El 21 de marzo, obligado por el corte Interamericana, el Gobierno reconoció en nombre del Estado uruguayo, su responsabilidad en el asesinato y posterior desaparición de María Claudia García de Gelman, además del secuestro de su hija Macarena, durante la dictadura. Fue un reconocimiento genérico. Nada se dijo de los individuos directamente responsables, como tampoco de las Instituciones a las que estos individuos pertenecían. Muchos compatriotas han considerados injusto este reconocimiento
Algunos, porque entienden que se deberían haber hecho extensivo a todas las víctimas de las dictadura y no solamente a las beneficiadas por el dictamen del tribunal internacional. Otras, porque entienden que en ese reconocimiento deberían incorporarse también a las víctimas de la “sedición”.
Algunos más, porque que consideran que el Estado no debería hacerse cargo de los crímenes cometidos por las FFAA al margen de las constitución. No faltan los que opinan que los criminales fueron algunos individuos que se apoderaron ilegítimamente del aparato del Estado y que por lo tanto las “instituciones” (armadas en este caso) no tienen nada que ver. Y finalmente, por último, los que argumentan que las “victimas” de los crímenes no tienen nada que reconocer y que es en todo caso el Estado el que les debe el reconocimiento
Lo primero que se debe dejar claro, es que frente a la comunidad internacional, el Estado uruguayo, - ese conjunto de instituciones a las que se le reconoce “Poder Soberano” dentro del “territorio nacional”, está obligado por una serie de compromisos contraídos oportunamente con otros Estados, y que en ese ámbito, debe poner la cara por lo que sus funcionarios realizan
A ese nivel, el administrador del poder político de turno, - en este caso el gobierno nacional- no puede argumentar que no es responsable de lo que hicieron sus funcionarios cuando no ejercía el gobierno. Frente a la comunidad internacional, nos guste o no a los uruguayos de hoy, somos jurídicamente solidarios con los uruguayos del pasado tal como acontece en la Biblia con los hijos de Israel. En el plano internacional no se puede argumentar que nosotros, los soportes del Estado actual, no tenemos nada que ver con aquel Estado, ya sea porque muchos no existían, ya sea porque otros tantos no estaban de acuerdo con lo que sus funcionarios hacían
La perduración de un “Estado Nacional” sobre un territorio determinado supone la continuidad del ente colectivo llamado nación y como consecuencia, la imposibilidad de convertir en extranjero lo que ha sido fruto de su existir propio, sea esto hazaña o extravío
En el plano interno ocurre algo similar. De la misma forma que el Estado-de-los- uruguayos debe hacerse responsable de las consecuencias de todos los errores o delitos que cometen sus funcionarios frente a terceros, (cosa que ocurre a diario) esta solidaridad se hace extensiva a los acciones criminales cometidas en el pasado aún cuando se hubieran realizado contraviniendo normas, incluida la constitución. No es de recibo sostener que porque esas acciones no contaban con el apoyo de las mayorías expresadas electoralmente, no implican responsabilidad del colectivo del cual el Estado es su concreción política
Aun dejando de lado su orientación política, comparar las acciones cometidas por agentes del Estado con las realizadas por algunos particulares para justificar su equivalencia jurídica o moral no tiene ningún sentido
Primero, porque los particulares alzados en armas no eran funcionarios armados del Estado y por lo tanto no estaban en condiciones de practicar el “terrorismo de estado”; segundo, porque no cometieron las atrocidades de los aparatos represivos; tercero, porque como veremos más adelante, la dictadura fue mucho más que el enfrentamiento entre dos “demonios” al margen del Estado
Esto no implica no admitir la existencia de víctimas entre los agentes del Estado o de particulares que perdieron la vida en el combate a los “insurrectos”. Son víctimas, pero no víctimas del terrorismo desplegado por el Estado, sino en todo caso, de otros particulares en un marco de violencia social cuyas causas se deben determinar y es a esa “sociedad civil” y a sus particulares a la que se le debe pedir cuentas.
Quienes opinan que las instituciones, en este caso las FFAA, no deberían responsabilizarse por las atrocidades cometidas durante el período que su comando fue ejercido en forma ilegal, argumentan de la misma forma que aquellos que entienden que el Estado no debería hacerse cargo de lo que realizan sus agentes.
“Los culpables son los individuos y no las instituciones” se ha dicho, como si las instituciones fueran algo que pudiera existir independientemente de los individuos que las integran. La institución es un ente moral y su moralidad se expresa a través de las acciones de sus integrantes. Quienes no compartían en el pasado o comparten en la actualidad la moralidad de las FFAA, tenían y tienen la posibilidad de pedir la baja o de criticar el comportamiento de la Institución.
El hecho que las FFAA no hayan abjurado jamás de su triste pasado y de que no falten quienes lo reivindiquen como heroico, es indicativo de su compromiso moral con él y por lo tanto, de su complicidad expresa o tácita con esas acciones
Querer encubrir este hecho, para edulcorar el presente y exculpar a los actuales integrantes de las FFAA de los delitos del pasado, desconocer que cuando habla el “comandante en jefe” lo hace en nombre de la Institución, es decir de todos sus miembros, o por lo menos de todos aquellos mandos que definen el pensamiento de la misma, es tan pueril como peligroso.
Mas grave es todavía que sin haber mediado autocrítica o arrepentimiento alguno por parte de esa Institución, la nación a través de su Estado se haga cargo de sus crímenes sin señalar responsabilidad alguna. En esa circunstancia el “Estado”, genéricamente, se encarga de encubrir y en buena medida de minimizar las responsabilidades que les corresponden.
