(1) Una planta de aceite de soja, otro conflicto
Nunca antes la agenda bilateral argentino-uruguaya ha resultado tan conflictiva pese a que el presidente José Mujica ha intentado minimizar u ocultar o eludir los conflictos con Cristina Fernández de Kirchner.... más allá de algún estallido verborrágico ocasional. Aquí el nuevo tema que provoca diferencias:
"El muelle podría interferir con el curso del río, pero yo creo que no por los datos primarios que tengo”, dijo Hierro. De todos modos, el jerarca explicó que debe llegar la información oficial para dar una respuesta final. “Hay que ver las explicaciones técnicas”, insistió el funcionario. En marzo de este año, la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), se negó a quitarle la calificación de histórico al predio cercano a la playa de La Agraciada para que Cereoil instale su planta aceitera. El gobierno tiene la posibilidad de habilitarlo por la sola voluntad del Presidente de la República, y según interpretó la empresa, la voluntad de Mujica va en el sentido de darle la habilitación
MONTEVIDEO (El Observador).
La inversión de casi US$ 150 millones anunciada por la empresa Cereoil para instalar en la playa de La Agraciada (Soriano) una planta de aceite de soja, depende de la voluntad del gobierno argentino, que una vez más le tranca a Uruguay un asunto de la agenda binacional.
El proyecto pretende montar la industria en un predio cercano al sitio histórico, por lo cual necesita un decreto de gobierno para desafectarlo de esa condición, impuesta durante la última dictadura cívico militar (1973-1985). El emprendimiento incluye además la construcción de un muelle y, como eso puede afectar el canal de navegación del río Uruguay, el gobierno de José Mujica tuvo que iniciar los contactos con la administración de Cristina Fernández de Kirchner para obtener una habilitación.
Luego de una reunión en la Torre Ejecutiva, el mandatario ordenó al canciller Luis Almagro llevar adelante las consultas, pero hasta el momento no ha trascendido resultado alguno.
El ministro Ricardo Ehrlich confirmó a El Observador que se iniciaron los contactos con Argentina.
El gobierno, aseguró, espera resolver el tema “lo antes posible”. Hace tres semanas, el mandatario uruguayo reunió en su despacho al secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, y a tres ministros involucrados en el tema: Ehrlich, Almagro, Tabaré Aguerre (Ganadería) y Francisco Beltrame (Vivienda).
De allí se fueron con la misión de contactar a Argentina y seguir de cerca el tema, para lo cual fueron designados Almagro y Guerrero. La empresa se mantiene expectante de la resolución, aunque observan un panorama “encapotado”, según explicó ayer a El Observador una fuente allegada a los accionistas.
En Soriano, por otra parte, el intendente Guillermo Besozzi dijo sentirse “decepcionado con el sistema político”, porque el Poder Ejecutivo demora una respuesta, publicó el diario El País.
El gobierno también tenía previsto llevar el tema a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), pero hasta ayer no había ingresado, informó a El Observador el director Luis Hierro López (Partido Colorado), representante de la oposición en el organismo binacional.“
El muelle podría interferir con el curso del río, pero yo creo que no por los datos primarios que tengo”, dijo Hierro. De todos modos, el jerarca explicó que debe llegar la información oficial para dar una respuesta final. “Hay que ver las explicaciones técnicas”, insistió el funcionario.
En marzo de este año, la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), se negó a quitarle la calificación de histórico al predio cercano a la playa de La Agraciada para que Cereoil instale su planta aceitera.
El gobierno tiene la posibilidad de habilitarlo por la sola voluntad del Presidente de la República, y según interpretó la empresa, la voluntad de Mujica va en el sentido de darle la habilitación.
El informe de la comisión de Patrimonio indica que la negativa se debe a “cuestiones históricas”, pero no es vinculante para el Poder Ejecutivo, que en última instancia debe emitir una resolución sobre el tema.
El presidente de esa comisión, Alberto Quintela, explicó meses atrás a El Observador que luego de la negativa del cuerpo asesor, ahora las negociaciones son “políticas” con “tiempos políticos”, y los contactos se realizan de manera “verbal”.
Intereses: El presidente Mujica mantiene interés porque Cereoil encuentre un lugar para instalarse.
