O NI UN PASO ATRÁS, ANULAR LA LEY DE CADUCIDAD, YA!!!!
Inmediatamente, después del fallo de la SCJ declarando inconstitucional la Ley Interpretativa que dejó sin efectos la Ley de Caducidad, el equipo de la presidencia del FA, llamó a la movilización del lunes próximo en la Plaza Libertad.
Sera una manifestación del silencio y se entonará el Himno Nacional, señalan los convocantes iniciales y una serie de organizaciones que se plegaron a su llamado (el PIT-CNT, y numerosas organizaciones sociales).
La reacción primaria es saludable indudablemente, porque por algún lado hay que comenzar.
Lo que en cambio no puede ser es que por este acto, el FA se convierta en el abanderado principal de la lucha. El que la conduzca y la oriente.
La Ley Interpretativa fue una salida provisoria y de urgencia ante el saboteo del Plebiscito por parte de fuerzas políticas que integran el FA, en las últimas elecciones y se aprobó después del incidente Semproni que saboteó –a último momento- el acuerdo Parlamentario para anular la ley de Caducidad.
No es posible con una lógica elemental suponer ahora, que los mismos actores que antes sabotearon el tema dentro del FA, se vayan a alinear en su defensa asumiendo además la lucha contra la SCJ, a través de un juicio político eventual como algunos proponen.
Solamente plantear el problema y los antecedentes deja de manifiesto que las mayorías populares (frentistas y no frentistas) no pueden confiar en que esa misma fuerza política sea capaz de ser una abanderada consecuente en el tema y pueda conducir la lucha a buen término.
Lo más probable es que la traicione nuevamente.
No vamos a mencionar para nada la actitud de los dirigentes de los partidos burgueses “fundacionales” el blanco y el colorado. Esos partidos y particularmente las colectividades ciudadanas que los votan están maniatados por las élites que los dirigen que son todos conservadores y reaccionarios.
El Sr. Larrañaga, el Sr. Lacalle Herrera, su delfín el Sr. Lacalle Pou, el Sr. Bordaberry, los Sres. Abreu, Ope Pasquet y el resto de la comparsa son todos reaccionarios reconocidos, partidarios de la impunidad de los criminales y defensores acérrimos de aquellos crímenes.
Cualquiera que haya participado en el Parlamento en ocasión del 19 de mayo (cuando Semproni saboteó la posibilidad de anular la Ley de Caducidad), y escuchó sus discursos, sabe a qué atenerse.
Eran las voces que recordaban a los golpistas del 72, con su misma carga de odio, de resentimiento, de rencor. Es por eso que en las encuestas públicas las mayorías ciudadanas los han abandonado y condenado al llano, del cual solo pueden sacarlos acontecimientos extraordinarios.
Y esos acontecimientos extraordinarios no son nada democráticos
Hay algo más que no debe escapar a la atención del público. El combate que se plantea es bifronte y heterogéneo. Por un lado los “derechos humanos”, por el otro, el impuesto agrario o ICIR.
El ICIR nos dicen los señores Agazzi y Mujica (ambos ex ministros de Agricultura) tiene ahora “como finalidad” combatir la “concentración agraria”.
Al comienzo nos dijeron que era parte de un esfuerzo impositivo para “arreglar y reparar la caminería rural” notoriamente deteriorada por el transporte de los camiones que transportan la soja y la madera. Son camiones de 60 toneladas.
Antes, el actual ministro de la misma cartera de Agricultura, el Sr. Aguerre tuvo al comienzo de su mandato una polémica con la Asociación Rural, cuando señaló, sobre el tema de la caminería rural, el criterio de “el que rompe paga”.
Quizás el ICIR “tenga los problemas de diseño” que señala el mismo vicepresidente de la República, el Sr. Astori.
O sea, una vez más, como en los derechos humanos hay diferencias al seno del mismo gobierno. En esas condiciones, no es posible conducir lucha alguna sobre el ICIR junto al tema de los derechos humanos, contra la SCJ.
El tema mismo del ICIR llevaría a una disgregación mayor que se oculta detrás de tanta palabrería. Porque la señora senadora (esposa del primer mandatario presidencial) Lucía Topolansky también ha agregado “su cucharita” de palabrería hueca, mencionando el tema “de las fuentes de trabajo” que se le cierran a las administraciones departamentales que estarían a cargo de los tramos que atraviesan sus respectivos departamentos.
Una consideración importante se impone.
¿Cuál es el monto de las obras de camineria proyectadas?
Es obvio –y lo dijo el Sr. Bordaberry en su momento- que cuando el kilometro de carretera cuesta UN MILLÓN DE DÓLARES, y el ICIR está proyectado para recoger 6 MILLONES DE DÓLARES ANUALES, hay algo que NO CIERRA.
