Ante el anuncio de la inminente firma del contrato con Aratirí,
organizaciones sociales reafirman su postura en contra
Inés Costa (La Diaria, 8/1/14)
El Movimiento pro Plebiscito Nacional Uruguay Libre de Minería Metalífera a Cielo Abierto (Uruguay Libre) realizó ayer una conferencia de prensa para manifestarse en contra de que se firme un contrato de inversión entre el gobierno nacional y Aratirí. Cuestionaron la constitucionalidad de la Ley de Minería de Gran Porte, la presión ejercida sobre la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) y la posibilidad de que el proyecto de la empresa sea aprobado por partes.
A fines de diciembre, el prosecretario de Presidencia de la República, Diego Cánepa, anunció a la salida del Consejo de Ministros que a más tardar el lunes 20 de enero se firmaría el contrato con Aratirí. “Es absolutamente inapropiado, en este momento y bajo estas condiciones, firmar un contrato con esta empresa minera extranjera”, dijo, durante la conferencia de prensa, el representante del movimiento Uruguay Libre, Víctor Bacchetta
A su entender, la firma del contrato se haría “a contrapelo de disposiciones de la Constitución de la República y de la legislación vigente, inclusive hasta de la propia Ley de Minería de Gran Porte aprobada recientemente”. Esta ley, recordó Bacchetta, está siendo cuestionada: “Hay una inconstitucionalidad en el cumplimiento de la aplicación del artículo 47 de la Constitución, que se refiere específicamente al medio ambiente, y en el artículo 8 sobre el principio de igualdad”
Bacchetta comparó Aratirí con la empresa LEADGATE, ya que la primera “es una empresa fundada en 2005, que tiene sede en un paraíso fiscal, que no tiene antecedentes en minería, y en cuatro o cinco años está proponiendo el proyecto de mayor inversión del Uruguay”. “¿Cómo vamos a poder exigirle a esta empresa que cumpla los compromisos que asume en un contrato si tiene sede en un paraíso fiscal?”, cuestionó.
Criticó también que se firme un contrato de inversión sin tener las evaluaciones de impacto ambiental y social que este proyecto podría causar: “En los anuncios que se han hecho, se dice que en este contrato se van a incluir plazos para las autorizaciones ambientales. Nosotros hemos seguido de cerca el expediente de Aratirí en la Dinama y sabemos -como también lo ha manifestado el director de la Dinama- que está lejos de ser aprobado el informe de estudio de impacto ambiental presentado por Aratirí”
Según Bacchetta, el informe no sólo todavía tiene deudas en la información adicional solicitada por los técnicos de la Dinama, sino que además hay partes del proyecto que no están presentadas, ya que, a raíz de la reubicación del llamado puerto de aguas profundas, el proyecto Aratirí debería reformular el diseño del mineroducto y de la terminal portuaria.
Autorizar o no
Cuestionaron también las declaraciones realizadas por el asesor de Presidencia Pedro Buonomo a la diaria a fines de diciembre, sobre la posibilidad de dar autorizaciones ambientales parciales. “Lo que eventualmente puede pasar es que, una vez dada la autorización ambiental al proyecto minero, quede el trazado del mineroducto por aprobar”, había dicho Buonono. “Esto ya tiene antecedentes a fines de 2012, cuando el ministro [de Industria, Energía y Minería] Roberto Kreimerman y Buonomo, en una reunión con la dirección de Aratirí, salieron a decir que para acelerar el trámite de aprobación del proyecto se iba a subdividir en partes. Esto es una cosa absolutamente inapropiada desde el punto de vista técnico. La propia Dinama en aquel momento salió a decir que no se podía subdividir el proyecto, y ahora se vuelve a insistir cuando se anuncia la inminencia del contrato”, recordó.
“Se está ejerciendo una presión indebida y arbitraria sobre la autoridad ambiental. Arbitraria, porque se llegó a decir que después de la firma del contrato de inversión la autorización ambiental estaría en seis meses más. Nosotros, por el conocimiento y el asesoramiento técnico que hemos procurado, sabemos que es imposible, si se hace una evaluación ambiental seria, que en seis meses pueda estar aprobado este informe, que además no es la aprobación final. Después de esta etapa tendría que venir la puesta de manifiesto de la audiencia pública, y recién después es la decisión de la autoridad ambiental”, consideró.
