El ejemplo de OSDOR, los fallos de primera y segunda instancia y el grosero exabrupto de concebir la extensión del derecho de huelga como agresión de “lesa humanidad”…
Las ocupaciones “(…) lesionan, con ilegitimidad manifiesta, derechos y libertades reconocidos expresamente en la Constitución, lo que determina el deber del órgano jurisdiccional de actuar (...) disponiendo el cese de la agresión (…)”.
Se violan “(…) no menos de cuatro de los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 7 de la Constitución.
Esos derechos son el goce de la libertad, la seguridad, el trabajo y la propiedad (…)”. (…) el problema de las ocupaciones no es si son prolongaciones del derecho de huelga o no, sino que es hasta dónde llega el derecho, o si se quiere dónde termina
Y aquí el tema, si bien es de derecho laboral, se presenta también como de derechos humanos (…)”, “(…) los derechos humanos tienen dos límites: los que surgen de la ley formal y los que surgen de la existencia de otros derechos (…)”, “(…) hay que buscar esos límites y armonizarlos (…)”.
“(…) la ocupación lesiva no puede justificarse en el interés o la voluntad de los trabajadores, quienes obviamente se encuentran en desacuerdo con ella y –por el contrario– son perjudicados por la misma, lo que simultáneamente torna dubitable la regularidad formal de la resolución del sindicato en una asamblea cuya decisión –es igualmente claro– no puede fundarse en dichos interés y voluntad (…)”.
Estos circunspectos, profundos y humanitarios conceptos -de antología, por cierto-, son los que anidan en los intersticios cerebrales de los “doctores” Julio César Chalar, Mary Alonso Flumini y Fernando Cardinal, y están referidos a una medida sindical de ocupación del lugar de trabajo tomada hace poco más de un mes y medio por OSDOR / PIT-CNT (Organización Sindical de Obreros Rurales), de Paysandú.
(Conviene retener en la memoria los doctorales apellidos para no sorprendernos cuando en un futuro tal vez no muy lejano, veamos a estos píos y justos personajes esplendorosamente trepados en los peldaños más elevados del poder político del nuevo “Uruguay productivo con justicia social”, o, de pronto, entre los asesores letrados de alguna corporación monopólica de las que paulatinamente han ido invadiendo y rapiñando al país y al pueblo oriental).
Son los conceptos de tres ministros del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3º Turno, con cuyo flamante fallo quedó terminantemente revocada la sentencia del juez de Paysandú Javier Gandini, quien semanas atrás había avalado la ocupación de una chacra propiedad de la empresa citrícola de acciones mayoritariamente belgas “FORBEL S.A.”, como respuesta sindical legítima al despido abusivo y arbitrario de 180 obreras y obreros citrícolas afiliados a dicho sindicato, castigados por oponerse al intento de imponérseles una drástica rebaja a sus míseros salarios y brutales modificaciones en el régimen general de trabajo, ya de por sí calificable sin exagerarse como esclavizante y decididamente infrahumano.
En virtud de este fallo en segunda instancia, la chacra debió ser desalojada compulsivamente en 24 horas, para que se “dejara de obstruir el ingreso a la planta” de virtuales gavillas de carneros y rompehuelgas, mientras aquí, en Montevideo, tres delegadas y tres delegados del personal arbitrariamente despedido, acampaban en las proximidades del domicilio particular del presidente Mujica y la senadora Topolansky, en Pajas Blancas, para demandar con pancartas y volantes y el apoyo de vecinos y organizaciones solidarias, una urgente intervención estatal poniéndole freno a los desbordes autoritarios e ilegales de esta “multinacional” de la producción de naranjas y arándanos de exportación.
La delegación había venido a la capital en los primeros días de agosto con la expectativa de recibir apoyo efectivo de la central sindical, y lo primero que hizo fue entregar en la “Torre Ejecutiva” de Casa de Gobierno una carta a Mujica reclamando la demorada intervención estatal, sin respuesta alguna siquiera del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que recién concedería una entrevista de la Dinatra (Dirección Nacional de Trabajo) el 21 de agosto, después del eco popular de la acampada cerca de la chacra de Mujica y de las denuncias a través de diversos medios de prensa, en tanto las familias perjudicadas, tras el desalojo, se instalaban muy cerca de los accesos a la planta de “FORBEL”, prosiguiendo una más que justa movilización que no están dispuestas a abandonar a pesar de todas las presiones que reciben a diario y de las penurias económicas que padecen (en sus modestísimos hogares, se multiplican ya los cortes de energía eléctrica y agua potable, por deudas).
