La violencia en Venezuela parece imparable. El oficialismo incendia el discurso y a sus seguidores. Un sector de la oposición tampoco quiere abandonar la lucha. ¿Cómo se conseguirá la paz?

Toma?s Straka

Junio 2017 Nueva Sociedad

Sesenta días de protestas, medio centenar de muertos, un millar de detenidos y regiones enteras militarizadas son una prueba de fuerza que ya hubieran hecho rectificar a cualquier gobierno o abandonar la lucha a un movimiento opositor. Ninguna de las dos cosas, sin embargo, parecen estar ocurriendo en Venezuela.

Con el país alzado, sin dinero y bajo una creciente presión internacional, el gobierno sigue adelante con la Asamblea Constituyente que convocó y que todos consideran un intento por barrer con la ya escasa institucionalidad democrática. Los llamados a un cronograma electoral amplio y a la liberación de los presos políticos no aparecen en ninguna de sus agendas.

La oposición, por su parte, continúa con manifestaciones sorprendentemente nutridas después de dos meses en la calle. En el panorama no se ven opciones de diálogo, palabra que genera una gran desconfianza después de que el intento de mediación del Vaticano de finales de 2016 terminara en un conjunto de promesas incumplidas que sólo le permitieron ganar tiempo al gobierno. A su vez, la dilatada convocatoria de las elecciones de gobernadores para diciembre es también considerada una trampa: tras haber sido postergada numerosas veces (debieron haberse realizado en 2016), ahora se programa para después de la instalación de una Asamblea Constituyente con plenos poderes que, entre otras cosas, tiene la potestad de derogar las gobernaciones.

Así las cosas, con los canales institucionales y de diálogo en apariencias cerradas, Venezuela parece estar en el camino de Damasco. Pero no en el sentido de una transformación espiritual que nos convierta como a Saulo de Tarso (aunque algunas conversiones han ocurrido), sino en el que señaló la embajadora norteamericana en la Organización de Naciones Unidas (ONU), Nikki Haley, cuando afirmó que, de seguir como vamos, llegaríamos a una situación como la de Siria o Sudán del Sur

Probablemente sus declaraciones sean algo exageradas pero no tanto como pudiera parecer. Por una parte, Venezuela cuenta con un gobierno dispuesto a una defensa numantina, atrincherado frente a una sociedad que protesta y que, según todos los sondeos, tiene a un 70% de la población pidiendo su dimisión y desconfiando de la idea de la Asamblea Constituyente. En cierto grado esto lo equipara a su estrecho aliado Bashar al-Ássad, también firme en su trinchera mientras el país se incendia, salvo por dos cuestiones particulares: el presidente sirio tiene un respaldo popular bastante más alto que Maduro y comparado con la opción de ISIS, puede jugar la carta de ser un mal menor. A Maduro solo lo sostienen, hoy por hoy, el apoyo, aparentemente monolítico, de las fuerzas armadas, y el control de la renta petrolera. No es poco (ha aguantado dos meses) pero tal vez ya no sea suficiente para una consolidación definitiva de su poder.

El caso de la Asamblea Constituyente es emblemático. Mayoritariamente rechazada por la población, Maduro la presenta como una alternativa electoral que la oposición, a su juicio terrorista y golpista, no quiere aceptar. No obstante, los analistas, la Fiscal General Luisa Ortega Díaz y la ex Defensora del Pueblo y ahora consultora del Tribunal Supremo de Justicia, Gabriela Ramírez, coinciden en que viola los principios de la representatividad consagrados en las leyes al sustituirlos por un complicado sistema de elecciones sectoriales (los estudiantes, los trabajadores, los empresarios, las organizaciones comunitarias elegirán sus representantes), como si se tratase de un congreso de soviets combinado con otros complejos mecanismos de elección territorial en los que cada municipio elegirá representantes sin tomar en cuenta la proporcionalidad poblacional.

