26 • jul. • 2017 en la diaria
Los diputados del Frente Amplio Óscar Groba (Espacio 609) y Luis Puig (Partido por la Victoria del Pueblo) consideran que la Embajada de Estados Unidos cometió una “injerencia” en los asuntos internos de Uruguay al organizar una charla sobre el nuevo Código del Proceso Penal que empezará a regir en noviembre. La convocatoria fue el lunes y cerrada a los invitados, entre los que estaban fiscales y legisladores, según ambos diputados.
“Tendrán miedo que la izquierda tenga peso para reformar el código, será para alinear… serán reuniones académicas (?)”, escribió Groba en su cuenta de Facebook el 22 de julio. “¿O será algo normal que se realiza siempre? No sé, ¡pero me cae mal!... Y desconfianza total… por los antecedentes históricos y actuales de estos muchachos yanquis en la región y toda América Latina por sus injerencias judiciales”, agregó el legislador. “Es necesario averiguar a qué se debe este interés en discutir con legisladores sobre un proceso que es interno sobre Uruguay. Hasta que alguien me convenza de lo contrario, para mí es una injerencia”, opinó, por su parte, Puig.
Ambos coordinarán acciones para investigar lo sucedido. Groba anunció ayer a Radio Uruguay que pedirá informes a la cancillería y a la Fiscalía General de la Nación “para saber si es algo que se arrastra en el tiempo o si hay otro tipo de convocatorias sobre otros temas vinculados con la Justicia en Uruguay por parte de la embajadora”.
Según informaron fuentes de la Fiscalía General de la Nación a la diaria, no es “descabellado” pensar en actividades de asesoramiento del gobierno estadounidense respecto del nuevo Código del Proceso Penal, en la medida en que este pasará de un modelo “inquisitorio” a uno “acusatorio”, que es el que utilizan los países sajones, y en ese sentido Estados Unidos lleva una experiencia de más de un siglo utilizando este procedimiento, y ya ha organizado varias capacitaciones sobre este tema.
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El asesoramiento del gobierno estadounidense respecto del nuevo
Código del Proceso Penal es de larga data
Como puede ser que haya representantes politicos que lo desconozcan cuando es conocido hace un buen rato
La Fiscalía General de la Nación de Uruguay es un servicio descentralizado creado por la ley 19.334 de agosto de 2015.
Eso no impende que desde hace tiempo los yanquis, no solo tengan injerencia directa sino que son los “formadores” de los fiscales amigos como Díaz, Gustavo Zubía y varios mas
Esta nota de la página de la fiscalía del año pasado en la Clausura del curso sobre argumentación jurídica lo demuestra con fotos y todo
Los fiscales de un tiempo atrás han ido a capacitarse a EEUU y a Colombia, países con los que nada tiene que ver el proceso de esos países con el Uruguay; preguntamos esto es desconocido ?? Noooo, es publico
Por eso no es sorpresa para casi nadie salvo focas despistadas que la embajadora yanqui Kelly Keiderling los haya invitado este lunes 24/7 a una charla sobre la reforma del Código del Proceso Penal (CPP) que comenzaría a regir en noviembre; con invitados especiales, los cuales no conocemos
En esta esplendida jornadase juntaron para hablar sobre el nuevo Código, esto es natural, porque La Embajada está detrás de Díaz y su corte y así ahora quieren darle poderes para que instruya a todos los fiscales en los casos, o sea Kelly baja línea
El jerarca del servicio de la Fiscalía General es el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, el súper fiscal Jorge Díaz, que detenta su poder desde Las oficinas centrales de la Fiscalía en la calle Paysandú 1283, y no es ningún secreto que la embajada intervino en su designación y por tanto ha sido promovido y bancado , cuando decimos bancado por los yanquis es que hablamos de mucha guita en juego, e infinidad de vinculaciones directas con Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) entre otros, Estados Unidos a través de la DEA y el FBI, se comprometió a capacitar a funcionarios y al establecimiento de los llamados Centros de Fusión de Inteligencia. Washington pretende corroborar el afán de asumir un presunto “liderazgo regional” en relación a las drogas y el terrorismo.
La DEA es un engranaje burocrático poderoso e influyente, con un presupuesto para 2017 de US$ 2.103 millones de dólares, casi idéntico al PBI (US$ 2.108 millones) de República Centroafricana. Pero su gravitación y poderío es inversamente proporcional a su coherencia y eficacia. Su interés corporativo es mantener una fallida cruzada antinarcóticos a pesar de la evidencia disponible
Posta
Tupabandas: citan a tres policías y a tres ex MLN
FINANCIAMIENTO ILÍCITO
EDUARDO BARRENECHE El País 26 jul 2017
El bar era una fachada. Su verdadera actividad ocurría en el altillo: allí se reunía una de las "Tupabandas" alrededor de una mesa. Su objetivo era planificar atracos a bancos y a otras instituciones financieras.
