esa denuncia derivó en el único juicio que finalizó con una condena en Brasil a los participantes de un operativo realizado en el marco del Plan Cóndor.
Pero Ferro demostró luego que su patología era grave. Durante un tiempo el secuestrador persiguió y acosó a Celiberti por todo Montevideo, pretendiendo mantener con ella una relación amorosa. Harta de la situación la valiente mujer citó al militar en un bar y en presencia de muchas personas lo abofeteó reiteradamente provocando la huida del cobarde sujeto. Luego fue jefe de operaciones de la Compañía de Contrainformación e integrante del Departamento III del Servicio de Inteligencia de Defensa (SID). Y después de la dictadura perfeccionó su currículo realizando cursos de paracaidismo (1986), de inteligencia en Alemania (1989); de seguridad electrónica (1991); de información ante problemática de drogas; y, ya en 1997, de buzo táctico militar. Ferro reside en la parada 36 del barrio Pinares de Maldonado y se desplaza en una camioneta 4×4 Ford Ranger, gris metalizado, con vidrios polarizados y cuya matrícula es SAD-3871 – Uruguay, registrada en la Intendencia Municipal de Montevideo. Suele acompañarlo un gran perro ovejero-alemán.
Involucrado en los casos de:
UNO DE LOS ASESINOS DE MARÍA CLAUDIA IRURETA DE GELMAN
Una investigación realizada en el año 2002 por el periodista Roger Rodríguez – publicada en el matutino La República – sobre las circunstancias en que fue asesinada María Claudia Irureta Goyena de Gelman, nuera del poeta argentino Juan Gelman, demostró que Ferro fue partícipe en el crimen de la joven argentina. Después de proporcionar detalles sobre la denominada “base Valparaíso”, ubicada en la calle Francisco de Medina 1525 bis, muy cerca del zoológico de Villa Dolores, el periodista reconstruyó en base a sus fuentes, el momento en que la joven mujer ya despojada de su hija recién nacida fue entregada a quienes finalmente, la asesinarían. “La vida de María Claudia y la disposición de su cuerpo quedó en manos de otros cuatro hombres, también presentes. El policía Ricardo “Conejo” Medina y el capitán de Ejército Ricardo Arab, quienes la habrían traído, y los oficiales Ernesto Rama y Eduardo Ferro, quienes ya sabrían qué y dónde hacerlo. El ex presidente Jorge Batlle tiene detalles sobre lo que ocurrió aquel día en la Base Valparaíso, ya que le confió al senador Rafael Michelini que el “Conejo” Medina había asesinado a María Claudia. También ha trascendido que su cuerpo fue enterrado en el Batallón de Infantería 13. Allí estaría aún su tumba”, relató Rodríguez. Que precisamente es lo que están buscando antropólogos uruguayos y argentinos desde que asumió Tabaré Vázquez como presidente. ( ???)
EL VENDEDOR DE IMPUNIDAD
El 4 de diciembre de 1998, el semanario Brecha sostuvo que “tras la austera fachada de una agencia privada de seguridad funciona un “equipo” que vende una amplia gama de servicios. Entre ellos, y para quien pueda pagarla, vende “tranquilidad” al cliente en conflicto con la ley”. La agencia a que refiere Brecha era “Federal Seguridad”, cuyos socios eran entre otros el empresario radial Miguel Sofía, acusado de integrar “el Escuadrón de la Muerte” que funcionó en Uruguay a principio de los años 70 y asesinara a varias personas. Luego también fue socio el contrabandista Washington Resola, quién tuviera un importante papel en la caída del ex Director de Aduanas, Víctor Lissidini.
La investigación de Brecha, a cargo de los periodistas Ivonne Trías y Carlos Amorín, aseguraba que “el grupo está formado por altos oficiales militares y por civiles, algunos de ellos con antecedentes policiales, y funciona como petit comité secreto dentro de la empresa; esto es, no puede afirmarse que todos los integrantes de la misma participen del grupo. Enterado de las dificultades de un empresario con la Dirección General Impositiva (DGI), por ejemplo, el grupo se ofrece a intermediar, cobrando fuertes sumas de dinero y bienes y asegurando la solución al problema. Este modo operativo, similar al de la mafia, tiene la particularidad regional de contar con la participación asesora o ejecutiva de militares que revistaron en las filas de Inteligencia del Ejército”. Uno de ellos era el coronel Ferro, quien nuevamente adquiría un papel protagónico en actividades delictivas.
