05 • ago. • 2017 la diaria Ramiro Alonso

El viernes de la semana pasada, el semanario Brecha anunció que había liberado los llamados “archivos Berrutti”: aproximadamente 14.000 documentos elaborados por los servicios de inteligencia que prueban que los militares siguieron espiando a centenas de ciudadanos aún después de la restauración democrática. Los documentos, que fueron colgados en un servidor abierto, exponen los nombres de las personas espiadas, pero no la de los agentes que los espiaban. Entre otras polémicas desatadas por la decisión de Brecha de difundir información considerada secreta, hubo diferencias entre los académicos dedicados al trabajo con archivos del pasado reciente. Aquí, las visiones de los historiadores Vania Markarián, Nicolás Duffau, Carla Larrobla e Isabel Wschebor. (NdeR: se reproduce lo de Vania y Larrobla con una nota de Tiro Suizo, q a quien le corresponden los destaques y subrayados de las notas)

Durante diez años formé parte del equipo de historiadores que llevó adelante las investigaciones sobre detenidos desaparecidos y asesinados políticos por responsabilidad del Estado.Podría decirse que el equipo tuvo un acceso privilegiado a determinados fondos documentales, ya que se trabajaba bajo el régimen de confidencialidad al tiempo que la investigación se enmarcaba dentro de Presidencia República en convenio con la Universidad de la República.

Fue en ese contexto que tuve mi primer acercamiento a la documentación que se califica de “sensible”. Si bien consultamos diversos archivos y fondos documentales, los más reveladores fueron aquellos producidos por los organismos de inteligencia del Estado uruguayo. Se trataba de diversos informes, fichas personales, actas de interrogatorios elaborados y difundidos por estos organismos. El objetivo de la revisión de esos documentos se orientaba a la reconstrucción de los operativos represivos que provocaron la desaparición o muerte de cientos de uruguayos, así como la confección de fichas personales que pudieran recuperar la trayectoria biográfica de la víctima y los caminos que se gestaron en torno ala búsqueda de verdad y justicia.

El acceso que tuvimos a lo que hoy se ha popularizado como el “archivo Berrutti” fueron los rollos que nos entregaron en formato de DVD y que contenían información sobre detenidos desaparecidos; en dichos casos eran informes que ya habíamos visto en el archivo de la DNII y que solían ser distribuidos entre distintos organismos militares y policiales. La novedad, en nuestro caso, fueron las fichas patronímicas o prontuarios confeccionados por el SID y por OCOA. No accedimos a todos los rollos, que quedaron en manos del Archivo General de la Nación; por lo tanto, en mi caso, desconocía los documentos que fueron difundidos por el semanario Brecha

No es el asunto de esta nota dar cuenta de los criterios de trabajo que se desarrollaron para poder procesar la información y para poder divulgar documentación. Pero este se realizó teniendo presente el cuidado de datos nominativos y la normativa vigente.De todas formas, el acceso del equipo de historiadores a distintos fondos documentales ha sido objeto de críticas y polémicas, y más allá de la posición que cada uno pueda tener frente a este asunto, lo que se pone en el centro de la escena es la problemática que genera el acceso y la información que contienen los “archivos sensibles”.

La cuestión es que las condiciones, formas y criterios de acceso a la documentación sensible han sido objeto de diversos seminarios, encuentros, debates. Han opinado archiveros, historiadores, cientistas sociales, políticos, periodistas, agentes de la sociedad civil, víctimas de la represión. Se han promovido diversas instancias de discusión para llegar a consensos o criterios comunes. Sin ir más lejos, a fines del año pasado se realizó el seminario “Archivos y derechos humanos: aportes para las buenas prácticas”, con el objetivo de realizar una puesta a punto de la situación de los archivos y poner sobre la mesa, nuevamente, la discusión en torno al acceso a la documentación sensible en aras de lograr consensos que permitieran elaborar un protocolo nacional de acceso a la información.

El seminario finalizó sin que esto pudiera ser posible, dando cuenta de las dificultades que representa este asunto y de las múltiples posiciones que existen al respecto.

