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POSTALINAS

Justicia Militar: CARNE PODRIDA

El 15 de abril de 1972 el Parlamento aprobó el Estado de Guerra Interno. Otorgó competencias a la denominada Justicia Militar para juzgar las acciones y conductas de todos aquellos ciudadanos que las Fuerzas Conjuntas, integradas por las tres armas y la Policía, entendieran que debían ser sometidas a la misma. Fue en el marco de la guerra desatada, en base al Decreto 566/1971 de Jorge Pacheco Areco, contra lo que se denominó “subversión”

Esta cesión de atribuciones, exclusivas y propias del Poder Judicial, al ámbito castrense, significó una grave alteración de la realidad institucional del país, basada, hasta ese momento, en tres poderes independientes. El Poder Judicial, sin expresar siquiera inquietud, preocupación o molestia en forma pública, dejó de ser un poder del Estado para transformarse en un apéndice de segundo orden, enfocado en asuntos de menor jerarquía. Las Fuerzas Armadas, actuando ya con gran autonomía, comenzaron a ser casi un poder del Estado para la administración de justicia

Juez Sumariante: complicidad en torturas

El reciente procesamiento del Cnel. ® Rodolfo Álvarez Nieto, injustamente procesado según el teniente Gral. ® Raúl MERMOT, llamó la atención por ser el primer militar a quien se le tipificó el delito de Torturas, a 32 años del retorno a la vida democrática. En su momento, Uruguay fue el país con la mayor cantidad de presos políticos en relación a su población. La tortura, masiva, sistemática, generalizada, tal como lo señaló SERPAJ en 1989, fue la metodología deliberadamente seleccionada por las Fuerzas Armadas para gobernar, mantenerse en el poder y destruir a los opositores. Más de 6.000 uruguayos fueron formalmente condenados por los tribunales militares.

Aunque fue un notorio torturador, actuando incluso a cara descubierta durante el año 1972, el Cnel. ® Rodolfo Álvarez Nieto fue procesado por el Dr. Ángel Gómez, no por haber participado en ellas en el caso del denunciante Gerardo Riet, sino por haberlas avalado actuando como Juez Sumariante en el año 1980. Teniendo su sede en el Batallón de Artillería N° 1, La Paloma, concurrió al tenebroso centro clandestino de detención y torturas conocido como La Tablada a tomar testimonio al detenido. Allí, mediante amenazas, lo obligó a firmar un acta que debía resumir sus declaraciones y que él mismo había llevado ya redactada. Así funcionaba la denominada Justicia Militar. Así ocurrió en la inmensa mayoría de los testimonios  de los detenidos ante dichos tribunales.

Gerardo Riet fue secuestrado en la calle. Luego de más de 40 días de permanecer desaparecido, aislado, detenido y sometido a torturas brutales que figuran en el expediente, compareció encapuchado, con signos visibles y notorios de lesiones físicas, ante el Juez Sumariante coronel ® Rodolfo Álvarez Nieto, en el mismo centro clandestino de tormentos, que lo obligó a firmar un acta auto incriminatoria confeccionada con anticipación por quienes iban a condenarlo. Sin ningún valor para siempre. Como todas las actas de los tribunales militares.

La Declaración del Estado de Guerra:

un golpe a la separación de poderes

La Declaración del Estado de Guerra Interno modificó sustancialmente la institucionalidad democrática en el camino hacia el terrorismo de Estado. El Parlamento concedió facultades extraordinarias a las Fuerzas Conjuntas aumentando su innegable poder. En los hechos, de manera implícita, autorizó el uso de la tortura como metodología estatal en forma masiva, sistemática y generalizada. La represión que se ya desarrollaba desde mucho antes, se profundizó y agravó en todo el país. Privó a miles de uruguayos del legítimo derecho de ser juzgados de manera imparcial como lo establecen las normas constitucionales- Miles fueron sometidos a su jurisdicción inconstitucional, sin garantías y fueron condenados por los aberrantes tribunales castrenses.