PROMOTOR DE LA LEY DE CADUCIDAD
En diciembre de 1986 cuando el Senado de la República discutía el entonces proyecto de Ley de Caducidad, el Senador Luis Senatore dijo a sus pares que al recuperar la democracia uno de los primeros citados por la Justicia Penal fue el coronel Eduardo Ferro, junto a otros militares, para responder por el secuestro de Lilian Celiberti y Universindo Rodríguez. El juez Ángel Ruibal los citó en dos oportunidades, pero los militares resistieron la convocatoria. Poco después surgió la frase del entonces Comandante en Jefe del Ejército, Teniente General Hugo Medina : “Las citaciones están guardadas en mi caja fuerte”. No es ocioso sostener entonces que la Ley de Caducidad surgió para darle impunidad a Eduardo Ferro, entre otros.
Tan importante era en el esquema de represión ilegal que vivió el país.
De la condena social NO podrán escapar!!!
El 20 de diciembre del 2004, Eduardo Ferro comenzó a desempeñarse como gerente del Hotel Las Dunas de Manantiales, uno de los establecimientos más importante del Este del país. Ingresó como Jefe de Vigilancia con un salario de 14.000 pesos y en julio del 2005 pasó a ocupar el cargo de Gerente sustituyendo a Ramón de Izequillas, quien fue contratado como asesor en Turismo del gobierno municipal del momento. Después de recibir varias denuncias de empleados y ex empleados del hotel, identificando al militar retirado como responsable de “acciones violentas” contra ellos. En de sus acciones acusó a uno de ellos por robo, pero sin denunciarlo en la Justicia, allanó su casa, lo tomó del cuello y profirió varias amenazas. Otros funcionarios dijeron “sentirse vigilados” por el ahora ejecutivo hotelero y circula la versión de que “realiza escuchas telefónicas clandestinas”. Debido a todas estas denuncias el Torturador fue obligado a renunciar. El Sábado 28 de Mayo de 2011 se realizó un escrache a Eduardo Ferro en Maldonado. La Coordinadora Verdad y Justicia de Maldonado, y Plenaria Memoria y Justicia convocaron a movilizarse hacia el barrio Pinares donde vive el torturador. Se realizó una caravana por la justicia que partió en buses desde Montevideo, para encontrarse en Maldonado con la concentración que partió colocando carteles y pancartas señalando a Eduardo Ferro como torturador impune
TODO EL AÑO ES CARNAVAL
PRESENCIA DE LA MINISTRO MUÑOZ EN MEMORIAL
DE DETENIDOS DESAPARECIDOS
Ahora que se apagó el tronar de los tambores. Ahora que ya está frío y no puede tomar baños en la playa Conrad- Mansa de Punta del Este. Ahora que no está invitada a alguna fiesta desenfrenada, donde termine bailando arriba de la mesa.
Ayer martes 14 de marzo, se ve que no tenía que concurrir a ningún evento, de esos que cubre la sección Sociales de Galería de Búsqueda y otros medios. Entonces, la Sra. Ministro de Educación y Cultura MARÍA JULIA MUÑOZ, decidió concurrir al Memorial de los Detenidos Desaparecidos en el Cerro.
La Sra. Ministro decidió ofrecer su apoyo moral a las víctimas de la Dictadura. Ofrecer desde su cargo en el Ministerio, algún tipo de reparación moral. Es sabido y por algo algunos la han llamado ‘’ la dama de hierro ‘’ que la Ministro no es para nada propensa a la sensibilidad humana. Y si no, preguntarles a maestros y profesores que se enteraron por su boca del Decreto de Esencialidad. Y si no preguntémosle a quienes se les negó el amparo a la Ley 18.596, y la Sra. Ministro ha ignorado las Resoluciones de la INDDHH pidiendo y fundamentando la reconsideración de esos casos. A la Sra. Ministro, no le caben ni las balas
Los logros en materia de DDHH violados por la Dictadura en el pasado reciente han sido para éste gobierno que se autodenomina de izquierda: insignificantes, casi imperceptibles
Veamos: De cientos de desaparecidos, encontrados 4 cadáveres. De Verdad, Cero.
