¿los ciudadanos queremos seguir viviendo “de resultados”
o queremos “procesar resultados”?
Propuesta ante una Torre de Babel que nos preocupa parte 7
OTRAS PRIORIDADES A TENER EN CUENTA
En esta séptima entrega en nuestra “Campaña por una nueva Constitución”, creemos oportuno procesar y fundamentar otras medidas necesarias, a las ya propuestas:
en Posta Porteña nº 811: “Un debate impostergable: El por qué, el cómo y en qué se debería basar una Nueva Constitución”; nº 814: “¿Democracia o qué?”...;
nº 817: “Justicia y Democracia”; nº 822: “El senado”; nº 825: “La labor legislativa”;
nº 830 “EL Presidencialismo”, aspectos estos que gravitan seriamente sobre nuestra vida ciudadana, que habrá que tener en cuenta en la nueva Constitución.
El modelo de democracia representativa de capital y mercado, funciona, en general, al servicio del capital extranjero y del capital nacional.
A la prueba de los hechos nos remitimos, durante los 187 años de vida que tiene nuestro País.
La parlamentarización que entregó al mundo la revolución burguesa de Francia y la de los ingleses cuáqueros emigrados a América del Norte, ha demostrado, como vimos, en una entrega anterior “Democracia o qué”… (Posta Porteña 814), que este modelo funcionó y cumplió un rol histórico operando la sustitución de la aristocracia por la burguesía, pero no dejó espacio en el poder para hacer justicia a los trabajadores que habían luchado en la gesta de la revolución.
Somos herederos de esa circunstancia histórica, con un Parlamento siempre renuente para construir la garantía ciudadana y siempre pronto a apoyar los intereses de la plutocracia.
Las elecciones, el funcionamiento de los partidos, la conducta de la casi totalidad de los medios, carecen de autonomía y están estructurados de acuerdo a los intereses de las fuerzas económicas dominantes en el sistema.
De ahí la importancia de impulsar un conjunto de cambios, además de los propuestos que ataquen el poder concentrado en una sola persona y democraticen realmente el funcionamiento político, impulsando cambios en la estructura de esta democracia que se dice representativa.
Para ello es preciso utilizar el instrumento de la democracia directa, además de otros mecanismos, para promover las herramientas necesarias del cambio que proponemos para una nueva Constitución.
Entre otras propuestas que vengan u ofrezcan los lectores, apuntamos las siguientes:
a) Terminar con los fueros, es decir, los privilegios que gozan nuestros gobernantes, instaurando un referéndum revocatorio de los mismos.
El sistema actual concede una suerte de privilegio para quienes representan en el Poder Legislativo al pueblo, donde a diputados y senadores nadie puede juzgarlos ni pedirles su cese por haber violado las promesas electorales realizadas al pueblo, ni por los incumplimientos con la Constitución, ni con las leyes.
El pueblo no puede ni tiene ninguna acción ciudadana posible, quedando los legisladores expuestos sólo a sus pares a través del juicio político, lo que no es garantía alguna.
(Véase en nuestra propuesta “El Senado. La labor legislativa”, lo que decimos al respecto, publicado en Posta nº 825).
El cambio que proponemos debe incluir un procedimiento que permita al pueblo que designó al “representante”, se llame diputado, senador o presidente, que en una instancia de consulta mediante plebiscito, en fecha establecida por la Constitución, pueda echar a quien o quienes no cumplen con su mandato o que no hayan cumplido con las metas programáticas comprometidas a través de las campañas electorales.
Debe establecerse que, después de transcurrido un plazo de dos años, todo gobierno, sea nacional, municipal, parlamentario, ministerial, pueda ser refrendado o desautorizado por una convocatoria al pueblo con un referéndum, que es el medio de contralor que debería tener el ciudadano.
b) Incluir en la Constitución una norma declarativa en cuanto a que la soberanía política y económica impida que se suscriban acuerdos o contratos de préstamos con Organismos Internacionales o Estados, eliminando condicionamientos económicos y/o políticos en convenios de préstamos. Lo mismo se diga respecto a los acuerdos con empresas transnacionales.
c) Otro elemento a tener en cuenta es la derogación de las normas que privatizaron por Ley 16713 la seguridad social. Mediante la derogación aludida debe retornarse a la totalidad del sistema de seguridad social estatal, lo que significa el retorno de unos 3560 millones de dólares que están en manos de las AFAPs, para especulación privada.
d) Autonomía de los Entes de Enseñanza y cogobierno con docentes y estudiantes de los mismos. Se impone una autonomía absoluta de los entes docentes y cogobierno de los mismos.
e) Designación por elección de los integrantes de los directorios de los entes comerciales e industriales (actualmente 3 y 2), eliminando la designación a dedo político, de acuerdo a lo que prevé el texto del artículo 189 de la Constitución, que abre la posibilidad de cambiar la forma de designación.
f) Anulación de la ley 15848 de impunidad de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
g) Terminar con las reglamentaciones de las Cámaras absurdas, y de conveniencia, que obstruyen el buen funcionamiento de la Constitución (reglamento de Asamblea General, reglamento del Senado, y Reglamento del Cuerpo de la Cámara de Representantes).
h) Cambiar el sistema electoral actual partidocrático y crear un nuevo sistema de elecciones, donde cada ciudadano sepa y conozca a quien va a “elegir” como su representante. Queremos evitar que el ciudadano desconozca el 90% de los representantes que “votó” en las listas, pero no eligió.
i) Convertir las Embajadas en agencias oficiales de Comercio, con nombramientos de personas calificadas al respecto, terminando con cargos de políticos fracasados.
j) Siendo la política un servicio a la población, los sueldos y las retribuciones de los cargos de gobierno tendrán como referencia la canasta básica oficial. Sólo podrá superarse hasta 3 veces, en caso de técnicos universitarios.
k) Más allá del respeto que deba tenerse con los medios de comunicación masiva, exigir el 33%, del horario de emisión diurna con programas de contenido cultural y musical que sea origen nacional.
l) Rebajar el mínimo necesario para la convocatoria a un 5% de la población inscripta en el Registro Cívico Nacional para fomentar la consulta y participación y decisión de la ciudadanía en actos plebiscitarios.
m) Legislar para importar mercaderías o bienes que atenten contra lo que el País pueda producir.
Esto implica una Convocatoria a una Asamblea Constituyente a los efectos de operar las transformaciones que postulamos y de otras medidas que requieran también en el orden económico y social.
Hasta ahora hemos sugerido en relación a un gobierno en lo Nacional, en nuestra próxima entrega nos referiremos a la organización departamental.
Un abrazo fraterno del equipo de Dirección de la Revista Punto a Punto.-
Rogelio Snaider, Director