De todas formas, más allá de mi opinión personal, existen organismos y leyes que se encargan de controlar la documentación y de determinar su accesibilidad. Y ellos deberán pronunciarse –o no– con respecto aeste nuevo escenario que se abre frente a la divulgación masiva de documentos

Qué control

Uno de las primeros interrogantes que se me plantean cuando veo “los rollos del MDN” colgados en la web, es cómo fue que se accedió a esa información. Porque más allá del impacto que genera el contenido, no puedo dejar de pensar en cómo alguien pudo atravesar la vigilancia de los “custodios del pasado” para obtener copias de esos rollos casi sagrados. No se trata de que se revele la fuente, se trata de que los criterios de seguridad que se suponían que existían en torno a determinada documentación hayan fallado.

Quizás esto sea una oportunidad para replantearnos, una vez más, pero en otro escenario, cómo podemos acceder todos a esa información. Porque el acceso, si se piensa como tal y en términos de democratizar la información, no puede darse a través de un medio de prensa y por medio de la voluntad de un periodista, y sin ningún tipo de criterio ni cuidado. Es eso último lo que me hace ruido y me conduce a pensar en que se trató de una práctica irresponsable.

Estoy convencida de que los archivos del Estado deben estar a disposición de los ciudadanos, y en muchos casos bajo la órbita de organismos que no sean los productores de dicha información. Si ya existen criterios legales que indican cuándo se puede hacer pública una documentación estatal y que establecen normas para el cuidado nominativo de los implicados, es hora de hacerlas cumplir. Y si están mal y obstaculizan, demos la discusión cuántas veces sean necesarias para modificarlas.

Hacer accesible una información no es simplemente “colgar” miles y miles de documentos en la web. El exceso de información sin un ordenamiento primario, sin una mínima precaución sobre qué y cómo se hace disponible no significa democratizar nada.

¿Para qué se han discutido leyes, condiciones de acceso, etcétera, si simplemente alcanza con difundir masivamente los documentos? ¿Por qué no lo hemos hecho antes, entonces? Todos los que accedimos, de una forma u otra, a este tipo de documentación, ¿por qué no la difundimos masivamente? Si aplaudimos esta práctica de divulgación, ¿qué nos pasó antes?

Varios hilos parecen cruzarse en esta madeja. En primer lugar, creo que hay un acuerdo medianamente consensuado acerca de que deben existir políticas claras para el acceso a la información. Que en el caso de aquella documentación considerada sensible debe generarse un equilibrio entre el derecho a su acceso y la protección de las personas involucradas. Que no se trata de un tema sencillo, pues no se han logrado acuerdos que permitan la elaboración de un protocolo general entre las diversas instituciones interesadas e involucradas.

O sea que se trata un problema que, hasta el momento, ninguno de los actores involucrados ha logrado resolver de una forma transparente y mucho menos que satisfaga a todos

La vida de los otros

Otra cosa es lo que develan los documentos que fueron publicados. No sé si es una novedad, pero queda al descubierto cómo la red de vigilancia y control de la dictadura siguió operando en tiempos de democracia, y cómo debe seguir operando ahora, de forma más fluida, quizás, gracias a las tecnologías digitales y las redes sociales.

Estamos vigilados. No es una sorpresa. No sólo los sistemas totalitarios tienen la pretensión de poder absoluto sobre sus ciudadanos-súbditos. Nos dejamos vigilar, claro. Pero el asunto no es ese, no es descubrir que somos vigilados. Es constatar que quien nos vigilaba era un espía, era un infiltrado, era parte de la policía secreta. Era mi compañero, mi amiga, mi tío, era mi prima o aquel tipo que seducía a la audiencia con su encendido discurso. Estaba a mi lado, yo le di información. Y era un espía. Era un espía en democracia, ese era su trabajo, el tráfico de información.

Y estos documentos nos permiten espiar nuevamente a la víctima. Es abrir la puerta de “la vida de los otros”, es leer la vida privada ventilada en un documento perdido entre miles de documentos. Y ahí me surge la pregunta sobre si eso aporta. ¿A quién le aporta? ¿Este es un camino para acercarse a la “verdad”? ¿Qué verdad?

