Tenemos acceso a créditos de organismos internacionales, tenemos amplio currículum como buenos pagadores de deudas ilegítimas, y no sabemos nada de minería de gran porte. ¿Qué más se podría pedir?
Aratirí buscaba un socio y parece que lo encontró.
Según palabras del Presidente Mujica pronunciadas ayer, ese socio sería el Estado Uruguayo. La noticia es pésima por los malos antecedentes de ambos.
El Estado Uruguayo tiene un desastroso registro como socio de empresas privadas.
El caso más reciente es el de PLUNA, que nos está costando miles de millones de dólares porque negociamos mal con un empresario privado que se aseguró de quedarse con las ganancias mientras las facturas a pagar corrieran por cuenta del Estado Uruguayo.
Después intentamos rematar los aviones que compramos y resultamos burlados en un remate en el que nadie pagó nada, ni siquiera el aval que supuestamente respaldaba al oferente que se presentó con identidad alterada en nombre de una empresa Europea que no sabía de sus aventuras por éstas tierras ni mucho menos de hacerse cargo de sus ofertas. Un papelón.
Pero la falta de controles administrativos tiene larga historia. A no olvidar el desfalco de los bancos De Crédito y Comercial, que fueron vaciados sin que el organismo controlador (Banco Central) se diera cuenta.
No olvidemos el pésimo negocio que hizo ANCAP comprando estaciones de servicio en Argentina, que también nos costó millones de dólares de pérdidas.
No olvidemos los ilícitos de la Armada Nacional con sus compras truchas de embarcaciones y costosos materiales operativos que nunca existieron, que también nos dejaron un pasivo de millones de dólares, porque el Ministerio de Defensa no pudo detectar las maniobras hasta que fue demasiado tarde.
Para no mortificarnos con más recuerdos de malas experiencias, digamos simplemente que está harto demostrado que como controlador el Estado uruguayo es ineficiente.
Por otro lado la idea de una sociedad entre el Estado y una empresa privada atenta contra un principio básico de la Justicia: no se puede ser Juez y parte. Si el Estado pasa a ser empresario en una sociedad con una firma extranjera como es Zamin Ferrous, titular de Aratirí:
¿Cómo podrá a su vez cumplir con sus obligaciones de fiscalizar el cumplimiento de las normas legales de este emprendimiento?
¿Es imaginable una DINAMA o una DINAMIGE controlando Aratirí si el Estado mismo tiene intereses comerciales en el negocio?
¿Podrían los funcionarios públicos encargados de las inspecciones actuar con independencia técnica?
Es impensable. Por lo tanto la sociedad uruguaya perdería totalmente las garantías que pudieran ofrecer esos organismos controladores, que ya están muy presionados, pero lo estarían aún más si se concretara la propuesta asociación.
Pero volviendo a la cuestión de los antecedentes, los de Zamin Ferrous son alarmantes.
Recientemente se supo que estuvo negociando una sociedad con la minera estatal india National Mineral Development Corporation en el proyecto de mineral de hierro Greystone, situado en el estado brasileño de Bahía.
La prestigiosa publicación empresarial Business News Américas, informó a mediados de diciembre de 2012, que la sociedad no se consumaría porque Zamín Ferrous no es una empresa confiable.
Se afirma que por su falta de confiabilidad no puede cotizar en las bolsas de valores donde se mueven los capitales financieros más importantes del mundo.
Además los documentos de habilitación para la explotación de los yacimientos que le ofrecía a su socio, eran de dudosa confiabilidad. Según esa versión de buena fuente y no desmentida por las empresas aludidas, la minera estatal india National Mineral Development Corporation evaluaba que los riesgos eran demasiados considerando que Zamin Ferrous además está listada en un paraíso fiscal, las islas Vírgenes Británicas.
¿Y con ésta empresa quiere asociarse el Estado Uruguayo?
¿Con esta empresa vamos a ir de socios en un negocio donde nosotros ponemos el mineral y ellos nos ayudan a extraerlo y venderlo? ¿No suena extremadamente ingenuo?
