Por: Partido Socialismo y Libertad 25/8/15
La reciente declaratoria del “Estado de Excepción” en cinco municipios de Táchira, estado fronterizo con Colombia, pone en evidencia los desesperados esfuerzos del gobierno del presidente Maduro por adelantar acciones efectistas, con fuerte contenido antidemocrático y reaccionario, con las cuales desviar la atención de los problemas centrales que aquejan a los trabajadores y al conjunto de la población venezolana, precisamente en año electoral.
Amparándose en acciones repudiables desde todo punto de vista, como el atentado criminal contra varios funcionarios militares, así como el paramilitarismo y contrabando existente en la zona desde hace muchos años, el gobierno asesta un fuerte golpe a la población fronteriza al restringirle sus derechos democráticos al libre tránsito, reunión, protesta, respeto a sus bienes personales y la inviolabilidad de sus domicilios; a la par que adelanta una brutal cacería de brujas contra inmigrantes colombianos asentados en la zona, generando una grave crisis humanitaria
Todo esto se produce en el contexto de una profundización de la restricción a las libertades democráticas, a través del Operativo de Liberación y Protección del Pueblo (OLP), puesto en práctica en todo el país, con el argumento de la lucha contra la delincuencia y el paramilitarismo.
La brutal arremetida contra inmigrantes colombianos asentados desde hace muchos años en la zona, es utilizada para seguir exacerbando los ánimos nacionalistas y xenófobos, que lamentablemente anidan en un sector de la población, contra inmigrantes a quienes se les acusan injustamente de ser los responsables de los males que tienen sumida en una profunda crisis económica, política y social al país, cuando todos sabemos que no es así.
En el pasado puntofijista, los gobiernos adeco-copeyanos utilizaban este expediente en momentos de crisis para ocultar los problemas que atravesaba la población. Lo cual repite hoy un gobierno que se autotitula falsamente “socialista” y “humanista”.
Las imágenes del desalojo de sus humildes viviendas y la entrega a las autoridades colombianas de más de mil inmigrantes, la demolición de centenares de viviendas, las restricciones a las personas que estudian o trabajan del otro lado de la frontera, quienes tienen que obtener un permiso de la alcaldía de San Antonio para cruzar el puente, los atropellos a mujeres, niños y ancianos humildes, atestiguan que se trata de la más aberrante humillación contra hermanos colombianos, cuyo único delito es ser pobres y trabajadores, que en su deseo por sobrevivir a la violencia en Colombia se asentaron en una zona que les permitiera tener acceso a trabajo e ingresos para la subsistencia de sus familias.
Todo el mundo sabe en la frontera que los verdaderos responsables del bachaqueo, el contrabando de gasolina, y el tráfico de drogas, son generales, funcionarios de la Guardia Nacional, policías, alcaldes, gobernadores y altos funcionarios de los gobiernos de ambos países. Son grandes mafias amparadas por el poder estatal a ambos lados de la frontera, a los cuales no se les toca ni con el pétalo de una rosa.
Pero más allá de estas medias efectistas, tipo “Dakazo”, con fuerte contenido electoral, lo que queda en evidencia es la total y absoluta incapacidad del gobierno nacional y regional, de la Guardia Nacional Bolivariana, de la Policía Nacional Bolivariana y de las autoridades aduaneras para hacer frente al contrabando, el paramilitarismo y el narcotráfico.
¿Cómo se explica que un estado con fuerte presencia militar y policial, siga siendo un gran agujero por el cual se evaden millones de litros de combustible, toneladas de productos alimenticios con precio regulado, o actúen a sus anchas las mafias ligadas al narcotráfico? ¿Será que precisamente todas estas entidades están involucradas directamente con la corrupción, el narcotráfico, el contrabando a gran escala y las bandas armadas, y sólo tienen capacidad para reprimir y desactivar las protestas populares?
El vulgar nacionalismo xenofóbico del gobierno
Los discursos de “integración”, de la “unidad de los pueblos latinoamericanos”, de “jugarse por los más pobres del mundo” o del “profundo amor” que se tiene por la población colombiana, tantas veces proferidos por Chávez y por Maduro, hoy se ponen en evidencia como eslóganes publicitarios electoreros, huecos, falsos e inconsecuentes. Estas medidas no van contra la oligarquía colombiana y las bandas paramilitares que supuestamente dicen combatir; se trata de acciones que cultivan la xenofobia contra los trabajadores y los pobres de la hermana República, víctimas precisamente de la oligarquía colombiana y los grupos paramilitares, que han tenido que desplazarse en forma forzosa de sus territorios para poder preservar sus vidas. Y hoy el gobierno venezolano en un acto de barbarie les destruye sus escasos bienes, les “señala” como indocumentados y los “marca” como deportados para entregarlos a las “autoridades colombianas” que defienden los intereses de la oligarquía.
