España, Cataluña y la realeza
Hola amigos:
Este lío del gobierno de España con el de Cataluña se solucionaría fácil sin que los pueblos español y catalán se fragmenten ni enfrenten.
Que España organice una Consulta Popular para que todo el pueblo exprese si quieren seguir con la monarquía o no, seguro gana el NO
Los ex-monarcas y realeza vivirían como seres humanos normales comunes y corrientes. Sin embargo, si el Rey quiere seguir en el poder puede hacerlo democráticamente. Que se presente como candidato a la presidencia, a lo mejor gana, Leticia sería primera dama y fin del absurdo cuento de hadas. España seguiría siendo un solo país y se acabarían ese tipo de rivalidades.
Ya es hora de terminar con las monarquías en el planeta ¿Qué esperan? ¿Por qué? ¿Tradición? Ni a los pueblos ni al mundo les interesa esta farsa que más bien son un problema y representa gastos inmensos mantener tanto lujo. Son inteligentes, bien alimentados, excelente educación, debería darles vergüenza vivir de esa manera en pleno siglo XXI, disfrazados de reyes, reinas, príncipes y demás.
Mi aporte desde una de sus ex-colonias.
Saludos.
Inés Garzón Guerra
SÓLO LA MOVILIZACIÓN NOS HARÁ LIBRES
Proclamación de la República Catalana Ya
El 10 de octubre Puigdemont trinchó una oportunidad histórica. República sí, pero suspendida la República catalana sólo duró unos segundos, un triste récord. Una suspensión que evidentemente no ha servido para minimizar la oleada represiva que el estado quiere descargar sobre Catalunya. Porque menos determinación es sinónimo de más represión (no al revés) y ahora no tenemos ni la república con la cual defendernos. El Estado no aceptará ninguna vía negociada y ahora está muy enrocado con el PP, C’s y PSOE haciendo piña. Tampoco la vía de la reforma constitucional abre ninguna perspectiva real de dar salida a las reivindicaciones del pueblo catalán. La suspensión tampoco ha servido para abrir una mediación internacional: ningún estado de la Unión Europea hará algo que desautorice Rajoy, porque la UE es un club de estados, un herramienta contra los pueblos y los y las trabajadoras.
El gesto de Puigdemont se gira contra el pueblo que defendió las urnas el 1 de octubre. La suspensión de la República también se gira contra todo el mundo, él incluido. Ahora es el estado quién controla los tiempos y puede ir dosificando la represión y la intervención. Parece que los objetivos prioritarios, después de los Mossos y las finanzas, son los medios públicos y la enseñanza. La suspensión ha tenido el efecto desmoralizador, parando la inercia que habíamos cogido el 1 y el 3 con la huelga general. A la espera de qué? De nada! Este es el principal coste! Si se para la movilización y el estado toma la iniciativa nos desharán.