Difícilmente puede presentársele a Zamin Ferrous una oportunidad mejor. Solo quitarle una golosina a un niño puede ser más fácil que burlarse de un socio como Uruguay. Parecemos caperucita hablando con el lobo feroz.
Aníbal Terán Castromán
Febrero 21 de 2013
Gobierno uruguayo quiere asociarse al saqueo y contaminación de minera Aratirí
21 de Febrero de 2013
El presidente José Mujica recibióeste miércoles en la Residencia Presidencial de Suárez al gerente general de Aratirí en Uruguay, Fernando Puntigliano, para proponerle que "el Estado quiere ser socio en ese proyecto". Mujica declaró que "Tenemos que definir, y le tengo que plantear que el Estado quiere ser socio en ese proyecto para dar garantía, para meternos adentro y aprender, porque no sabemos ni leer un mapa".
Fuente. El Espectador y Qué
Desde Colonia el presidente José Mujica había anunciado que le iba a proponer a la minera Aratirí asociarse en el emprendimiento que ésta tiene en Uruguay.
En la entrega de diplomas a trabajadores de Montes del Plata en Conchillas, Mujica había informado que se iba a reunir con "el dueño del circo del proyecto Aratirí" para ver "si lo sacamos o no", informó Presidencia.
"Tenemos que definir, y le tengo que plantear que el Estado quiere ser socio en ese proyecto para dar garantía, para meternos adentro y aprender, porque no sabemos ni leer un mapa", añadió.
El presidente apuntó que el desarrollo de esta iniciativa, muy criticada por productores rurales y ambientalistas uruguayos por la magnitud del proyecto, "es importante entre otras cosas por lo que significa para el futuro exportador, en materia de trabajo, y de calificación de los salarios" además de ayudar a la creación de un nuevo puerto de aguas profundas, una de las prioridades en infraestructura de su mandato.
Por su parte, el gerente general de Aratirí en Uruguay, Fernando Puntigliano, se refirió a esta propuesta como algo "imaginable" y subrayó que la empresa está abierta "a cualquier propuesta del presidente Mujica".
Aún así, Puntigliano sostuvo que de momento lo único que obliga a modificar el desarrollo del proyecto de Aratirí es la nueva ley de minería de gran porte, de estudio en el Parlamento y que establece nuevas y más severas condiciones de explotación para las empresas mineras.
El proyecto original de la Minera Aratirí pretendía la construcción de un complejo minero a cielo abierto de 6.210 hectáreas sobre el yacimiento de VALENTINES, en el interior del país y de un mineroducto de 212 kilómetros de largo hasta una terminal portuaria en el océano Atlántico con la intención de exportar 18 millones de toneladas de hierro al año.
Facundo
COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA – 22/2/2013
Las agrupaciones de habitantes de la costa y el Uruguay profundo abajo firmantes repudiamos lo actuado el miércoles próximo pasado por el Presidente de la República y exhortamos a toda la sociedad civil organizada y ciudadanos responsables con el futuro del país a hacer lo propio y a movilizarse en respuesta.
La reciente reunión del presidente con los representantes de la empresa Aratirí–Zamin Ferrous y las declaraciones del primer mandatario sobre una eventual asociación del Estado al proyecto aún en estudio, en sus condiciones, agravan los peligros que venimos denunciando desde hace meses desde diversos sectores de la sociedad civil.
Se viene alertando por este tipo de presiones indebidas ejercidas por Presidencia sobre otros poderes e instancias del estado para la aprobación “express” de este proyecto que está lejos de demostrar su conveniencia para el país.
Presiones que agreden cada vez con mayor alevosía los principios republicanos del Estado de Derecho, de la separación de poderes, y de la indispensable independencia técnica de los mismos organismos estatales llamados a entender en delicados aspectos ambientales, sociales, económicos y de ordenamiento territorial. Presiones que esperamos que el Parlamento y la DINAMA, responsables en este momento del estudio de distintos aspectos del proyecto minero, pueda resistir para actuar en beneficio del país y no de un negocio de ocasión.