Podría revisarse todo el proceso que se llevó adelante con el archivo de la STASI alemana. En dicha experiencia hay líneas interesantes de trabajo que pueden orientarnos sobre cómo trabajar con el desmantelamiento del espionaje estatal, sobre cómo proteger a las víctimas.

No me queda claro si la divulgación de esta documentación en las condiciones en que se realizó es democratizar la información, si es hacer accesible algo. No me queda claro si eso nos ayuda a avanzar en el conocimiento. No lo sé.

Insisto, los documentos deben ser públicos. Se deben buscar los mecanismos y protocolos para asegurar el acceso, pero también la protección de quienes fueron y vuélvenos a ser víctimas. Y para eso se ha legislado, mal o bien, pero existe normativa. Podemos eludirla claro, pero el tema es para qué

Brechaleaks: La culpa no es sólo del chancho

05 • ago. • 2017 Vania Markarián en la diaria

No puedo defender esta forma de dar difusión a documentos que contienen información sobre la vida privada de cientos de personas. Pero trataré de analizar cómo llegamos a esta situación

1. Los rollos. En 2006 se localizó, por gestión de la entonces Ministra de Defensa Azucena Berruti, una serie de armarios con rollos de microfilm en una sede militar. No los llamaré “archivo Berruti” para no ofender a la ex ministra, seguramente la de actitud más clara y valiente con respecto a la documentación producida por esa cartera durante la última dictadura. Aunque el procesamiento se realizó casi en total secreto y sin dar conocer sus criterios básicos, poco a poco se fue filtrando que se trataba principalmente de materiales generados o recolectados por agencias de inteligencia militar durante el período autoritario.

2. Su amparo.  En 2009, por previa decisión de la misma Berruti, los rollos de microfilm y su versión digital fueron trasladados para custodia al Archivo General de la Nación (AGN), manteniéndose copia en el Ministerio de Defensa. En 2011, el AGN puso los documentos bajo reserva por quince años. Esto quiere decir que, por ese lapso, los mismos estarían disponibles para los directamente involucrados mediante pedido expreso de ellos, sus familiares o apoderados y permanecerían abiertos sin restricciones para la justicia y otras investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos. Estas decisiones se ampararon en el marco normativo vigente y se tomaron mediante consulta formal a la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) dependiente de la Presidencia de la República.

3. Otra copia digital. Bajo ese mismo amparo, otra copia de esos documentos fue entregada a la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, también dependiente de la Presidencia, donde trabajaba un equipo de investigadores contratado por convenio con la Universidad de la República. En ese momento, el grupo se dedicaba a atender pedidos de información originados en causas judiciales. Para ese entonces, era claro que las fechas extremas de la documentación trascendían ampliamente el tramo autoritario.

4. Más cajas. Por otro lado, en 2015 se incautó, en el contexto de una causa por desaparición forzada, un gran volumen de documentación en el domicilio del militar fallecido Elmar Castiglioni. Todavía se sabe poco sobre el contenido y la procedencia exacta de esos documentos, que permanecen en el ámbito del Poder Judicial. En 2016, luego de varios trascendidos sobre el tenor de los materiales incautados, se creó una comisión investigadora parlamentaria para dilucidar sus orígenes e implicancias y, fundamentalmente, establecer responsabilidades por lo que parecían revelar respecto al mantenimiento de un sistema de espionaje ilegal luego del fin de la dictadura.

5. Una comisión investigadora.  Hasta donde entiendo, esa comisión no pudo hasta el momento acceder a los mismos documentos que motivaron su creación. En aras de avanzar con su mandato, solicitó y obtuvo del AGN un informe detallado sobre el contenido de los rollos de microfilm antes mencionados (los que me rehúso a llamar “archivo Berruti”). Los legisladores pensaban, supongo, que ese insumo podría ayudarlos a comprender las actividades ilegales de vigilancia y control social en democracia, aparentemente registradas en el “archivo Castiglioni” (el nombre vale, en este caso, porque se trata de quien recolectó los documentos).