“El mineroducto no va a tener el trazo previsto originalmente. Recién se están enviando cedulones a los dueños de los predios que se van a ver afectados, para que se enteren de que van a tener una zanja con un mineroducto en el medio de su campo”, dijo Raúl Viñas, otro representante de Uruguay Libre.
Además del recurso de inconstitucionalidad presentado por el fiscal Enrique Viana, el movimiento explicó que algunos productores están preparando recursos de inconstitucionalidad que se van a presentar después de la feria judicial.
Por otra parte, se hizo referencia a la falta de consenso político y social y a la importancia de realizar un plebiscito nacional. Para esto, el movimiento deberá juntar 260.000 firmas para abril, seis meses antes de la fecha electoral. “Estamos creando los centros de recolección de firmas, los de entregas de papeletas en los departamentos, promocionando a través del sitio web y trabajando con las organizaciones sociales”, concluyó Bacchetta.
El senador colorado Ope Pasquet también reclamó ayer, en la sesión extraordinaria del Senado, que se haga público el contrato que firmará el gobierno con Aratirí: “Podrán decir que hay cláusulas confidenciales, pero ésas sólo podrán ser las que refieren a información de la empresa: de ninguna manera pueden ser confidenciales las medidas de protección del medio ambiente o el tratamiento fiscal que se le va a dar a Aratirí”, opinó.
¿FIRMAR CON ARATIRÍ OTRO CONTRATO LESIVO PARA EL PAÍS?
Comunicado de prensa
Montevideo, 7 de enero de 2014.
GOBIERNO PRETENDE FIRMAR CON ARATIRÍ OTRO CONTRATO
LESIVO PARA EL PAÍS
Los últimos anuncios del Poder Ejecutivo sobre la firma inminente del contrato de inversión con la empresa Aratirí evidencian que el gobierno pretende imponer la minería metalífera a cielo abierto en gran escala a contrapelo de normas constitucionales y legales, avasallando los procedimientos y opiniones técnicas de la Dinama y, en última instancia, careciendo de los respaldos sociales y políticos imprescindibles para tomar una decisión de esa envergadura.
Improcedencia del contrato
Luego del Consejo de Ministros del 27 de diciembre, el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, anunció que "a más tardar, el 20 de ese mes (enero) firmarán el contrato con Aratirí".
La firma de este contrato se haría en el marco de la Ley de Minería de Gran Porte (N°19.126), una ley aprobada solo con los votos del oficialismo cuya constitucionalidad fue cuestionada ya en el Parlamento. En la actualidad, esta ley es objeto de una acción de anulación por inconstitucional presentada por el fiscal Enrique Viana y se preparan otras acciones similares por parte de los productores rurales directamente afectados por la explotación minera en sus predios.
La Ley 19.126 viola el principio de igualdad del Articulo 8o. de la Constitución al otorgar beneficios extraordinarios a esta actividad y esto se agrava porque el gobierno eligió a su contraparte, Aratirí, sin utilizar un procedimiento de selección objetivo entre distintos interesados. También viola el Artículo 47o. sobre la preservación del medio ambiente, al permitir la megaminería incluso en áreas naturales, destruyendo de manera irreversible ecosistemas de tierras, pastizales, ríos, arroyos y acuíferos con poblaciones asentadas y actividad productiva permanente.
La firma ahora de un contrato se haría sin que se hayan reglamentado aspectos fundamentales de la cuestionada ley, como las mejores prácticas mineras del Artículo 5o. o el plan de cierre del Artículo 13o. Además, previo a la firma y de acuerdo con el Artículo 27o. de la Ley 19.126, la empresa debería gestionar un aval bancario u otra forma de garantía por el 5% de la inversión prevista que, según las cifras de Aratirí, debería ser por 160 millones de dólares.
Todo esto cuando estamos conociendo las consecuencias de un proceso semejante en la gestión de PLUNA. Al igual que LEADGATE, Aratirí es una firma especuladora típica, sin antecedentes mineros, creada en 2005 en un paraíso fiscal, que se dedica a armar y vender proyectos. Por sus impactos económicos, sociales y ambientales, conceder a Aratirí la explotación de VALENTINES puede traer perjuicios mayores aún que los vividos con la línea aérea nacional.
Subordinación de la Dinama
Pero, además, el gobierno vulnera el proceso técnico de evaluación de emprendimientos de alto impacto social y ambiental al querer firmar el contrato con Aratirí sin que el proyecto haya pasado las instancias legales requeridas de aprobación, a saber: la aceptación por la Dinama del estudio de impacto ambiental, la puesta de manifiesto del proyecto, la audiencia pública y la resolución final. Se ejerce así una presión indebida sobre las atribuciones de la autoridad ambiental.