Con la movilización detengamos la restricción a las libertades democráticas
Con esta actuación el gobierno avanza en la restricción de libertades democráticas, y no dudará en apelar a más medidas reaccionarias que tienen un carácter preventivo, para evitar protestas y estallidos de la población, ante la grave crisis económica y social que padece el pueblo trabajador.
El gobernador del Táchira, Vielma Mora, ha propuesto ampliar el estado de excepción a otras regiones, y el gobernador del Zulia, Arias Cárdenas, ha planteado hacer lo propio en su estado. Por eso, es previsible que se amplíen estas medidas en el futuro inmediato hacia otros estados fronterizos, para seguir restringiendo los derechos democráticos del conjunto de la población venezolana, enrareciendo el clima social y político a pocos meses de la elección de diputados a la Asamblea Nacional.
Las maniobras arbitrarias y abusivas del CNE contra varios candidatos independientes, muchos de ellos presentados por nuestra tarjeta del PSL, nos hacen alertar con total responsabilidad al conjunto de la población sobre los riesgos de que se acentúe la tendencia antidemocrática del gobierno del presidente Maduro para lesionar los derechos de la población.
Tendencia antidemocrática que también se hace presente con la implementación del plan de seguridad denominado “Operativo para la Liberación y Protección del Pueblo”, emparentado con el Plan Union del puntofijismo, y la Ley de Vagos y Maleantes, el cual se ha convertido en una peligrosa campaña que garantiza la criminal acción de “limpieza” social
Ya se cuentan por decenas los “abatidos” en supuestos enfrentamientos armados, donde curiosamente no hay ni un policía herido, más bien ejecuciones sumarias, como en el caso de Aragua, de la que existen videos y fotografías que lo evidencian. Y se detiene e incrimina a miles de personas en forma arbitraria. La OLP no es más que la criminalización a gran escala, y con toda seguridad se utilizará contra el conjunto de la población cuando quiera movilizarse para protestar. Esa es la esencia de estos planes.
Por lo anterior llamamos a Provea, a otras organizaciones de derechos humanos, a sindicatos y organizaciones sociales y comunitarias a convocar una rueda de prensa para rechazar las deportaciones indiscriminadas en la frontera y repudiar la OLP.
Es la hora de la unidad del pueblo trabajador, para que movilizados en la calle le paremos la mano a este gobierno, que en su afán por atornillarse en el control de la renta petrolera, no duda en acudir a medidas extremas para reprimir y limitar los derechos democráticos, políticos, económicos y sociales de la población.
El gobierno criminaliza la pobreza con las OLP y las deportaciones
31/8/15
Mérida, 31 de agosto.- Los candidatos del Partido Socialismo y Libertad (PSL) y Marea Socialista en el estado Mérida repudiaron las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el gobierno a través de las OLP cívico-militares y las deportaciones masivas de inmigrantes y refugiados colombianos residentes en el estado Táchira.
“El gobierno sabe que el pueblo rechaza la corrupción, el auge delictivo y el desastre económico generado por el saqueo de la boliburguesía y las transnacionales. Por eso Maduro y Diosdado adoptan medidas efectistas como las OLP, el cierre de la frontera y la campaña xenofóbica que culpa a nuestros hermanos colombianos por la inseguridad o la escasez. Con las OLP se vienen realizando detenciones indiscriminadas y ejecuciones extrajudiciales, y con la suspensión de garantías constitucionales en Táchira y las deportaciones de inmigrantes y refugiados colombianos volvemos a nefastas prácticas puntofijistas que violan los derechos democráticos de la población”, explicó Simón Rodríguez Porras, quien encabeza el voto lista por el PSL en el estado Mérida.
“Es falso que con las deportaciones de inmigrantes y la demolición de sus casas vaya a desaparecer la escasez y el bachaqueo, o que vaya a cesar el contrabando de gasolina y alimentos a través de las alcabalas militares en la frontera. Tampoco con ejecuciones extrajudiciales y ataques contra barrios enteros con las OLP se podrá superar el problema del crimen organizado, mientras campea la corrupción policial y judicial. Son medidas que no solucionan los problemas sino que los agravan y violan los derechos humanos”, explicó Maigualida Rojas, candidata de Marea Socialista en el voto lista del PSL.