La banda contaba con un núcleo compuesto por tres integrantes que eran tupamaros o habían militado en esa organización de izquierda. Uno de ellos era Luis Alberto Oriol, quien tenía en su casa pósteres de uno de los dirigentes históricos Raúl "Bebe" Sendic y del Che Guevara, según relató a El País un operador judicial.
El bar Pedrín, ubicado en República Argentina y Grecia (en el Cerro),pertenecía a Alejandro Carlos Otero, hijo de un tupamaro histórico, y Oriol era su socio. Este contrataba a "civiles" con la única condición: nadie se va de la banda. El riesgo de recibir una bala garantizaba el acuerdo.
Además del pasado izquierdista de tres integrantes del grupo delictivo y de la inclinación de uno de ellos por figuras de esa orientación política, a los operadores judiciales les llamó la atención un allanamiento realizado al altillo del bar por la Policía en la década de los noventa. En el expediente judicial de la época consta que los policías encontraron armas de grueso calibre, entre ellas ametralladoras, uniformes militares y policiales y "miguelitos"
Hoy cualquier banda cuenta con armamento automático y de grueso calibre. Pero, en aquella época, solo lo tenían grupos vinculados al MLN.
Eso hace pensar a los operadores judiciales que la "tupabanda" operaba en forma paralela al MLN o los delincuentes utilizaban en su provecho la estructura de la organización.
Otro elemento que llama la atención a los operadores judiciales es que ninguno de los integrantes del "núcleo duro" de la "tupabanda" se enriqueció con los asaltos. "Ninguno de ellos compró inmuebles", dijo una fuente del caso
En el libro "Eleuterio Fernández Huidobro. Sin remordimientos", de la periodista María Urruzola, un individuo llamado Beto —es posible que sea Oriol según consignó el suplemento Qué Pasa de El País— afirmó que en los nueve años que robó con su grupo logró reunir US$ 20 millones que entregó a la organización izquierdista.
Agregó que él con "lo único" que se quedó fueron US$ 3 millones con los que levantó un barrio. En el expediente figuran cifras de cuánto sacaron de cada atraco, aunque en algunos casos se menciona el total y en otros aparece lo que obtuvo alguno de los asaltantes. La suma da unos US$ 180.000.
Para discernir si el MLN se financió o no con parte de dinero ilícito, la fiscal Stella Llorente solicitó al juez Néstor Valetti las citaciones del entonces director de Hurtos y Rapiñas, Eduardo Vica Font, el exsubdirector de esa repartición, Enrique Mariño y el exdirector Nacional de Inteligencia Policía, Luis Pereyra Saldías.
También declararán tres exmilitantes del MLN, entre otros un dirigente político, y la periodista María Urruzola.
Uno de los policías retirados, citados por la Justicia, dijo a El País: "Ninguno de los integrantes de la tupabanda, que estaba en la primera línea de batalla, se enriqueció. Siempre fueron pichis. También es cierto que el monto robado se infló". Es decir, que las empresas damnificadas declararon más dinero que el realmente robado para cobrar el seguro
La fuente no cree que la "tupabanda" haya robado US$ 20 millones como trascendió. "Esa cifra equivaldría hoy a unos US$ 50 millones. Si fue tanto, enseguida se sabría quién se quedó con todo ese dinero y ello no ocurrió", dijo.
En declaraciones realizadas a El País el 18 de junio pasado, Vica Font afirmó que investigaba a una tupabanda que supuestamente entregaba parte del dinero robado a un comité de Eleuterio Fernández Huidobro ubicado en la calle Ejido.
Pero no pudo profundizar en la investigación porque recibió una llamada de un jerarca que dijo que no siguiera.
Vica Font ascendió y luego se retiró de la Policía.
Dichos de exjerarca policial fueron claves.
Las declaraciones del exdirector de Hurtos y Rapiñas, Eduardo Vica Font fueron claves para que la fiscal Stella Llorente decidiera solicitar al juez Néstor Valetti que reabriese la investigación sobre asaltos a bancos efectuados en los años 90 para determinar si existieron vinculaciones entre dirigentes del MLN y asaltantes de bancos.