Con 6 millones, construimos 6 kilómetros anuales, evidentemente insuficiente, no solo para reponer lo deteriorado, sino inclusive para hacer EL MANTENIMIENTO de una red de caminería que el gobierno nos dice está sumamente deteriorada.
A eso hay que sumarle otra cuestión que también ha estado sobre el tapete, las vías férreas, la red vial y el parque de maquinarias (locomotoras nuevas, modernas, y vagones de carga de diferente capacidad y diseño, o sea un equipamiento nuevo, de todo lo viejo que existe desde que se clausuró el ferrocarril).
¿Cuánto costarán esos emprendimientos?
Que evidentemente son adicionales.
En suma, el ICIR, ese impuesto TRIVALENTE (limitar la concentración agraria, contribuir a reponer la caminería rural deteriorada y fuente de trabajo para la gente de las Intendencias del Interior) como todas las cosas MULTIUSO de MULTIPROPÓSITO oculta también una voluntad gubernamental de evitar las “confrontaciones” (esta vez con los propietarios agrarios) como los dos temas anteriores tenían la finalidad de evitar la confrontación con la corporación militar.
Y al final, lo que sirve PARA TODO, termina como siempre NO SIRVIENDO PARA NADA.
Por todos los motivos expuestos, queda en evidencia que el centro del problema no está en la SCJ. Sino EN EL MISMO GOBIERNO.
Por todos esos motivos es evidente que la fuerza política gubernamental del gobierno, el FA, no puede dirigir esa supuesta lucha a la que nos convocan.
No está depurado internamente, y no creemos que tenga intención de depurarse ahora, cuando las elecciones nacionales se aproximan a pasos agigantados.
¿Y la SCJ no es responsable de nada, preguntará algún posible lector?
La SCJ es un órgano de la alta burocracia estatal en el ramo de la justicia. Es primo-hermano de otras altas burocracias estatales, verbigracia la del gobierno mismo, el poder legislativo, etc.
Tienen los sueldos y los privilegios comunes a todas ellas y todas ellas viven a costa del contribuyente que somos los ciudadanos.
Lo mismohace la alta burocracia de oficiales agrupados en la corporación militar.
Es parte de todo el estado burgués y dependiente que no nos sirve a los trabajadores y al pueblo laborioso.
Este gobierno administra el poder del estado capitalista, dependiente y subdesarrollado cuyo detentador es la burguesía, pero como la burguesía “nacional” es una burguesía miserable y roñosa, que no tiene espíritu de empresa y visiones totalizadoras, acostumbrada como está a parasitar a costa de la sociedad toda, tienen contradicciones.
Cada vez que el gobierno se equivoque, toque intereses que ese poder considere vitales, reaccionará a través de las corporaciones en las que está organizado.
La Asociación Rural y la Federación del mismo nombre lucharan contra cualquier nuevo impuesto agrario, quieren que los caminos se paguen por el pueblo, como siempre, a través del IVA y el endeudamiento de la sociedad.
Ni siquiera 6 millones de dólares anuales para reparar están dispuestos a desembolsar.
Lo mismo sucede con la corporación militar: no están dispuestos a que les corten los víveres de las misiones al extranjero, aunque sea de cipayos, ni están dispuestos a dejar en la estacada a los viejos criminales que alberga en su seno.
Para eso maniobraron hasta imponer al Sr. Eleuterio Fernández (1) el mejor defensor posible de sus intereses.
Cuando esas corporaciones sienten amenazados sus intereses, cuando los diferentes sectores que se agitan en su seno pueden dividirse debilitando la corporación, la corporación decide cerrar filas para perdurar.
Se alía con las “almas gemelas” que están en el tejido institucional y social y con los que tienen múltiples redes de contacto y plantean la necesidad de “coordinar esfuerzos”, encontrar “un entendimiento”, actuar mancomunados. Y actúan.
En el cálculo entra la situación política del gobierno trabado en contradicciones internas, luchas de poder y sin movilización popular. Saben que es un gigante de pies de barro, que con un empujoncito que ponga al rojo vivo las contradicciones es posible, desestabilizarlo.
Ante el golpe artero y sorpresivo que le acaba de propinar la SCJ, el gobierno y el FA, reacciona inmediatamente porque sabe que es prisionero de sus propias contradicciones y está herido.
Entonces, se acuerda de las masas que antes tanto desmovilizó.
Trata de recuperar iniciativa política pero pasivizándola desde el comienzo (concentración en silencio y solo cantar el himno) al estilo que es tradicional.
