EL DIRIGENTE CAMPESINO Y PRESO POLÍTICO PARAGUAYO
Por LLella de Misiones (Desde Asunción)
(APL) Luego de la memorable victoria que significó para los presos políticos del caso Curuguaty la concesión de la prisión domiciliaria, la Justicia paraguaya se tomó un desquite y le dio un baldazo de agua fría a la alegría de los presos, sus familiares y la gran cantidad de personas que se solidarizan con ellos. Ayer, 15 de abril, luego de dos días del levantamiento de la huelga de hambre, los cinco presos políticos del caso Curuguaty fueron dados de alta y trasladados a la oficina de Judiciales del penal de Tacumbú para realizar los trámites de las medidas alternativas a la prisión. Luego, se dirigieron a sus domicilios en Curuguaty. Una vez en allí, se encontraron con la orden de detención de Rubén Villalba, quien fue interceptado y detenido por orden del Juez de Garantías Carlos Goiburú, en una causa por ocupación de tierras del año 2008. El juez ordenó el regreso de Rubén al penal de Tacumbú, en Asunción, al considerar que en esta causa no hay beneficio de prisión domiciliaria. Recién a las 19 hs Rubén fue alojado en la Sanidad del penal, donde anunció el reinicio de su huelga de hambre.
La causa de 2008 y el juez Goiburú:
La causa penal que esgrime ahora la justicia paraguaya para volver a ordenar la prisión de Rubén Villalba se inició en 2008, cuando el dirigente encabezó la resistencia a un desalojo de tierras. La causa nunca tuvo movimiento alguno, al punto que cuando el fiscal Jalil Rachid solicitó los antecedentes penales de los presos del caso Curuguaty en el marco de la instrucción, la misma no fue informada en el legajo de Rubén Villalba. Igualmente se trata de una causa extinta, de acuerdo a los tiempos previstos por el Código Procesal Penal Paraguayo, ya que no tuvo movimiento alguno en más de cuatro años. La medida de prisión dictada hoy contra Rubén es la primera ordenada en la causa.Quien sí tiene antecedentes es el juez Goiburú: en 2005 este juez ya concedió irregularmente una usucapión a la familia Riquelme, de tierras públicas. En el año 2012 ordenó un brutal desalojo contra la comunidad indígena Yvapoty, en el cual quemaron las casas, la escuela y destruyeron las chacras. Días después el juez dijo que el procedimiento fue un “error” y pidió perdón.
Con la medida de prisión ordenada hoy, el tiempo vuelve a correr en contra de la salud de Rubén Villalba, quien decidió no esperar pasivamente una nueva resolución judicial que le permita regresar a su casa en Curuguaty y retomó el ayuno interrumpido el sábado 12 pasado.
Agencia Para La Libertad
Paraguay: PUEBLO ACÉFALO
José Antonio Vera
La presión social de la ciudadanía paraguaya más consciente crece notoriamente contra el Estado, tal lo que testimonia el triunfo popular del 26 de marzo con el paro general que paralizó el país, y la decisión que se vio forzado a tomar el Poder Judicial este sábado último, enviando presos a domicilio a cinco campesinos que estaban en huelga de hambre desde el 14 de febrero, detenidos sin condena entre varias decenas, desde junio del 2012.
Esos dos casos demuestran que el ambiente social está tenso. Por un lado, se constata desorientación del Presidente Horacio Cartes, apoyado en un equipo de colaboradores divididos entre partidarios de mantener la gerencia negociando con algunos sectores populares, y los proclives a medidas de fuerza, con una recia represión de la oposición que viene subiendo desde abajo, y que a pesar de su orfandad dirigencial, o quizás por ello, se está tornando complicada por su tenacidad en sus bien fundamentadas reivindicaciones.
Crece el reclamo de justicia social, y es masivo el clamor por recuperar la gratuidad en los servicios de salud y el abastecimiento en insumos y personal en los hospitales, tal como implantó desde el 2008 el Gobierno de Fernando Lugo, depuesto a los cuatro años. En todo el país se registra una escandalosa escalada de suba de precios de los productos de primera necesidad, con el pretexto de que el salario mínimo aumentó 10 por ciento y de que el incremento es pasajero, por la Semana Santa, pero que se convierte en eterno derecho divino. Uno de cada cuatro paraguayos “sobremuere” en la extrema pobreza.
Frente a ello, el campo popular muestra fisuras, tan lamentables como inoportunas, pues el momento político que vive el país, ante un gobierno débil que se apoya en los viejos vicios del poder prebendario, aconseja cerrar filas en torno a la Federación Nacional Campesina (FNC), venciendo los celos del grueso de la dirigencia sindical urbana, la cual debería reconocer y alegrarse por la emergencia de nuevos militantes en las ciudades y los campos, con alto porcentaje de mujeres, antes de sentarse con el gobierno a capitular.