Alojada en el local sindical de AFGAP (Asociación de Funcionarios del Ministerio de Ganadería. Agricultura y Pesca), la delegación obrera sanducera no descansa recorriendo otros sindicatos, agremiaciones estudiantiles y organizaciones sociales, informando, denunciando y requiriendo la ayuda solidaria del pueblo trabajador.
Llama alentadoramente la atención y reconforta, la manera sencilla y muy convincente con que estas trabajadoras y estos trabajadores rurales explican su difícil situación y a la vez siembran poderosísimos motivos para que todos recuperemos la fe en la lucha popular, muy especialmente la que nace desde los sectores sociales más castigados por la voracidad insana del gran capital y por el silencio protector del poder político.
Mientras en Montevideo, voceros del poder judicial argumentan que no es posible intervenir siquiera “de oficio” en el sonado caso de las domésticas bolivianas estafadas y súper explotadas como esclavas, “por no existir denuncias concretas de las damnificadas”; mientras las familias responsables de esta situación (cabecillas de “La Casa de las Telas”, “Parisién”, “FRIPUR”, “Frimaral”, etc.) siguen olímpicamente con sus curros al amparo del amiguismo político, tres severos funcionarios al servicio del equilibrio entre los platillos de la emblemática balanza de la justicia burguesa, decretan que casi doscientas familias obreras rurales manoseadas y estigmatizadas por una multinacional despótica, fascista e impune, son responsables de una gravísima agresión anti constitucional de “lesa humanidad”…
Y, sencillamente, las condenan con no poder ejercer el soberano e irrenunciable derecho a la huelga y todo lo que constituya una extensión natural y legítima de este derecho.
La Dinatra prometió “llamar al orden” a “FORBEL”: dicen que le dirán a los empresarios que no pueden contratar mano de obra que no sea la de las familias despedidas; que pronto se decretará un seguro de paro especial rotativo para ellas, etc., etc. etc., después que Mujica, “personalmente”, intervino en tal sentido haciendo involucrar al distraído y perezoso Ministerio de Trabajo y Seguridad Social muy atareado en tratar de imponer convenios colectivos de larguísima data a pesar de las amenazas de crisis local inflacionaria en ciernes.
¡Por suerte hay algunas juezas y algunos jueces jóvenes y decentes que se desmarcan del “protocolo” oficial, y arremeten como pueden contra la soberbia e impúdica omnipotencia empresarial y la ligereza, de hecho cómplice, de otras magistradas y otros magistrados!
¡Ni qué hablar que más temprano que tarde reciben el premio que el sistema reserva para “los descarriados”: la calumnia pública, el enchastre cobarde de la gran prensa, los traslados arbitrarios “a la Siberia”, la persecución lisa y llana, a semejanza de lo que ocurre con las mismas obreras y los mismos obreros a los que se castiga por actuar dignamente en defensa de sus derechos inalienables!
Estas dignas actitudes no cambian de fondo nada, pero hay que decirlo para hacer, precisamente, justicia: por más que en segunda instancia haya profesionales del poder que pretendan ignorar o demonizar la lucha obrera, los fallos de magistrados que han creído sanamente en la “independencia del poder judicial” y que en primera instancia laudan reconociendo los derechos sindicales básicos, constituyen un muy importante estímulo moral para las trabajadoras y los trabajadores que, como los de Paysandú, dan una pelea verdaderamente heroica y ejemplar, que es la mejor y más constructiva terapia colectiva para un movimiento popular al que algunos han creído definitivamente dormido.
No importa cómo –todo sirve, desde la notita en internet, hasta la denuncia en el barrio y en el bondi o en el laburo-, pero hace falta, muchísima falta, arrimar el aliento esperanzador a esta pequeña multitud obrera de Paysandú en lucha dignísima, y felicitar fervientemente y respaldar a las profesionales y los profesionales que también pueden llamarse dignos por haber asumido su responsabilidad social sin perder su integridad moral y haciéndonos ver, en definitiva y más allá de su buena voluntad, que la Justicia –la verdadera- es cuestión del pueblo trabajador.
¡Arriba OSDOR, arriba los que luchan porque han aprendido y enseñan, que la vida es lucha!!!.
Gabriel Carbajales, Montevideo, 22 de Agosto de 2012