No quieren, no están dispuestos, a despertar ese gigante dormido que es la capacidad de movilización popular.
Sabe que cuando esa gigantesca fuerza popular muestra sus músculos, como los mostró en pequeña escala, cuando el traslado de Mariana Mota, no tendrán fuerza ni poder para controlarla. Los “aparatitos” de contralor interno se harán añicos ante la marejada popular.
La táctica correcta es aprovechar la oportunidad, movilizarse portando consignas propias: ANULAR LA LEY DE CADUCIDAD, YA!!!
A ese esfuerzo convidamos a todos nuestros lectores de Uruguay. ARRIBA LOS QUE LUCHAN!!!
Sobre el tema militar- y bien recientemente- se expresó claramente –con cifras en la mano- la senadora Constanza Moreira. De la misma manera, complementariamente, se expresó el diputado del MPP, Esteban Pérez, cuando se votó la prórroga a la misión en Haití, señalando la corrupción que rodea la actuación de oficiales y tropa.
La maniobra de imponer a Eleuterio Fernández al frente del ministerio de defensa, es posiblemente una “turbulencia” dejada por este paladín de los torturadores con su renuncia al senado.
La corporación militar, particularmente su parte de inteligencia, no podía prescindir de los servicios de un agente tan valioso e hizo sus presiones por los canales “discretos” correspondientes para “reactivarlo” aprovechando la coyuntura que uno de sus subordinados el Sr. Rosadilla ocupaba el ministerio.
Fingió éste una “enfermedad” que no tenía ni tiene, renunció por razones de salud y dejó el camino abierto para que el CAP-L convenciera a Mujica de nombrar a Eleuterio como ministro de defensa.
La Inteligencia militar debe haber celebrado su hazaña con una botella de champán.
c.e.r.
Sólo la movilización Puede enterrar el “Punto Final”
Tras el traslado de la jueza Mota, la SCJ falló la inconstitucionalidad de la ley que declara imprescriptibles los delitos de la dictadura. Ambas decisiones apuntan a establecer el “Punto Final”, a enterrar todas las investigaciones y la posibilidad de castigar a los genocidas. Es por ello que generaron el impúdico festejo de los gorilas de la dictadura y de la derecha blanqui-colorada.
La SCJ también va en la línea de los principales exponentes del gobierno y del Frente Amplio. Es por ello que los Tabaré Vázquez, Astori, Mujica, Topolansky, Fernández Huidobro no repudiaron estas decisiones, y algunos de ellos pretendieron restarles importancia. El silencio de Vázquez es una señal muy clara de su respaldo a la decisión de la Suprema Corte.
Si el primer gobierno del FA hubiera anulado la ley de impunidad, no hubieran corrido los plazos de prescripción. Pero el Frente Amplio se negó explícitamente a hacerlo, tras un Congreso donde el actual ministro de Defensa afirmó que “se puede renunciar a todo menos a la victoria electoral”, es decir, renunciar a la verdad y la justicia.
Los gobiernos frenteamplistas nunca tomaron la iniciativa para impulsar juicios contra los represores. Los familiares y las víctimas quedaron en soledad impulsando las denuncias y recabando las pruebas. Los fiscales y jueces que se jugaron para impulsar la justicia sufrieron presiones o directamente fueron trasladados para obstaculizar las investigaciones y fallos judiciales.
Tabaré Vázquez, Mujica y Astori fueron sistemáticamente contrarios a la anulación de la ley de impunidad, le dieron la espalda a la campaña de la papeleta rosada que logró 1:105.000 votos pese al sabotaje de los líderes del FA, e incluso presionaron a la bancada frenteamplista para vetar la llamada “Ley Interpretativa”, cosa que hicieron a través de su títere Semproni.
No hay que olvidar las declaraciones de Mujica en cuanto a liberar a los que llamó “viejitos”, es decir, los Goyo Álvarez, Gavazzo, y demás criminales responsables de violaciones, secuestros, torturas y asesinatos. La única conclusión posible es que el gobierno de Frente Amplio, junto a los ministros de la Suprema Corte, preparó este “Punto Final”.
Es necesario abandonar toda subordinación al gobierno, y poner en pie una oposición de izquierda, obrera y socialista, frente al gobierno capitalista del Frente Amplio y frente a la derecha reaccionaria de los Bordaberry, Larrañaga y Lacalle Pou. La derecha y el progresismo están ambos sometidos al FMI y a las multinacionales, y apuntan a descargar el peso de la crisis mundial sobre las espaldas de los trabajadores.