Para finalizar, y tratar de dejar en claro la responsabilidad que una parte de la nación tiene respecto de la otra, más concretamente frente a los que fueron avasallados en sus derechos más elementales, hay que decir que el Estado no es neutral. Con esto quiero decir que ese ordenamiento jurídico y político que habla en nombre de “todos”, que reclama para sí y que concentra mediante diversos aparatos, la capacidad de ejercer la violencia para imponer determinadas formas de comportamiento en nombre del “interés general”, lo hace de tal manera que en realidad beneficia prioritariamente a alguna clase o grupo de ese colectivo “nacional” al que supuestamente debe representar
Es que la “nación” tampoco es simplemente una multitud de individuos “libres e iguales” que comparten un territorio y una tradición cultural. En realidad, más allá de lo que esos individuos tengan en común desde ese punto de vista, esa “igualdad” es una ficción jurídica que esconde las diferencias de facto de sus integrantes
No me refiero a diferencia individuales o personales, me refiero a diferencias de intereses y de actividades que tienen que ver con el lugar y la función que los miembros de la nación distribuidos en grupos de individuos ocupan en la estructura social en general y muy especialmente aunque no exclusivamente, en su aparato productivo. Estos diferentes lugares en la estructura de la sociedad es lo que hace posible el “conflicto de intereses” o la lucha entre los grupos sociales, así como las relaciones de subordinación y predominio entre ellos
Desconocer esa realidad equivale a renunciar a entender las causas que hicieron y hacen posibles los enfrentamientos sociales y al papel que desempeñó el aparato del Estado uruguayo y las FFAA en su oportunidad
El conflicto que culmina con la dictadura militar que se extiende de 1973 a 1985 es un enfrentamiento que comienza unos cuantos años antes y son diversos los actores que se alternan como figuras principales del escenario político. Reducir el conflicto al combate entre “sediciosos” y “fuerzas del orden” empequeñece el significado de lo ocurrido, oculta los motivos de fondo y exculpa al responsable.
El proceso de agudización del conflicto social que de manera creciente desemboca en la utilización de la violencia institucionalizada del Estado contra la mayoría de la Nación, es la manera como se enfrentaron durante varias décadas los dos grandes sectores que la componen, los trabajadores por una parte y los capitalistas por la otra, sobre quien debía pagar el precio del agotamiento y crisis del "Uruguay Batllista"
Los trabajadores no estaban dispuestos a perder lo que habían conquistado en los primeros cincuenta años del siglo XX y los capitalistas no se resignaban a reducir sus ganancias. En ese sentido, partidos tradicionales mediante, comenzaron a imponer una reestructura regresiva para los intereses populares.
Esa reestructura fue generando resistencias y enfrentamientos cada vez más violentos con las diferentes organizaciones del campo popular, incluidos los grupos armados, hasta que los embanderados con ese proyecto, los que querían un Uruguay“moderno”, “competitivo”, “abierto al mundo”, etc. (El de hoy)-, con el pretexto de salvar la paz pública e imponer el orden, recurren al golpe de estado y a la dictadura lisa y llana.
En el interior de ese proceso y más allá del papel que se arrogaron o de lo que pudieron imaginar, las FFAA nunca fueron otra cosa que “el brazo armado de la oligarquía” y del proyecto de país moldeado conforme a sus intereses
Finalizada esa etapa se habían destruido a todas las organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles, culturales, sociales, que se oponían al proyecto regresivo. Se había reducido a la mitad el poder adquisitivo de los trabajadores y se habían transferido miles de millones de unos bolsillos a otros. Se había logrado al fin, apoderándose de todos los recursos político-administrativos del Estado, incluidos sus aparatos culturales, violando sistemáticamente los derechos más elementales de los que tuvieron la osadía de oponerse, reestructurar el país a favor de los dueños de la banca, de la tierra, de las empresas en general
Las cámaras empresariales, organizaciones de primer nivel de todos ellos, agradecidas; nunca tuvieron una palabra de reprobación sobre lo que ocurría. Todo el poder concentrado del Estado se había usado en su favor, era su poder, era un Estado a su servicio. Pasado el gobierno de “facto”, restablecidas las instituciones democráticas y vueltas a legalizar las organizaciones populares, una buena parte de lo “conquistado” por la oligarquía se mantiene, hasta el punto que hoy ni siquiera se la llama oligarquía
Nada de lo ocurrido hubiera sido posible de no haberse empleado el peso del Estado con esa finalidad, pero tampoco hubiera sido posible si además, y aparte de los errores cometidos por la totalidad de las organizaciones políticas del campo popular para enfrentar lo que se avecinaba, el bando oligárquico no hubiese contado muchas veces con el apoyo expreso o tácito de vastos sectores de la población trabajadora. ¿Cuáles fueron los motivos que llevaron a estos sectores, principalmente pero no exclusivamente de las capas medias urbanas y rurales a respaldar o a tolerar el avance reaccionario? ¿Ignorancia, indolencia, cobardía, envidia, rencor, mezquindad?
Debería investigarse; pero que ese apoyo a veces activo, a veces pasivo existió y fue lo que hizo en parte posible la instalación del Pachecato, de la Dictadura y de la sucesión de los gobiernos blanqui-colorados posteriores con su política de impunidad no cabe ninguna duda.
En resumen, si se trata de reconocer responsabilidades y de pedirle disculpas a todos las víctimas del terrorismo de Estado, se debería empezar por reconocer que ese Estado actuó al servicio de una finalidad política que supera largamente las ambiciones y los crímenes de algunas primeras figuras convertidas en chivos expiatorios, y gracias a la complicidad política o moral de muchos que creen o quieren hacer creer que estuvieron por fuera de todo
Al fin y al cabo las instituciones que se dicen representativas de la Nación son lo que son según lo que hacen, no lo que dicen ser; la tarea política es hacer que sus actos se correspondan con sus dichos.
Andrés Figari Neves 08-04-2012