6. El periodista. Paralelamente, comenzaron a aparecer (primero en el semanario Brecha con la firma de Samuel Blixen y luego en otros medios) notas que hablaban de la documentación microfilmada y transcribían fragmentos sin referencias claras sobre su procedencia. Su selección e interpretación corría por cuenta de los firmantes de los artículos. Muchos los acusaron de tendenciosos y sensacionalistas. En el caso de Blixen, las quejas derivaron en una suerte de ventilación de renovadas querellas internas de la izquierda. Lo cierto es que, sin poder contrastar públicamente sus conclusiones, la operación de difusión fragmentaria se parecía bastante a una campaña de denuncia sobre el manejo posiblemente arbitrario de la información por parte de quienes habían accedido hasta entonces (I.E. el equipo de universitarios que trabajaba en Presidencia). En ese contexto, el semanario decidió la semana pasada publicar en la web toda la documentación que el periodista decía poseer. Lo hizo sin ningún filtro ni tachadura y, de nuevo, sin dar cuenta de la forma de obtención de la misma.

7. La polémica. La verdad es que el asunto no despertó el revuelo que podía esperarse, si exceptuamos las diatribas y alegatos que se publicaron en las redes sociales. Me atengo en esto a lo que dicen quienes siguen esos foros. A La Diaria, por ejemplo, le llevó una semana entera dar cuenta del asunto. No sé las razones de esta omisión. ¿Crítica basada en lo que se asume como ética periodística y manejo de las fuentes? ¿Defensa de lo actuado hasta entonces en el ámbito del Estado? ¿Desconocimiento sobre las derivaciones del asunto en términos de acceso a la información pública?

8. Los historiadores. No puedo responder a esas preguntas. Quiero si decir un par de cosas sobre este asunto ubicándome en el campo académico de la historia reciente, con todas las indefiniciones y tensiones propias del cruce que le es consustancial entre las reglas de un oficio centenario y sus implicancias políticas en el presente. En nuestro país, como he analizado en otras ocasiones, ese campo se terminó de conformar en estrecha relación con las políticas de “verdad y justicia” implementadas por los gobiernos del Frente Amplio a partir de 2005. Esto no es un defecto ni una virtud. Es la historia de la consolidación de unas prioridades de investigación y unos espacios institucionales que no siempre se desmarcaron de los reclamos de las víctimas y las urgencias políticas de diversos grupos de interés. En ese marco, algunos historiadores aportaron (aportamos) información útil para causas judiciales y políticas de memoria, mientras otros buceaban (buceábamos) en los repositorios documentales para ir generando preguntas e interpretaciones dirigidas a la comprensión global de ese pasado en relación al estado de nuestro desarrollo historiográfico.

9. Los archivos. En ambos sentidos, vale la pena aclarar que los archivos no deberían concebirse como tributarios de ciertas agendas académicas, políticas o periodísticas y mucho menos habilitarse como cotos de caza para unas pocas determinadas causas, por más nobles que parezcan.

Los archivos, no sólo los del pasado reciente, son artefactos culturales complejos: son el resultado de procedimientos técnicos normalizados por especialistas y el producto de procesos sociales contingentes de selección y valoración. Por lo tanto, no contienen “la verdad”, sino una forma de la misma: la de las condiciones de producción de cada documento y las de su consignación como materiales de archivo. En el caso que nos convoca, estas condiciones son, simple y llanamente, las del espionaje ilegal de ciudadanos por parte de un Estado democrático mediante procedimientos asentados prolijamente en miles de hojas conservadas en un edificio militar. Es un crimen grave.

10. El chancho. Es imprescindible y urgente que las autoridades competentes se ocupen de esta situación y garanticen la integridad y la transparencia del manejo de la documentación oficial. Sin eso, seguiremos asistiendo a procedimientos como el que estamos analizando. Estaremos también comprometiendo la función esencial y más perdurable de los archivos públicos que no es otra que permitir la recreación crítica de las memorias y las historias que cada nueva generación recibe como legado de las anteriores. Por eso, lo del título: en esta ocasión, como en tantas otras, la culpa no es solamente del chancho sino también de quienes le rascan el lomo

CUANDO LOS LLAMADOS HISTORIADORES

NO VALEN UN CARAJITO!!