La imposibilidad de una salida pacífica a la vista es el gran acicate para las protestas. Mientras en las cadenas de televisión Nicolás Maduro habla de su Asamblea Constituyente y de la conspiración del imperialismo y la derecha internacional a la que, afirma, heroicamente hace frente, en el Estado Táchira, en la frontera andina con Colombia, la Guardia Nacional se vio rebasada por protestas en casi todas las localidades, incluyendo los tradicionalmente chavistas sectores rurales. Al final, tuvo que recibir dos mil hombres de refuerzo más un batallón del ejército que, sin embargo, no han logrado acallarlas del todo. En el estado llanero de Barinas, tierra natal de Hugo Chávez, las cosas también se salieron de control. Hubo saqueos y actos vandálicos, pero también situaciones tan políticamente emblemáticas como la quema de la casa de la familia Chávez, la sede regional de Consejo Nacional Electoral, la del Partido Socialista Unido de Venezuela, un destacamento de la Guardia Nacional y el restaurante de un diputado afecto al gobierno. En Barquisimeto, capital del central Estado Lara, el Concejo Municipal en manos de chavistas, destituyó al alcalde opositor, el líder sindical y obrero Alfredo Ramos. El alcalde simplemente ha hecho caso omiso y continuado en sus funciones. El gobernador de Amazonas, un aborigen de la etnia baniva, realizó un acto político que no dejó de llamar la atención: vestido de chamán, en un mitin le echó a Maduro la aterradora maldición Dabucurí. En el oriental Estado Anzoátegui, se derribó y quemó una estatua de Chávez, con lo que ya van cuatro que han corrido con esta suerte en el país. En los Altos Mirandinos, una zona de ciudades-dormitorio de Caracas, la Guardia Nacional luchó por mantener el control durante dos semanas. En Caracas ya ha habido escaramuzas en el centro de la ciudad, a poca distancia del palacio presidencial de Miraflores. La lista puede continuar hasta el infinito.

Ante este panorama, ¿qué piensa hacer el gobierno si las protestas no amainan? Las sanciones contra los jefes militares y magistrados venezolanos por parte del gobierno norteamericano, los señalamientos con nombre y apellido de los generales que comandan la represión por parte del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, y el pronunciamiento del Parlamento Europeo y de varios gobiernos latinoamericanos, indican que la apuesta a pertrecharse en el poder con el solo concurso de los cañones, no es una buena idea. Pero que no lo sea no significa que personeros con cuentas pendientes con la justicia internacional no lo intenten al carecer de otras oportunidades de impunidad.

Cerrar las válvulas de escape solo puede producir una explosión mayor a la que hemos tenido hasta ahora. Mantenerse en el poder le resultará muy difícil a Maduro si no ofrece algún cambio real. Indistintamente, si lo logra por las malas o fracasa después un prolongado conflicto, el costo en sufrimiento, vidas y pérdidas económicas podría ser tan terrible no queda más que esperar (y ojalá no estemos implorando un milagro) que alguna luz, como en el Camino de Damasco de Saulo nos ayude a encontrar la senda de una solución pacífica.

¿Goldman Sachs intenta ganar dinero a costa de los venezolanos?

Por LANDON THOMAS JR. 2 de junio de 2017The New York Times, en español

NUEVA YORK – A primera vista, la compra de bonos venezolanos no parecería una opción atractiva para los inversionistas globales.

El país está sumido en una crisis económica y en medio de revueltas, y apenas cuenta con la liquidez necesaria para poder alimentar a su pueblo; mucho menos para pagar una deuda pública de miles de millones de dólares a inversionistas extranjeros.

Sin embargo, los bonos emitidos por la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) han atraído a algunos de los grupos de inversión más sofisticados del mundo. Estos parecen apostar que el gobierno de Nicolás Maduro destinará sus cada vez más escasos dólares a pagar a sus tenedores de bonos antes que a la importación de alimentos y medicamentos para los venezolanos.

En particular ha causado revuelo la decisión de Goldman Sachs de adquirir 2,8 mil millones de dólares en bonos de PDVSA, con vencimiento en 2022 y un descuento del 70 por ciento respecto de su precio en el mercado.

Esta inversión provocó un escándalo político en Venezuela, donde los opositores llevan meses en las calles manifestándose en contra del gobierno autocrático del presidente Maduro. Casi 60 personas han muerto en los enfrentamientos con la policía en Caracas y otras ciudades.

Julio Borges, diputado de la oposición que preside la Asamblea Nacional, escribió una carta de protesta a Lloyd Blankfein, el director general de Goldman Sachs, en la que acusa a la empresa de Wall Street de haber decidido “hacer buen dinero del sufrimiento del pueblo venezolano”.

Goldman Sachs defendió la legitimidad de su negocio: afirmó que otros inversores —fondos de inversión y fondos cotizados en bolsa— también tienen ese tipo de bonos; además, la compañía señaló que los títulos fueron adquiridos en el mercado secundario por un intermediario, por lo que no tuvo ninguna interacción con el gobierno venezolano.

No obstante, esta operación pone en evidencia el elevado nivel de riesgo económico y político que los inversionistas están dispuestos a asumir en busca de inversiones de alto rendimiento.

“En este momento prevalecen las tasas bajas, y estos son bonos denominados en dólares que ofrecen rendimientos muy altos”, señaló Carlos de Sousa, un economista de la empresa de investigaciones Oxford Economics, con sede en Londres.

Algunos de los tenedores de cantidades importantes de bonos de deuda de PDVSA son BlackRock, T. Rowe Price, Fidelity, JPMorgan Chase y Ashmore, una empresa especializada en mercados emergentes.