Esta política de hechos consumados –autoritaria e inconsulta –pretende además ignorar el estado de conmoción social que se vive a diario en los tres millones y medio de hectáreas pedidas para minería en todo el país, así como en las distintas zonas costeras de Rocha en las que se ha anunciado el puerto de aguas profundas asociado al proyecto minero de Aratirí.
Pretende ignorar también una importante corriente de opinión que, a lo largo y a lo ancho del país, crece día a día, y que se ha pronunciado en forma inequívoca contra la instalación de estos megaproyectos.
En los plebiscitos que se promueven en varios departamentos, en los más de 400 recursos administrativos presentados para detener la entrada de las empresas a los campos, en los juicios promovidos ante el Tribunal de lo contencioso Administrativo y en marchas multitudinarias como la del pasado 11 de octubre en Montevideo, que con sus casi 10.000 personas dejó en evidencia la preocupación ciudadana de un grupo mucho más amplio que los supuestamente afectados.
En la Asamblea Nacional Permanente, compuesta por más de 35 organizaciones de todo el país, nacida en noviembre como respuesta a la proliferación de proyectos depredatorias e inconsultos, y que sesionó el domingo pasado en Sauce.
Con una responsabilidad que no ha mostrado buena parte del sistema político en todos los niveles, hemos presentado ante la Comisión a cargo de la Ley de Minería de Gran Porte, que habilitaría la instalación de Aratirí y otras empresas mineras, nuestras fundamentadas razones para oponernos a este proyecto y hemos dado cuenta de la situación de conmoción social que reina ante la incertidumbre y la falta de garantías sobre el futuro.
Se ha reclamado, con razón, que delicadas decisiones como la sustitución de actividades agropecuarias y turísticas por emprendimientos extractivos de corto plazo comprometen irreversiblemente el uso sustentable del territorio y, con ello, el presente y el futuro de muchas familias, al tiempo que hipotecan sin garantía las posibilidades de las generaciones venideras.
Creemos que estas decisiones clave para el futuro del país deben tomarse por la ciudadanía, libre e informada, en un clima de garantías y respeto por la diversidad de opiniones, y precedida por un serio y amplio debate nacional.
Nunca desde el centralismo de los escritorios de la burocracia montevideana y, mucho menos, en los despachos de las empresas interesadas en los mismos proyectos.
Ante la impunidad de los hechos acaecidos* en este largo proceso, vista la importancia de los valores en riesgo y como ciudadanos comprometidos con nuestro país, convocamos a todos los uruguayos a considerar nuevas y más amplias formas de protesta y acción ciudadana, por todos los medios disponibles.
Si bien no hay aún un contrato firmado, una ley o un decreto que formalice alguna decisión del gobierno, las declaraciones del presidente ameritan la máxima atención y organización para la defensa de nuestros derechos y de la soberanía.
Con pesar constatamos, una vez más, que nada podemos esperar sino de nosotros mismos.
Mesa Ampliada de Productores y Vecinos de ruta 7
(Contacto: Julio Gómez 099 978 302, Cristina Ramírez 099 064 442, Sebastián Ríos 098134078, Fabiana Campos 091 455 97)
Productores de Cerro Chato y VALENTINES (Florida)- Productores de Tupambaé (Cerro Largo)- Comisión en Defensa de la Tierra (Treinta y Tres)- Comisión por la vida sustentable y el agua (Rivera)- Grupo No a la minería en Vichadero (Rivera)-
Tacuarembó “Por la vida y el Agua”- Grupo de productores y vecinos de San José- Confederación de Pueblos Costeros (Contacto: Ana Alonzo 098 758 710; Matías Seré 094 279 8 )-
Vecinos AUTOCONVOCADOS de La Paloma y la Pedrera-Vecinos y Amigos de Punta del Diablo- Vecinos Movilizados de Punta del Diablo- Vecinos de La Esmeralda, Coronilla, Cabo Polonio, Punta Rubia- Cabildo Abierto de Barra de Valizas-
Vecinos de Aguas Dulces- Vecinos de Ciudad de Maldonado- Vecinos de Ciudad de la Costa- Vecinos de la Costa Oeste de Montevideo- Colectivo Sauce de Lucha por la Tierra Apoya: MOVUS
ARATIRÍ: EL MAL RAYO QUE NOS VA A PARTIR (13)
Los acontecimientos se precipitan
Autor: William Yohai
21 de febrero de 2013
Hace ya tres eternos días que comenzamos a redactar este “El mal rayo…13”. Pensábamos hacer un recuento de lo sucedido desde aquel lejano junio de 2011 en que comenzamos la saga con el primer número de esta serie. Tuvimos que cambiar el plan…
Los acontecimientos se precipitan ¡vaya si lo hacen!