 ¿A quien favorece el ocultamiento de los archivos? a quien favorece cientos de miles de pretextos que llevan 15 años ocultos por que los organizan los clasifican los suben los bajan a estos archivos? Los grandes favorecidos son los militares asesinos culpables de toda culpa y no que se diga que Juan o José le pusieron un tira en la esquina.

 TAN PERJUDICIAL FUE EL OCULTAMIENTO de los archivos como de los TESTIMONIOS DE CENTENARES DE PRESOS POLÍTICOS  QUE DENUNCIABAN CON NOMBRE Y APELLIDOS LAS FECHORÍAS  DE ESTOS MILITARES  ASESINOS PERTENECIENTES A LAS DE LAS FFAA DE URUGUAY!   Los ocultaban también ,los clasificaban también ,los borroneaban también los seleccionaban también los interpretaban también los señalaban que eran testimonios de gente loca psiquiátrico..“ que había soñado” que lo había imaginado etc. etc.

DOS FUNDAMENTOS : Primero,Mirtha Guiaze a denunciado y espero que hoy ya jubilada y sin necesidad de ganar los 7 mil dólares mensuales como Juan Faroppa  escriba y conteste y AMPLÍE LOS CHANCHULLOS cuya protagonista es entre otros  “la MARA Martinez” quien desde familiares primero y desde otras “inútiles" comisiones de TABARÉ -MUJICA-TABARÉ le negó a propia  Guianze siendo  en su momento fiscal ,documentación ,como se negó a entregar documentos para el juicio en Italia..., la Sra. Martinez que en el caso de  Orletti realizó obscuros acuerdos con Gavazzo , que acuerdo se puede hacer con este asesino donde el perjudicado sea el propio Gavazzo??’ NINGUNO y que actualmente esta señora casada con un milico comisario policía  actúa muy panchamente en COMISIONES INÚTILES DE TABARÉ DE DDHH o de DERECHO AL OCULTAMIENTO Y DEFENSA DE LOS ASESINOS?.

SEGUNDO FUNDAMENTO ; LA SRA. GRACIELA JORGE DE HUIDOBRO INTEGRA UNA DE LAS COMISIONES DE INÚTILES ( LÉASE PROTECCIÓN A LOS MILITARES)  NOMBRADA POR MUJICA Y HOY POR TABARÉ es otra de las encargadas de entregar ARCHIVOS YUTOS es decir todos tachados dando el pretexto que es para proteger al implicado; La Sra. que recibió SU ARCHIVO le contesto "fui violada y ultrajada y me venís que lo tachas para protegerme de qué? Eres una grandísima h de p" y la volteo de una trompada Esta señora ex presa política  fue denunciada por Graciela Jorge a la policía y si no fue presa es por la Sra. vive en el exterior y ya se iba!!!!

Genealizo mi caso personal donde en los archivos soy objetivo buscado por Gavazzo en URUGUAY y Argentina y toda LA OCOA, que interés tengo de que se borronee mi archivo¿?¿?¿?¿ Donde consta claramente que he sido perseguido por un organismo de los mas fascistas de las FFAA, que no he traicionado a nadie donde no hay ni la más mínima colaboración con ningún organismo de las FFAA ni en el interior ni en el exterior.Eso para mí es un Orgullo y lo VOLANTEO que me vienen estos historiadores del carajito a decirnos que esto o aquello nos perjudica, cuando eso queda para los MILITARES no par nosotros los peleadores de todo pelo incluyo blancos y colorado que enfrentaron la DICTADURA por que ofrecieron también su vida por la libertad !