Según informó el semanario Búsqueda en abril de este año, el presidente gestionó ante Colonización un predio cercano al que aspiran. Se trata de un campo a cinco kilómetros de La Agraciada, pero que la empresa ya descartó porque es inundable.
(2) Por ridículo, Oyarbide no pudo allanar en Montevideo
El juez federal Norberto Oyarbide pretendía que los allanamientos a tres financieras que le pidió en junio a la jueza uruguaya del fuero de crimen organizado, Adriana de los Santos, los hiciera exclusivamente la Policía Federal Argentina (?). La jueza se negó, obviamente.
En la reunión con la jueza De los Santos, Oyarbide planteó que solo la Policía Federal de Argentina realizara los tres allanamientos a las financieras. La jueza De los Santos rechazó el planteo y le advirtió que el derecho penal interno no habilitaba que una policía de otro país efectuara procedimientos en Uruguay. En su exhorto, el mediático juez argentino también pidió a la magistrada que autorizara la presencia en los allanamientos del jefe de la División Investigación Federal de Organizaciones de la Policía Federal Argentina, comisario Gustavo Berard, y personal que este defina
MONTEVIDEO (El País)
. El lunes 10 de junio, el juez Oyarbide subió los escalones del juzgado de Crimen Organizado, ubicado en la calle Buenos Aires a la altura del 580, luciendo un inmaculado traje cruzado, corbata de seda y zapatos italianos. En su mano izquierda se destacaba un costoso anillo de oro
Oyarbide fue recibido por actuarios del Poder Judicial y luego derivado hacia el despacho de la jueza de Crimen Organizado, Adriana de los Santos. El magistrado argentino invocó el acuerdo de cooperación penal firmado entre Uruguay y Argentina
Posteriormente le entregó a la magistrada un exhorto (pedido) para que, dentro de tres días, el 13 de junio, habilitara allanamientos a tres financieras, dos de ellas con oficinas en el World Trade Center (WTC) y la tercera en Zonamerica. Dos de las financieras tenían vinculaciones con el grupo Alhec, investigado en Argentina por el propio Oyarbide por lavado de dinero mediante transferencias de decenas de jugadores de fútbol. La tercera es la filial del Royal Bank of Canada.
El 28 de junio, tras una investigación paralela iniciada en 2010, el Banco Central del Uruguay decidió cerrar la filial uruguaya del grupo Alhec por no poder informar el origen de fondos derivados hacia Brasil generados por la venta de jugadores.
Pedido
En la reunión con la jueza De los Santos, Oyarbide planteó que solo la Policía Federal de Argentina realizara los tres allanamientos a las financieras. La jueza De los Santos rechazó el planteo y le advirtió que el derecho penal interno no habilitaba que una policía de otro país efectuara procedimientos en Uruguay
En su exhorto, el mediático juez argentino también pidió a la magistrada que autorizara la presencia en los allanamientos del jefe de la División Investigación Federal de Organizaciones de la Policía Federal Argentina, comisario Gustavo Berard, y personal que este defina
La jueza uruguaya sí avaló que cinco policías argentinos participaran en los tres allanamientos como observadores y con el propósito de allanar alguna consulta que realice la Policía uruguaya sobre el material a incautar. Es decir, evitar que en los allanamientos se decomisen bienes innecesarios de las financieras allanadas.
En la reunión con la jueza De los Santos, Oyarbide recalcó que los allanamientos debían efectuarse el 13 de junio porque se harían procedimientos similares en financieras y clubes de Argentina y Chile buscando documentación sobre triangulaciones de jugadores y lavado de dinero.
Ese mismo 10 de junio, De los Santos pasó el exhorto de Oyarbide al fiscal especializado en crimen organizado, Juan Gómez, quien consideró que era de recibo el pedido y avaló los allanamientos.
Según las fuentes del caso, los allanamientos se diligenciaron en tres días por dos razones: la simultaneidad con operativos similares efectuados en Argentina y Chile y el hecho de que los exhortos extranjeros son una prioridad para la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
Las fuentes rechazaron versiones de estudios jurídicos tributarios que señalaron que en los allanamientos participaron grupos de choque de la Guardia Republicana y que no se levantó el secreto bancario para acceder al material informático.