El 22 de junio pasado, tras finalizar un encuentro liceal en el marco del Programa Pelota al Medio a la Esperanza realizado en el estadio Luis Franzini, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, manifestó que estaba de acuerdo con que la Justicia reabriera la causa. "Si ese policía (Vica Font) tenía elementos para decir 20 años después que habían sucedido determinadas cosas, por qué en aquellos años no lo llevó a la Justicia en su momento. No cumplió como policía. No cumplió como ciudadano y cometió un delito", señaló Bonomi. Dos días antes, el 21 de junio pasado, el expresidente José Mujica reconoció que "es muy probable que tres o cuatro militantes" del MLN-T fuera de control "hubieran emprendido otro camino" aludiendo de ese modo a las "Tupabandas"
Uruguay /Infiltrados: "¿Cuántos hay, incluso hoy?"
Por una gran movilización en defensa de los Derechos Humanos
Todos los medios de prensa han tenido que reconocer en estos días las infiltraciones de militares y policías en las organizaciones sindicales, sociales y partidos de izquierda. La información tiende a mostrar cada vez más claro, que lejos de tratarse de casos aislados, las infiltraciones son parte de todo un plan elaborado.
Este nuevo hecho, se suma a una larga lista de sucesos que ya se han denunciado y que vale la pena recordar:
– La filmación de una marcha de estudiantes secundarios este año en el palacio legislativo.
– La información dada a conocer sobre agentes infiltrados en la organización de Derechos Humanos Plenaria Memoria y Justicia.
– El robo de materiales en Facultad de Humanidades el pasado año al equipo de trabajo que investiga crímenes de la dictadura (donde además lo atacantes dejaron marcado en rojo en un mapa los domicilios de los investigadores).
– Los intentos de detenciones por parte de personal de inteligencia no identificados en 2015 a estudiantes (como sucedió con Marcelo Hospitale) luego de la ocupación y represión en el CODICEN.
– La denuncia de la FEUU sobre policías infiltrados en la marcha del 14 de agosto de 2013.
Esta nueva denuncia que ha tomado mucha repercusión mediática, tiene que ver con una publicación del periodista del semanario Brecha, Samuel Blixen, sobre la investigación que realizó a una pequeña porción de los archivos de inteligencia que tuvo acceso y que llevó a la identificación del “Agente 03-G”, Infiltrado en el gremio de la Bebida (FOEB) y la mesa departamental del Frente Amplio.
La información del infiltrado, el militar Luis Becerra, que enviaba a la Dirección General de Información de Defensa (DGID) bajo el seudónimo “Leandro”, aparecieron entre los 1.444 rollos microfilmados que la ex ministra de Defensa, Azucena Berrutti, encontró en 2006 en un armario del ex-CGIOR, una vieja sede de inteligencia militar.
Blixen en su artículo describió cómo la DGID reclutaba personas para espiar e infiltrar sindicatos y partidos políticos, sobre todo de izquierda.
Read, dirigente sindical de la bebida, afirmó a un programa en radio Carve refiriéndose a los infiltrados: “¿Cuántos hay, incluso hoy? (…) ¿Los mandos no sabían? ¿Cuál era la devolución para cobrar salario?, ¿Marcaba tarjeta? Alguien sabía. Estos buchones no son entes autónomos”, agregó el dirigente.
Necesitamos una gran lucha por los Derechos Humanos
El hoy ministro de Defensa, Jorge Menéndez, luego de este nuevo hecho público dijo que “no tenía conocimiento de eso. Estamos haciendo las averiguaciones que corresponden, pero eso fue hace unos años y tengo que manejar el ministerio hoy. Lo que esté a mi alcance investigar y aportar a la comisión investigadora del Parlamento, lo haré”
Lamentablemente aún hoy se sigue reclamando, luego de más de 12 años de gobierno del Frente Amplio, la Verdad, el Juicio y Castigo, para los militares y civiles que participaron de la dictadura. Estos nuevos casos públicos muestran que el aparato represivo continua intacto y que el gobierno tiene poca intención de investigar y meter presos a infiltrados, asesinos y torturadores.
El pasado 20 mayo fuimos miles en la calle, ese debe ser el camino para nuestro reclamo. La lucha debe tener continuidad hasta conseguir meter presos en cárceles comunes, a los viejos torturadores y asesinos, a los nuevos infiltrados y a todos quienes reivindican o justifican estos hechos. Desde Familiares, el PIT-CNT y todas las organizaciones de DDHH, se debe convocar ya a una gran movilización.
Apertura pública de todos los archivos de inteligencia
Desmantelamiento del aparato represivo y de Inteligencia
Comisión investigadora plenipotenciaria formada por familiares y todos los organismos de DDHH y los sindicatos.
Jurados populares integrado en forma mayoritaria por las organizaciones arriba mencionadas
Juicio y Castigo a todos los involucrados
Por una gran lucha que tenga continuidad, hasta imponer cárcel común.
Izquierda Socialista de los Trabajadores
Sección uruguaya de la Liga Internacional de los Trabajadores