Según Rodríguez, las medidas represivas del gobierno forman parte de un paquete económico y de restricción de las libertades democráticas. “Maduro y Diosdado saben que necesitan aplastar cualquier resquicio de rebeldía popular, como los recientes saqueos en el estado Bolívar y otras regiones, y por eso combinan sus acuerdos antipopulares con Fedecámaras para subir precios y flexibilizar las relaciones laborales facilitando despidos masivos, con la suspensión de garantías constitucionales, que ahora amenazan con extender a otros estados, y los ataques indiscriminados contra la población de los barrios más deprimidos, bajo la excusa del combate a la delincuencia”, concluyó.
Rechazamos el ataque del gobierno contra Provea
Por: Simón Rodríguez Porras (PSL)
El presidente Nicolás Maduro ha llevado los ataques del gobierno contra las organizaciones de defensa de los derechos humanos a un nuevo nivel. En cadena nacional de radio y televisión, Maduro acusó al Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), de ser un partido político financiado por el gobierno de los EEUU, y aseguró que quien fuera su Coordinador General hasta hace poco, Marino Alvarado, era un “infiltrado” de los cuerpos policiales en la izquierda durante los 80. Acusaciones extremadamente graves que pueden servir para preparar agresiones legales o incluso físicas contra sus miembros.
No es la primera vez que el gobierno ataca en sus discursos y con acciones represivas a defensores de derechos humanos. Es pertinente recordar algunos casos, como la arremetida militar contra un grupo de defensores de derechos humanos y activistas de medios comunitarios que intentó visitar la comunidad indígena yukpa de Chaktapa en agosto del año 2008, que entonces era sitiada por los militares bolivarianos, con un saldo de varios heridos y detenidos. Los ataques del gobierno contra Provea a propósito de la denuncia de abusos militares y policiales en el marco del desastre de Vargas en 1999, aunque luego se admitió oficialmente la existencia de abusos y ello llevó a la renuncia del jefe de la policía política. O las acusaciones del entonces ministro Ernesto Villegas contra Provea en el año 2013, cuando planteó que la organización era una “retaguardia del fascismo”, por haber publicado un informe que demostraba que el gobierno había mentido sobre la quema de varios Centros de Diagnóstico Integral (CDI)
Provea demostró que si bien algunos centros asistenciales habían sufrido ataques, presuntamente por parte de activistas pro-MUD, ningún CDI había sido quemado. Provea también fue demandada junto con otra organización de defensa de los derechos humanos, la Sociedad Homo et Natura, por haber prestado colaboración a una protesta de indígenas yukpa ante el Tribunal Supremo de Justicia por la liberación del cacique Sabino Romero y Alexander Fernández, presos políticos a los que el gobierno quería obligar a abandonar la lucha por su territorio. Según el gobierno, las familias yukpa que protestaban en julio de 2010 habían utilizado a niños como “escudos humanos” ante las posibles medidas represivas de las autoridades, y las organizaciones que habían colaborado con la protesta eran sus cómplices.
El contexto de la nueva arremetida del gobierno contra Provea es la campaña xenófoba impulsada por Maduro bajo la forma de la suspensión de garantías constitucionales en el estado Táchira, la realización hasta el momento de más de mil deportaciones de ciudadanos colombianos en menos de 72 horas, y la demolición de más de seiscientas viviendas. Maduro no solo culpa a la población colombiana de ser responsable de la escasez de alimentos y productos básicos, acusándola de contrabandear, sino que incluso ha dicho que la criminalidad violenta que azota al país tiene entre sus causas la llegada de delincuentes del vecino país. Tal y como hace pocas semanas el gobierno trataba de desviar la atención de los problemas internos avivando un diferendo territorial con Guyana, ahora remueve las pantanosas aguas del nacionalismo xenófobo para ganar respaldos. La desesperación del gobierno crece a medida que se acercan las elecciones parlamentarias y desciende su base social de apoyo, de ahí que sus iniciativas sean cada vez más peligrosas.