CADA CHANCHO EN SU TETA TIENE SU MODO DE MAMAR

No hay dudas que Vania Marcarían tiene una hermosa teta donde colgarse para ganarse sus buenos chanchos todos los meses y para eso debe defender lo indefendible de que los ARCHIVOS SE MANTENGAN SECRETOS Y BIEN ALEJADOS DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO. PARECE QUE LOS ARCHIVOS SON PPP Y SE OLVIDA VANIA QUE SON PROPIEDAD DEL  PUEBLO QUE SUFRIÓ MAS DE 20 AÑOS DEI DICTADURA Y AUN CONTINUA SUFRIÉNDOLA O NO? 

Incluso intenta, de tan pero tan oficialista, y flechada con Tabaré-Mujica a quien supo hallar los archivos. Si es correcto llamarlos BERRUTTI por su trabajo y su investigación y por  QUE aun le debe doler EL CULO POR la patada que le dio Tabaré por lo logrado y que perjudica SIN DUDAS, a los “pobres viejitos” de Mujica  y poniendo TABARÉ al servil alcahuete Bayardi que metió BAJO  4 llaves a los archivos y es protector N°1 del ASESINO TRÓCCOLI junto al ex-embajador ABIN o NO?,

CHANCHADAS DE ESTA FUGAZ HISTORIADORA

La primera chanchada de Vaina es APOYAR ; 1) encerrar y secretear los archivos por 20 años cosa que es una gran mentira si no se dice que eso es solo para los verdaderos investigadores y para las causas penales de más de mil asesinos de las FFAA sino Vania debe aclara por QUÉ el vice ministro Jorge “perro” Vázquez que debe saber es el hermano de Tabaré posee en su computadora personal todo el archivo no 808……de los rollos filmados donde figuran TODOS LOS COLABORADORES CIVILES  SUS TAREAS, CORRESPONDIENTE SUELDOS MENSUALES Y SUS NOMBRES Y APELLIDOS LEGALES

2) OTRA CHANCHADA DE ESTA improvisada historiador es afirmar que los archivos están a disposición de las causas judiciales  bien bien… puede usted Markarián enumerar los archivos remitidos a las causas judiciales descartando los aportados a Italia por dos razones, no han servido ( TRÓCCOLI aun esta suelto y es turista)  y por que FUERON LOS FAMILIARES LOS QUE EXIGIERON LA DOCUMENTACIÓN a pedido de la fiscalía italiana y también muchos fueron obligados a firmar confidencialidad cosa más que rarita ya que una vez presentada  a la fiscalía no hay nada secreto” PERO SABE USTED A QUE para llevar a ITALIA HUBO FAMILIARES QUE DEBIERON “HURTAR” DOCUMENTACIÓN PARA SER PRESENTADA???

3) OTRA CHANCHADA ES para usted la prioridad es la investigación…la investigación por la investigación para recitar fechas y apellidos esa es la historia BURGUESA .PARA NOSOTROS LA HISTORIA ES LA HISTORIA DE LA LUCHA DE CLASES Y ASÍ  sin archivos pero si con los TESTIMONIOS y Documentación  de otras dependencia como MRE hemos logrado meter preso al Goyo Álvarez y su pandilla y que no se trata de A CUAL GRUPO PERTENECEMOS COMO USTED AFIRMA DESPRECIATIVAMENTE,  AQUÍ SE TRATA DE LA VERDAD DE LA JUSTICIA Y DE LA LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD DEL FRENTE AMPLIO DE LOS “POBRES VIEJITOS” DE MUJICA -TABARÉ AL CUAL SIN DUDA PERTENECE .ACASO USTED AVALA EL MAMARRACHO PUBLICADO POR ÁLVARO RICO QUE INCLUSO ES UN SOLO MANOSEO DE LA DOCUMENTACIÓN Y PUBLICÓ ARCHIVOS PARA ATACAR GRUPOS Y PERSONAS  QUE CRITICAN AL PCU?

AQUÍ LA ÚNICA URGENCIA ES TERMINAR CON LA IMPUNIDAD SI SUMAMOS SU TRABAJO Y EL ENCIERRO DE MAS DE 15 AÑOS DE LOS ARCHIVO BERRUTI TODOS LOS CULPABLES MORIRÁN NO SOLO COBRANDO MONSTRUOSOS SALARIOS POR ASESINAR Y TORTURAR SINO QUE MORIRÁN EN LIBERTAD!! SE LO AGRADECEREMOS A USTED HISTORIADORA DE ESTA CHANCHADA FASCISTA!!