Nunca hemos confiado en este gobierno: si ha llegado hasta aquí ha sido empujado por la gente en la calle. Ahora también esta es la única garantía: ahora es más urgente que nunca que recuperamos las calles. El ANC ya ha reclamado la retirada de la suspensión. El llamamiento a la movilización tiene que surgir también de la izquierda: la izquierda sindical que convocó la huelga general del 3 de octubre, la izquierda popular que se ha organizado en los CDR, el movimiento estudiantil que lanzaron la huelga y la izquierda política desde la CUP-CC. Nada se puede esperar, en el marco de la Mesa de la Democracia, con la patronal y CCOO y UGT que aplauden la suspensión y abocan el pueblo a un callejón sin salida. También a la espera de un milagro negociador se ponen Podemos, Colau y los Comunes, y hoy sin duda su política nos paraliza y hace el juego al régimen. Es imprescindible que los y las compañeras que han compartido la defensa de las urnas el 1-O y la huelga general, exijan a sus dirigentes que se pongan junto a la República y el Proceso Constituyente, ante una Monarquía heredera del franquismo
Mientras, la patronal catalana, pone por delante sus intereses a la libertad, como ya pasó en los años 20 y 30, y se va colocando junto al Rey, amenaza el pueblo con el paro y empobrecimiento trasladando las sedes sociales. ¿Alguien se esperaba otra cosa de la gran burguesía? No sólo esto sino que Fomento del Trabajo ha conseguido que TSJC declare ilegal la huelga general que tenía convocada la CSC. Nuestro aliado para ensanchar la base social es la clase obrera catalana, una buena parte de la cual continúa sin tomar partido
Por eso hace falta también responder claramente a los movimientos de la patronal contra el derecho a la libertad del pueblo. Si los bancos marchan, hace falta inmediatamente emprender una banca pública de la república, una banca que se ponga bajo el control de la gente trabajadora. Habrá que iniciar un movimiento contra el pago de la deuda, una gran parte de él al estado a través del FLA. Hay que recuperar el control del dinero para destinarlos a cubrir las necesidades de la gente. El estado pone en el punto de mira la educación pública catalana: aquello que Wert quiso “españolizar” los niños y niñas y catalanas con la LOMCE ahora lo quieren hacer con la política y la Guardia Civil. Tenemos que poner de pie la gente de la enseñanza pública. A cada ataque una respuesta. Este es el proceso constituyente que hay que poner en marcha un proceso que vive y da respuesta a las necesidades más urgentes de la población trabajadora
El régimen no sólo ahoga y reprime Catalunya sino a todos los pueblos y trabajadores del Estado. Esta misma semana, golpeaban salvajemente a los vecinos de Murcia que exigían el soterramiento del AVE. El 4 de octubre el Rey daba carta blanca al PP y la escalada represiva: el 6 la manifestación de Barcelona, con unionistas de todas partes, consolidaba un espacio en Catalunya que nunca habían conseguido materializar en el Principado, con gritos significativos pidiendo prisión y más represión, “justificando” la que vendrá. Y, a su lado ya aparecen abiertamente grupos con la bandera franquista. El ataque furibundo contra el pueblo catalán envalentona los grupos fascistas y estos, con la complicidad de la policía nacional, reventaban y agredían a los y las compañeras valencianas en su Fiesta nacional. Y la rueda sigue, esta misma policía nacional, desfila el 12 ya con los militares, como no lo hacía desde hace 30 años. Es por eso que la defensa de la República Catalana es en interés de los derechos y las libertades de la gente trabajadora y los pueblos de todo el estado.
En resumen y como propuestas:
1.- Coordinación a nivel nacional de los tres pilares de lucha popular: CDR , plataforma sindical en defensa de los derechos y las libertades, y el movimiento estudiantil de secundaria y universidad. Hay que exigir la República en el Gobierno y que se inicie el proceso constituyente. Nos hace falta un plan de lucha. Esta misma semana hay que responder con una gran manifestación y volver a poner sobre la mesa una nueva huelga general revisable, con un plan de continuidad
2.- A nivel estatal hace falta un llamamiento inmediato a todas las fuerzas sindicales y políticas del estado que, como lo hicieron desde las Marchas de la Dignidad, no sólo se identifican con el derecho de Catalunya a la libertad sino con la necesidad de la abolición de la Monarquía y el fin del régimen de impunidad del 78
3.- A nivel internacional hay que fijar ya una fecha por un Encuentro internacional en Barcelona, de organizaciones, sindicados, movimientos... solidarios con la república catalana y contra la represión
4.- Desde nuestra participación en la CUP-CC, hay que continuar con la posición de firmeza en la exigencia de la proclamación de la República Catalana YA evitando ceder ninguna posición y el llamamiento a la movilización popular, empezando por hacer una propuesta para esta misma semana.
Lucha Internacionalista 12/10/2017
Reino de España: El escenario de la disyuntiva catalana
Gustavo Buster 15/10/2017 sinpermiso
El sabio tiene ojos en su cabeza,
más el necio anda en tinieblas.