Para que esta campaña gubernamental tenga algún éxito, Maduro quiere silenciar a quienes llaman a las cosas por su nombre y desenmascaran el discurso anticolombiano de Maduro. Si bien Provea, como muchas ONG incluyendo las ligadas al chavismo, recibe financiamiento multilateral, es falso que reciba dinero de agencias yanquis. En realidad, la acusación de Maduro puede estar en parte motivada por el hecho de que Provea viene denunciando la vinculación de militares del alto gobierno con la Escuela de las Américas, incluyendo al ministro del Interior y Justicia, Gustavo González, quien recibió cursos en Fort Benning en 1991. La revelación de esta verdad incómoda, que una parte del alto gobierno que se hace llamar “socialista” y “antiimperialista” se haya formado en una escuela de torturadores y genocidas creada para tal fin por el imperialismo yanqui, hace que Maduro huya hacia adelante con calumnias y amenazas.
También molesta al gobierno que Marino Alvarado, quien fue un preso político de izquierda durante los años de la brutal represión puntofijista, haya defendido legalmente a perseguidos políticos vascos y colombianos ha quienes las autoridades chavistas pretendían deportar ilegalmente, como el caso de Iñaki Etxebarria en 2009. Que se haya denunciado la participación del diputado del Psuv Roger Cordero Lara en la Masacre de Cantaura. O que se hayan puesto en evidencia las ejecuciones extrajudiciales en el marco de los despliegues militares y policiales llamados OLP. Estos son los verdaderos motivos de la persecución gubernamental en contra de Provea, la cual se produce en un marco general de criminalización de la protesta social y restricción de las libertades democráticas. Por ello repudiamos de manera contundente estos ataques y llamamos a todas las organizaciones obreras y populares a pronunciarse en el mismo sentido.
Estado de Excepción en otros cuatro municipios tachirenses fronterizos con Colombia
En la gaceta oficial N° 40735, correspondiente al 31 de agosto de 2015, fue publicada el decreto presencial Nº 1.969 en el que se dicta el Estado de Excepción en la frontera con Colombia en los municipios Lobatera, Ayacucho, García de Hevia y Panamericano del estado Táchira.
El decreto detalla que la situación presentada en el estado Táchira, y que diera origen a la declaratoria de Estado de excepción en los municipios Bolívar, Pedro María Ureña, Junín, Capacho Viejo, Capacho Nuevo y Rafael Urdaneta, se hace bajo las mismas condiciones en las que ahora se suman los cuatro municipios anteriormente nombrados “a fin de restituir el orden público en dichas poblaciones”.
El decreto indica que en Lobatera, Panamericano, García de Hevia y Ayacucho “se ha venido presentando de modo sistémico, inédito, sobrevenido y progresivo una amenaza compleja al pleno goce y ejercicio de los derechos de los habitantes de la República”.
El Presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció el pasado viernes 28 de agosto el cierre de la frontera con Colombia en estos cuatro municipios, que ahora conforman la segunda zona especial de atención establecida por el Gobierno Nacional.
El pasado 21 de agosto el Presidente Maduro ordenó cerrar la frontera en los municipios Bolívar, Ureña, Junín, Libertad, Independencia y Rafael Urdaneta, ubicados también en la zona fronteriza con Colombia. Estos municipios conforman la zona número uno especial.
Desde esa fecha se han registrado numerosas denuncias sobre deportaciones sumarias y masivas de personas colombianas en esa “zona especial”.(Con información de AVN)
Bolivarianos de la Escuela de las Américas
1/9/15
En 1946 el planeta salía de la Segunda Guerra Mundial e iniciaba una nueva división del mundo, entre aliados de Estados Unidos y afines a la Unión Soviética, prefigurando los tiempos de tensiones por venir bajo la denominación “Guerra Fría”
Ese año en el Canal de Panamá se abría el “Latin American Training Center. Ground Division”. Cuatro años después de rebautizaría como United States Army Caribbean School para adoptar, tiempo después, el nombre con el que sería más popular, United States Army School of the Americas, “Escuela de las Américas” (SOA por sus siglas en inglés). El sustrato de esta iniciativa era contrarrestar la influencia rusa en la región, bajo el argumento del “fortalecimiento democrático”, dando capacitación y adiestramiento militar a los ejércitos de la región. Sus cursos incluían técnicas de contrainsurgencia, operaciones de comando, tiro franco, guerra psicológica, inteligencia militar y tácticas de interrogatorio. Se calcula que en sus primeros 51 años la SOA entrenó a más de 61.000 soldados
En 1966 se desclasificaron algunos de los manuales utilizados en sus entrenamientos donde se sugiere, abiertamente, la violación de derechos humanos mediante la tortura, la extorsión o la ejecución sumaria, definiendo como objetivos de control y seguimiento a los miembros de organizaciones sindicales y sociales.