4) OTRA CHANCHADA :PARA ESTA “HISTORIADORA” JUICIO Y CASTIGO  PARA LA OCOA Y MÁS DE MIL ASESINOS TORTURADORES, SECUESTRADORES DE NIÑOS Y VIOLADORES DE PERSONAS ATADAS ES POSEER UN “COTO DE CAZA” ¿!?. CONOCERÁ ESTA SEÑORA TAN FRÍVOLA LOS QUE ES REALMENTE UN POZO QUILMES, UN  ORLETTI O EL POLÍGONO DE TIRO DE LAS FFAA DONDE GAVAZZO CON ESCOPETA 12 MM DESCABEZA PRESOSARGENTINOS PRACTICANDO TIRO AL BLANCO!!!!  Así que nosotros somos cazadores sionistas eso está diciendo?

LA POSTURA MAS CHANCHA ES LA DE MARKARIAN

5) PIENSA esta señora que nosotros necesitamos los archivos para saber lo que vivimos ? pero que piojo en chancho equivocado está usted Sra. Vania 

Nosotros poseemos nuestros TESTIMONIOS que si fuera realmente historiadora USTED podría leer ,le aconsejamos que lea  a Michelini Zelmar  en EEUU,Rodriguez Larreta en Alemania y  Washington Pérez ,sobre el secuestro de todo el PVP en Orletti, y vera que pequeños son los archivos que usted hace humo para “protegerlos” y en realidad da más por el pito de lo que el pito vale.  Dice  Ya sabemos que no contiene la verdad LA VERDAD LA TENEMOS NOSOTROS, los archivos aportan otras cosas ,carreras militares las responsabilidades de cada uno en sus “tareas” curriculum ,viajes al exterior que CONFIRMAN LO QUE YA SABEMOS Y HEMOS DENUNCIADO!!!!!  PARA ESO “SU TÉCNICA” SU ESPECIALIDAD” SU ARTEFACTO CULTURAL EN USTED ES SOLO UN ADORNO INÚTIL QUE PROTEGE ESO SI LA IMPUNIDAD

6)ES QUE “ LA FUNCIÓN ESENCIAL y más perdurable de los archivos públicos que no es otra que permitir la recreación crítica de las memorias y las historias que cada nueva generación recibe   como legado de las anteriores.” CON ESTE PLANTEO UNILATERAL COMPROBAMOS QUE EL CHANCHO DE LA SRA. MARCARÍAN ES TUERTO O ESTA VENDADO COMO LA JUSTICIA BURGUESA Y UN PLATO INCLINADO PARA EL LADO DE LOS RICOS”  Nuestro nunca más es NUNCA MAS DICTADURA si usted NO CASTIGA LOS DICTADORES ELLOS VOLVERÁN ESO ES LO QUE  DEBEMOS LEGAR A LAS NUEVAS GENERACIONES  Y QUE CON SU DEFENSA DE LA IMPUNIDAD ES LO QUE no VAN A HEREDAR usted está permitiendo que los milicos vuelvan cuando se les antoje ...total no pasa nada y solo nos cuidan los archivos de nuestras cagadas.
Los chanchos son más organizados que esta SRA., que debería saber que los chanchos defecan siempre en el mismo lugar mostrando más organización que la suya

 A   SUS CHANCHOS NO LES INTERESA SABER DE DONDE VIENE EL MAÍZ le interesa que se publiquen como hace Blixen y Brecha,  DICHO A SU MANERA ; SU CHANCHO LE RESULTA DIFÍCIL COMER Y TOCAR EL PITO A LA VEZ, MÁS CUANDO LA CHANCHA RECULA.

NI UN PASO ATRÁS!
NO A LA IMPUNIDAD!!
QUE SE PUBLIQUEN TODOS LOS ARCHIVOS!!

Tiro Suizo 

7/8/17