Construir una alternativa de izquierda anti-capitalista, socialista, también es fundamental para unir a todos aquellos que luchan en forma consecuente contra la impunidad, por el castigo a los represores y genocidas.
Saludamos la pronta respuesta de las organizaciones que convocaron a la protesta frente a la Suprema Corte, y ocuparon sus instalaciones el viernes 15. Llamamos a darle continuidad a la movilización popular, única garantía para quebrar la política de impunidad. Esta lucha sólo puede conducir al triunfo si se mantiene la total independencia política frente a los jefes y dirigentes que defienden un pacto de impunidad con los mandos de las FF.AA...
Estamos presentes en la movilización junto a Madres y Familiares, pero debemos señalar que es una enorme contradicción realizar una convocatoria junto a los mismos dirigentes que sistemáticamente le han dado la espalda a la lucha popular por verdad y justicia.
Proponemos a todos los sindicatos y al PIT-CNT la convocatoria a un gran paro general y a una manifestación de masas, junto a las organizaciones de derechos humanos, para derrotar el “Punto Final”. Por la restitución de la jueza Mota a su anterior puesto.
Que se vayan los ministros de la SCJ: juicio político! Abajo el pacto de la impunidad. Anulación definitiva de la ley de caducidad. Juicio y castigo, y cárcel común, a todos los responsables de crímenes y torturas. 24/2/13
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES
YO SI VOY
Yo vivo en Noruega, por eso no puedo ir.
Creo que a pesar de lo trágico y las consecuencias de la decisión de los MOMIOS...de la Suprema Corte de INJUSTICIA , no hay que decir que no es bueno que se haga una demostración el lunes 25, 3 días después.
Estos días supongo les dará tiempo para una gran demostración.
No cuesta mucho hacer el movimiento más chico con la posición indicada aquí de crítica al PIT-CNT( se refiere al post anterior nº 917)
Más vale tarde QUE NUNCA, diría yo!
Acá yo soy miembro del Partido Rojo, su nombre lo dice todo. Llegue aquí en el 80 y me quede, siempre militando con los rojos.
Esta trágica noticia es conocida y sacamos una declaración.
El caso de la jueza Mota y la declaración de http://www.wola.org/es/comentario/una_jueza_que_llevaba_casos_de_derechos_humanos_es_removida_en_uruguay
Se la enviamos al consejo de abogados de Noruega, muy conservadores, pero pueden poner un granito de arena en lo que pasa en Uruguay.
Un abrazo solidario
ANA LT
Buenos Aires 22-02-2013
Nosotrxs lxs uruguayxs que militamos en DDHH desde hace muchos años, estamos acostumbradxs a que nos traicionen, porque desde la militancia por el Voto Verde, supimos que el fracaso era muy difícil de remontar.
No obstante ello, decidimos no dar nunca un paso atrás y seguir batallando mientras no haya justicia.
Hace varios años decidimos dar pelea, y conformamos la Comisión de DDHH de uruguayos en Argentina; intentando participar de todas las propuestas por anular la ley de la Impunidad.
Esta tarea no fue para nada fácil ya que nunca contamos con ninguna ayuda, sólo con la voluntad y el esfuerzo de muchxs compañerxs.
Hemos soportado la mala voluntad de quienes batallaron en contra del Voto Rosa, pero seguimos en la lucha.
No nos extraña la actitud de la Suprema Corte, porque es la misma desde siempre.
La jueza Mota fue como una piedra en el camino de esta Corte, por eso la trasladaron (terrible término éste en la historia de los DDHH, por su significado).
Pero no se trata sólo de la Suprema Corte de Injusticia, porque desde el Ejecutivo y del propio presidente Mujica partió la incitación a la Corte de expedirse frente al comportamiento de la jueza Mota.
Como también la desobediencia del Ministro de Defensa las disposiciones de la jueza.
El Poder Ejecutivo tuvo injerencia en el Poder Judicial.
Y desde el Poder Legislativo se escucharon algunas voces, pero tarde, cuando los hechos estaban totalmente consumados y previamente anunciados.
Ha sido un golpe a los DDHH, un golpe moderno, pero un golpe al fin.
No nos olvidemos que la preocupación desde el Gobierno por anular la ley de Impunidad solamente se debió a una disposición de la Corte Interamericana de DDHH
y fue bastante ridículo el tratamiento que se hizo de la misma en el Legislativo.
Por lo tanto decimos que repudiamos las resoluciones de la "Suprema Corte de Injusticia"
Y acompañamos a la concentración del día 25 de febrero a las 19hs. en la plaza Libertad.
Por Verdad y Justicia
Uruguayxs por los DDHH en la Argentina
Ana María Parnás
Marcia Rodríguez Otegui