La acefalia política del pueblo viene de lejos, y la padecen los dos partidos de derecha, el Colorado y el Liberal, agravada en lo ideológico y su praxis por la inasible izquierda, reemplazada por emblemas democráticos y progresistas, cuyos planteos no superan la mediocridad socialdemócrata. Su pobreza de liderazgo explica que ocho años atrás hayan ido a buscar al Obispo Fernando Lugo para elevarlo como su líder y hacerlo elegir Presidente de la República en el 2008
Su carisma y prestigio entre el campesinado, permitió romper 60 años de absolutismo colorado, en una jugada política a la que se sumaron oportunistamente ciertas corrientes de partidos empresariales y alianzas electoralistas de “indignados, que se tragan todo y terminan indignos”, al decir del sabio padre de un amigo. En su incapacidad, esas mismas siglas andan aludiendo interés por repetir la aventura y, de nuevo se acercan a Lugo, hoy Senador por la coalición Frente Guasu, y casi la única figura con algo de crédito entre el pueblo, a pesar suyo
La tozudez del Ministerio Público, con la complicidad, al menos por desatención, del empresario-mandatario Cartes, y de las autoridades del Congreso, viene generando una repulsa masiva entre una ciudadanía que está harta de la política elitista y privatista, y que comienza a vencer los prejuicios urbanos contra el campesinado sin tierra, al punto de tomar conciencia de la justicia de sus luchas, cuya causa adquiere dimensión nacional, por encima de la flacidez que se observa entre los viejos grupúsculos dirigentes.
Esa nueva mirada se traduce en las numerosas expresiones de solidaridad con los presos, desde asambleas en barrios diferentes en los meses últimos, y marchas diarias por las calles asuncenas de denuncia de los atropellos del Estado, hasta el encadenamiento de cuatro mujeres, familiares de los cinco huelguistas y el cantautor popular Alberto Rodas, frente al Hospital Militar donde los desfallecientes habían sido trasladados in extremis y donde permanecen con el fin de recuperarlos algo físicamente, antes de regresar a su hogar, todavía en condición de presos.
El Fiscal de la causa, Jalil Rachid, persistió hasta último momento en mantenerlos en el sótano de la Cárcel de Tacumbú, en una decisión que generó la hipótesis en diversos ambientes de que su propósito era dejar que alguno de ellos muriera y con ello intentar demostrar que se está ante un Estado intransigente y poderoso, coherente con su ideología de ultraderecha, y en flagrante contradicción, pues es juez y parte en el tema de la disputa campesina por recuperar la tierra ocupada en forma ilegítima por herederos del régimen estronista, como es el caso de su padre, el ex Senador Rachid Lichi
Le duró poco el capricho. Sus jerarcas, aunque con muy poca voluntad, le dieron la espalda el sábado a medianoche y, en menos de 24 horas, se le vio salir corriendo de un lujoso restaurante céntrico, escrachado en plena cena por numerosos comensales que le pidieron cuentas por su inconducta, bajo los calificativos de crápula, cobarde, criminal, cancerbero y otros. Se protegía en su novia y terminó huyendo sin pagar la cuenta. Habría comunicado que tiene intención de saldarla. El respeto ciudadano le resultará más caro, al igual que a algunos de sus colegas que indexan al escrache como actividad prohibida, a conciencia de que esa expresión confirma el despertar de una ciudadanía por largo tiempo adormecida.
Jalil venía acumulando méritos desde hace unos dos años, cuando a pocos meses de recibirse de abogado, y sin una mínima experiencia profesional, fue nombrado fiscal, en una de esas trapisondas que fungen en Paraguay como Sociedades Anónimas entre políticos y jerarcas de la justicia. A su vez, consiguió un puesto de profesor en la Universidad Católica, para enseñar derechos humanos, los cuales pisotea desde que asumió el cargo.
El hombre saltó a la palestra a partir del 15 de junio del 2012, cuando se produjo el asesinato de once campesinos y seis policías, presuntamente víctimas de francotiradores, dado que no hubo enfrentamiento entre ellos, en lo que pareció más una encerrona deliberadamente planificada.
Múltiples indicios la definen como el pretexto del Golpe de Estado que se concretó a la semana siguiente, derrocando al Presidente Lugo por mal desempeño de sus funciones, cortando un proceso de cambios sociales que llevaba cuatro años, mediante un descarado juicio político parlamentario que apenas duró unas horas. Esa traición, encabezada por el Vicepresidente de la República, Federico Franco, resultó una victoria pírrica para los liberales, cuyo partido agoniza en beneficio de los colorados.
Jalil entró a operar de inmediato junto con otros colegas y jueces que brillan desde siempre por su desprecio por los campesinos sin tierra, unas 200 mil familias en todo el país, con 85 por ciento del territorio cultivable en manos de 2.5 por ciento de la población. A las pocas horas, decenas de labriegos fueron a parar a las cárceles, donde la mayoría, inocentes, siguen confinados sin condena, dado que la fiscalía carece de pruebas y las que ha presentado rayan lo ridículo, pudiendo repercutir contra el mismo Fiscal en cualquier momento, convertido por su mente cavernaria en un fusible pronto a saltar.
El acto por el cual se les incrimina fue instalarse en un rincón de tierras del Estado, en el Departamento de Curuguaty, cercano a la frontera con Brasil, ocupadas ilegalmente desde hace cuatro décadas por un latifundista, poderoso empresario y dirigente del omnipresente Partido Colorado, a cuya muerte le han sucedido familiares tan usurpadores como él, gozando de la impunidad que le otorga la complicidad del corrupto engranaje de los tres poderes, con miembros geófagos que, entre otros oligarcas, ostentan títulos de propiedad sobre ocho millones de hectáreas destinadas a la reforma agraria, que el General Alfredo Stroessner regaló entre sus íntimos durante su tiranía, entre 1954 y 1989