En 1990 el Congreso estadounidense reconoció que 19 de los 26 autores de la Masacre de los Jesuitas, ocurrida en noviembre de 1989 en El Salvador, habían sido entrenados por su ejército en la Escuela de las Américas
Aquella revelación generó la indignación necesaria para iniciar un movimiento social para exigir su clausura, por lo que todos los años una variedad y multiplicidad de activistas se reúnen frente a sus instalaciones para exigir que cierren su Santamaría.
Diferentes intelectuales como Noam Chomsky, Michael Parenti y Eduardo Galeano han señalado que la SOA es responsable de algunas de las dictaduras, excesos y torturas ocurridos en la región durante décadas
Permanentemente las organizaciones de derechos humanos y de izquierda hacen un seguimiento a los graduados de la SOA, para demostrar la relación entre los contenidos impartidos en sus cursos y las violaciones a la dignidad de hombres y mujeres ocurridas en la región. Algunos de los eminentes egresados han sido Manuel Noriega (Panamá), Hugo Banzer (Bolivia), Roberto D`Aubuisson (El Salvador), Vladimiro Montesinos y Ollanta Humalá (Perú) y Manuel Contreras (Chile). Dos nombres, relacionados con Venezuela, son Luis Posada Carriles y Henry López Sisco.
La polémica y acusaciones sobre la SOA han sido de tal magnitud que en el año 2004 el presidente Hugo Chávez anunció que no se enviarían a sus entrenamientos a más miembros de las Fuerzas Armadas venezolanas: “Ciertamente nosotros lo hemos decidido, aún cuando en los últimos años los intercambios se habían limitado a lo mínimo”, anunció el jefe de Estado. El ejemplo venezolano fue seguido por Argentina, Bolivia, Ecuador y Nicaragua.
Un extraño silencio
¿Haber asistido a un curso a la SOA es suficiente para calificar a unos miembros de las Fuerzas Armadas como potencial violador de derechos humanos?
Los activistas contra ella argumentan que sí.La iniciativa más conocida y específica sobre el tema, SOA Watch con sede en Washington, emite un boletín donde le hacen un seguimiento pormenorizado a todos los egresados, visibilizando los casos de excesos en el que están involucrados. Según el sitio web, la única oficina en Latinoamérica se encuentra precisamente en Venezuela, en la ciudad de Barquisimeto.
Debido a su perspectiva antiimperialista, SOA Watch han sido unos entusiastas del gobierno bolivariano debido a que, como reflejan en su revista “El derecho de vivir en paz” coincide en la apreciación en que su principal enemigo es el gobierno estadounidense. SOA Watch fueron muy activos en la denuncia del golpe de Estado del 2002 y en la campaña “Manos fuera de Venezuela”, promoviendo lo que llaman “giras de solidaridad”
Lo curioso es que si bien son muy activos en denunciar a los egresados presentes en altos cargos en otros países, no hay ninguna denuncia similar sobre los del país. Una omisión similar es la de los funcionarios venezolanos que en años anteriores escribían rabiosos artículos para denunciar los tentáculos de la SOA. Por ejemplo el texto del año 2013 del actual Secretario Ejecutivo del Consejo General de Policía, Pablo Fernández Blanco: “En abril de 2002, algunos de los “egresados” de la Escuela de las Américas lideraron el fallido golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez (…)
Desde la tierra de Bolívar decimos ¡Nunca más escuelas de asesinos!
La premisa debe ser defender, proteger y servir a nuestros pueblos, sin injerencias imperiales ni doctrinas criminales. Otra concepción de la seguridad se comienza a gestar en estas tierras del Sur”. Lo que no dice hoy Fernández, y olvida SOA Watch, es que su propio jefe en el ministerio de Interior y Justicia, al igual que otros altos funcionarios gubernamentales, pasaron por las aulas de la Escuela de las Américas.
Días de escuela
La base de datos de los egresados, hecha pública por SOA Watch, nos permiten hacer esta afirmación, en la que aparecen los detalles de 3.679 militares venezolanos entre los años 1964-2004. El mayor general Gustavo Enrique González López, actual ministro de Interior y Justicia, aparece con el número 55535 en la base de datos de SOA Watch por tres meses de curso de operaciones sicológicas en 1991. Sus conocimientos en la materia le permitieron ser director del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa), en el 2015; comandante general de las Milicias Bolivarianas, 2010 y en 2012 secretario de la Unidad de Seguridad e Inteligencia del Sistema Eléctrico antes de ser ministro. González López ha sido el ejecutor del Operativo de Liberación del Pueblo, acusado de violar derechos humanos en las zonas populares.
