En las democracias que funcionan como tales, la regulación legal de los medios de comunicación no busca controlar lo que dicen los medios, sino evitar que los mismos acumulen poder. Estos mecanismos no persiguen anular la libertad de información, sino garantizarla. En el caso de nuestro país, en el que la explotación de los canales de televisión ha sido históricamente semifeudal y monopólica, lo que se debería promover es una educación crítica desde las propias pantallas, que solo han servido para adoctrinar, bajar línea y vender productos, propuestas, noticias y estupidez a mansalva.
Ya sé, ya sé, no hace falta que me digan que soy un iluso, un romántico, un pelotudo, pero ese es el camino desde mi inocente opinión, no el de las leyes regulatorias. No existe ley ni decreto que sirva para promover una cultura emancipatoria, liberadora, crítica de lo mediático. Y promover esos aspectos, es decir, lograr que los medios tengan capacidad autocrítica y reflexiva acerca de sus propios contenidos (una suerte de defensor del espectador) sería alimentar una democracia mediática e informativa real. El problema es que para que propuestas como ésta funcionen, sería necesario un estado realmente democrático, algo difícil de imaginar viendo la sucesión de administraciones (coloradas, blancas y frenteamplistas) que han dado cátedra de corrupción y amiguismo en el manejo de los medios.
Porque a la hora de usufructuar sus propios canales estatales lo han hecho siempre de manera sesgada, utilitaria, desembozadamente propagandística.
Porque a la hora de otorgar licencias para explotar medios de comunicación por parte de terceros, lo han hecho negociando bajo cuerda, a dedo, mediante mecanismos de designación espurios a todas vistas. La situación de dependencia de los medios privados desde y hacia los gobiernos de turno por la vía de la publicidad estatal, también ha pesado en Uruguay, mucho más que en otros países con mercados internos más vastos. Son favores políticos, siempre, los que se cobran y se pagan con las pautas publicitarias, lo sabemos todos. En estas condiciones es muy difícil hablar de democracia, de medios de comunicación libres y de mecanismos de control eficaces. Una sociedad que es incapaz de controlar la corrupción del Estado no está preparada para dejar en manos del mismo el control de la información y de las empresas o medios que históricamente vienen encubriendo sus malas prácticas