La sentencia del juez Ángel Gómez es una condena, irrebatible, incuestionable, con todas las garantías del debido proceso, al Cnel. ® Rodolfo Álvarez Nieto por su complicidad en las torturas a que fue sometido Gerardo Riet. Al mismo tiempo es un indudable cuestionamiento  a la Justicia Militar cuando ella se aplicó a civiles y a militares constitucionalistas.  El mismo se extiende y abarca a la propia Declaración del Estado de Guerra Interno y al sistema político que lo impulsó.

El procesamiento del Cnel. ® Rodolfo Álvarez Nieto, producido a 32 años, interpela también a todo el Poder Judicial que no ha actuado al respecto hasta el momento con la firmeza y la tenacidad que corresponde. Ni siquiera el capitán ® Arsenio Lucero que reconoció haber torturado en la causa judicial por abusos sexuales ha sido procesado por dicho delito que desde los tribunales de Núremberg y de Tokio integra la lista de crímenes de Lesa Humanidad cuando se ejecutan como en el proceso uruguayo.

La investigación y el castigo de las graves violaciones de los derechos humanos es fundamental para que ellas no vuelvan a ocurrir. La impunidad alienta siempre la repetición. No son asuntos viejos. El déficit de la Caja Militar deja claramente al descubierto que impunidad y privilegios van unidos, desde el retorno a la democracia.

Desde octubre de 2011 no existen obstáculos legales que impidan investigar y castigar. Con el auxilio del Poder Ejecutivo, mucho más diligente y comprometido, el Poder Judicial tiene que cumplir con sus obligaciones. La Suprema Corte de Justicia debe hacer su aporte inexcusable al respecto

No más dilatorias toleradas de los terroristas de Estado ni jueces abarrotados de causas imposibilitados de cumplir.  No más impunidad

CRYSOL / Opinando N° 8 – Año 6 – 25 de mayo de 2017

 

Hay que reconocer el afán de superación del kirchnerismo

En la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires impulsó y aprobó mediante su mayoría una ley que establece que, oficialmente, los exterminados por la represión ilegal fueron 30.000 y debe llamárselos “Desaparecidos”, como propiciaba Videla

Sí. Leyó bien. La ley impone que los detenidos-desaparecidos, los secuestrados y asesinados clandestinamente (porque supongamos que a ellos se refiere el texto legal) son exactamente 30.000, y “desaparecieron”, o sea, se esfumaron: no tienen entidad, no están ni muertos ni vivos, están desaparecidos. 

El peronismo hace muchísimos años que no tiene nada más que demostrar, que ratificar. 

Qué necesidad de esto, ¿no? 

Qué ganas de ser redundantes. 

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LEY 14.910

El Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires sancionan con fuerza de Ley 

ARTÍCULO 1°. Incorpórase de manera permanente en las publicaciones, ediciones gráficas y/o audiovisuales y en los actos públicos de gobierno, de los tres poderes de la provincia de Buenos Aires, el término Dictadura Cívico-Militar, y el número de 30.000 junto a la expresión Desaparecidos, cada vez que se haga referencia al accionar genocida en nuestro país, durante el 24 de marzo de 1976 al 9 de diciembre de 1983. 

ARTÍCULO 2°. Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, a los veintitrés días del mes de marzo de dos mil diecisiete. 

Manuel Mosca Daniel 

Presidente Honorable Cámara de Diputados 

Marcelo Salvador 

Presidente Honorable Senado 

@juandelsur2

Juan del Sur

 

 De Madres y Familiares  a BÚSQUEDA – 25.05.2017

Sr. Director:

Por la presente quisiéramos solicitarle la publicación de la nota adjunta de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos con su anexo correspondiente (Carta del Presidente del EAAF, Dr. Luis Fondebrider), en respuesta a la información publicada por su semanario en el artículo “La búsqueda de los restos de los desaparecidos en Uruguay padece “burocratización” y un “funcionamiento esclerotizado”, contenido en la edición del pasado jueves 4 de mayo de 2017, página 16.

Agradeciendo que, como correspondería, la presente se publique en la misma sesión que el artículo referido —Información Nacional—.

Sin más, le saludan a usted atte.

Milka González / Elena Zaffaroni / Amalia González / Nilo Patiño

Al coordinador del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia (GVJ), Dr. Felipe Michelini:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en relación con la nota de prensa aparecida el día 4 de mayo en el semanario Búsqueda de Uruguay, donde se vierten conceptos falsos sobre el integrante del EAAF, Lic. Miguel Nieva.