Otro alto funcionario egresado de la Escuela de las Américas es el actual ministro de defensa Vladimir Padrino López,número 55922 en SOA Watch, quien también realizó un curso de operaciones sicológicas entre febrero y abril de 1995 en Fort Benning. No podríamos precisar ahora cuánto de lo aprendido por los dos ministros está siendo aplicado en el ejercicio de sus funciones actuales.
Son los más notorios, pero no los únicos. En el puesto 55.378 figura Herbert Josué García Plaza, por haber recibido un curso de instructor en 1997. García Plaza fue nombrado, en septiembre de 2013 jefe del Órgano Superior para la Defensa Popular de la Economía venezolana, por lo que encabezó los operativos de inspección coloquialmente conocidos como el “Dakazo”. Un año después fue designado ministro de alimentación por algunos meses.
2500 familias del Movimiento Campesino Socialista, Antiimperialista, Combatiente de Zamora denunciaron recientemente que habían sido objeto de un desalojo violento en el municipio Alto Barinas por parte de 800 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana. Coincidencialmente el Comandante del Destacamento 14 de la zona es el Teniente Coronel Leonardo Vinci Bonetto, quien en 1995 realizó un Curso de Inteligencia Militar para Oficiales en SOA, puesto 54608 en la base de datos.
Carlos Colombani Lanz en el año 2009 fue el Coordinador Nacional de los Cuerpos Combatientes y en 1988 realizó el curso de operaciones psicológicas, número 54936 SOA Watch. El General Freddy Ramírez Espósito, subdirector de la dirección de contrainteligencia militar en el 2013, hizo en 1999 el curso de fortalecimiento democrático. Aparece en el puesto 55162.
Por su parte el General Manuel José Graterol fue designado jefe del Comando Regional 3 (Core 3) del estado Zulia encabezando la llamada “Guerra al bachaqueo” la cual según las denuncias del Comité de Derechos Humanos de la Guajira ha cometido diferentes excesos en la región. Graterol realizó en el año 1994, en SOA, el curso de inteligencia militar para oficiales, enlistado en el número 55544.
Madison Moncada fue designado, en el año 2006 coordinador de seguimiento y control del programa “Fábrica adentro”. En el año 1999 realizó el curso de operaciones sicológicas, como se establece en el renglón 55972. En Lara, Edilberto León Carrillo fue designado por Henry Falcón como director de Seguridad y Orden Público de la gobernación, tomando en 1999 el curso de logística a nivel ejecutivo y de grado superior, número 55132 en el ranking.
En la otra acera estaba Luis Alfonso Bohorquez Soto, quien en el año 2013 fue el candidato del PSUV en el municipio Iribarren, perdiendo la contienda con Alfredo Ramos. En 1998 realizó el curso de Comando y Estado Mayor para oficiales, número 55945.
En 2014 el general de Brigada Ángel Marcial Parra Yarza fungía como director general de la Oficina de Frontera del Ministerio de Relaciones Exteriores. Años antes, en 1997, realizó el Curso de Comando y Estado Mayor para Oficiales, número 56579. En el 2014 el coronel Hefritts Alberto Rojas era el decano de la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada (UNEFA) en el estado Sucre. En 1987, Rojas asistió al curso avanzado para oficiales de armas de combate, número 57056 en la base de datos de SOA Watch. No es el único ligado a la UNEFA, pues el Teniente Coronel Miguel Arcángel Sulbarán Barreto era en 2012 decano en el núcleo Bolívar, realizando en 1996 en curso de Comando y Estado Mayor para Oficiales, puesto 57388.
Para 2014 el General de Brigada José Rozo Villamizar era Comandante de la Zona 22 del estado Mérida, siendo para 1996 uno de los alumnos del curso de operaciones cívico militares de la Escuela de las Américas, que lo aprobó con la moción de distinguido.En 2015 el General de Brigada Marco Castro Pacheco fue designado como presidente de la Empresa Nacional Aurífera S.A, director de la Corporación Nacional de Minería y presidente de la Junta Interventora de Minerven. En el 2003 Castro asistió a dos cursos de SOA: Sostenibilidad Democrática y Operaciones de Paz.
(Rafael Uzcátegui, Contrapunto)