José Antonio Vera
Sería necesario remontarse a 1958, cuando se produjo una de las fases más represivas de la tiranía del General Alfredo Stroessner contra las fuerzas populares, para encontrar un episodio de retroceso sindical, parecido al que se está registrando estos días en Paraguay con la aceptación por los dirigentes del grueso de las centrales para integrar, ignorando el sentir de la ciudadanía, una mesa de diálogo propuesta por el Presidente Horacio Cartes.
El encuentro se produjo al día siguiente de producirse, el miércoles 26 de marzo, la más exitosa huelga general de trabajadores urbanos y campesinos desde 1994. La adhesión ciudadana, expresada desde los patios y balcones en toda Asunción, habría superado el número de los miles que en las calles reclamaban el respeto a elementales derechos de convivencia en el país que, por lejos, traspasaban la mera reivindicación salarial.
Miles de sindicalistas de la Función Pública, que aglutina unos 270 mil paraguayos, optaron por manifestar solidaridad con el paro nacional desde sus hogares, dado que, días antes, recibieron amenazas de despido por la presidencia del Partido Colorado, en uno de los tantos intentos de sabotaje y torpezas políticas que comanda la alucinación autoritaria de ese vetusto y cavernario aparato partidista que, con sus provocaciones generó mayor movilización popular, perdiendo una magnífica oportunidad de debilitar la convocatoria.
La disciplina de una muchedumbre poderosa, encabezada por miles de familias de labriegos convocados por la Federación Nacional Campesina, apoyada en colectivos urbanos de diferentes orígenes, contestes en repudiar la política privatista del gobierno, contrastó con el despliegue policial, armado para la guerra, en un número cercano a 20 mil uniformados y civiles, más los francotiradores militares apostados en las terrazas de los edificios céntricos. Ese día fue de asueto para ellos, el pueblo administró sus fuerzas, sus actores y sus recursos, en una huelga que devino una fiesta.
Las previsiones de Cartes y sus asesores fracasaron, porque nunca imaginaron tanta gente movilizada contra sus entuertos y, como los desmanes que esperaron para reprimir no se produjeron, entonces recurrieron a un Plan B que todo indica fue diseñado de urgencia, cursando una sibilina invitación a quienes encabezaron el paro, para “reunirse de inmediato y buscar entendimiento”, en lo que el mandatario llamó Mesa de Diálogo.
La mayoría de los más visibles dirigentes sindicales, que en los discursos de cierre ya se habían separado de la Federación Campesina, con excepción de unos pocos oportunistas que aparecieron al final para las fotos, aceptaron de inmediato y, sin el mínimo rubor e intercambio de ideas y propuestas con el resto de los responsables de la movilización, corrieron a sentarse con el Vicepresidente Juan Afara, en su primer resbalón, pues ni siquiera reclamaron la presencia de Cartes, con lo cual ya entraron rebajados a la cancha, ni de los presidentes de Diputados y Senado, ni de ningún miembro del Poder Judicial.
Al unísono, pisaron una segunda cáscara de banana pues persistieron en su fracasado reclamo de un aumento del 25 por ciento del salario, contra el 10 definitivo que Cartes decretó 15 días antes de la huelga con el fin de desinflarla.
Resquicios de su papel, le recordaron al emisario del mandatario, que el pueblo está en contra de la Alianza Pública Privada (APP), un proyecto, convertido en ley, de concesión por 40 años (venta de hecho) de las principales empresas estatales a consorcios de inversionistas privados, en aplicación de la misma receta entreguista y remate de parte del patrimonio nacional, aplicada en el subcontinente por los mandatarios venales desde hace un cuarto de siglo. “Debemos socializar la APP, porque no hemos sabido explicarla y la gente no la ha comprendido”, dijo el confortable Afara.
De lo conversado en la primera reunión de los sindicalistas con el Vicepresidente, que voceros del gobierno y la prensa afín presentan como etapa inaugural de una negociación entre los sectores más activos del país, nada se ha informado a las bases ni al numeroso colectivo campesino y urbano que protagonizó la huelga general, actitud que en ciertos círculos se califica de traición al movimiento popular en pleno reforzamiento y en una estimulante fase correctiva de viejos vicios. Silencio cobarde que oculta nueva derrota
Esa impostura dirigencial golpea arteramente a la creciente voluntad popular de cambios en la política nacional, convertida en una capitulación frente a un gobierno represivo y fisurado, abierto a los capitales transnacionales y a la injerencia militar del Comando Sur de Estados Unidos, despreciativo de los anhelos de la ciudadanía, incluso de buena parte del millón y medio de paraguayos que permanecen inscriptos en las cada día menos creíbles listas de adherentes al ríspido matrimonio colorado-liberal.
Hay objetiva incapacidad para enfrentar los graves déficits en los servicios sociales, de creación de empleos dignos y sin interés en frenar el encarecimiento del costo de vida, a lo que se suma pérdida de la poca credibilidad que había conquistado Cartes en los primeros meses de los ocho que lleva en el cargo, buena parte invertida en apaciguar la avaricia de los caudillos colorados, que reclaman toda la torta benéfica del Estado.
El apresuramiento primero y la tozudez posterior de los dirigentes que se han prestado a la trampa del gobierno para enfriar el entusiasmo ciudadano, confirma entre otros temas el agotamiento de una generación de cúpulas sindicales como partidarias e incluso de ciertas organizaciones campesinas y sociales, en un mapa que, felizmente, se está recomponiendo con nuevas figuras, lo cual garantiza la continuación de las luchas.
La coyuntura nacional es compleja desde todo punto de vista. Es innegable que la postura errática de la conducción sindical, debilita la movilización de las bases que, en una clara expresión de crecimiento político, trasvasan la mera reivindicación material y presentan otras ideas y proyectos de salida a la crisis interna y de desarrollo social.
Ante ese panorama, el gobierno muestra un penoso vacío de respuesta, encapsulado en la demencia tecnocrática de sus componentes, que confunden la gobernanza del país con el gerenciamiento de empresas privadas que, al no comprender su nueva función, algunos ministros reaccionan con desdén ante los anhelos ciudadanos, y otros con tal ira que ven en la represión la única salida posible, reactualizando los métodos estronistas que hace seis décadas terminaron con cientos de muertos y miles de excluidos y exiliados, tras una heroica huelga general de dos semanas, traicionada por algunos representantes obreros.
Desde hace 22 meses, hay decenas de campesinos presos, acusados de la muerte de seis policías y, como la fiscalía no puede demostrar su participación, tampoco los condena, aberración que los ha convertido en presos políticos, entre ellos cinco campesinos en huelga de hambre desde el 14 de febrero, trasladados de urgencia este fin de semana al Hospital Militar, donde está prohibido el ingreso de abogados y médicos amigos, sometidos a torturas sicológicas, según trascendidos de fuentes responsables