Además de sus rendimientos de más del 20 por ciento, la razón de fondo que hace atractivos estos bonos para los inversionistas es que la petrolera venezolana desempeña un papel crucial: a través de esta puede obtener divisas el gobierno de Maduro, que enfrenta tantos problemas.

PDVSA representa el 95 por ciento de los dólares que ingresan a la economía del país, así que los inversionistas extranjeros creen que el gobierno, incluso en el peor de los casos, hará todo lo posible para mantener a esta empresa en operación.

De Sousa, de Oxford Economics, también señala que, a diferencia de los bonos soberanos emitidos por el gobierno, los títulos de PDVSA no involucran mecanismos legales como cláusulas de acción colectiva, cuyo objetivo es ayudar a un gobierno a negociar disposiciones favorables con los tenedores extranjeros en caso de algún incumplimiento de su deuda.

Más aún, los inversionistas saben bien que el año pasado, incluso con el grave deterioro de la situación económica en Venezuela, el gobierno efectuó pagos por miles de millones de dólares a inversionistas extranjeros que tienen bonos de la empresa petrolera

Mientras, la inflación en Venezuela ha alcanzado cifras de tres dígitos debido a la caída de los precios del petróleo, luego de años de mala administración económica durante la época en que los ingresos derivados del petróleo todavía eran altos; la mayoría de los venezolanos apenas pueden comprar alimentos y cubrir necesidades básicas. Incluso aquellos que pueden costear su comida casi todos los días tienen problemas para obtener productos básicos como pan, huevo y azúcar debido a la escasez.

Aunque el país lleva más de dos años en crisis económica, la gente comenzó a lanzarse a las calles de manera más multitudinaria después de que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela —cuyos magistrados son leales a Maduro—, intentara disolver la Asamblea Nacional a finales de marzo de este año. La legislatura, de mayoría opositora, se considera la única institución gubernamental independiente del presidente.

La transacción con PDVSA es la señal más reciente de que los inversionistas extranjeros toman decisiones cada vez más riesgosas al invertir en obligaciones de deuda de gobiernos.

En los últimos meses, países con bonos de mayor riesgo como Turquía, Rusia y Brasil han apuntalado esta tendencia.

Lo que impulsa esta apuesta, según algunos analistas, es la idea de que las economías de los mercados emergentes, independientemente de sus problemas políticos y económicos, no están dispuestas a enfrentar la ira de quienes invierten en sus bonos y evitarán incurrir en incumplimientos de sus deudas.

Esto se debe a que gigantes globales del sector de inversiones como BlackRock y Goldman Sachs se han convertido en fuentes de financiamiento rápido: otorgan con agilidad préstamos por miles de millones de dólares, o incluso en moneda local, a gobiernos de África, América Latina y Asia que en el pasado recurrían a los bancos

Quizá ningún otro país dependa tanto de la benevolencia de inversionistas extranjeros dispuestos a aceptar los riesgos asociados a los bonos de deuda como Venezuela. De acuerdo con la empresa de investigaciones Exotix, Venezuela necesita un financiamiento de 17 mil millones de dólares para 2017, pero las reservas de su banco central son de apenas 10 mil millones de dólares.

La perspectiva de los inversionistas es más o menos así: si un bono de PDVSA se vende a 30 centavos por dólar y ofrece un rendimiento de dos dígitos —incluso si este gobierno (o cualquier otro) se ve obligado a incurrir en incumplimiento—, las ganancias de su inversión serán suficientes para contrarrestar cualquier pérdida

Aunque Goldman Sachs intentó justificarse argumentando que compró los bonos en el mercado abierto a través de un intermediario, tanto los banqueros como los negociadores aseguran que el dinero al final llegó a las arcas de Venezuela, porque el vendedor de los bonos petroleros es una institución que tiene vínculos con el gobierno.

Sin embargo, es poco probable que, como amenazó Borges —líder de la oposición—, un nuevo gobierno vaya a desconocer la validez de estas obligaciones financieras. Estas se asumen bajo convenios diseñados para evitar que el emisor —en este caso, PDVSA— favorezca a un tenedor pero perjudique a otro.

Es decir: si Venezuela le pagara a BlackRock o JP Morgan pero no a Goldman, esta tendría fundamentos jurídicos para llevar a juicio al gobierno venezolano.

Todo lo anterior indica que, a pesar de la controversia que despertó el negocio con Goldman Sachs, los inversionistas extranjeros seguirán poniéndose en fila para comprar bonos de PDVSA.

“Es la única fuente de divisas que tiene el gobierno”, explicó De Sousa, el experto de Oxford Investments. “Así que pienso que el gobierno seguirá vendiendo más de este tipo de bonos a los inversionistas extranjeros”