Pero yo sétambién que ambos corren la misma suerte”
Kohelet (Eclesiastés) 2:14
Después de las masivas movilizaciones populares del 1 y el 3 de octubre, el movimiento soberanista catalán tropezó con su propia institucionalización. La sesión del Parlament de Catalunya que debía proclamar su independencia, aplicando la nueva legalidad prevista en la Ley de Transitoriedad, se quedó en una mera “asunción” por parte del President Puigdemont de los resultados del referéndum, cuyas previstas consecuencias jurídico-políticas debían quedar aplazadas por los representantes de una soberanía, que no llegaron a ejercerla en forma de voto.
Como señaló Marx, “entre derechos iguales, es la fuerza la que decide”. Y la solución a esta disyuntiva -que implica con la aplicación del art. 155 de la Constitución de 1978 la intervención formal de las instituciones de la Generalitat-, fue obviar que se manifestase en ellas la soberanía expresada, a pesar de la represión del estado del 1 de octubre. La proclamación de la República catalana fue obviada primero y suspendida después. Lo que siguió fue la firma de una declaración de intenciones sin valor jurídico-constituyente.
Llegados a ese punto, todos habían corrido la misma suerte: La CUP y otros diputados del bloque independentista, que se enteraron una hora antes del nuevo escenario; los manifestantes congregados, pero mantenidos a una prudencial distancia por el dispositivo de los Mossos; los aliviados diputados de Catalunya sí que es pot (CSQP), que no esperaban este cambio de centralidad del “bloque independentista” al “bloque soberanista”, en el momento de su propia marginalidad; Iceta y el PSC, que fueron los primeros en ver con sus ojos lo que estaba pasando; y Arrimadas (Ciudadanos) y García Albiol (PP), que decidieron cerrar los suyos en las tinieblas tenebrosas que tenían previsto iluminar con la intervención de la Generalitat.
“Nada hay más engañoso que un hecho obvio” repetía a los convencidos Sherlock Holmes. Y algo de eso ha pasado con el carácter de clase de la dirección del procés, que la tarde del 10 de octubre se protegió debidamente del movimiento en el Parque de la Ciutadella. Lo que había doblado la mano de Puigdemont no habían sido ni los fiscales y los jueces que habían citado a Trapero, Sánchez y Cuixart, ni la detención de los 14 altos funcionarios de la Generalitat, ni las cuantiosas multas a los convocantes de la consulta del 9-N, ni las analogías con el trágico destino del President Companys del portavoz del PP Casado, ni la represión a palos del referéndum del 1 de octubre. Lo que había cambiado el guión era la deslocalización de las sedes sociales de las principales empresas de Cataluña, empezando por La Caixa.
Al apoyo social del “Paro cívico” y la “huelga general” del 3 de octubre, la patronal respondió con un cierre fiscal empresarial, cuyas consecuencias –esas sí- el Govern “asumió” plenamente. El fracaso de las porras dio paso al triunfo del mercado. Aunque en este caso fuese a golpe de teléfono de los ministerios de Hacienda y de Economía y un decreto aprobado en 24 horas por el gobierno Rajoy para hacer innecesaria la reunión de las juntas de accionistas ante la decisión de los comités de dirección de las empresas. Si el movimiento había superado su ingenuidad inicial sobre la naturaleza del régimen del 78 el 1 de octubre, la dirección del procés tardó algo más en comprender la de los “mercados” (hubo quién aseguró que mantenían su sede social en los “Paisos Catalans”). La conclusión jurídico-política fue el discurso de Puigdemont y un nuevo ejercicio de ingenuidad, expresado en su ambigüedad.
No pasaron veinticuatro horas antes de que el gobierno Rajoy emplazase a Puigdemont y a la Generalitat a aclararla: ¿Ha proclamado la independencia, si o no? Pero Rajoy adelantó en su intervención en el Congreso de los Diputados el día 11 de octubre el hecho obvio: que bastaba contestar que “no” para reafirmar lo que ya todo el mundo creía, desde la CUP al PNV, pasando por el PSC, Unidos Podemos y la mayoría de los grupos parlamentarios, tanto del Parlament como del Congreso.