Ayer nomás discutíamos con un querido compañero y le manifestábamos nuestra convicción de que Aratirí “sale o sale”. Ojalá estemos equivocados. Más adelante se explican en forma muy sintética las razones de esta convicción.
Mientras tanto la empresa se presentaba en la comisión parlamentaria que estudia el proyecto de ley sobre “minería de gran porte” (que en realidad debería llamarse “ley Aratirí”) y amenazaba con no llevar adelante el mismo. Aducía, en esencia y dejando de lado la cháchara hueca, que le quieren cobrar demasiados impuestos.
Hoy vemos en la prensa (1) el siguiente informe:
“El Poder Ejecutivo le dio un ultimátum a la empresa minera Aratirí para que defina si va a materializar su proyecto en Uruguay, ofreciendo una sociedad con el Estado. Una fuente del gobierno aseguró ayer a El Observador que si la compañía no toma una definición al respecto, buscará a otro operador minero para que explote las reservas de hierro descubiertas en el país. El presidente, José Mujica, mantuvo ayer una reunión con el gerente general de la empresa, Fernando Puntigliano, en la residencia de Suárez para plantearles esa decisión a las autoridades de Aratirí.
Estamos frente a un inaceptable chantaje, presión o como se le quiera llamar de una empresa privada sobre el Estado Nacional. Por supuesto, los eternos e imprevisibles cambios de humor y posición del Presidente de la República alientan, precisamente, este tipo de conductas.
La empresa sabe que tiene cartas fuertes para jugar. Una gráfica indica donde está, precisamente, el meollo de la cuestión:
La gráfica, elaborada a partir de la planilla del BCU (cuentas nacionales por trimestres) muestra la variación porcentual del producto bruto interno (PBI) en relación al mismo trimestre pero del año anterior. Desestacionaliza la variación (crecimiento o caída) del PBI ya que al compararla con la del mismo período, del año anterior, elimina la tendencia de ciertos trimestres a evolucionar más que otros.
Reiteramos: la gráfica no muestra el nivel del PBI de cada trimestre, sino su variación en relación al mismo pero del año anterior
Y es claro al observarla que durante 9 trimestres (con dos excepciones) el crecimiento del PBI ha caído. Abarca esta tendencia desde el primer trimestre de 2010 hasta el tercero de 2012, último del cual hay hoy datos publicados por el BCU.
Hay una clara tendencia de la economía nacional a desacelerarse. En un trabajo anterior (“Mujica y sus imperfecciones” en www.resonandoenfenix.blogspot.com) explicábamos que la economía se beneficia aún hoy de un importante “viento de cola”.
Sin embargo comienza a verse amenazada por dos viejos fantasmas: la inflación y el déficit fiscal. Las causas de esto son múltiples y no las discutiremos ahora.
Ellas tienen que ver con un modelo económico fuertemente anclado en los lineamientos neoliberales: apertura económica, desregulación, privatización y primarización.
La manifestación más ostensible para el ciudadano de a pie de las consecuencias del modelo es el tan comentado “atraso cambiario” o “dólar barato” que alcanza niveles que golpean cada vez más la competitividad.
Se unen a estos factores económicos los “tiempos electorales”.
Las cámaras de la construcción anuncian una caída de la actividad desde los niveles record alcanzados por dicha industria en 2012. Niveles record si los comparamos con el período post-crisis. Aún son inferiores a los de últimos años de la década del 90 y muy inferiores al “boom” de fines de los 70.