De Justicia, actualmente son unos 8 o 9 los presos. Y son más de 1.600 los verdugos y asesinos. Disfrutan de una cárcel VIP, o están en sus domicilios, o internados en salas especiales del Hospital Militar. La ‘’ fuerza política ‘’, les mantiene todos sus privilegios, No ha reformado la Caja Militar, ni siquiera se animan a ponerle un impuestito a sus pasividades fastuosas. Promulgaron 2 leyes reparatorias excluyentes e injustas. Si la SCJ ha estado omisa, el actual gobierno lo ha estado el doble o el triple.
Están violando las normas del Derecho Internacional Humanitario, habiendo ya sido advertidos y se hacen los sordos ignorando los fallos de la INDDHH.
Últimamente como están quedando tan pegados frente a sus propios votantes, (que no son bobos) y frente a los Organismos Internacionales, han decidido – para llenar el ojo -, secundar las iniciativas de las organizaciones sociales en lo que tiene que ver con MEMORIA. Así es que han contribuido a crear sitios de Memoria (baldosas, placas, memoriales). MINGA DE VERDAD, DE JUSTICIA Y REPARACIÓN
Es así, en ese marco y con ese propósito, que la Sra. Muñoz se apersonó ayer en el Memorial. Era la persona más apta para hacer éste mandado
Juan Miguel García Lamas
CRYSOL: En qué país estamos viviendo?
Se cumplen hoy 32 años de la liberación de los últimos presos políticos de la dictadura. Por primera vez, esta celebración de nuestro colectivo organizado, se lleva a cabo junto a una ceremonia en la cual el Estado reconoce, oficialmente, el 14 de marzo día de la y del expreso político. Una gran conquista. Nuestro reconocimiento a la Comisión Especial de la Ley 18 596 por acoger nuestra solicitud
Lo hacemos como reafirmación de nuestra identidad de luchadores sociales y políticos. Lo hacemos como reivindicación de nuestro compromiso con la democracia y la libertad que ayudamos a forjar. Lo hacemos también como ratificación de nuestro compromiso actual con el futuro del país y horizontes de cambios profundos por los que siempre batallamos y que obviamente, siempre incluyeron, también, la igualdad de género
En las grandes luchas del siglo pasado de nuestro pueblo, por luchar, por resistir, fuimos presas y presos políticos, supimos resistir en las cárceles del régimen. Estamos y seguiremos estando orgullosos de ello, de haber sido parte de una epopeya colectiva que cristalizó y forjó el Uruguay actual y que tiene que seguir avanzando hacia una sociedad justa libre, igualitaria y solidaria
Por eso somos integrantes de esta herramienta de trabajo plural y participativa, que entre todas y todos estamos construyendo y que denominamos Crysol.
Como sobrevivientes del horror, de los centros de tortura y de reclusión, de lo peor y más degradante del terrorismo de Estado, hemos asumido la obligación moral de denunciar una y otra vez lo ocurrido, de mantener viva la memoria de los crímenes, de homenajear a las víctimas, de promover el juzgamiento y castigo penal de los responsables de los mismos. ¡Es la única manera de que ellos nunca más vuelvan a ocurrir!
El poder judicial tiene que actuar!
Le corresponde al Poder Judicial investigar, esclarecer, llegar a la verdad de lo ocurrido, identificar a los responsables y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el período del terrorismo de Estado. Incluso para ordenar excavaciones en los predios militares para buscar a nuestros detenidos desaparecidos. Para eso está el poder judicial.
Desde octubre del 2011 ya no hay más obstáculos legales que impidan las investigaciones, ya que se restableció plenamente la pretensión punitiva del Estado. El poder judicial, además, recuperó su plena independencia y autonomía, avasallada por los defensores de la impunidad.
El tiempo en que estuvo vigente la ley caducidad no debe computarse a los efectos del cálculo prescripcional de los delitos y son, como lo señalan las normas internacionales, crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles e inamnistiables
Las más de doscientas causas impulsadas y promovidas por las víctimas deben reactivarse y dinamizarse, tienen que avanzar de una vez por todas, sin temor a las presiones políticas, económicas, de los medios de comunicación pro impunidad, de los centros militares y sus cómplices, de los Comandos Barneix.
Es inconcebible, que hasta el día de hoy, a 32 años, no haya un solo procesado por torturas ni por abusos sexuales, recontra probados e incluso admitidos.
Señores jueces: en qué país estamos viviendo?