Los únicos que se han empeñado, por razones interesadas, en denunciar como engañoso lo obvio, ha sido el “frente constitucionalista” maximalista y transversal que ha cobrado forma estas semanas, compuesto por Ciudadanos y sectores del PP, apoyado por los “poderes fácticos” desvelados en el mensaje de Felipe VI, orientado desde el Consejo Editorial de Prisa-El País por los exdirigentes socialistas detrás de Felipe González y por la FAES de Aznar. Su programa es superar la crisis del régimen del 78 a golpe de aplicación del artículo 155.
Tan sorprendente como el propio discurso de Puigdemont ha sido la finta política de Rajoy para distanciarse del frente maximalista y construir otro “bloque constitucionalista”, pretendidamente moderado, con la dirección del PSOE de Pedro Sánchez. Rajoy parece convencido que la aplicación plena del 155 contra la Generalitat desencadenaría la crisis final del régimen del 78, no la estabilización de la segunda restauración borbónica. El precio ha sido la aceptación de una comisión de estudio parlamentaria de la reforma constitucional propuesta por el PSOE. Es decir, aceptar que la crisis del régimen del 78 exige una solución que va más allá de él, aunque se llegue a ella por un proceso controlado desde el bipartidismo menguante.
La propuesta de Pedro Sánchez es ‘estratégica’: atrapar a Rajoy en una pinza para hegemonizar al mismo tiempo una alternancia de centro-izquierda del “mal menor” que deje extra-muros a Unidos Podemos. En el plazo de seis meses, los trabajos de la comisión se convertirían en la base de los programas electorales de los partidos políticos, lo que obligaría a convocar elecciones antes de que acabe 2018. El PSOE rentabilizaría en positivo el desengaño y la frustración de no haber podido transformar en “procesos constituyentes” el ciclo político que va del 15-M de 2011 al 1 de octubre de 2017. Que esas propuestas de reforma constitucional tengan todas las posibilidades de verse frustradas posteriormente por los vetos del PP y Ciudadanos escapa al propio objetivo de Pedro Sánchez, que es llegar al gobierno con el máximo de autonomía posible del PP y de Unidos Podemos.
La opción de Rajoy es ‘táctica’: los dos objetivos de su gobierno en minoría –el ajuste económico acordado con la UE y la gestión de la crisis soberanista en Catalunya- se encuentran bloqueados. No podrá contar con el apoyo del PNV para la aprobación de los presupuestos de 2018, como hizo con los de 2017, que tendrá que prorrogar; y la aplicación del art. 155 no sería sino la constatación del fracaso de su gestión de la crisis territorial desde el mismo momento del recurso ante el Tribunal Constitucional del Estatut catalán de 2005. En uno y otro caso, tras dos mandatos y un gobierno en funciones, solo puede convertirse en el chivo expiatorio de la crisis del régimen del 78.
En la intervención de Rajoy en el Congreso de los Diputados, el 11 de octubre, fue patente el alcance de esta maniobra política, que quiere reconstruir el bipartidismo a corto plazo no solo con el PSOE de Pedro Sánchez, sino con el “catalanismo moderado” y con el autonomismo vasco. Ello dejaría a su derecha al frente maximalista encabezado por Ciudadanos y apoyado por los “poderes fácticos”; y a su izquierda a Unidos Podemos y las izquierdas nacionalistas, con su propuesta de “procesos constituyentes” (incluyendo referéndum legal y pactado).
No hay que insistir demasiado en que la solidez de esta propuesta se puede convertir en aire en unos plazos aun más cortos que los vividos entre el pico del movimiento soberanista catalán entre el 1 y el 3 de octubre, la contraofensiva de Rajoy entre el mensaje de Felipe VI a la deslocalización fiscal de las empresas el 9 de octubre, y la propuesta de “diálogo”, definida de manera muy distinta por cada uno de los tres espacios políticos que se han conformado estos días en el Reino de España.