Al respecto, queremos aclarar lo siguiente:

1. El Lic. Nieva no ha sido expulsado del EAAF

2. Sus informes periciales nunca sufrieron cuestionamientos en cuanto a su profesionalidad y competencia por parte de autoridades argentinas o de los países en los que el Lic. Nieva ha trabajado como integrante del EAAF, siendo dichos informes parte de la tarea que desarrolla nuestra institución

3. Lamentamos y repudiamos las declaraciones del señor Marín en el semanario mencionado, ya que consideramos que no contribuyen a la tarea de la búsqueda de verdad y justicia sobre el destino de las personas desaparecidas en el Uruguay durante la dictadura militar.

 Sin otro particular, lo saludo cordialmente.

 Dr. Luis Fondebrider

Presidente

Montevideo, 24 de mayo de 2017

En su publicación del día 4 de mayo, específicamente en la página 16, aparece un artículo basado en las afirmaciones vertidas por el Sr. Carlos Marín Suárez en oportunidad de una charla realizada en la Fundación Vivian Trías el 27 de abril pasado.

En dicho artículo, sin perjuicio de las opiniones que cada uno pueda sostener, se vuelcan a la opinión pública falsedades que —sin el menor ánimo de polemizar con dicho señor— no podemos pasar por alto, pues ellas manchan en forma por demás grosera la trayectoria de un integrante del Equipo Argentino de Antropología Forense y cuestionan, asimismo, las tareas realizadas por estos

Es bueno que la opinión pública sepa que Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos han mantenido históricamente una estrecha y fecunda relación con el EAAF. Dicha relación data de más de 25 años y está basada sobre todo en el enorme gesto humanitario y de solidaridad del EAAF para con las víctimas y sus familiares. No solo con nosotros sino en todos los países donde ha actuado y actúa, que no son pocos en el mundo. Desde México a Chechenia, de África a Bosnia, su labor y compromiso avalan su seriedad y profesionalismo, no solo en la búsqueda, sino también en la identificación de restos de detenidos desaparecidos.

Desde su formación, el EAAF ha ofrecido y puesto a disposición de la causa por la verdad y la justicia, todos los recursos por ellos disponibles para la búsqueda que los familiares de las víctimas han mantenido incansablemente.

En el artículo se señala por parte del Sr. Marín bajo el subtitulo “Mala Calidad”, que “en Uruguay se siguió la opinión del integrante del Equipo Argentino de Antropología Forense, Miguel Nieva, quien desaconsejó romper el piso de alguno de los galpones del Servicio de Material y Armamento (SMA) en busca de detenidos desaparecidos como había propuesto López Mazz, pero los informes presentados por este perito” (M. Nievas) “fueron cuestionados por la Justicia de Rosario (Argentina)”

Asimismo, en forma por demás falaz, afirma que la semana pasada a este miembro del EAAF “…se le ha expulsado luego de que un juez se quejara” por la mala calidad de sus informes”

Léase en la nota adjunta del Dr. Luis Fondebrider, presidente del EAAF, en respuesta al mencionado artículo y que fuera remitida al Dr. Felipe Michelini en su carácter de coordinador del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, un claro y contundente desmentido respecto de las afirmaciones del Sr. Marín. Así se puntualiza que el “Lic. Nievas no ha sido expulsado del EAAF” y que sus “informes periciales nunca sufrieron cuestionamiento en cuanto a su profesionalidad y competencia por parte de autoridades argentinas o de los países en los que el Lic. Nieva ha trabajado como integrante del EAAF…”

Lamentablemente, no es la primera vez que versiones falaces, cuya intencionalidad ni amerita indagar, tratan de generar dudas y confusión en torno a la búsqueda, cuestionando a quienes legítimamente buscan a sus seres queridos y a quienes colaboran día a día con ellos, sembrando versiones irresponsables y sin fundamentos.

Como bien se expresa por el Dr. Fondebrider, en nada se contribuye en la construcción del camino por Verdad, Justicia y Nunca Más con afirmaciones falaces que ignoran el sentido ético y último de tales postulados en la lucha contra la impunidad en nuestras sociedades.

Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos