Hoy como ayer
SIRPA: excusas y reincidencias
Leticia Pérez
Brecha, Montevideo, 20-6-2014
Pasa el tiempo, pasan los gobiernos, pasan los directores, y el sistema de privación de libertad de los adolescentes infractores –aunque cambie de nombre– sigue por el mismo rumbo: el uso de la violencia como método de contención y la cerrada defensa del sindicato de los “compañeros” torturadores.
Pasó en el Ser. “Todo arrancó porque los del nivel dos sentimos los gritos de X que le estaban pegando. Ahí empezó el golpeteo de puertas y los funcionarios fueron abriendo pieza por pieza. Era el turno de los M. Dijeron que saliéramos y nos sacáramos la ropa. L y N entraron. L, ahí nomás, me dio un piñe atrás de la oreja y cuando estaba saliendo me pone la pierna. Caigo y N me da terrible patada karateca en la cara…” El relato sigue con lujo de detalles. “Yo me desmayé y cuando me despierto N me levantó y me daba piñas en la cara”. Sigue: “Le partió el ojo, después siguieron conmigo… nos dejaron a todos en bolas toda la noche… pintó patotazo, me dieron entre todos los que nombré”. ¿Resuena el testimonio? El sumario se abrió. M, N y L fueron separados del cargo. Pero la investigación administrativa culminó y M fue exculpado, L suspendido por 15 días y N por 30. La denuncia penal fue archivada por falta de pruebas. La contraparte: hacinados, se intentaron prender fuego. Suena descabellado pero esa fue la declaración desde el sindicato de trabajadores del INAU (Suinau) respaldando a sus funcionarios. “Se querían autoeliminar ahí… y los sacaron medio a prepo. Lo único que constatan los forenses es que hay un chico que tiene un corte en la ceja.” Pero las pericias se realizaron 11 o 12 días después. El escrito que cuatro años más tarde acompañó la destitución de M, N y L dice que “fue tiempo más que suficiente para que los adolescentes dejaran de tener marcas”. Los hechos ocurrieron en abril de 2003. En aquel momento, además de la falta de prueba forense, uno de los adolescentes negó lo sucedido. Lo habían sobornado con derecho a goce de whisky y alcohol rectificado los domingos, camuflado en una botella de hipoclorito. Los otros omitieron detalles por miedo. Cuando en 2005 cambiaron las autoridades del INTERJ (actual SIRPA) el nuevo directorio solicitó ampliar la prueba de aquellos episodios y se volvió a interrogar a los jóvenes, que ya estaban fuera del sistema. Como resultado, el instructor sumariante consignó en su informe contradicciones entre las declaraciones de los funcionarios y que el principal argumento de la defensa consistía en descalificar a los denunciantes. A pesar del fallo el SUINAU siguió expresando convencimiento de que nada había pasado. “Lo que hay son denuncias de jóvenes internados que ahora están presos en el Comcar o en el Penal de Libertad”, afirmaron. En marzo de 2007 Joselo López –usando la misma estrategia de autodefensa señalada por el sumariante– dijo a Brecha: “El directorio le cree más a los chicos que a los trabajadores, pero ellos son como el Cosita y el Sapo” (dos delincuentes que en ese momento habían causado alarma pública por sus crímenes). Por otro lado, el PIT-CNT, que ante la última ola de denuncias por malos tratos en el mismo “hogar” manifestó una defensa cerrada de la gestión del actual directorio, alineado éste por primera vez en la historia con el sindicato de trabajadores, en febrero de 2007 apoyó el conflicto que declaró el SUINAU a raíz de las tres destituciones. “Hay que esperar a que aparezcan los datos y ver si hay pruebas contundentes”, dijo a Brecha el dirigente Juan Castillo en ese momento. Un documento elevado en 2006 por la directora del Departamento de Sumarios de la División Jurídica del INAU reconoce que no se trató de un hecho aislado sino “dentro de un sistema caracterizado por un uso reiterado de una violencia, por momentos inusitada, practicada como método de contención”. En la nota1 que relata este caso, el periodista Daniel Erosa pregunta a Castillo si con estos elementos no cabe otra actitud de la central de trabajadores históricamente defensora de los derechos humanos. “La cosa es muy vidriosa…”, ensayó como inicio de una respuesta el dirigente. ¿Hoy esta postura resuena?
Marzo de 2004. Tres ONG envían un documento reservado a la Suprema Corte de Justicia elaborado a partir de informes, entrevistas y expedientes judiciales. El hecho es tratado en una nota publicada en La República 2 por Roger Rodríguez. “Se han detectado violaciones a los derechos humanos en el INTERJ (…) particularmente en el centro Ser de Berro”, escribe el periodista a propósito del documento. Éste alerta sobre prácticas de tortura sistemática desde 1996, denuncias administrativas que culminan con sanciones demasiado leves en relación con su gravedad, y otras por la vía penal, que en “escasísimas situaciones han derivado en decisiones de la justicia, muchos funcionarios fueron trasladados de establecimiento y algunos hasta ascendidos en el escalafón funcional”.
2014. A la cabeza del nuevo hogar de bulevar Artigas se designa a uno de los implicados en el caso de Fabián Tomé, un joven que había sido golpeado y abusado sexualmente en 2012. Hecha la denuncia, el abusador terminó procesado y preso. Pero a Fabián lo mataron a los pocos días de salir en libertad
Ahora, el funcionario del Ser implicado en siete denuncias administrativas y cuatro penales, recientemente denunciado por golpear a un joven en represalia a las declaraciones que éste hiciera en un informe de Canal 10, hasta ayer continuaba en el centro en tareas de coordinación de funcionarios, “hasta tanto llegue la resolución de Jurídica”, tras un pedido de informes de carácter urgente, y “sin contacto con los jóvenes”, confirmó a este semanario Rubén Villaverde. La denuncia desencadenó el lunes la intervención del Ser: nuevo equipo de dirección integrado por Wilmar García, Elena Rodríguez y José Luis Pérez, y un reforzamiento del equipo de asistentes sociales y psicólogos. Villaverde también confirmó a Brecha que la directora del centro –Jessica Barrios– luego de su licencia reglamentaria será trasladada, como resultado de una larga investigación iniciada hace varios meses por malos tratos. La misma culminó días antes de que Barrios compareciera ante la justicia por denuncias efectuadas en 2013 por un ex funcionario, caso que determinó otros cuatro sumarios. Villaverde también informó que el funcionario conocido como “Popeye”, sobre quien recaen varias denuncias penales y que desde febrero está separado del cargo con retención de la mitad del sueldo, continuará en la misma situación luego del 7 de julio.
Hace agua
El lunes pasado la novedad fue que Isaura Tórtora, la jueza que lleva los casos por maltrato en el Ser, se había tomado licencia médica. De acuerdo al habitual funcionamiento de la justicia, esto significa que los expedientes están parados. “Generalmente los jueces cuando son designados suplentes hacen lo mínimo”, dijo a Brecha Juan Fumeiro, integrante del Comité de Derechos del Niño-Uruguay. Hasta el día de ayer el adolescente golpeado por un funcionario en el Ser tras haber sido identificado en el informe de Subrayado Investiga no había sido visto por un forense. Incluso no está claro si se ordenó la pericia. De no ser así significa un nuevo palo en la rueda, afirmó Fumeiro: el debilitamiento de la prueba acerca la causa al archivo
Consultada sobre el estado de las denuncias que dirige, la doctora Sandra Giménez, representante de algunas familias de adolescentes internados en el Ser, dijo a Brecha que los expedientes se trancan en el Juzgado de Menores Infractores. Sostuvo que las madres no saben que las denuncias pueden hacerse directamente en Pando, que se les explica que el sistema está pensado para que no gasten en abogados particulares y que el juez que entiende de esto es el de menores infractores. Pero las causas se trancan allí. Una de las denuncias presentadas por Giménez en 2013 “recién en Semana de Turismo el juez tomó conocimiento de la misma, pero aún no llamó a los padres para firmar la ratificación”. Giménez presentó la denuncia el 6 de noviembre, iba día por medio al juzgado, “eso un defensor de oficio no lo puede hacer”. La abogada indicó que hay otra denuncia efectuada en abril de este año por malos tratos y que el adolescente todavía no fue llamado a declarar. También indicó que hay un expediente sobre un hecho que ocurrió en mayo, denunciado por la propia dirección del Ser. En este caso el joven fue trasladado a declarar sin que la familia fuera avisada, violando el artículo 168 del Código de la Niñez y la Adolescencia. La madre se enteró días después, en una visita.
A la denuncia del ex funcionario de apellido Márquez, recordado por las imágenes que él mismo filmó durante una golpiza y que fueran difundidas a través de medios audiovisuales y redes sociales, y por la que el jueves pasado varios funcionarios del Ser fueron a declarar en calidad de indagados, se sumó otra en la que el propio SIRPA figura como denunciante. Dos jóvenes se pelearon en una celda y terminaron tan mal que debieron ser trasladados de urgencia a un centro médico fuera de la Colonia. El médico que los atendió solicitó un informe forense. Por lo que se tuvo que llamar al juzgado. Dado el tipo de lesiones que presentaban se puso en duda la veracidad de la pelea. A los jóvenes les habían hecho firmar un acta que decía que se habían peleado. Luego declararon que en realidad habían sido víctimas de una golpiza.
Reincidencias
“A la prensa parece importarle el INAME cuando éste da motivo de inserción en la página roja e ignora totalmente las cosas positivas que se dan, y que son muchas”, dijo, por los noventa, uno de los integrantes del directorio, “ex secretario del coronel Barba, interventor del Consejo del Niño durante la dictadura” (véase Brecha, 2-I-05).
Discurso similar se ha escuchado en estos meses desde el gobierno y por parte de legisladores de izquierda cuando frente a las denuncias de torturas se responde la obviedad de que “hay que probarlas”, que de las mejoras no se habla y que los chiquilines no son “nenes de mamá” ni “del Crandon”, como aseguró Joselo López. Mientras, desde el sindicato se acusa a organizaciones como el SERPAJ de dirigir una movida para justificar su función y atraer fondos internacionales. O como fuera sugerido por tres dirigentes del SUINAU en una asamblea de la FEUU que resolvería su adhesión o no al comunicado emitido por más de treinta organizaciones de la sociedad civil en respaldo a la INDDHH: se interpreta el ruido como una movida para desestabilizar el sistema y quitarlo de la órbita de INAU, con la intención además de potenciar el discurso a favor de la baja de la edad de imputabilidad. Recuérdese, sin ir más lejos, que el último cambio de dirección del Ser, antes de la intervención, fue a raíz de un intento de boicot de funcionarios que el anterior jerarca habría detectado en las redes sociales y que incluía la promoción de un motín y fuga de internos (véase El País, 14-XII-13).3
En tanto, autoridades públicas y parlamentarios frenteamplistas cuestionaban los informes elevados por la INDDHH a principios de abril por imparciales, por omitir mejoras, por no incluir la voz de los trabajadores. Aunque lo que más molestó fue quizás su carácter, a juicio de varios, apresuradamente público.
Mientras la justicia se demora, los mecanismos administrativos de denuncia manifiestan importantes fisuras en el respeto a las garantías de los jóvenes y sus familias. Las organizaciones defensoras de derechos humanos insisten en la creación de un mecanismo independiente con potestades sancionatorias, conforme a las recomendaciones periódicas que los organismos internacionales vienen señalando al Estado uruguayo. Esta semana se presentó en Ginebra el “informe sombra” sobre los avances en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes a instancias de la precisión del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas respecto del informe país presentado por el Estado. Se trata de un documento que nuclea a varias organizaciones encargadas de monitorear el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño (CDN). Las recomendaciones llegarán en enero de 2015 y en materia de justicia juvenil no se descarta que vayan en el mismo sentido que las anteriores: además de establecer un mecanismo independiente de recepción de denuncias, “el establecimiento de un sistema especializado de justicia penal juvenil y la privación de libertad como último recurso a aplicar”, señaló Fumeiro
Es probable que antes de fin de año recibamos una nueva visita de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) para acompañar la recorrida por el sistema de responsabilidad penal adolescente que el Comité realiza todos los años como parte del monitoreo permanente. La última vez que el secretario de la OMCT, Eric Sottas, visitó los centros de detención de adolescentes en octubre pasado expresó: “que entre el personal hay unas ovejas negras y por razones más bien de índole política hay cierta falta de determinación para arreglar esta cuestión. En los diez años que he seguido el tema eso ha estado pasando (…) están poniendo mucho énfasis en la infraestructura y es necesario, pero repito, hay que repensar quiénes están vigilando a los chicos, hay una formación de psicólogos, de sociólogos, pero quienes están en contacto directo con los chicos son los guardias, y si no se hace una detección muy rigurosa de los que perpetran malos tratos, todo el esfuerzo está afectado. (…) el chico lo que vive es eso, lo que le están haciendo, no las ideas” (véase Brecha, 1-X-13).
Notas
1. Véase Brecha del 8 de junio de 2007.
2. Nota reeditada por el periodista y publicada en su cuenta de Facebook.
3. La misma versión había sido planteada a Brecha por Rubén Villaverde en setiembre de 2013.
VILLAVERDE LOS MANTUVO EN EL CARGO PESE A UN INFORME QUE LOS DENUNCIABA
INAU sabía de directores que golpeaban
El Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), dependiente del INAU, había sido advertido sobre la gestión de los directores denunciados por golpear a menores, pese a lo cual siguieron en el cargo.
EDUARDO BARRENECHE El País mié jun 18 2014
En un informe reservado enviado al Directorio del INAU antes de que se conocieran las denuncias, la Institución Nacional de Derechos Humanos alertó que los responsables del Hogar Ser de la Colonia Berro tenían varias denuncias de malos tratos a menores internados.
"La remoción del equipo de dirección del Hogar Ser no ocurrió en el momento que enviamos el informe. Hoy (por ayer) vimos que hay personas nuevas al frente de ese hogar", dijo a El País la integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Mirtha Guianze.
El jueves 12, la entonces directora y el subdirector del Hogar Ser, Yessica Barrios y Alejandro Araújo, respectivamente, declararon como indagados en el juzgado penal de Pando por siete denuncias de malos tratos presentadas por la propia Institución Nacional de Derechos Humanos, jueces de menores y madres de adolescentes internados.
Al otro día, el viernes 13, Barrios fue removida de su cargo y en su lugar quedó Araújo. Tres días más tarde, el lunes 16, Araújo también fue destituido al decidir el directorio del Sirpa, presidido por Rubén Villaverde, la intervención del Hogar Ser.
En la mañana de ayer, Guianze se dirigió a la Colonia Berro para observar el funcionamiento del primer día de la intervención en el Hogar Ser. El equipo interventor está constituido por técnicos pertenecientes al programa de privación de libertad del sistema de privación de libertad del Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay (INAU) y es dirigido por un experto sobre el tema.
"Vamos a ver qué sucede con esa intervención. Cuando hablamos hace tiempo con Villaverde, le planteamos que debía separar a todo el equipo de dirección del Hogar Ser (la directora Yessica Barios y el subdirector Alejandro Araújo). Eso no ocurrió y hoy (por ayer) hay personas nuevas al frente del Hogar Ser", insistió Guianze.
Señaló que la información reservada que tenía la Institución Nacional de Derechos Humanos sobre el Hogar Ser fue entregada al Directorio del INAU. "Creo que influyó en la separación del cargo del equipo de dirección anterior", explicó. Enseguida agregó: "Aparentemente estos técnicos que realizan la intervención tienen iniciativas diferentes a las de la dirección anterior del centro".
Durante casi dos horas, Guianze intercambió ayer puntos de vista con el equipo interventor y les transmitió lo que había detectado la Institución Nacional de Derechos Humanos en dicho centro.
Consultada por El País acerca del informe reservado entregado al INAU sobre el Hogar Ser, Guianze declinó hacer declaraciones sobre el contenido del mismo. "Las autoridades han tomado como idea que tienen que cambiar y nosotros estamos de acuerdo con esa decisión", dijo.
El lunes 16, el coordinador en Uruguay del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, Luis Pedernera, presentó ante ese organismo en Ginebra una denuncia por los abusos a menores infractores en Uruguay.
Pedernera dijo a El País desde Ginebra que se presentó dentro del informe sobre la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño en Uruguay un apartado sobre los abusos cometidos en el país.
"Hemos marcado en el Comité contra la Tortura y en el Comité de los Derechos del Niño, que no hay medidas de resguardo para preservar la integridad física de los menores", agregó.
En junio de 2013, la Institución de Derechos Humanos concurrió a la Colonia Berro a analizar las condiciones de reclusión luego de que el fiscal Enrique Viana presentara una acción de amparo por las condiciones de los celdarios del Hogar SER. Según la denuncia, los menores no tenían acceso a baños y pasaban 23 horas al día encerrados en sus celdas. Además, no contaban con programas educativos.
Las autoridades del Sirpa replicaron indicando que el informe de la Institución de Derechos Humanos "es viejo" y "no contempla" los avances en materia educativa y de trabajo de los internos logrados en el último año.
Insostenible
Ayer, el integrante del Comité de los Derechos del Niño, Juan Fumeiro, dijo a El País que desde 2008 organizaciones no gubernamentales realizan denuncias contra el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente. "Se trata de un régimen insostenible donde se efectúan violaciones groseras a los derechos humanos de los menores internados en hogares", advirtió. Afirmó que el funcionario removido por la intervención "nunca debió ocupar ese cargo de dirección. Tiene muchas denuncias en su contra". La visión de las autoridades del sistema de privación de libertad del INAU es otra. Tras señalar que Barrios y Araújo niegan en forma reiterada que los malos tratos sean una práctica constante en el Hogar Ser como señalan varias organizaciones, un integrante del Sirpa indicó que ese equipo de dirección evitó "un descalabro" y neutralizó el ingreso de "drogas y de familiares sin autorización" al centro. "Ese equipo lo dio vuelta al Hogar Ser. Tras las denuncias, decidimos removerlos a todos para dar transparencia a la investigación de urgencia y facilitar el trabajo de la intervención en el hogar", dijo la fuente a El País.
El lunes 16, la abogada Sandra Giménez presentó una nueva denuncia penal contra la dirección y funcionarios del Hogar Ser por malos tratos a menores.
Tras una crisis que duró casi cuatro meses, las autoridades del Sirpa analizaron esta semana la posibilidad de renunciar a su cargo. Sin embargo, todavía se mantienen en sus puestos gracias al respaldo del INAU y la concurrencia de Guianze a la Colonia Berro. Esta visita fue interpretada como una buena señal por parte de las autoridades del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente.
INAU dice que mejoró la situación de internos, pero siguen hacinados
El director del sistema de privación de libertad del INAU, Jorge Gago, afirmó que "ha mejorado" las condiciones de reclusión de los hogares de la Colonia Berro y de Montevideo en los últimos cuatro años. "El otro día hubo un campeonato de fútbol con gurises del Hogar Ser que fue histórico. Se jugó al aire libre. Había cada personaje en cada uno de los equipos y no pasó nada", dijo.
Señaló que esos internos concurren todos los días en un ómnibus a la escuelita de la Colonia Berro a completar sus estudios. "Tampoco pasa nada. Hace unos años se habrían matado entre sí", dijo.
Gago señaló que trata de participar en las entrevistas de los menores que arriban al sistema por primera vez. "Saben que soy unos de los directores. En dos años, el único problema que tuve fue una broma de mal gusto. El sistema no es el agujero negro de hace cuatro años", insistió.
De esa forma, Gago aludió a que en el 2010 las fugas en hogares de la Colonia Berro eran unas 1.100 por año. "Hoy nadie se fuga", dijo.
Destacó que había 50 convenios laborales con instituciones públicas y privadas que emplean a 340 internados. "Es histórico que el 100% de los menores de la Colonia Berro estudien en Secundaria y UTU", dijo Gago.
Reconoció que el hacinamiento continúa en el sistema por atrasos en entregar La Tablada y Regimiento N° 9 al ordenar la Justicia que se investiguen allí posibles enterramientos de desaparecidos.
Empresario cercano a Bonomi y al PIT- CNT
Además de poseer una editorial que vende enciclopedias en escuelas, Rubén Villaverde es técnico en Relaciones Laborales. Su pasado está muy relacionado al Pit-Cnt: durante 10 años fue director del Instituto Cuesta Duarte de la central sindical.
También trabajó en líneas programáticas para el Frente Amplio y ha acompañado al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y al presidente del INAU, Javier Salsamendi, en temas de seguridad, entre otras actividades.
En 2010, cuando el gobierno analizaba crear el Ministerio de la Presidencia, en la cúpula de este organismo estarían Bonomi, Salsamendi y Villaverde, según relató el periodista Sergio Israel en su libro "Pepe Mujica, el presidente. Una investigación no autorizada".
El 3 de julio de 2011, Villaverde fue nombrado como gerente del entonces Sistema de Ejecución de Medidas a Menores Infractores (Semeji) en sustitución de Rolando Arbesún. Un año más tarde, se creó por ley el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) y Villaverde fue designado como presidente del directorio de esa repartición. En el INAU, Villaverde es catalogado como un frenteamplista independiente muy cercano a Bonomi. Del Ministerio del Interior obtuvo apoyo logístico y técnico para mejorar las condiciones de seguridad en los centros de internación de menores.
Es íntimo amigo del director del Instituto Cuesta Duarte, Milton Castellanos. Ambos organizan asados con distintas personalidades de izquierda en una casa que Villaverde alquila en Portezuelo, Punta del Este.
EL "POPEYE" FUE ACUSADO DE GOLPES Y SUMARIADO
El fin de los "brazos gordos" en INAU
En medio de denuncias por malos tratos a menores internados en el INAU, desde este organismo se asegura que llegó a su fin la era de los llamados "brazos gordos", funcionarios que se encargan de la seguridad en los centros de privación de libertad.
Uno de estos funcionarios lleva el apodo de "Popeye", y se desempeñaba en el Hogar Ser de la Colonia Berro, donde en una semana fueron destituidos dos directores por malos tratos a internos.
Tras ser acusado de golpizas a menores, fue separado del cargo. "En este momento `Popeye` está fuera del sistema (de privación de libertad del INAU). Enfrenta un sumario con separación del cargo", dijo a El País el director del dicho sistema, Jorge Gago.
Los internos le pusieron ese apodo por sus enormes bíceps. Según Gago, en los hogares del INAU "no hay una organización" ni "una política sistemática" de golpear a internos. "Combatimos ese tipo de medidas. Ni siquiera aceptamos agresiones verbales. El perfil del educador hoy es otro", dijo.
El jueves 12, diez funcionarios del Hogar Ser de la Colonia Berro declararon en un Juzgado de Pando por denuncias de malos tratos.
CRISIS EN EL INAU
“Es un lío dentro de la izquierda, en el que hay intereses económicos”
Entrevista a Joselo López, líder sindical del INAU
Observador 22/6/14
¿Cuál es la solución al conflicto en el Sirpa?
Está muy entreverado este tema. Esto surge a raíz de uno de los informes de la INDDHH que venía precedido de varios informes anteriores. Este informeiba a ser reservado pero tomó carácter público. En el informe se denuncia que en el centro Ser se detectaron malos tratos y violación de derechos humanos. A ese informe SE SUBEN 30 ORGANIZACIONES DE DERECHOS humanos, algunas muy respetuosas y otras no se sabe ni quiénes están atrás. Ahí se genera un nuevo escenario, porque en los últimos 70 días las instituciones HAN FOGONEADOtodas estas cuestiones. Acá hay una intencionalidadclara detrás de todo esto.
¿Cuál es esa intención?
En el informe de ONU se propone la creación de un organismo para investigar las denuncias. Ahí evidentemente hay intereses de estas ONG porque muchas de ellas se financiancon estas cosas.Gran parte de las instituciones que denuncian están financiadas por el INAU, porque las contratan para desarrollar talleres en los servicios de seguridad. Por otro lado, necesitan JUSTIFICAR LA PLATA QUE RECIBEN DESDE EL EXTERIOR. Algunas organizaciones ven un flanco acá para seguir desarrollándose desde el punto de vista económico.
Están denunciando maltratos sistemáticos. ¿Usted asegura que no suceden?
A NOSOTROS NO NOS CONSTA QUE EXISTAN TORTURAS. Estamos convencidos de eso. Hay situaciones dentro del establecimiento en que los trabajadores notienen más remedio que utilizar la fuerza Si a algún funcionario se le fue la mano tiene que pagar por lo que hizo. ¿De eso a que haya prácticas sistemáticas de tortura dentro de los establecimientos? Si hubo alguna situación de maltrato, hay que esperar que la Justicia lo determine. Es difícil salir a hablar, porque después tenés que escuchar a cada pelotudo que dice cualquier disparateque lo que tratan es de sacar rédito a esta situación.
¿Quiénes sacan rédito?
VIENEN DE TODOS LADOS. PERO ESTE PROBLEMA NO SURGE DE LA DERECHA. LA DERECHA SE HA SUBIDO AL CARRO OPORTUNAMENTE. AHORA, ESTO ES UN LÍO DENTRO DE LA IZQUIERDA
¿Plantea que es un lío por dinero?
En parte hay intereses económicos en juego. Pero hay otros intereses. La cabeza de Villaverde (Ruben, director del Sirpa) es un blanco.
¿Por qué respaldan a Villaverde?
No respaldamos a las personas, RESPALDAMOS EL MODELO. En los últimos años, la institución no ha estado mejor que en este momento. Hace cinco años la pelea del sindicato estaba en el ingreso del personal, las mejoras de las condiciones edilicias y del salario. De 600 trabajadores que había hace cinco años, hoy estamos en 1.400; con respecto a la mejora edilicia, que es donde ha estado más enlentecido, se han construído y están en construcciónotros centros;y a nivel salarial firmamos un convenio muy bueno para los trabajadores. Estar en contra de este modelo sería renegar de las peleas del sindicato. Este modelo generó que más de 300 gurisespasaron por capacitación laboral y el 80% de los chiquilines en privación de libertad están en el sistema educativo. ¿Cómo no vamos a apoyar esto cuando lo que había antes es un desastre?
Uruguay denunciado ante el Comité de Derechos del Niño de la ONU
El Comité de Derechos del Niño es el organismo especializado del sistema de Naciones Unidas que supervisa en los Estados la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño a cuyos efectos cuenta en cada país con un coordinador. En Uruguay, para infortunio del gobierno, el coordinador es Luis Pedernera. Pedernera es uno de los directores del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay, más conocido por su acrónimo IELSUR. O sea, una de las ONGs que ha encabezado el reclamo para que el presidente del SIRPA, Ruben Villaverde, sea removido a raíz de las golpizas y torturas varias que son aplicadas a muchos de los menores infractores allí internados.
Así las cosas, no sorprende que Luis Pedernera haya presentado en Ginebra ante el Comité una denuncia contra Uruguay por los abusos contra menores internados en el SIRPA. “Hemos marcado en el Comité contra la Tortura y en el Comité de los Derechos del Niño que no hay medidas de resguardo para preservar la integridad física de los menores”, señaló Pedernera.
Esta denuncia ante el organismo especializado de Naciones Unidas se suma a las siete denuncias penales presentadas contra el flamante director del Hogar SER Alejandro Araújo por aplicación de torturas y la anterior directora, Yessica Barrios, las cuales detonaron sus remociones. Barrios y Araújo debieron declarar ante el juzgado penal de Pando.
Encima, se ha revelado que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, a través de un informe reservado, había hecho saber al directorio del INAU las torturas que se practicaban en el Hogar SER de la Colonia Berro.
Toda esta serie de hechos pone de relieve la enorme hipocresía que permea al frenteamplismo gobernante en materia de derechos humanos y, muy en particular, en relación a los menores que perpetran delitos. Por un lado, se opone militantemente a la polémica propuesta de reforma constitucional para bajar la edad de imputabilidad penal, que incluye un organismo de rehabilitación específico, distinto del INAU. Por otro, se hace el distraído o procura restarle importancia al hecho incontestable de que en los centros de internación de menores que han cometido delitos, se aplican torturas psíquicas y físicas. En definitiva, el paroxismo trágico del doble discurso.
Correo de los Viernes 536 20/6/14