Montes del Plata completa su construcción probablemente a mediados de este año y libera más de 3.000 trabajadores uruguayos. El “boom” de Punta del Este y la costa montevideana tiende a terminarse.
La ley de estímulo a la construcción de “viviendas de interés social” se transforma en la vía de salida a este fenómeno, pero difícilmente cubra los huecos que dejen los procesos antes mencionados.
El gobierno necesita proyectos grandes que empleen mano de obra y “muevan” la economía. Y son 4 los planteados: a) la central de ciclo combinado que comenzará a construirse en este año. b) la planta regasificadora, complemento de la anterior. c) Aratirí. d) el puerto de aguas profundas de Rocha.
Un gobierno que ha demostrado una incapacidad notable para llevar proyectos propios adelante, y los ejemplos al respecto abundan: el plan JUNTOS, el ferrocarril, la construcción y mejora de locales educativos, etc.
Recurre a mega obras construidas por el capital extranjero que acentúan el carácter dependiente y extractivista de la economía. El tema de los dos proyectos energéticos mencionados será objeto de un estudio particular en el futuro
Su tratamiento es complejo y pone nuestras capacidades en tensión. Sólo diremos ahora que, a la vista de la evolución pasada y previsible de los precios de la energía fósil (petróleo y gas natural), la apuesta a los mismos para la generación eléctrica de los próximos años luce como gravemente equivocada.
Volviendo a Aratirí y su proyecto para explotar el hiero de Valentines se visualiza cada vez con más claridad la irracionalidad antinacional de ese enfoque del tema.
Surge inobjetable la necesidad de un cambio radical de rumbo. Debiera el gobierno dejar de lado su apuesta al capital trasnacional para dilapidar en pocos años (12, 15, tal vez 20) un recurso no renovable y plantearse la explotación por parte del Estado en una escala mucho menor (pero aún muy importante) del recurso que es propiedad de la nación, encarando la explotación del hierro junto y en un todo orgánico con su industrialización hasta los laminados, las varillas que utiliza la construcción, los caños y aún más allá. A esta escala tendríamos hierro para 100 años por lo menos.
Se pueden estimar las ganancias de la empresa antes de impuestos e intereses, una vez que el proyecto esté funcionando, en unos 2000 millones de dólares anuales.
Esto no debe opacar sin embargo que el fin de esta historia es la liquidación del recurso en el territorio nacional.
Será una cuenta más del largo rosario de saqueos de los recursos naturales que ha sufrido América Latina a lo largo de su historia.
Las veleidades acerca de crear un “fondo soberano”* que administre parte de las fabulosas rentas que supuestamente se obtendrían en beneficio de las futuras generaciones no pueden ocultar otra maniobra más para favorecer al capital financiero. ¿Quién y en beneficio de quién se administrará ese “fondo soberano”?
Podemos basarnos, para hacer un pronóstico al respecto, en lo que hace hoy el Banco Central del Uruguay con las cuantiosas reservas que administra: las coloca en bonos del tesoro de los EEUU.
Financia así las guerras y desmanes que comete la potencia imperial en todo el mundo. Pero no se trata sólo (y bastaría por cierto con ello) de un problema ético. Se trata de un tema económico: el dólar es una moneda “fiat”
O sea su poder adquisitivo se basa en la “confianza”. La historia demuestra que aquel poder adquisitivo baja en forma continua e indeclinable con el tiempo. Y continuará haciéndolo
¿Qué mejor forma de conservar riqueza para las próximas generaciones que el mineral de hierro depositado en el subsuelo del país?
Nada hace suponer que, si el proyecto Aratirí se lleva adelante y el Estado recibe durante algunos años un monto importante de dinero, éste será empleado de forma adecuada
La parte que el proyecto de ley destina a financiar al gobierno será gastada en pagar intereses de deuda pública y crear nuevos cargos para los amigos de la administración. La parte que formará el “fondo soberano” será colocada en la moneda del imperio en títulos de deuda del imperio.
¿Cuánta de esa plata se utilizará para construir infraestructura energética basada en energías renovables a cargo del Estado?