Creer que Rajoy ha recuperado la iniciativa política para salir del callejón sin salida de su gestión de la crisis soberanista catalana es presuponer que puede ejercer más presión sobre Puigdemont que el movimiento popular soberanista, sus principales partidos (ERC y CUP) y sus organizaciones (ANC y Omnium) hasta el lunes 16 de octubre; que no se verá desbordado, con motivos o sin ellos, por el frente maximalista del régimen del 78 que exige intervenir la Generalitat formalmente y convocar desde Madrid unas elecciones autonómicas –tal vez con la prohibición de algunos de los partidos independentistas, si es necesario- que permitan un Govern “constitucionalista” encabezado por Ciudadanos; y que la presión de Unidos Podemos, y lo que representa socialmente, no haga mella en el PSOE. Añádase la difícilmente contenida presión social que dejan ver la movilización de Murcia contra el AVE y la manifestación de CCOO y UGT en defensa de las pensiones o la sesión del miércoles 11 de octubre del juicio por corrupción del caso Gürtel, en la que el fiscal calificó al PP de “partícipe a título lucrativo”.
Si en pocas horas de cuando se escribe esto, Puigdemont contesta que “No” se ha declarado la independencia de la República catalana, Rajoy habrá ganado un margen imprescindible, pero no suficiente, para intentar desarrollar su plan de gestión de la crisis. El “bloque independentista” se romperá en Catalunya –como ha anunciado ya la CUP- y el movimiento soberanista emprenderá la ardua tarea de construir su resistencia, forjar una nueva dirección y reelaborar su estrategia. No tendrá mucho tiempo para balances, porque el “No” supondrá más pronto que tarde la convocatoria de elecciones autonómicas en las que tendrá que luchar contra los efectos de la frustración en sus filas y contra la amenaza de un frente “unionista” encabezado por Ciudadanos. Rajoy podrá, con la ayuda del PSOE y en beneficio de este último, aplazar la convocatoria de elecciones generales en el Reino de España hasta comienzos de 2019.
En caso contrario, la aplicación plena del art. 155 será cuestión de horas, e irá acompañada de represión tanto en Catalunya como en el resto del Reino de España. Rajoy se verá cabalgando un bloque maximalista de defensa del régimen del 78 que no controlará. Las consecuencias estructurales de la crisis del régimen del 78 pondrán de manifiesto no solo sus limitaciones de gestión de la crisis económica, social y territorial, sino también sus aspectos más mórbidos, que han aparecido estos días con la extrema derecha en la calle. Pero cualquier espejismo de estabilidad se desvanecerá rápidamente. Cuando Rajoy imaginó este escenario en el mes de junio, durante la moción de censura fallida de Unidos Podemos, lo definió con su habitual precisión: “cuanto peor, mejor para todos, y cuanto peor para todos, mejor, mejor para mi, el suyo beneficio político”. No sabíamos hasta que punto podía tener razón por mucho que no se le entendiera.
En pocas horas sabremos el escenario que se abrirá y su compleja evolución dependerá de las actuaciones de todos los actores políticos. En cualquier caso, la respuesta autónoma del movimiento soberanista catalán será un factor determinante. Los cálculos del gobierno Rajoy lo menospreciaron antes del 1 y el 3 de octubre, como también la reacción de solidaridad en todo el Reino contra la represión en Catalunya y a favor del “diálogo”. Es más, aprendida la lección tras la movilización de más de dos millones de personas en Catalunya, el gobierno Rajoy se vio obligado a integrar en sus maniobras institucionales también la movilización de sectores sociales a favor del “nacionalismo constitucionalista español”, sin importarle que una parte del mismo fuera pre-constitucional y de extrema derecha.
A la sombra de las conmemoraciones del aniversario del fusilamiento del President de la Generalitat Lluís Companys el 15 de octubre de 1940, este fin de semana se han celebrado multitud de reuniones de las organizaciones sociales del soberanismo, ANC, Omnium, pero también los nuevos CDR o las Taulas per la Democracia, surgidos de la defensa de los colegios convertidos en centros electorales el 1 de octubre y de los piquetes informativos de la huelga del 3 de octubre. De ellos dependerá la resistencia popular