Montevideo 11 de marzo de 2015
Sr. Presidente de la República Oriental del Uruguay
Dr. Tabaré Vázquez
Estimado Presidente:
Valoramos positivamente, desde el primer momento, su iniciativa de convocar un Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia para avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido con los Detenidos Desaparecidos. Consideramos sumamente auspicioso el anuncio como compromiso gubernamental. Resulta imprescindible una mayor participación e involucramiento del Estado en la persecución de los crímenes de Lesa Humanidad para seguir fortaleciendo la institucionalidad democrática.
En el marco de la próxima celebración del Día del Liberad@ el próximo 14 de marzo, cuando se cumplen 30 años de la liberación de los últimos presos políticos de la dictadura, con el ánimo propositivo que siempre ha caracterizado a nuestra organización, le hacemos llegar un conjunto de iniciativas que consideramos pueden aportar al camino que se pretende continuar profundizando.
De acuerdo a las disposiciones constitucionales vigentes corresponde al Poder Judicial investigar, esclarecer, llegar a la verdad de lo ocurrido, identificar responsables y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el período del terrorismo de Estado, otorgando todas las garantías del debido proceso a las partes involucradas.
El Grupo de Trabajo creado mantiene la pretensión de justicia que en los últimos tiempos algunos actores políticos han considerado suprimir por considerar este punto como un obstáculo para la verdad. La justicia no ha sido nunca un obstáculo para llegar a la verdad en nuestro país. Ha sido precisamente la inoperancia del poder judicial debido a la vigencia de la Ley de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado, durante más de dos décadas, lo que ha impedido lograr mayores resultados al respecto.
Habiéndose restablecido plenamente la pretensión punitiva del Estado a través del Artículo 1 de la Ley 18 831 consideramos imprescindible adoptar algunas disposiciones que favorezcan y faciliten la labor del Poder Judicial.
En tal sentido es que le proponemos la adopción de las siguientes medidas:
1) Liberar de la carga rutinaria de trabajo a todos los juzgados penales que en la actualidad estén tramitando causas de derechos humanos a los efectos de que puedan dedicarse con exclusividad y especialización a las mismas y tomar resoluciones en plazos de tiempo razonables.
2) Crear una Fiscalía responsable de las causas de DDHH del pasado reciente que entre otros cometidos coordine la labor de todos los fiscales involucrados en las diferentes causas a los efectos de uniformizar y dar robustez al accionar de los fiscales.
3) Fortalecer y jerarquizar el accionar de la Unidad Especializada de apoyo a la justicia creada en el Ministerio del Interior dotándola de investigadores profesionales para colaborar con los jueces que tramitan causas de DDHH. Incorporar como asesores, además, a dicha Unidad Especializada representantes de las organizaciones sociales que tienen amplio conocimiento del accionar represivo y de las modalidades operativas.
4) Apoyar y respaldar efectivamente, tanto desde el punto de vista legal como psicológico, a las víctimas y familiares de ellas que están impulsando y promoviendo las causas judiciales. Propuestas de trabajo en tal sentido han sido presentadas oportunamente a la Secretaría de Derechos Humanos de la anterior administración y pueden ser actualizadas rápidamente para su adecuada implementación.
5) Implementar de manera inmediata la disposición legal vigente de someter a Tribunales de Honor a todos los militares procesados y con sentencia firme para que sean apartados de las Fuerzas Armadas y pierdan los inmerecidos beneficios que ostentan como integrantes de ellas.
6) Adoptar la decisión de hacer uso del Artículo 26 de la Constitución de la República que otorga la potestad de repetir contra los responsables de acciones que han generado perjuicios económicos al Estado los costos incurridos en materia de indemnizaciones a quienes han sido procesados y sentenciados por las mismas.
7) Desarrollar campañas públicas exhortando a brindar información relevante que permita hallar los restos mortales de los detenidos desaparecidos. Publicitar ampliamente las mismas durante un plazo no menor a los 60 días, ofreciendo todas las garantías para la protección de quienes brinden datos al respecto.
Estas 7 propuestas que le hemos presentado están orientadas a promover y fortalecer desde el Poder Ejecutivo el accionar de la justicia, con el respeto pertinente a la separación de poderes, para avanzar en cuanto a Verdad y Justicia. Son complementarias de las propuestas que ya se han publicitado de avanzar en el conocimiento de los archivos de la represión que posee el Estado.
Adicionalmente, en el marco de lo establecido por la Resolución 60/147 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de diciembre de 2005, instrumento legal que consideramos el estándar de calidad para evaluar las transiciones democráticas de manera objetiva e imparcial, le sugerimos las siguientes iniciativas que consideramos significarán un avance importante:
1) Realización de una ceremonia oficial y pública, al más alto nivel, con su presencia personal y representantes de los tres poderes, en la cual el Estado asuma su responsabilidad institucional por las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante el período del terrorismo estatal y se pida disculpas a las víctimas directas, a sus familiares y a la sociedad toda.
2) A través de un accionar enérgico de la Comisión Especial de la Ley 18 596 que preside el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y a la cual habrá que dotar de los recursos imprescindibles de los cuales carece en la actualidad, promover un Plan Nacional de Memoria y Dignificación de las víctimas del terrorismo de Estado en todo el país que incluya la instalación de un gran monumento a ellas en un espacio público de primer nivel. Al respecto le informamos que ya existe una propuesta concreta de trabajo que puede y debe actualizarse y no sería onerosa para su concreción.
3) Respaldar explícitamente desde la Presidencia de la República a la Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo (INDDHH) para que sus recomendaciones sean debidamente tenidas en cuenta por todos los ministros y jerarcas gubernamentales.
4) Envío a la mayor brevedad por su parte de un proyecto de ley de restitución de derechos jubilatorios y pensionarios que de solución a carencias e insuficiencias de las leyes 18 033 y 18 596 de acuerdo a las recomendaciones formuladas por la Institución Nacional de DDHH (INDDHH) en diciembre de 2012 y por el Relator Especial de las Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición Pablo de Greiff en setiembre del año pasado.
En este sentido, en los próximos días le haremos llegar un proyecto de ley que consideramos puede ser un insumo importante para profundizar los logros alcanzados durante su primer gobierno para dar cumplimiento efectivo a las normas de DDHH también en el campo resarcitorio.
Nuestra Asociación tiene como concepto central la integralidad de las reparaciones a las víctimas del terrorismo de Estado enunciadas en el Derecho Internacional Humanitario a través de la Resolución 60/147 de la ONU. Todas las víctimas tienen derecho a la verdad, a la justicia, a una reparación material y simbólica y a disposiciones que brinden garantías de no repetición. Ninguna reparación sería completa si se dejara de lado alguno de estos puntos.
Nuestro colectivo se enorgullece de la labor desplegada al respecto y de los esfuerzos que seguiremos desarrollando hasta lograr la plena implementación, en todos los aspectos, de la Resolución 60/147 de la Organización de las Naciones Unidas para que el Nunca Más terrorismo de Estado sea efectivo.
Deseándole éxito en su gestión lo saludan atentamente,
Gastón Grisoni -Presidente
Uberfil Martínez -Secretario