¿Cuánta se destinará a investigación científica básica y aplicada?
¿Cuánta a infraestructura de transporte realmente necesaria (ferrocarril por ejemplo)?
Si bien se puede alegar que no estamos en condiciones de pronosticar el uso de esos fondos, tenemos derecho a establecer una hipótesis de trabajo basándonos en lo sucedido hasta ahora.
El Estado deja librado, por ejemplo, todo lo referente a energías renovables al mercado. Los principales inversores en energía eólica son empresas privadas que firman contratos de compra de energía con UTE.
Y lo mismo se plantea, en lo esencial, para la energía fotovoltaica.
Ya discutimos el tema del manejo de las reservas del BCU.
No tenemos motivos para pensar que en el futuro será diferente.
Si lo que comentamos hasta ahora no fuera suficiente para preocuparnos muy seriamente la información: “Anoche, en declaraciones a la prensa, Mujica explicó que se “va a dar en pocos días” una discusión para alcanzar una “eventual asociación del Estado” con esta compañía. “Este proyecto es importante en sí mismo por lo que significa para el futuro exportador en materia de trabajo y colabora en gran medida en la necesidad de concretar el puerto de aguas profundas”, destacó.”
Literalmente congela la sangre en nuestras venas. Resurge el parloteo presidencial sobre la “asociación” con Zamin Ferrous.
Asociación que ya sabemos lo que significa: el Estado pone la garantía, o sea, la plata. No sólo nos saquearán el hierro, seríamos además, garantes del saqueo por si “algo sale mal”.
Otra PLUNA, sólo que 10 (por lo menos) veces mayor. Porque cuando a una empresa privada le conviene fundir a su socia con el Estado para que éste se quede con las deudas después que aquella se llevó las ganancias…eso casi siempre sucede.
Lo dice la historia nacional y mundial.
Respecto a los puestos de trabajo, el proyecto empleará 2 o 3 mil trabajadores en la fase de construcción. Y unos 1300 durante su funcionamiento. No son pocos, pero para nada justifican dilapidar el recurso. Y son muchos menos que los que emplearía un proyecto nacional a menor escala pero que avanzara en la industrialización del mineral.
Reiteremos, la obligación legal de destinar el 15% del producido a la industria nacional que establece el proyecto de ley es un engañapichanga para tontos. Lo dijimos hace 18 meses y lo repetimos ahora
Si realmente se quisiera fomentar la industrialización del mineral bastaba con elaborar un esquema impositivo basado en detracciones a la exportación del mismo. O sea, a modo de ejemplo, un gravamen de 30% (similar al que impone Argentina a la exportación de soja en bruto) significa un abaratamiento del mismo tenor del precio del insumo para una eventual industria siderúrgica nacional. Sería un aliciente económico fuerte y eficaz para ésta
Dentro del esquema que plantea Zamin Ferrous un nivel tal de detracciones, con un precio de 150 dólares FOB China del mineral daría una recaudación aproximada de 770 millones de dólares anuales
Ésta es monto del estímulo hacia la industrialización del mineral en el país
Sería posible invertir parte de esa recaudación en la construcción de una industria nacional. Pero claro, este tipo de impuestos, fáciles de controlar y cobrar son palabra maldita para la pseudociencia económica oficial cuando afectan a los grandes intereses financieros trasnacionales.
Sólo se acude a ellos (por ejemplo el IVA) cuando afectan en mayor medida a los trabajadores que consumen todo lo que ganan
En este caso no son “distorsivos”, “injustos”, “contrarios a la inversión”, etc. No nos resulta nada llamativo a estas alturas que NADIE le pregunte a la jerarquía económica porque no se plantean las detracciones a la exportación de mineral
El actual sistema político con representación parlamentaria está allí para servir a unos intereses. Que no son, precisamente, los del pueblo trabajador.
* Los lineamientos de la ley sobre minería de gran porte se resumen en la presentación de A. Masoller en la comisión parlamentaria. Los hemos publicado en www.resonandoenfenix.blogspot.com.El proyecto de ley a estudio del Parlamento se puede consultar en el mismo sitio