La imposición de la decisión presidencial sobre la autoridad ambiental se consuma por la inclusión de plazos para las autorizaciones. Además de indebidos, los plazos son arbitrarios, porque en contra de lo publicado por Aratirí, esta empresa aún no ha presentado toda la documentación requerida, tal como declaró a la prensa el director de la Dinama, Jorge Rucks. ¿Con qué criterio la Presidencia puede fijar entonces los plazos de autorización ambiental del proyecto?
Intentando minimizar la importancia de este aspecto, el asesor de la Presidencia, Pedro Buonomo, dijo que ese cronograma "no obliga al gobierno a cumplir los plazos" en cuanto al otorgamiento de las autorizaciones ambientales. ¿Quién puede creer que en un contrato firmado entre el gobierno uruguayo y una empresa extranjera se incluyan condiciones y plazos no vinculantes?
Subdivisión de la evaluación
Buonomo declaró asimismo que "Lo que eventualmente puede pasar es que, una vez dada la autorización ambiental al proyecto minero, quede el trazado del mineroducto por aprobar" y agregó que el contrato incluye la posibilidad de dar autorizaciones ambientales parciales.
Un año atrás, el ministro de industrias, Roberto Kreimerman, y Buonomo habían anunciado la idea de acelerar la aprobación del proyecto de Aratirí mediante la subdivisión de la evaluación. En esa ocasión, el director de la Dinama, Jorge Rucks, rechazó esta posibilidad en base a que el proyecto de extracción del hierro propuesto es uno solo y no se puede evaluar por partes.
"Dinama no puede autorizar por separado partes del proyecto minero hasta que Aratirí presente la información de la terminal portuaria" (Título de la entrevista a Jorge Rucks publicada el 21 de marzo de 2013 en el Semanario Búsqueda.)
Es evidente que el proyecto de Aratirí es uno solo; los propios representantes de la empresa han dicho que "no hay mina sin puerto y no hay puerto sin mina". Solo el deseo de llegar a cualquier costo a la firma de un contrato puede explicar la pretensión de subdividir la evaluación. Si se acepta una evaluación parcial del distrito minero, luego será inevitable aceptar las otras partes, el mineroducto y el puerto, porque de lo contrario el proyecto sería inviable.
Entre otros aspectos técnicos que demuestran la unidad del proyecto, debe tenerse en cuenta que Aratirí prepone descargar en el océano las aguas contaminadas provenientes del drenaje ácido de las minas, las pilas de roca estéril, el embalse de relaves y la reserva de agua bruta a través del mineroducto y un emisario submarino paralelo a la terminal portuaria. ¿Cómo se podría iniciar la actividad en las minas sin saber cómo y a dónde son descargadas esas aguas?
Sin licencia política ni social
El proyecto de Aratirí ha generado una oposición en la sociedad y el sistema político uruguayos que invalida la pretensión del gobierno de firmar un contrato de inversión con esta empresa.
Tras una declaración inicial del presidente Mujica de que este tema sería resuelto en un plebiscito, el gobierno convocó a una Comisión Multipartidaria que acordó a fines de 2011 los lineamientos políticos para tratar la minería de gran porte. Sin embargo, la propuesta del Poder Ejecutivo y el trámite de aprobación parlamentario de la Ley 19.126 ignoraron aquellos lineamientos e hizo caer el acuerdo. La Ley de Minería de Gran Porte nació huérfana del necesario apoyo político.
Paralelamente a este proceso, se desarrolló un amplio movimiento social en defensa de la tierra, el agua y los bienes naturales que se ha expresado en cinco marchas nacionales en la capital y otras tantas en el interior, la recolección de firmas en varios departamentos e incluso la adopción por gobiernos departamentales de normas que prohíben la minería metalífera a cielo abierto en su territorio. Se refleja por último en la campaña por la realización de un plebiscito nacional.
Señores del gobierno:
no se puede firmar un contrato con Aratirí en estas condiciones
Si quieren tener la legitimidad política y moral para hacerlo, acepten la realización de un plebiscito nacional o, al menos, sométanlo expresamente a votación en las próximas elecciones nacionales, dejando claro algo que no figuraba hasta ahora en vuestro programa de gobierno.
URUGUAY LIBRE
(Movimiento pro-Plebiscito Nacional Uruguay Libre de Minería Metalífera a Cielo Abierto)