La Suprema Corte de Justicia no puede seguir tolerando las maniobras dilatorias, debe alentar el trabajo de los juzgados penales que las poseen, adoptar disposiciones que faciliten y aceleren su labor. Además debe garantizar que no haya más prisiones domiciliarias injustificadas para criminales como Ramas y Gavazzo, involucrados personalmente en la desaparición de decenas de ciudadanos.
Hace dos años hicimos entrega a Presidencia de la República de un documento en el cual expresábamos el sentir de nuestro colectivo. Formulábamos un conjunto de propuestas en el marco de lo establecido por las normas internacionales de DDHH, por el sentido común, para seguir avanzando en la superación del pasado reciente. Hasta ahora, nada se ha hecho al respecto.
Más allá de las buenas intenciones y disposiciones, a nuestro entender se ha avanzado muy poco en aspectos que consideramos relevantes. La no integración del Pit-Cnt y de CRYSOL en el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, fue un grave error, tal como lo señalamos en su momento y la vida lo ha reafirmado. Lamentablemente.
En lo sustancial, como colectivo organizado, lo reiteramos, seguimos reivindicando cinco grandes orientaciones adicionales que no pueden seguir posponiéndose y que son responsabilidad del poder político.
1) La realización de una ceremonia oficial y pública, al más alto nivel, con la presencia del Presidente de la República y representantes de los tres poderes, en la cual el Estado asuma su responsabilidad institucional por las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante el período del terrorismo estatal y se pida disculpas a las víctimas directas, a sus familiares y a la sociedad toda.
2) Implementar de manera inmediata la disposición legal vigente de someter a Tribunales de Honor a todos los militares procesados y con sentencia firme para que sean apartados de las Fuerzas Armadas y pierdan los inmerecidos beneficios que ostentan como integrantes de ellas. Al mismo tiempo reclamamos que se modifique la ley jubilatoria de las FFAA, aprobada en 1974, en plena dictadura, por la cual, 1573 oficiales retirados, en su gran mayoría oficiales del proceso, perciben jubilaciones y pensiones privilegiadas e inmerecidas, en la mayoría de los casos, incluso procesados, con sentencia firme, y prófugos de la justicia
3) Adoptar la decisión, por parte del Poder Ejecutivo, de hacer uso del Artículo 25 de la Constitución de la República que otorga la potestad de repetir contra los responsables de acciones que han generado perjuicios económicos al Estado los costos incurridos en materia de indemnizaciones a quienes han sido procesados y sentenciados por las mismas.
4) Promover un Plan Nacional de Memoria y Dignificación de las víctimas del terrorismo de Estado en todo el país, que incluya la aprobación de una necesaria Ley de Memoria del pasado dictatorial, abordando la temática de los sitios de memoria, sin detenerse en ellos, para mantener vivo el recuerdo de lo ocurrido, para educar en los valores de la libertad a las nuevas generaciones y la construcción de un gran monumento a ellas en un espacio público de primer nivel.
5) De acuerdo a las recomendaciones formuladas por la Institución Nacional de DDHH (INDDHH) en diciembre de 2012 y también por el Relator Especial de las Naciones Unidas, Pablo de Greiff en setiembre del año 2014, enviar al Parlamento a la mayor brevedad un proyecto de ley de restitución de derechos jubilatorios y pensionarios que solucione las carencias e insuficiencias de las leyes 18 033 y 18 596.
La dictadura: un proyecto de país.
La dictadura cívico militar, el terrorismo de Estado, fue un proyecto global e integral de país. Se comenzó a implementar desde el mismo momento en que Pacheco Areco impuso las Medidas Prontas de Seguridad el 13 de junio de 1968. Pretendió, y lo hizo, reestructurar la sociedad uruguaya en función de los intereses y las necesidades de las elites económicas. Fue un proyecto de país en el marco de una estrategia continental diseñada e impulsada desde Estados Unidos, que abarcó muy especialmente al Cono Sur.
Fue una tragedia nacional que por el bien del país y de su gente, nunca más debe volver a repetirse. En esa batalla estamos y seguiremos estando, con el recuerdo de tantos y tantos compañeros que ya no están pero que permanecen con nosotros, siguen vivos en nuestros corazones, en la lucha permanente de los que hoy seguimos batallando para que se cumplan nuestros derechos, en nuestras banderas de lucha desplegadas al viento,
Por Verdad, Justicia, Memoria y Reparación y Nunca Más terrorismo de Estado